Para los habitantes de la sierra de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Guanajuato, el suministro de agua es cada día más complejo.Mientras una familia tiene que almacenar cada tercer día el líquido para poder sobrevivir, un coloso de concreto a merced del diputado federal panista, Sergio Fernando Ascencio Barba, pretende usurpar casi dos millones de litros de agua mensualmente de la fuente de abasto que por derecho pertenece a los lugareños.

El desarrollo Cucursola en la Sierra de Santa Rosa no solo ha dejado la depredación en casi siete hectáreas, sino que ha quedado presente un conflicto social por el abasto de agua.

Cucursola, un desarrollo que ha crecido al amparo de las autoridades municipales, olvidando a las autoridades en materia ambiental, ha dejado en evidencia la vulnerabilidad del estado de derecho cuando de anteponer intereses políticos se trata. El desarrollo inmobiliario del político y empresario Irapuato representa una amenaza para los serranos, pues el abasto de agua está en riesgo.

La presa de Peralillo, que está bajo la responsabilidad del Comité rural de agua y no de las autoridades municipales, tiene capacidad para siete mil metros cúbicos, de acuerdo con los lugareños. Amparado por políticos guanajuatenses, Ascencio Barba ya instaló el sistema de bombeo para abastecer con mil 800 metros cúbicos de agua mensualmente al complejo.

La pugna por el agua solo es la piedra angular de un enorme conflicto social en la zona, pues un desarrollo de tal magnitud lejos de representar bonanza, ha sido rechazado por los habitantes que reclaman por la tala inmoderada en la zona, y el riesgo por las afectaciones en el suministro de agua.

Cucursola tampoco representa una fuente de empleos para la gran cantidad de serranos que no cuentan con un ingreso seguro para sostener la economía familiar.

Mientras los cerros son talados desmedidamente, el agua corre riesgo y el desempleo afecta a la ciudadanía, las autoridades guardan silencio, ocultan información sobre los trámites y evaden en cualquier oportunidad los cuestionamientos sobre el tema.

El Gobierno Municipal de Guanajuato ha tomado partido en el asunto: no atiende las exigencias del pueblo, un pueblo que cada vez se harta más de ser ignorado por quien se supone debe trabajar para garantizarle una mejor calidad de vida.