1.- Política local en la capital del imperio

La semana que está por empezar no verá actividades públicas de la gobernadora electa y su equipo más cercano. No se ha informado oficialmente, pero hay información de que Libia Dennise García Muñoz Ledo realizará un viaje a Washington, acompañada de Jorge Jiménez Lona y Rosario Corona.

Razones para visitar la capital norteamericana hay muchas, aunque la actual sea una mala temporada, por la enconada lucha electoral que se agudizó con el cambio de candidatura en el Partido Demócrata. Sin embargo, para una política del PAN el terreno puede estar más abonado, sobre todo por las preocupaciones de la élite política con respecto al creciente control político de Morena en las instituciones del país.

Una de esas razones es el tema de la seguridad y el próximo relevo del fiscal general Carlos Zamarripa, quien siempre fue un funcionario de confianza para la embajada norteamericana y las agencias norteamericanas que se enfocan en la seguridad nacional y el combate al narcotráfico.

¿Va Libia a informar sobre su candidato a fiscal, como probablemente ya lo hizo con el equipo de Claudia Sheinbaum? No es remoto y políticamente es un paso necesario, sobre todo por el apoyo de la cooperación norteamericana y por la necesidad de que el nuevo responsable del combate a la impunidad no tenga ninguna desventaja con su antecesor.

La gran pregunta es sobre quiénes podrían ser los puentes utilizados por la próxima gobernadora para establecer contactos en Washington D. C. Sería tranquilizante que fuesen intermediarios institucionales: la Cancillería mexicana y el embajador en los Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán; o bien, la dirigencia nacional de su partido, con todo y el hecho de que Marko Cortés no vive sus mejores momentos.

Lo preocupante sería que los cabilderos de la visita fueran entidades particulares, como el pulpo corporativo Seguritech, a través de su cabildero en Guanajuato, Daniel Esquenazi Beraha, quienes lo harían no en búsqueda de acercar a la próxima gobernadora a una colaboración fructífera, sino simplemente para tratar de mantener sus cuantiosos contratos después de que se vayan Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca.

Nunca se ha transparentado la información, pero Seguritech, propiedad de Ariel Zeev Picker Schatz, sigue cobrando al estado de Guanajuato contratos tan jugosos como el del fallido sistema de videoseguridad “Escudo”, a través del arrendamiento de drones de vigilancia y de helicópteros, tanto para la Secretaría de Seguridad como para el servicio de traslado de funcionarios, incluyendo al gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Y si se toma en cuenta que en la mayor parte de los estados gobernados por Morena, Seguritech ha tenido que ceder espacios a otras empresas de seguridad, conservar su relación con Guanajuato sería de la mayor importancia.

Otro posible cabildero es la organización CALEA (Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley), de la que Cabeza de Vaca ha sido cliente frecuente desde sus épocas de jefe policial en León, sin que las decenas de millones de pesos erogados en certificaciones hayan servido para eficientar las corporaciones que ha dirigido.

Conformada por organizaciones vinculadas a la política del Partido Republicano, CALEA y sus ejecutivos no parecen ser la mejor vía para la conformación de una agenda equilibrada en los pasillos del poder en Washington D. C.

Lo más delicado, en ambos casos, es que sean los proveedores de servicios y de certificaciones de los últimos 12 años en Guanajuato, quienes lleven de la mano al nuevo equipo de gobierno. Muy poco habrá allí de nuevo comienzo.

Por otra parte, el hecho de que los únicos acompañantes en el viaje internacional sean Jorge Jiménez y Rosario Corona, deja en claro por si hiciera falta, que ambos cuadros panistas, amigos personales y contemporáneos de Libia Dennise, se proyectan como los puntales principales en el arranque de su gobierno, más allá de la coyuntura de la transición.

Así que esta semana no habrá que esperar muchas noticias de la gobernadora electa, salvo las inevitables postales en las redes sociales, donde nos enteraremos de qué lugares visitó y con quiénes se reunió la comitiva guanajuatense.

Por salud pública, sería deseable que los intermediarios, las conversaciones y los posibles acuerdos se conozcan con la máxima transparencia. El nuevo comienzo está obligado a tener el mejor de los inicios.

2.- El mejor fiscal, sin importar su origen

El nuevo fiscal del estado ya debe estar definido in pectore por la gobernadora electa, sobre todo a causa de la iniciativa ingresada en la Diputación Permanente el viernes pasado con la firma de todos los grupos parlamentarios, salvo Morena representado por David Martínez, para quitar el requisito constitucional de oriundez o de residencia efectiva por 5 años de los aspirantes a fiscal.

