La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha realizado cateos y revisiones en las instalaciones de los centros de rehabilitación para personas con adicciones de la entidad arbitrarios e irregulares, denunció Nicolás Pérez Ponce, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), al señalar que el hecho más reciente ocurrió el pasado martes 1 de septiembre en el municipio de Romita, donde agentes estatales catearon dos anexos pertenecientes a la red. 

Ante la reiteración de estas intervenciones, que la CRUB señala como presuntos abusos de autoridad e inconsistencias legales, su dirigente advirtió que iniciarán movilizaciones en la sede de la Fiscalía Estatal si no se establece una mesa de diálogo con las autoridades.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que los cateos se realizan en cumplimiento de órdenes judiciales. 

Fundada en 2020, la red de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) agrupa a cerca de 180 establecimientos conocidos popularmente como "anexos" en todo el estado de Guanajuato. La organización nació con la intención de dignificar el tratamiento de las personas con adicciones.

Estos centros, afirma Pérez, enfrentan una fuerte estigmatización que sufren tanto por parte de la población como de las autoridades, quienes frecuentemente criminalizan su labor social. 

En entrevista con POPLab, el representante de la red aclaró que no se oponen a las inspecciones judiciales, sino a los abusos y violaciones a los derechos humanos durante los despliegues. 

"Nosotros no estamos en contra de los operativos, no estamos en contra de que se abran investigaciones hacia estos espacios... De lo que estamos en contra es de las arbitrariedades, de los abusos de las autoridades. Reconocemos que sí hay centros donde ha habido abusos o que se prestan para situaciones fuera de lo normal, por eso nosotros fuimos los primeros en exigir operativos", señaló Pérez Ponce.

Y advirtió sobre posibles protestas: "Si no nos resuelven estos amigos, yo creo que vamos a estar manifestándonos, pero en la Fiscalía General del Estado. Si Alatriste no se quiere sentar con nosotros... nos vamos a manifestar".

Esta inconformidad no es reciente. El pasado 5 de agosto de 2026, integrantes de la CRUB se manifestaron a las afueras de la Fiscalía Regional B en Irapuato tras revisiones calificadas como irregulares en inmuebles de Abasolo y Pénjamo. En esa ocasión, fueron atendidos por el fiscal regional Jesús Alejandro Jiménez Álvarez, a quien le entregaron un directorio de los centros afiliados a la unión, bajo el acuerdo de que las intervenciones se apegarían a la ley. 

"Nos reunimos con el fiscal regional, Jesús Alejandro, y quedó de parar los operativos. Le dijimos: 'No los pares, pero hazlos apegados a derecho, conforme al derecho de cada una de las personas'", puntualizó el vocero.

A pesar de los acuerdos previos, la organización sostiene que los operativos se han ejecutado con violencia y fallas procedimentales. Nicolás Pérez Ponce relató las irregularidades detectadas durante uno de los cateos a sus instalaciones: "En el que llegaron, que es de nosotros... la encargada les dijo: 'Espérese, yo les abro'. Ni madre… Rompieron la puerta de la oficina... del consultorio... Cuando la muchacha quiso empezar a grabar, le quitaron sus teléfonos. Sacaron a noventa pacientes a la calle, hincados". 

Asimismo, cuestionó la validez técnica de las órdenes presentadas: "Al ellos enseñarnos la orden que ellos llevaban, el domicilio... no coincidía con la investigación que ellos traían... Donde estábamos nosotros es 404 y el domicilio que venía plasmado era 432".

Para el presidente del CRUB, esta actuación gubernamental es reflejo del estigma que pesa sobre los espacios de atención a las adicciones y de la tendencia a criminalizar tanto a los establecimientos como a las personas en tratamiento. Remarcó que los centros comunitarios asumen una labor social de rescate que el Estado suele dejar desatendida. 

"La mayoría de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío recogemos gente de la calle, gente abandonada, y estamos en la lucha de encontrar a sus familiares. Tenemos un trabajo muy fuerte, pero también muy criticado", concluyó.

Fiscalía defiende cateos en “anexos”

POPLab solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) una postura sobre los cateos y las denuncias realizadas por la CRUB. En respuesta, la Fiscalía señaló que los operativos desplegados en los municipios de Abasolo y Romita se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales y bajo estricto apego al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos. 

De acuerdo con la dependencia, las intervenciones permitieron la aprehensión de un hombre en la colonia Loma Bonita, en Romita, por el delito de privación de la libertad dentro de un inmueble utilizado como centro de rehabilitación, además de la inspección de dos instalaciones en Abasolo:

FGEG INFORMA:  En cumplimiento a órdenes judiciales y en estricto apego al Estado de Derecho, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato desplegó operativos estratégicos en los municipios de Abasolo y Romita, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Derivado de estos operativos, en Abasolo fueron intervenidos dos inmuebles, uno de ellos utilizado como Centro de Rehabilitación en la zona centro de la ciudad y el segundo en la colonia Vicente Guerrero. 

De la misma manera, en el municipio de Romita, se desplegó un operativo para intervenir con orden de cateo un inmueble utilizado como Centro de Rehabilitación en la colonia Loma Bonita, donde detuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, por el delito de privación de la libertad. 

Diversos indicios materiales y elementos de prueba fueron integrados técnica y científicamente a las carpetas de investigación correspondientes, para robustecer las líneas de investigación y fincar responsabilidades a quienes resulten responsables o participen en la comisión de conductas delictivas. 

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato refrenda su compromiso constitucional de investigar los delitos con eficacia y objetividad, combatiendo la impunidad para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los guanajuatenses.