1.- Sinhue: lo que mal empieza mal acaba

Desde el principio de su mandato, el panista Diego Sinhue Rodríguez eligió encabezar un gobierno relajado. Modificó la ley orgánica para crear una jefatura de gabinete que entregó a su coordinador de campaña, Juan Carlos Alcántara Montoya, un ingeniero hidalguense trasplantado a Guanajuato como parte del equipo de Ricardo Torres Origel, desde 2012, cuando contendió por la gubernatura frente a Miguel Márquez y José Ángel Córdova.

La derrota fue buena maestra. A lo largo de los años, Alcántara se consolidó como estratega y organizador, lo que causó que Sinhue lo incorporara en su fallido intento para buscar la candidatura a la alcaldía de León en 2015 y, a la postre, como secretario particular en la Sedeshu, aún frente a la incomodidad de Miguel Márquez, que lo recordaba como el cerebro detrás de los ataques en su contra en la precampaña de 2012.

Al llegar a la gubernatura, la decisión de Sinhue no solo derivó en la creación de una nueva dependencia, sino con todo rigor en la invención de una vice gubernatura. Alcántara se convirtió en la bujía y el cerebro de todo el gobierno, acumulando un poder como no se había visto en ninguna de las anteriores administraciones del PAN.

No tuvieron ese margen de acción Ramón Martín con Medina o con Fox; Juan Manuel Oliva con Juan Carlos Romero; Gerardo Mosqueda con Oliva o Éctor Jaime Ramírez con Miguel Márquez.

Para recordar una similar concentración de poder en manos de un subordinado habría que remontarse al último gobierno priista, el de Rafael Corrales Ayala, donde un funcionario sinaloense, Raúl Almada Gaxiola, se convirtió en el factótum por el que pasaban todas las decisiones. Sin embargo, Almada se retiró del gobierno un año antes de que concluyera, lo que no sirvió para evitarle una persecución y su detención por varios meses, acusado por el gobierno de Carlos Medina de malos manejos administrativos.

Esta no ha sido la historia de Charly Alcántara. Lejos de diluirse, su poder se ha visto reconcentrado en los últimos tiempos, sobre todo por la prisa por cerrar proyectos de asignación de obras y concesiones que evidencian compromisos económicos del gobierno de Sinhue que de ninguna manera se quieren dejar para la administración de Libia Dennise García, aunque sea hasta entonces que se sufran las consecuencias.

Pero no es lo único. Además del control administrativo ejercido durante el sexenio, Alcántara se ve señalado por su intromisión en el manejo del Partido Acción Nacional, sobre todo durante la presidencia de Eduardo López Mares. Y aunque es ingenuo pensar que esas atribuciones pudieran ser ejercidas sin la anuencia de Diego Sinhue, lo cierto es que la operatividad le correspondía a su jefe de gabinete y es a él a quien le cobrarán las facturas.

En su salida, Diego quiere dejar al frente del PAN al diputado Aldo Iván Márquez Becerra, acompañado de Juana de la Cruz Martínez Andrade, quizá pensando en una combinación de juventud y experiencia, pero con dos hándicaps fundamentales: la cercanía de Márquez con Juan Carlos Alcántara y el método de elección que excluye a las bases panistas, lo que está construyendo una tormenta perfecta para canalizar las inconformidades nuevas y las larvadas en el panismo durante los últimos seis años.

La revuelta se refleja en varios niveles: lo más estridente son las historias de corrupción y abuso de poder sobre el sexenio de Diego Sinhue, que llegan a los medios desde el propio gobierno y que no cesarán con su inminente conclusión.

La resistencia se recrudece con actos de inconformidad frente a la elección cerrada al interior del Consejo Estatal del PAN, apenas un centenar de miembros, que se manifiestan en declaraciones públicas y asonadas en reuniones formales del PAN, así como el registro de una militante histórica como Alejandra Reynoso para contender contra Márquez Becerra.

Todo parece mezclarse. Un rechazo a la continuidad del grupo político que ha operado al gobierno y al partido en los últimos seis años, visible en el desprestigio público, la carnicería intestina y la pelea partidista, todo motivado por la equivocada estrategia de pretender continuidad hacia el nuevo gobierno después de haber tenido todo el poder en el que termina.

