Legisladores y ciudadanos coincidieron en la falta de exhaustividad en la investigación del presunto caso de conflicto de interés derivado de la llamada Casa Azul, ubicada en Woodland, Texas, propiedad de Daniel Esquenazi, la cual fue habitada por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez y su familia, y que recientemente fue archivada por la Secretaría de la Honestidad.

“No se dejó ver la exhaustividad para poder determinar el no ejercicio de algún procedimiento de responsabilidad; nos hubiera sabido mejor que existiera un procedimiento de responsabilidades, porque al final fue un caso que, a todas luces, tenía elementos que pudieron haberse investigado más a fondo. Desgraciadamente, se tomó esta decisión”, opinó el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras Guerrero.

El legislador acusó que no existió exhaustividad en la investigación realizada por la Secretaría de la Honestidad, pues aunque contaba con elementos para profundizar en el caso, optó por archivar el expediente. 

La bancada de Morena adelantó que va a pedir la comparecencia de Arcelia González González, para que explique por qué no investigaron a fondo el caso. 

Actores políticos coincidieron en que la dependencia a cargo de Arcelia González enfrenta limitaciones, pero también reconocieron que son necesarias reformas estructurales en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Para el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Alejandro Ramírez Zamarripa, el diseño actual del sistema jurídico dificulta sancionar conductas que, para la sociedad, se perciben como corrupción, debido a que prioriza principios como la legalidad y la certeza.

“Necesitamos generar una reflexión de fondo para visualizar y hacer compatibles los derechos humanos con nuevas sanciones o con las nuevas formas en las que se están desarrollando los fenómenos de corrupción, y también ver la manera en la cual podríamos acreditar estos vínculos”, afirmó.

El comisionado planteó la necesidad de repensar, desde la teoría del derecho administrativo, la forma de acreditar conductas, incluyendo debates sobre actos verbales, ya que actualmente la Constitución exige que los actos administrativos consten por escrito.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, consideró que la Secretaría de la Honestidad se encuentra limitada para investigar casos de corrupción. “Cuando depende de ti mismo investigarte a ti mismo, van a suceder este tipo de situaciones”, señaló.

Mientras tanto, el PRI en Guanajuato aliado al PAN, optó por cuestionar la legitimidad de los documentos que vinculan a Daniel Esquenazi con Segurithech y la casa en Texas: la presidenta del Comité Estatal, Ruth Tiscareño, declaró al diario am que el archivo se debió a que la denuncia no tenía sustento.

“Son documentos que yo creo que no son verdaderos”, dijo al ser cuestionada por la periodista Catalina Reyes cuando le expuso que los documentos que vinculan a Esquenazi con la casa, siendo él publirrelacionista de la empresa, fueron publicados en la investigación de POPLab.

 Por su parte, Alejandro Arias evitó fijar una postura porque dijo no conocer el expediente completo.

Caso destinado al archivo; escueta investigación 

El diputado del PVEM, Sergio Contreras, señaló que desde la apertura del expediente advirtió cuál sería el resultado, debido a que no existía un documento que acreditara la propiedad de la casa por parte de quien fuera el publirrelacionista de Seguritech, Daniel Esquenazi.

“Desde que el caso salió a la luz decía que, lamentablemente, aunque existe la presunción de lo que ocurrió y ante un gobierno tan corrupto como fue el de Diego Sinhue, los puntos de hecho para poder generar la tipificación del cohecho eran endebles si no había un documento en el que quedara constatada la pertenencia del inmueble a esta persona, lo que haría muy fácil para la Secretaría de la Honestidad decir que no tenía elementos para proceder”, agregó.

El legislador subrayó que, aunque no conoce el expediente, ya que hasta el momento no es un archivo público, lo expuesto en el comunicado oficial revela una indagatoria escueta y poco exhaustiva.

Por su parte, Rodrigo González Zaragoza, diputado de Movimiento Ciudadano, consideró que la Secretaría de la Honestidad se encuentra limitada para investigar casos de corrupción.

Señaló que el combate a la corrupción y la transparencia pública requieren de una reforma legal de gran calado, pues a nivel nacional los órganos encargados de investigar estas conductas enfrentan restricciones similares.

“No se trata de quitar a Juan para poner a Pedro; se requiere una reforma profunda para la rendición de cuentas… pero vamos pasos hacia atrás”, refirió, al recordar que recientemente se aprobaron modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública que han sido señaladas como regresivas.

