Estimados lectores, la semana pasada abordé la reflexión respecto a lo que es en estricto derecho la figura de la concesión desde lo dispuesto por el propio derecho administrativo, al cual algunos autores denominan “derecho constitucional aplicado”. Lo anterior, porque el derecho administrativo establece el actuar al cual debe apegarse la autoridad.

Es decir, la autoridad no puede apartarse e improvisar más allá de ese guion para actuar que es la ley, repito desde la Constitución, las leyes generales o reglamentarias, así como los reglamentos de la ley, incluyendo a otras disposiciones como son los planes y programas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Planeación, por supuesto cumplir con lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas. Lo anterior, es lo que se llama el principio de legalidad: “la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, y el ciudadano lo que la ley no le prohíbe”.

Por consiguiente, en materia de concesión el apego debe ser estricto a lo que dispone la ley, no hay vuelta de hoja, por ser un acto público, la función de un particular es hacer lo que le permite la ley en el margen de la concesión, pues la autoridad podemos decir cede esa función por falta de capacidad o tiempo, lo hace para que un particular desempeñe, no es privatización, por que de serlo el particular sería el dueño y haría lo que le plazca con las limitaciones y modalidades que dispone la ley según el mismo artículo 27 constitucional.

Vuelvo a la dicho en la semana anterior y en las entregas anteriores, el régimen de la concesión no ha sido aplicado del todo en su perfección en México ha sido distorsionada, desde décadas atrás, el control y tráfico de derechos de agua ha sido una constante, desde la corrupción por parte de funcionarios gubernamentales de primer nivel que han despojado de derechos de agua a la nación o grupos vulnerables para sus ranchos o tierras agrícolas, como algunos particulares que han sido parte de ese esquema corrupto buscando agua para sus empresas sean del sector bebidas, alimentos, agrícola o inmobiliario principalmente.

Desde el nacimiento de Conagua y la entrada en vigencia de la Ley de Aguas Nacionales en 1992 y aún con la reforma de abril de 2004, la concepción de la figura de la concesión para la explotación de agua sea superficial o subterránea venía con vicios de origen o mejor dicho las prácticas viciadas dieron origen a una permanencia de irregularidades que terminaron por enquistarse, y digo esta palabra, por que sería muy profano decir “institucionalizarse”.

La concesión no implica privatizar, ¿Entonces qué sucedió? Simple y sencillamente como lo mencioné la semana pasada se dio una aplicación “a la mexicana”, retomo de nueva cuenta el libro de derecho administrativo de Ernesto Gutiérrez y González, fue a la mexicana y no se apegó a ese acto unilateral de autoridad, ni fue un acto personalísimo, las irregularidades convirtieron a ese acto unilateral del estado, en una discreción unilateral que permitió una serie de anomalías y componendas llevando consigo a una inequidad, al despojo y al acaparamiento de derechos de agua.

En diversas publicaciones hemos encontrado cuestionamientos a la reforma, entre ellos, señalando que provocarán parálisis, nos llevarán a la improductividad, etc. o algunos que parecerían más sensatos al indicar la problemática existente en el campo que induce a que los agricultores no produzcan y puedan perder los derechos por caducidad, este puede ser más llamativo, pero veamos lo siguiente.

Grandes productores han tenido derechos por muchos años y siguen produciendo, procuran tener al dedillo o pie de la letra su cumplimiento y no han descuidado su empresa, son exportadores de nivel internacional y claro que no tendrán problemas como se acusa, luego tenemos a productores grandes o medianos que están en igual circunstancia, vienen los pequeños y aquellos que como resultado de las políticas sociales impulsadas en el nacionalismo revolucionario y la propia Constitución como ejidos y unidades de producción salieron avantes, su régimen es social y tampoco tendrían líos en lo general. Pero aquí si hay un hueco, muchas tierras no fueron productivas o a los herederos ya no les interesó y aquí hicieron su nicho los especuladores inmobiliarios.