Sería francamente contraproducente haber invitado perfiles foráneos, sobre todo si son de gran calado, para solo exponerlos como parte de la terna final que votará el Congreso.

La iniciativa será discutida en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la panista Susana Bermúdez Cano, y podría ser presentada al pleno en el periodo extraordinario que se tiene previsto para septiembre o incluso en el primer periodo de la siguiente legislatura. Además de la mayoría calificada, requiere el voto de la mitad más uno de los ayuntamientos.

La gobernadora electa, Libia Dennise García, ha señalado que quiere el mejor fiscal del país y que la restricción constitucional de Guanajuato ya no tiene razón de ser por la existencia de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y tratados internacionales que previenen vulneraciones a los principios de igualdad y no discriminación.

Sin embargo, no es el único tema. Introducir la reforma justo cuando la ganadora de la elección anuncia los cambios de dependencias con las que operará su gobierno, manda una señal política que no puede ser ignorada: Libia García no quiere encadenarse a las escasas opciones de relevo que le da el escenario guanajuatense.

Habrá que ser cuidadosos en la siguiente etapa, cuando el Congreso determine los cinco aspirantes que se enviarán a la ya gobernadora para que seleccione una terna y la envíe de regreso al Congreso, para seleccionar al nuevo fiscal por nueve años.

El cabildeo previo será indispensable para que todos los grupos parlamentarios respalden una elección por unanimidad y para eso se requiere que el perfil no solo sea convincente, sino que haya recibido un visto bueno de los más altos niveles del gobierno federal, para evitar que los diputados de Morena se solivianten en Guanajuato.

De modo que la apertura de juego que significó la reforma constitucional para omitir la restricción del origen, lo que ya exhibió es que la decisión va adelantada y que su principal novedad consiste en que este nombramiento permitirá superar la confrontación de los seis años pasados entre el gobierno panista de Guanajuato y el gobierno federal de Morena.

Más allá de saber quién puede reunir el beneplácito de los dos niveles de gobierno, lo que sí puede adelantarse es el final absoluto y radical de la larga era Zamarripa en la fiscalía, sin que subsistan prácticamente ninguno de sus actuales alfiles.

El cambio en la Fiscalía y en Seguridad, por profundo que sea, no necesariamente traerá ventajas de inmediato en la operatividad de la dependencia, pues hasta ese momento será sobre todo un tema político.

Lo delicado vendrá después, en el día a día del nuevo fiscal y de sus brazos operativos, al igual que en el caso de la Secretaría de Seguridad: curva de aprendizaje, reconocimiento del terreno, detección de los lastres profundos heredados y obligación de dar resultados, son algunas de las líneas que se entrecruzarán para evaluar el cambio en los primeros 100 días del gobierno.

3.- Villarreal empieza a abandonar la discreción en Aguascalientes

El 5 de julio de 2023, los principales liderazgos panistas aguascalentenses celebraron la apertura de Cava Sautto, una tienda de vinos propiedad –de acuerdo con documentos públicos– de Luis Alberto Villarreal, el esposo de la gobernadora Teresa Jiménez.

A más de un año de haber sido inaugurada y de que los cercanos a Jiménez posaran sonrientes en el corte de listón, la tienda no cuenta con ninguna licencia comercial para la venta de bebidas alcohólicas, según pudo documentar POPLab.

El tema habla de negligencia y de prepotencia. Obtener el permiso no hubiera resultado complicado por los cauces normales y menos aún para un político con los contactos y la experiencia de Villarreal.

Ni siquiera hay diferencias entre el alcalde Leonardo Montañez y la gobernadora Tere Jiménez, esposa del político sanmiguelense. Es peor aún: el municipio se maneja prácticamente como una dependencia más del Poder Ejecutivo estatal, como cuando el edil era subordinado de la mandataria.

La falta de un permiso o al menos el hecho de que no se tenga acceso público al mismo, pone en evidencia un desprecio por la ley que ya Luis Alberto había mostrado con creces en su paso por la política en su natal San Miguel Allende y a nivel nacional.

La situación empieza a incomodar a panistas de cepa en Aguascalientes, que observan con preocupación como la infiltración del político guanajuatense en decisiones al más alto nivel, puede provocarles un desgaste que no necesitan en estos momentos, cuando son el único territorio que resistió el embate de la 4T en junio pasado.