La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, magistrada Claudia Barrera Rangel, prescindió de la camioneta blindada que tenía a su disposición para cederla a los jueces que deben conocer asuntos vinculados a “casos delicados”.

El Poder Judicial se encuentra “sumamente sensible sobre la situación que (se) está viviendo en distintas partes de nuestro estado”, dijo la magistrada presidenta Claudia Barrera, en entrevista con medios, quien agregó que ya se cuenta con una dirección de Seguridad Institucional: “direccionada principalmente a nuestros jueces penales y personal que colabora con ellos desde la función jurisdiccional y administrativa”, la cual está a cargo de Pablo Sánchez Urbina.

El funcionario, quien ocupó el cargo de subsecretario de Seguridad en el gobierno de Juan Manuel Oliva, es quien determina el riesgo que implican los diferentes casos y el apoyo que se otorga a los funcionarios del Poder Judicial.

La situación ha llegado al extremo de que se valora si algunos funcionarios, como los actuarios del Poder Judicial, deben usar o no vehículos rotulados de forma institucional en sus traslados a las diferentes regiones del estado, manifestó la magistrada Barrera.

Dentro de los protocolos de seguridad diseñados para el resguardo de los jueces, la camioneta blindada para la presidencia del Tribunal se ha destinado a la movilidad de los jueces, “para que se sientan seguros en la labor que tienen encomendada”, dijo la titular del Poder Judicial.

Claudia Barrera Rangel. Fotos: STJE

El vehículo ya se encontraba a la disposición de los jueces desde antes de que ocurriera el ataque a la comisaría de Celaya del pasado Jueves Santo, donde murió un juez calificador, dependiente del municipio.

Es una sola camioneta que se maneja con un sistema de gestión que organiza administrativamente las actividades de los jueces, privilegiando a quienes enfrentan una causa con mayor impacto social, detalló.

La magistrada presidenta aseguró que todo el Supremo Tribunal de Justicia ha implementado protocolos de seguridad de corte general en sus instalaciones, aunque estos se pueden mejorar para proteger “lo más valioso con lo que contamos en el Poder Judicial: su gente, sus jueces, su personal”; no descartó que aún existan áreas de oportunidad.

Dijo también que todo el personal se encuentra resguardado pues el Poder Judicial “es una familia”. La magistrada no respondió si en su caso personal se están tomando medidas adicionales de protección.

Añadió que hay zonas del estado donde es conveniente que los actuarios vayan con el logotipo del Poder Judicial, para no ser confundidos con “gentes que realizan una investigación”; en otras zonas es lo contrario. “Atendemos la recomendación de los expertos en el tema”, apuntó.

Las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial se dan luego de un ataque a instalaciones de seguridad pública municipal en Celaya donde un juez municipal cayó herido y murió cuando recibía atención médica.