1.- Nuevo comienzo: seis semanas en el ojo del huracán

Han sido días complicados para la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, atrapada entre una profunda curva de aprendizaje de su gabinete y una serie de herencias desafortunadas del auto exiliado exgobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Las protestas de los maestros de la sección 45 fueron minimizadas en su arranque el viernes primero de noviembre. El negociador para evitar la toma de la caseta fue Baltazar Zamudio, el exdirigente del PRD contratado en el gobierno de Diego Sinhue como asesor de la Secretaría de Gobierno. Zamudio no tenía ninguna explicación sobre los descuentos salariales y el cobro de impuestos atrasados.

Las cosas subieron de tono el lunes 4, cuando las movilizaciones continuaron con más fuerza. El secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona intentó convencer a algunos maestros de tener una junta con funcionarios del SAT para revisar los descuentos, lo que fue rechazado.

El martes todo se salió de control, cuando por fin dio la cara el dirigente sindical Rigoberto Macías a quien los indignados profesores le reclamaron acuerdos bajo la mesa con el gobierno estatal, le exigieron transparencia en futuras negociaciones y denunciaron coacción desde la SEG para impedir las manifestaciones.

Macías eludió el reclamo de transparencia y se reunió por su cuenta con la gobernadora, quien incluso suspendió la gira que tenía prevista el miércoles en Apaseo el Grande y Celaya. De ahí derivó el acuerdo de emergencia que planteó ofrecer un subsidio para absorber los descuentos de fin de año, destinando para ello 40 millones de pesos del erario estatal.

Sin embargo, el anuncio en redes, donde la mandataria se acompañó del líder sindical, no produjo el efecto esperado. Los maestros se sintieron tratados de forma condescendiente, como si todo lo que buscaran fuera revertir el daño económico y no recibir las explicaciones debidas y la aclaración de quién es el responsable del error.

Tras muchas consultas, de una información que se mantiene en la mayor reserva, se ha logrado saber que el error de un cálculo equivocado de los impuestos en la nómina proviene del sexenio de Miguel Márquez y, concretamente, del entonces secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís.

El error persistió en el gobierno de Diego Sinhue, hasta que una auditoría del SAT lo dejó en claro y fincó un crédito fiscal que debió asumir el tesorero Héctor Salgado Banda, pues de lo contrario habría tenido responsabilidad él mismo, su subsecretario de administración y el titular de la SEG. Con anuencia del anterior gobernador se decidió asumir el costo de la omisión incluyendo recargos y actualizaciones, por un monto aún no informado.

La decisión de trasladar el costo del impuesto mal calculado a los maestros se pospuso hasta el nuevo gobierno, dejando sembrada la bomba de tiempo que hoy le estalla a la gobernadora Libia Dennise García y a su novel gabinete.

Sin embargo, debió ser obligación del nuevo secretario de Educación, el importado Luis Ignacio Sánchez Gómez, realizar una intensa labor de comunicación con los mentores, en forma conjunta con el dirigente sindical. No fue así, el funcionario consideró que no tenía ninguna responsabilidad en el error ni en la solución del mismo y dejó las cosas libradas a su suerte.

Ya con el incendio en marcha, el diagnóstico de sus posibles repercusiones y consecuencias le correspondía al secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, sin embargo, no pareció que se hubiera realizado prospección alguna. La presencia de Baltazar Zamudio en el intento de diálogo con los maestros no tuvo impacto pues no tenía explicaciones.

La consecuencia fue, como en casos anteriores, que toda la carga de la solución quedó en la esfera de la gobernadora, quien solo ve como sus defensas dejan pasar todos los embates y debe multiplicarse para intentar una solución, sufriendo el desgaste en su propia investidura.

Para terminar de complicar las cosas, el tono de su alocución en el video que circuló en las redes sociales el miércoles por la noche no gustó a los maestros, fue una mezcla de regaño y de apoyo forzado que provocó, entre otras cosas, críticas a los maestros desde la sociedad al considerar que tenían un trato de privilegio. Quedó la sensación de que el gobierno gastaba una cifra millonaria para salvar el liderazgo de Rigoberto Macías, algo que difícilmente se logrará.

Hoy los maestros rechazan el subsidio caritativo y exigen explicaciones y responsables de un error que no recae en ellos sino en funcionarios públicos de pasadas administraciones. Mal haría el “gobierno de la gente” si rechaza el diálogo y se limita a querer arreglar los diferendos a billetazos. Sentaría un precedente peligroso.

