El 20 de febrero de 2025, Bruno Rodríguez González, Ismael López González y Sergio González López, ejidatarios del municipio de San José de Gracia, al noroeste de Aguascalientes, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA); en la que señalaron lo siguiente: 

“Estamos siendo objeto de una serie de actos de despojo, de intimidación, de amenazas, de citatorios violando flagrantemente el Artículo 16 constitucional por parte de las personas Héctor Quiroz García, Alfredo Quiroz García y Araceli Quiroz Martínez, (que) haciendo uso de su poder político y económico, pues uno se ostenta como presidente del Partido del Trabajo (PT) y el segundo aún es juez en funciones (...) han mandado ponernos marcaje personal desde el día en que recuperamos la parcela”, se lee en el documento. 

La parcela que se señala en el escrito es un predio de temporal de aproximadamente una hectárea ubicada dentro “Las Mesas”, una zona al suroeste de la cabecera municipal, que Bruno Rodríguez González dice que le pertenece desde 2007, cuando el entonces comisario ejidal José Victorio Cardona Hernández se la entregó —señala un documento sellado por el Comisariado— a cambio de que diera en donación otro terreno ejidal para la construcción de un pequeño estadio de béisbol, el deporte favorito en el municipio. 

Desde entonces, dice Rodríguez González, él y su familia trabajaron la tierra con la siembra de nopales tuneros; pero el 21 de abril de 2022, maquinaria pesada ingresó al predio y destruyó todo lo que había en él. Esa maquinaria, afirma el ejidatario, pertenece a la familia Quiroz, que alega ante la Junta Ejidal ser propietaria de esa tierra, misma que habría sido entregada por la Junta a Araceli Quiroz Martínez, media hermana de Héctor Quiroz García, presidente del PT en Aguascalientes y de Alfredo Quiroz García, un juez penal conocido por llevar casos polémicos, como las investigaciones contra los ex gobernadores panistas Luis Armando Reynoso Femat y Martín Orozco Sandoval.

El padre de los tres, Alfredo Quiroz Hernández, oriundo de dicho municipio, era ejidatario. Los denunciantes afirman que, en los últimos años, la familia ha acumulado decenas de propiedades ejidales en el municipio, adjudicadas incluso a personas de esa familia que no pertenecen a la Junta Ejidal.

“No le voy a exagerar. Los Quiroz han de tener alrededor de 50 lotes aquí en San José de Gracia. No es justo, a todos nos dieron uno o dos nomás. Los consiguieron porque algunos de sus parientes han sido presidentes de la Junta”, se quejan los ejidatarios.

“(Esa tierra) pretenden adjudicársela manipulando a la Asamblea Ejidal y comprando voluntades, pues siempre ha sido su modus operandi, ejerciendo un cacicazgo con el que tienen atemorizado al pueblo entero. Nuestras vidas corren peligro, pues en muchas ocasiones gentes extrañas han estado persiguiéndonos y atemorizándonos. (...) hacemos responsables a las personas contra quienes estamos interponiendo nuestras quejas de todo lo que nos pueda suceder a nosotros o a nuestras familias o a nuestras cosas”, agrega la queja 092/2025 que presentaron ante Derechos Humanos.

Para este reportaje, ni Héctor Quiroz García, presidente estatal del PT, ni el actual presidente del Comisariado Ejidal, Doroteo Hernández Valdivia, respondieron a la solicitud de entrevista para explicar su parte en el conflicto.

“Es un terreno en el que tengo 17 años de posesión, yo soy ejidatario y la persona a la que se lo están dando no es ejidataria. No me lo quieren respetar. No es justo que le quiten la tierra a un ejidatario y se lo den a un avecindado. Yo quiero un papel donde conste que soy el dueño porque si no se lo van a quitar a mis hijos”, explica Bruno Rodríguez, que no cuenta con el certificado parcelario de la tierra que trabajó durante casi dos décadas, sino solo con un documento sellado por el comisario ejidal de 2007.

Elizabeth Reyes, representante de la Procuraduría Agraria en Aguascalientes, dice que en San José de Gracia la principal problemática es la venta irregular de terrenos ejidales. Hay casos en donde un mismo lote se ha vendido hasta tres veces sin que exista certeza jurídica en esas transacciones. Las hojas firmadas por el comisariado ejidal, dice, no tienen en realidad ninguna validez legal, solamente la tiene el certificado que emite el Registro Agrario.

