1.- Viva la independencia judicial… en la Federación

Desde la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, a cargo del magistrado Héctor Tinajero Muñoz, se convocó a una reunión de los trabajadores de ese Poder para manifestarse en contra de la reforma judicial que avanza en el Congreso federal en estos días.

Por supuesto, la respuesta fue notable y más de mil magistrados, consejeros, jueces, actuarios y trabajadores de juzgados y salas acudieron a escuchar el pronunciamiento “Por un Poder Judicial Independiente.”

A unos pasos del presidente, que se dirigió a la multitud desde un atril donde podía leerse la misma consigna, se encontraba luciendo una enorme sonrisa sin recato alguno, el ex presidente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Mares.

Dos semanas después de concluida la elección, el abogado irapuatense renunció a su cargo partidista mediante un mensaje en redes sociales en el que aseguraba que había cumplido su deber y que Guanajuato seguía siendo el bastión panista de México. Ni siquiera se hizo cargo de la primera derrota en 20 años en la candidatura al Senado de la República ni de la pérdida de la mayoría de las diputaciones federales.

A López Mares le urgía abandonar el PAN para recibir su premio a la lealtad con la que sirvió a los intereses personales de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para beneficiarse con una postulación de consejero del Poder Judicial que el Congreso panista resolvió en menos de una semana.

El Poder Judicial quedó exhibido como mecanismo de pago de compromisos partidistas, algo muy usual en Guanajuato desde hace algunos años, pero más acentuado en el último sexenio.

Quizá por eso resulta muy poco creíble la manifestación del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato a favor de la autonomía e independencia judicial, en solidaridad con sus colegas federales.

Así como a nivel nacional ocurre una defensa desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los intereses de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, lo que debería proceder en Guanajuato, de haber congruencia, sería defender a la Judicatura de las intromisiones panistas, como la que representa López Mares.

No fue así, ni lo será en el futuro. En realidad lo único que hizo el presidente Tinajero al convocar a los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial de Guanajuato a una manifestación escenográfica, fue montarse en el frente opositor nacional, siendo parte del viciado oficialismo local.

Y eso ocurre justo en los momentos en que la gobernadora electa, Libia Dennise García, trata de establecer una relación fluida con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Quizá Tinajero solo lo consultó con Diego Sinhue.

Hágase la independencia en los jueces de allá lejos, los de aquí están a gusto como están.

2.- Libia alarga el suspenso

Por aquí y por allá, no obstante el hermetismo, empiezan a generarse algunas pistas sobre la integración del próximo gabinete de gobierno estatal.

La renuncia de la magistrada Arcelia González González a la Décima Sala Penal del Poder Judicial del Estado, dibuja su inminente adscripción al equipo de su ex compañera diputada y hoy gobernadora electa, Libia García. Podría ser una cuota priista, además de contribuir a la construcción de un gabinete paritario.

La ex diputada tricolor sería candidata a la nueva Secretaría de Derechos Humanos, aunque su perfil es más administrativo y civilista. Su paso por una sala penal del Poder Judicial no le fue fácil, dada su falta de experiencia en esa rama del derecho.

Dos seguros integrantes del gabinete en puestos clave son los brazos operativos de la gobernadora electa en el periodo de transición: Rosario Corona Amador y Jorge Jiménez Lona. La Secretaría del Nuevo Comienzo, antes Desarrollo Social, y la de Gobierno, podrían estar en sus horizontes.

Nadie le quitará a Alejandro Sierra Lugo la nueva super Consejería Jurídica del Ejecutivo, que dejará de ser solo una dependencia de la gubernatura para coordinar en esa materia a todas las secretarías. De alguna manera, ese cargo llenará los vacíos que pudieran causarse con la desaparición de la Jefatura de Gabinete.

Aunque Héctor Salgado Banda ya presume con su “banda” irapuatense que permanecerá como Secretario de Finanzas, lo cierto es que su época como rey de los dineros habrá terminado. Si se queda, tendrá respirando en su nuca a la abogada Ivone del Carmen Padilla Hernández, quien viene ejerciendo tareas administrativas al lado de Libia desde las lejanas épocas del ISSEG, en el sexenio de Juan Manuel Oliva.

El compadre del Gallo Barba tampoco dispondrá ya de los manejos del ISSEG, donde Ricardo de la Peña tiene los días contados. Si algo conoce la nueva gobernadora es el carácter de caja chica del instituto de pensiones del estado, usado hasta el último día por Salgado Banda para proyectos tan polémicos como la construcción del distrito de gobierno en el parque Bicentenario de Silao.

En ese lugar podría aparecer alguien de la máxima confianza de la gobernadora, su ex secretaria particular Martha Alejandra Rivera Cortés.

Las nuevas secretarías del Agua y de Cultura aún son un misterio, igual que ocurre con la de Seguridad y la Fiscalía, donde habrá que esperar la aprobación de la reforma constitucional que librará del candado de oriundez a los aspirantes a la dependencia autónoma.

Como dijo la misma gobernadora electa: “no coman ansias”

3.- Una carretera de dudosa viabilidad

En México ya se ha vuelto un patrón que el estado renuncie a la construcción de carreteras estratégicas, las concesiones al sector privado como vías de cuota y, a la vuelta de los años, las recupere en quiebra y rescate a los inversionistas que ya generaron utilidades en la obra, pero que no han funcionado como administradores.

Así ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y volvió a pasar en el Estado de México, con vías construidas por empresas españolas.

El consorcio de la guanajuatense Vise y la española Rubau llegó solo a la licitación de la concesión de la carretera de cuota Silao - San Miguel de Allende y la Guanajuato - Silao. Sus competidores se retiraron de la licitación sin llegar siquiera a presentar oferta, argumentando en privado que los cálculos de la Secretaría de Infraestructura, a cargo de Tarcisio Rodríguez, no permiten pensar en una viabilidad del proyecto.

La propia oferta de los ganadores y competidores únicos dice mucho del escaso optimismo sobre el negocio al que están entrando: apenas 107 millones de pesos de pago inicial, menos de la mitad de lo que ingresa anualmente la carretera de cuota Silao - Guanajuato, lo que habla de excesiva cautela y de un notable conformismo de parte del gobierno concesionario.

De nueva cuenta, la opacidad se hace presente en las decisiones del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, pues no fueron transparentes las condiciones en las que operará la concesión en el mediano y largo plazo, las proyecciones de aforos y la estimación de los peajes.

Los conflictos que deriven de imprevistos financieros en el futuro, de retrasos en los tiempos de construcción, de incremento de peajes en la transitada vía entre Silao y Guanajuato, ya no le tocarán a Sinhue, que simplemente verá los toros desde la barrera, después de comprometer recursos del estado a escasas 3 semanas de dejar el poder.

Por ejemplo, la existente y productiva autopista de cuota a la capital podría sufrir una merma significativa con el traslado de varios centros de trabajo burocrático al vecino Silao, en otro proyecto que este gobierno apresuró en su recta final. Quienes congestionan esa vía en las mañanas y las tardes son los empleados públicos que se trasladan de diversas ciudades y los ciudadanos que realizan trámites con ellos.

¿Estará prevista esa circunstancia en las estimaciones? Imposible saberlo, porque el gobierno que acaba decidió no poner la información al alcance de los ciudadanos.

Y aunque la gobernadora electa ha reiterado que no quiere “voltear al pasado”, habrá acontecimientos que la obligarán a hacerlo, con el riesgo de poner en juego su credibilidad si decide hacerse de la vista gorda.