Guanajuato es una de las 10 entidades más peligrosas para la actividad periodística, al registrar al menos 25 agresiones contra la prensa en 2020, un aumento de 38.9 por ciento, luego de reportar 18 un año antes.

La entidad resaltó en el informe que presentó la organización Artículo 19, donde enlista cómo a dos años del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la degradación del debate público y los mecanismos de censura se mantienen y agudizan en México.

Fue durante los últimos años del sexenio de Miguel Márquez que se dio el incremento de la violencia también hacia periodistas. El gobierno marquista cerró con 25 agresiones, y aunque el de Diego Sinhue Rodríguez inició con una baja, 18 en 2019, remontó a la tendencia de su antecesor en 2020 otra vez con 25, entre ellas, el asesinato de un reportero, Israel Vázquez.

El año pasado, en el estado se reportaron agresiones a reporteras durante manifestaciones feministas en León, el asesinato de un comunicador durante la cobertura de un hecho policiaco en Salamanca y, mientras el Presidente aseguraba que ya no había masacres, ese mismo día se perpetraba la más terrible de ese año, con el asesinato de 26 personas en un anexo de Irapuato, Guanajuato.

Otras formas de violencia tampoco pasaron inadvertidas en este análisis, como fue el ocultamiento del fenómeno de fosas clandestinas por parte de autoridades estatales y la revictimización, cuando López Obrador afirmó —incluso antes de su identificación— que jóvenes encontrados en fosas clandestinas de Guanajuato pertenecen a grupos criminales, "un discurso con el que se niega la responsabilidad del Estado por esas muertes", advierte la organización por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

El documento titulado El discurso contra la realidad, un análisis del panorama de la libertad de expresión y derecho a la información en México durante 2020 registró el año pasado 692 agresiones a periodistas y medios de comunicación, entre ellos, seis asesinatos.

En 2020, a nivel nacional los atentados contra medios aumentaron 13.63 respecto al año anterior. Un 49.5 por ciento de estas agresiones fue cometido por autoridades públicas, además de que en estos delitos hay un 98 por ciento de impunidad.

El asesinato de Israel

El informe presentado este martes por Artículo 19 retoma información de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacando que en Guanajuato, las pugnas por el territorio y los lazos entre el crimen organizado (Santa Rosa de Lima y CJNG) y el Estado dejan a la deriva y bajo asedio a la prensa.

Así, “el 9 de noviembre, dos sujetos desconocidos asesinaron con disparos a quemarropa a Israel Vázquez Rangel, reportero del portal El Salmantino, de Salamanca, Guanajuato. Vázquez presuntamente había ido a cubrir un reporte de restos humanos cerca de la carretera Salamanca-Celaya. Su medio es un portal electrónico local fundado en 2011􏰠 que ha enfrentado bloqueo informativo y campañas de desprestigio durante varias administraciones municipales, principalmente por su cobertura de temas políticos y de seguridad. La alcaldesa Beatriz Hernández revictimizó a Israel, sugiriendo que la responsabilidad fue del periodista: «Es que ir a esa hora, a las 5:30 o 6:00 de la mañana a cubrir una nota en un lugar que todos sabemos que es tan peligroso, se arriesgan más»”.

En ese contexto, Kennia Velázquez, integrante de POPLab, declaró a Artículo 19:

“La autocensura no se da sólo por temor al crimen organizado, los periodistas que narran la situación en el estado suelen ser “castigados” por los gobiernos, que quitan convenios publicitarios, o acosan en redes, o incluso espían. Los retos son: cómo contar la realidad sin ponernos en riesgo, 􏰧y cómo buscar alternativas de financiación para no depender de las pautas publicitarias en un año en el que se vislumbra una crisis económica”.

La realidad “arroja tierra” sobre el discurso

La violencia contra los periodistas en México se ve agravada por el “polarizante” y “estigmatizante” discurso de Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades, que permite agredir a los representantes de los medios de comunicación, prácticamente en la impunidad.

Casos de censura, violación de los derechos humanos, opacidad, desinformación y, ahora, el debilitamiento de instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.

"El discurso oficial es un espejo que distorsiona la realidad, al mando de una narrativa de aversión al disenso", ejemplo de ello es que mientras López Obrador conmemoraba el segundo año de su arribo a la Presidencia y afirmaba que “nunca se ha reprimido al pueblo, ni hemos permitido masacres, se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos, que eran prácticas habituales en otros gobiernos”, apenas unas horas después, una veintena de jóvenes fueron asesinados en un anexo de Irapuato, Guanajuato. Era el 1 de julio de 2020.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, cuestionó durante la conferencia de prensa: “Después de dos años de Gobierno hay que preguntarse: ¿Los cambios que se pregonan van en dirección de la plena vigencia de los derechos humanos? ¿Es la construcción más bien de una hegemonía política? ¿Hay coincidencia entre la realidad que se busca transformar y el discurso que gira en torno a una idea de cambio?”.

La realidad es, y lo dejan palpable los resultados del informe, que “la libertad de expresión en México no está garantizada” pese a la narrativa oficial, que con frecuencia busca tergiversar los hechos.

Portada del informe.

En el informe también se hace referencia a la falta de cifras oficiales de personas desaparecidas en Guanajuato, algo que se conecta con la falta de claridad sobre las estadísticas de fosas clandestinas y de cuerpos sin identificar, datos que recién comienzan a fluir por parte de la Fiscalía estatal, luego de la presión realizada por colectivos de familias con desaparecidos, que dan puntual seguimiento a este tipo de hallazgos publicados por la prensa local y nacional.

COVID

La pandemia de coronavirus dificultó aún más la actividad periodística: el 42.5% de los bloqueos informativos en 2020 están vinculados con la cobertura de esta situación extraordinaria, mientras que, de marzo de 2020 a febrero de 2021 hubo al menos 99 periodistas fallecidos por COVID-19, tres de ellos, guanajuatenses.

Cobertura informativa

El informe de Artículo 19 también retoma otros aspectos que implican peligro o riesgo para los comunicadores de Guanajuato, ahí está el caso de María Bárbara Botello Santibáñez, exalcaldesa priista de León, quien presentó una demanda por 300 millones de pesos —la más alta de la historia del país— contra el periódico A.M., por la vía civil y por daño moral.

Dicho proceso legal "no sólo va en contra del medio sino contra tres de sus directivos, evidenciando así una clara técnica de hostigamiento judicial, con la cual se ataca a los medios desde múltiples ángulos legales para generar altos costos para sus múltiples defensas necesarias e imposibilitar la labor informativa.

Guanajuato es el segundo estado a nivel nacional donde más se ha usado el hostigamiento judicial por la vía civil, con cuatro casos.

Conclusiones

El informe "El discurso contra la realidad, un análisis del panorama de la libertad de expresión y derecho a la información en México durante 2020", concluye con una "Agenda mínima 3.0 en materia de libertad de expresión e información", con objetivos diversos, que van desde eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de los medios de comunicación, Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión, además de desarrollar una política integral de prevención de la violencia contra la libertad de expresión.

Así, en cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno deberá prestar especial atención a dotar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, de suficientes recursos humanos, logísticos y financieros para desarrollar su labor.

Las recomendaciones de Artículo 19 van en torno a cinco ejes: Medios, protección e impunidad, derechos digitales, transparencia y rendición de cuentas y espacio cívico. El informe completo se puede consultar en este enlace.