“La problemática que existe en el municipio es la que impera en general en la entidad pero sobre todo ahí y en el municipio de Jesús María, es la enajenación e irregularidades de derechos parcelarios, de tierras de uso común y también en la cesión de derechos ejidales y bueno, lo que son caminos, callejones, y servidumbres de paso. No tenemos un número preciso de ventas irregulares porque es un número bastante grande. La venta irregular lamentablemente es un tema que no ha tenido un control, por eso nosotros buscamos sinergias con el gobierno federal, estatal y con los gobiernos municipales”, explica Reyes. 

“En el tema de San José de Gracia nos hemos encontrado casos en donde se ha vendido hasta tres veces el mismo lugar, el reto es lograr regular y buscar la conciliación y la construcción de paz en los ejidos para evitar que se susciten estos conflictos internos. Aquí los ejidatarios no son como en Oaxaca o en Guerrero, pero realmente sí hay un conflicto agrario, es una tarea difícil que es de todos pero sé que lo vamos a lograr”, añade la representante de la Procuraduría Agraria. 

Bruno Rodríguez se queja de que la tierra por la que pelea ha sido entregada por dos comisarios ejidales a tres personas distintas.

“Netzahualcóyotl Quiroz Neri, que fue presidente de la junta ejidal entre 2008 y 2010 y es pariente de los del PT, le dio una constancia por la misma tierra a Baudelia Martínez, la segunda esposa de Alfredo Quiroz Hernández, padre de los petistas, él ya había fallecido. Y según eso Baudelia antes de fallecer le cede a su hija Araceli Quiroz Martínez los derechos de ese terreno, pero para entonces yo ya tenía cinco años de posesión. ¿Cómo es posible que ese predio ya tenga tres constancias? Yo quiero que se respeten mis derechos, a mí me quieren despojar a fuerzas. Ellas no son ejidatarias, no tienen ningún derecho al ejido”, dice molesto.

Reyes, de la Procuraduría Agraria, explica que los conflictos en el municipio existen en gran medida por la división que hay entre los 514 ejidatarios que lo conforman, quienes en su mayoría no asisten a las sesiones de la junta ejidal, ó éstas no se realizan con regularidad. 

“Ellos traen esta situación desde hace muchos años, pero es precisamente por la falta de participación, sabemos que hay una división en el ejido. Lo que queremos retomar es la cuestión organizativa, porque los ejidos tienen derechos pero también obligaciones, yo se los he hecho saber. Su asamblea es su máximo órgano de toma de decisiones, tenemos que volver a concientizarlos porque lamentablemente a las asambleas no asiste la mayoría de los ejidatarios, asisten pocas personas que son las que toman las decisiones y claro que esas decisiones pueden estar amañadas. Sabemos que es un gran reto pero ayudará a ir disminuyendo las malas prácticas”. 

La familia Quiroz García no es la única que los ejidatarios señalan como acaparadora de terrenos comunales y ejidales. También están los Ventura —de extracción priista y que gobernaron durante al menos cinco administraciones al municipio— y los Santos Núñez, también priistas y ex gobernantes en ese ayuntamiento. 

“Soy ejidatario desde hace 23 años, en aquellos años no nos dotaron de tierra a los que entramos como ejidatarios por el abuso de los comisarios ejidales que ya habían entregado todas las tierras no a los ejidatarios, sino a sus familias, a sus allegados, como siempre la corrupción; ya después me dieron dos tierras, pero son puras piedras, no puedo hacer nada con ellas”, dice Sergio González López. 

Los denunciantes agregaron que existen casos de avecindados que se aprovecharon de ejidatarios de la tercera edad para comprarles sus terrenos por mucho menos de lo que valían, otros que sólo se adueñaron de los terrenos sin pagarlos nunca, o familias de ejidatarios que tienen años esperando el pago por su tierra, como le ocurre a Alejandro Suárez Arellano, hijo de un ejidatario que vendió su tierra y no recibió el pago completo por ella. 

“Han pasado como tres o cuatro juntas ejidales sin que se resuelva nuestro caso”, dice Suárez Arellano. 

Para iniciar con la resolución de los conflictos, en octubre próximo la Procuraduría Agraria instalará un centro de atención en el salón ejidal de ese municipio, y otros seis que cubrirán la totalidad de los ejidos en los once municipios. Ahí, dice Elizabeth Reyes, se buscará resolver las divisiones entre los ejidatarios y darles acompañamiento jurídico. 

“Lo que les he comentado a los ejidatarios es que nosotros podemos darles la asesoría y la representación jurídica, porque la única forma es la demanda. Ese proceso implica contar con un expediente y contar con las pruebas para llevar los casos a los tribunales agrarios. Hay que reconocer que los ejidos no han hecho las cosas lo más rectas. La gran parte de los problemas en San José de Gracia se van a ir por la vía de la demanda ante el tribunal agrario”.