Por otra parte, la carga de la negociación y las mesas de atención no tienen por qué recaer en la gobernadora. Si se retoma el camino, los funcionarios que hasta ahora están escondidos detrás de sus escritorios tendrían que salir a dar la cara y hacer su mejor esfuerzo de escucha y de persuasión.

Si no ocurre así, la gobernadora tendría que empezar a pensar en otro “nuevo comienzo”, pero ahora, en su equipo de trabajo. Sobrellevar la carga de nuevos y viejos conflictos sólo sobre sus hombros resultará desgastante a más no poder.

2.- Oposición impide trámite rápido en Derechos Humanos

Contra la prisa que de pronto invadió a Jorge Espadas Galván, coordinador panista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, para realizar el proceso de selección del nuevo ombudsperson de Guanajuato, tres partidos políticos, Morena, PVEM y PRD, plantearon la necesidad de plazos más amplios para analizar perfiles y elegir con datos objetivos a la persona que pueda ocupar el cargo.

La vara está particularmente baja, después de las gestiones de Raúl Montero de Alba, impuesto por su antecesor Gustavo Rodríguez Junquera; y Vicente Esqueda Méndez, el panista que llegó sugerido por Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, los dos mayores productores de violaciones a los derechos humanos en Guanajuato.

Esqueda ni siquiera tuvo la decencia de terminar su encargo, después de haber saturado de panistas las estructuras de la PRODHEG, muchos de los cuales ya despachan en la Secretaría del Nuevo Comienzo sin ningún rubor, después de haber llevado la protección a los derechos humanos a los más bajos estándares de la historia de la dependencia en Guanajuato.

Hoy queda al frente de la procuraduría un interino, Eliseo Hernández Campos, otro militante panista que ha sido colaborador de Esqueda en diversos encargos en su carrera. No es remoto pensar que Espadas Galván, parte del mismo grupo político, pretendiera apresurar los tiempos simplemente para ratificar a un funcionario que no llegó al cargo por sus méritos.

Mientras a nivel nacional Morena exhibe su desprecio a la política de protección de los derechos humanos al colocar indebidamente a Rosario Piedra en la terna que analiza el Senado, después de haber simulado comparecencias de los aspirantes para revisar perfiles y conocimiento del tema, en Guanajuato el PAN se esfuerza en no distinguirse de sus adversarios, restándole importancia al proceso de selección del ombudsperson en un estado que vive una profunda crisis de derechos humanos desde hace más de un sexenio.

Bienvenida la prórroga para abrir un proceso en el que la sociedad tiene mucho qué decir, particularmente los grupos organizados de activistas y defensores.

Quien quede no solo tiene la obligación de desempanizar la procuraduría, sino también la de generar una verdadera política de protección a los derechos humanos de las personas, en la amplia extensión del término, en un estado donde la violencia sigue sin tocar fondo.

Desde el Poder Ejecutivo de Guanajuato no debería verse este asunto con malos ojos, dado el abierto compromiso de la gobernadora Libia García con el tema de la preservación de derechos, lo que incluso le llevó a crear una secretaría de estado que busca ese enfoque.

3.- Frente al exacerbamiento del proteccionismo, gira a China

La secretaria de Economía de Guanajuato, Cristina Villaseñor, realizará su primera gira internacional a fines de noviembre, centrando su recorrido en China. Se trata de una visita de prospección para analizar la viabilidad de posibles inversiones del país asiático en Guanajuato.

Se desconoce si el viaje se encontraba organizado desde la gestión de Ramón Alfaro, el anterior titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, o si fue planeado por el equipo de Villaseñor, la primera mujer llegada a ese cargo.

Lo cierto es que la gira ocurre en un momento complicado, después del triunfo de Donald Trump en las recientes elecciones norteamericanas, quien en su anterior mandato y en su reciente campaña, postuló una política proteccionista radical, como no se había visto en los tiempos de la globalización del comercio mundial.

Será difícil que empresas chinas vean oportuna la propuesta de abrir inversiones en México si no tienen la certeza de que podrán acceder al mercado norteamericano, que es lo que hace más atractiva la relocalización en nuestro país.

No hay que olvidar que Trump no solo quiere proteger a la industria norteamericana instalada en su territorio, sino que también ha amenazado con la imposición de aranceles por cuestiones ajenas a la dinámica comercial, como la política migratoria y el combate al tráfico de drogas.

Si se trata de la inercia de un viaje planeado con anticipación, no estaría mal revisar sus alcances y posibilidades. Si es una estrategia para posicionar a la secretaria Cristina Villaseñor de parte de su equipo, habría que pensar dos veces si no se le está poniendo en un riesgo innecesario.