Con el paso de los años las generaciones que llegaron no encontraron un sentido a la tierra, a esto podemos sumar otros problemas, en los cuales el régimen de los ejidos entró en problemas porque los que podemos llamar fundadores murieron y los herederos se fueron al país vecino del norte desde hace muchos años y ya no les interesa regresar, allá hicieron su vida, con lo que se presentó un enorme lio y vacío, como trabajar la tierra. Tampoco podemos desconocer que otros problemas afectaron al campo, pero son quienes dependen del “temporal”, no tienen ni han tenido “pozos”, no han tenido derechos y ellos siempre han sido afectados.

El asunto es que esta reforma le pega al tráfico de derechos del cual se aprovecharon especuladores inmobiliarios, adquirieron tierras, aludiendo que el agua es un accesorio de la tierra, pero amable lector, deténgase un momento a pensar, ¿Le parece correcto que el agua sea un accesorio de la tierra y se trate como algo secundario? Las circunstancias ya no son las del siglo XIX. El estrés hídrico y cambio climático, los aspectos de expansión anárquica de la mancha urbana y encarecimiento de la vivienda, nos muestran que no estamos en la vía correcta.

Entonces, era necesario una reforma que frenera el despojo, lo que se tiene pendiente es elaborar un reglamento acorde a esta ley, recuerden en sentido práctico una ley nos dice el “que” y un reglamento el “cómo” se debe aplicar la ley. Es muy importante no incurrir en el error de 2004, alguna vez lo mencioné en este espacio semanal.

En abril de 2004 se publicó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, y desde algunas Comisiones estatales entre ellas Jalisco, en la cual laboraba, y otras comisiones con el respaldo de la ANEAS, Asociación Nacional de Empresa de Agua y Saneamiento que agrupaba a Comisiones e institutos de agua, buscamos acercarnos a Conagua, en ese entonces el Director General de Aneas el Ing. Roberto Olivares, y quienes representábamos a las comisiones estatales impulsábamos el que se hiciera el reglamento dentro del tiempo indicado por los transitorios. En el caso de Jalisco, nosotros buscábamos incluso una descentralización real como lo indicaba la propia ley, pero nos topamos con sectores duros.

El entonces Director General de Conagua, Cristóbal Jaime, nos dijo que sí y participáramos en el reglamento, nos reunimos con la Subdirectora General Jurídica de Conagua de esa administración foxista, y ahí empezó el problema, Blanca Alicia Mendoza se volvió una traba y al viejo estilo, retrasaba las cosas y simulaba, ni se hizo el reglamento de la LAN, lo que impulso tratando de engañar fue el reglamento interno de Conagua, el cual tiene una función organizacional, quiso en coordinación con el Subdirector General Técnico buscar la sucesión, confiados en que un michoacano llegara a la presidencia de la república, así fue, llegó Calderón aunque el director no fue ninguno de estos subdirectores y el bendecido fue José Luis Luege.

La Ley de Aguas Nacionales en lo jurídico opero con el reglamento de la Ley de 1992, un enorme hueco, ahora se debe esmerar la Conagua en contar con un verdadero reglamento y adecuado, que sea equitativo, inclusivo y transparente, con mecanismos reales de gobernanza y que efectivamente frene el tráfico de derecho y erradique a los especuladores, pero que no frene la productividad y se apegue a criterios de sustentabilidad auténtica, preservando el recurso.

Cierto que el sector inmobiliario tendrá y tiene un descalabro, pero ya es momento de frenar un adefesio monstruoso que se mantuvo de la ilegalidad y corrupción del despojo simulado, y genero un enriquecimiento desmedido y causo severos e irreversibles daños al ambiente, al desarrollo de la persona y violento el derecho fundamental a la vivienda. Solapar el modelo anterior que beneficia al inmobiliario es perpetuar lo excluyente, hay desgarramiento de vestiduras simulando que dan trabajo y tienen un compromiso social, etc. Es necesario que el sector inmobiliario se transforme en un oficio responsable respetuoso del sentido social, productivo en efecto, pero apegado a la sustentabilidad y al orden jurídico. Las viviendas deben estar al alcance del ciudadano lo cual no es una realidad, trafican con derechos de agua y lo irónico es que las viviendas carecen de agua potable o padecen el símbolo de ineficiencia que se conoce como tandeo.

Sin duda, urge terminar la simulación y generar un orden, es una tarea más que compleja, pero que debe realizarse. Estimados lectores, nos vemos la próxima semana, no olviden la importancia de emprender acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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