Mientras tanto, la diputada morenista Hades Aguilar Castillo lamentó que la dependencia a cargo de Arcelia González no haya entrado al fondo de la investigación, solo para poder mandar al archivo una denuncia ciudadana promovida desde el Sistema Estatal Anticorrupción.

"El archivo de la casa azul del exgobernador Diego Sinhue es un escándalo político y ético. Me resulta profundamente preocupante que la secretaria de la Honestidad, Arcelia González, haya decidido cerrar el caso sin una investigación a fondo, justo cuando la gente exige claridad".

Hades Aguilar consideró que Arcelia González está más ocupada en sus aspiraciones de convertirse en notaría que en el trabajo en la Secretaría de la Honestidad.

"Vemos una secretaria más preocupada en sus aspiraciones personales, que en cumplir con su obligación de investigar y combatir la corrupción. Su función es investigar, no servir de trampolín para notarías".

El comentario de la diputada de Morena surge luego de que se dio a conocer que a pesar de ser la titular de la Secretaría de la Honestidad, responsable de vigilar el proceso de aspirantes a notarios, ella participó para poder conseguir un fiat.

Quien no quiso entrar en detalles fue el coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Alejandro Arias Ávila. El diputado aseguró que pidió a la Secretaría de la Honestidad el expediente completo para revisarlo y así poder dar una opinión. 

“Yo quiero conocer la resolución, los alcances de la metodología que se siguió para fijar una postura. Cuando es un tema tan escabroso que tiene varias connotaciones que no podemos negar, genera una suspicacia importante, precisamente por esa suspicacia sí quisiera revisar a detalle la resolución que emitió la Secretaría de la Honestidad”.

Golpe a la transparencia

Raúl Calvillo Villalobos, quien dirige el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, advirtió que la determinación de la Secretaría de la Honestidad puede resultar contraproducente para la transparencia y se limitó a descartar el presunto conflicto de interés entre el exmandatario y el lobista de Seguritech. 

“Cuando estos casos comienzan a ser investigados, como ciudadanos esperamos que se llegue hasta las últimas consecuencias, sin embargo si la investigación se limitó a ver si existió la relación y no se investigaron otras aristas, se corre el riesgo de perder la credibilidad”, cuestionó Calvillo. 

Para el abogado, la Secretaría de la Honestidad debió profundizar además en los ingresos y egresos pasados del exmandatario, su estilo de vida actual y de su participación en empresas y sociedades. Asimismo, advirtió que la dependencia estatal dirigida por Arcelia González podría ser señalada por encubrir un presunto caso de conflicto de interés o posibles delitos.

Señala CPC límites en investigación de casos de corrupción

El presidente del Comité Anticorrupción recordó que el Comité de Participación Ciudadana turnó la denuncia que recibió a través de redes sociales porque ésta es su obligación legal, sin embargo, aclaró que no forman parte del procedimiento administrativo, ni tiene acceso al expediente ni a las determinaciones que adopta la autoridad investigadora. 

“Propiamente nosotros no somos parte, ni somos víctimas ni denunciantes dentro del procedimiento que lleva la Secretaría de la Honestidad. Este archivo a nosotros no se nos notifica, ni tampoco conocemos ni tenemos acceso al expediente que se desarrolló para determinarlo”, enfatizó. 

Respecto a los cuestionamientos sobre si el archivo de la investigación genera desconfianza ciudadana, Zamarripa reconoció que los casos de corrupción suelen ser complejos y difíciles de acreditar. 

“Los sistemas de corrupción no se hacen a la luz de todos. Encontrar este tipo de conflictos implica cuestiones técnicas, como acreditar vínculos entre personas o empresas”, explicó.

Indicó que la Secretaría de la Honestidad recurrió a los mecanismos legales disponibles, como los registros de personas morales ante la Secretaría de Economía, para determinar si existían relaciones entre los involucrados. 

“Al no encontrarse un vínculo, se generó la imposibilidad de acreditar esa relación”, comentó, y añadió que el derecho administrativo regula hechos pasados, lo que complica aún más probar intenciones o vínculos futuros.

Sobre cómo fortalecer el sistema de recepción e investigación de denuncias para generar mayor confianza ciudadana, Zamarripa consideró que se trata de una discusión de fondo. 

Destacó que a nivel nacional ya se están abriendo espacios de análisis, como los foros para la reforma de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y consideró que estos ejercicios son fundamentales para actualizar el marco normativo. 

“Hay ambientes y condiciones que propician estas conductas y que debemos transformar para prevenirlas”, sostuvo.