Lo paradójico es que las críticas ni siquiera apuntan al mayor responsable de la crisis que comprometió la continuidad del PAN en Guanajuato, que los llevó a perder la elección presidencial, la del Senado y la del Congreso federal: Diego Sinhue Rodríguez.

El gobernador que trabajó medias semanas, que se convirtió en “empresario” y propietario de caballos de raza con un sueldo de burócrata, que descargó la mayor parte de las decisiones y las responsabilidades en un funcionario que no fue electo y que, por si algo faltara, ya tiene todo preparado para partir al extranjero, en un autoexilio en el que no habían incurrido ninguno de sus antecesores.

Unos las hacen, otros las pagan.

2.- Libia: un comienzo comprometido

Ante este panorama, ya no se extraña tanto el silencio de la gobernadora electa Libia Dennise García, quien probablemente decidió esperar al máximo antes de dar a conocer su equipo, para dar espacio a que se produjese una autodepuración de los compromisos a los que muy probablemente fue obligada al recibir la candidatura.

Las recientes revelaciones sobre la existencia de un tráfico de influencias para otorgar contratos a un colaborador de la Jefatura de Gabinete han colocado en un predicamento a Antonio Navarro Padilla, ex director del Instituto de la Juventud de Guanajuato e integrante del equipo de campaña de la candidata panista y quien se consideraba un seguro integrante del próximo gabinete.

Aunque el ex dirigente juvenil panista ha dicho que todo lo que ocurrió en su gestión fue bajo instrucciones de Juan Carlos Charly Alcántara y por eso se siente seguro. lo cierto es que para Libia se convertirá en un problema el incorporarlo, pues parecería que está convalidando un posible acto de corrupción del sexenio anterior, lo que marcaría el fin de su deslinde.

El desajuste que se vive en la transición sexenal panista en Guanajuato tendrá otras aristas de riesgo que obligarán a marchar cuesta arriba en el arranque del nuevo gobierno.

Una de ellas será el rebote en el Congreso del Estado de lo que suceda en el comité estatal del PAN. Si se concreta la designación de Aldo Márquez Becerra y Juana de la Cruz Martínez por los 110 consejeros, no se descarta el inicio de una fractura en la de por sí mermada diputación panista que asume el próximo 25 de septiembre y de la que forma parte Márquez Becerra.

Esa legislatura tendrá entre otras tareas la de elegir al nuevo fiscal, ya que no le están reservando otras designaciones como la del Auditor Superior del Estado y el Procurador de Derechos Humanos, que serán resueltas por la actual legislatura en un crepuscular periodo extraordinario plagado de suplentes.

Es decir, bajo la batuta de Charly Alcántara.

Sin embargo, las discordias que se están sembrando en los meses del interregno pueden comprometer aún más el espacio de maniobra de la próxima gobernadora, quien no tendrá otro remedio que apoyarse en el gobierno federal de Morena.

Lo que tanto han temido muchos de los críticos de la Cuarta Transformación, podría estar llegando por donde menos lo esperan.

En estos tiempos revueltos parece que nadie sabe para quién trabaja.

3.- Diego busca designar un auditor a modo

El auditor superior del estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, concluiría su periodo en diciembre del 2027; le quedaban más de tres años por delante.

Sin embargo, de forma inopinada, el funcionario que revisa las cuentas de los 3 poderes y de los órganos autónomos decidió renunciar con fecha de septiembre de este año, justo para que su relevo pueda ser votado ahora que el PAN aún dispone de mayoría calificada.

Y aunque desde el gobierno del estado se asegura que es una decisión personal y que nadie tiene que ver, lo cierto es que se suma otra perla más al rosario de arbitrariedades que se vienen cocinando en este fin de sexenio.

Nada bien se verá que una Legislatura y un gobierno que están a semanas de concluir elijan al funcionario titular del órgano que revisará sus cuentas y que lo hagan de forma apresurada, máxime cuando empiezan a surgir denuncias de corrupción en el sexenio que termina.

Pero, además, la decisión que tomará un Congreso que está en sus últimas horas permitirá elegir a una revisor de cuentas que durará 7 años, es decir que si el PAN vuelve a perder las elecciones de 2027, tendría una preocupación menos.

Las consecuencias del “efecto Diego” seguirán contaminando el futuro de Guanajuato, independientemente de lo que decidan sus ciudadanos.