El pasado 29 de septiembre, Lorena Ibarra fue asesinada con saña en la comunidad de Arrastres, en San Felipe, al grado de quedar irreconocible para su familia, que ha denunciado una negligente actuación de las autoridades.

El crimen, del que aún no hay detenidos, fue turnado a la agencia especializada en homicidios, mas no ha sido clasificado aún como feminicidio, a pesar de que cumple varios supuestos para esa condición, como fue que el cuerpo quedó expuesto en vía pública, además de que las lesiones hicieron imposible que pudiera ser reconocido, solo por la ropa.

Sin embargo, luego de que su familia, arropada por activistas y otras mujeres, realizara una marcha pacífica frente a Presidencia, logró una entrevista con la secretaria de gobierno, Libia García, lo que renovó sus esperanzas de justicia, pues parece haberse destrabado el caso: la funcionaria se comprometió a brindar apoyo jurídico y psicológico. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado ya tiene una línea de investigación.

Foto: especial

En la protesta organizada el 17 de octubre participó una cincuentena de mujeres y niñas sanfelipenses pero también de otros municipios cercanos, incluyendo León, algo que pareció incomodar al presidente municipal, Eduardo Maldonado, quien ante el aviso de que habría una toma simbólica del palacio de gobierno, mandó policías armados a cubrir la marcha y a colocar vallas para "proteger" las paredes del edificio.

Ahí, la prima de Lorena urgió a la instalación de una oficina del Ministerio Público en San Felipe, que a pesar de ser territorialmente el municipio más grande del estado, sus habitantes tienen que acudir a San Miguel de Allende, distante a casi 100 kilómetros.

El de Lorena es el más reciente crimen violento en la otrora tranquila localidad de San Felipe, donde en los últimos dos años han desaparecido al menos cuatro mujeres, entre ellas, la maestra de secundaria, Alejandra Guzmán Venegas, ocurrida en julio de 2020 y de quien aún no se tienen noticias. De los otros casos, apenas si se conocen las fichas, a pesar de que entre ellas hay una menor de edad.

Foto: Martha Silva.

Revictimización, ¿la regla?

El 29 de septiembre están en su apogeo las fiestas patronales para la comunidad sanfelipense: con todo y pandemia, miles de peregrinos católicos llegaron al templo de San Miguel Arcángel, en el barrio al noreste del municipio, a renovar su devoción.

Lorena tenía que ir a trabajar, salió a las 4:28 de la madrugada de su casa pero no alcanzó a llegar a su trabajo en una fábrica en el vecino municipio de Silao. La joven carismática, amante de practicar fútbol, sustento de su familia, fue brutalmente asesinada. Su rostro, desfigurado.

Encontraron su cuerpo cerca de las 9 de la mañana, a unos metros del punto donde tenía que haber abordado el camión de transporte de personal. Desde que le avisaron, su familia permanece hundida en lo que quisieran fuera una pesadilla, no solo por el crimen en sí, también por el trato de las autoridades:

"No nos dan respuestas, hemos tocado muchas puertas, hemos batallado para que nos den acceso a la carpeta de investigación", denunció Érika, prima de la joven, quien el día de la protesta contó a POPLab que la revictimización no solo es hacia la familia sino a la propia Lorena: su cuerpo quedó tendido por más de 5 horas, hasta que agentes del Ministerio Público llegaron y lo trasladaron al Semefo. "La gente podía ver ahí, donde estaba".

"Es un acto brutal seguir revictimizando a las personas. Yo, mi tía, mi prima, mi familia y las mujeres de San Felipe pedimos justicia para ella. No les estamos pidiendo algo que no les corresponda, les estamos exigiendo que hagan su trabajo, que nos den respuestas". Agregó que Lore no les mencionó agresiones o amenazas previas, "era una chava muy tranquila, no tenía enemigos, no tenía pelea con nadie".

Sobre la Fiscalía General del Estado, comentó:

"Desde el principio hubo muchas inconsistencias: en el acta de defunción, de primer momento no le pudimos dar santa sepultura porque nos habían puesto la fecha de defunción mal, no nos pusieron la hora de defunción, entonces yo creo que es una burla de parte de las autoridades, para el dolor de una familia, que estén haciendo este tipo de cosas".

Y peritos de la Agencia de Investigación Criminal no levantaron todas las evidencias que había en la escena del crimen, confirmó la defensa de la familia.

Piden al alcalde intervenir, pero manda instalar vallas

Tristeza, coraje e impotencia son los sentimientos que en estos días dominan a la familia Ibarra, que exige no solo que se esclarezcan los hechos y que se encuentre al o los culpables, también que esto no vuelva a pasar en San Felipe, de ahí que su llamado incluye al presidente municipal, Eduardo Maldonado García, a quien piden se le dé la mayor importancia y repercusión al caso.

Antes de la marcha, Maldonado había desdeñado al menos tres intentos de la familia, con acompañamiento de activistas por los derechos de las mujeres originarias de León, para conseguir siquiera una cita.

Así lo declaró el día de la manifestación Adriana Ferrell, integrante de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo. "El día que -el alcalde- nos iba a recibir, nos dijo que iba al campo" y canceló la cita.

Y ese domingo, policías flanquearon la protesta desde que partió del estacionamiento de la tienda Soriana hasta el jardín principal, algunos oficiales cargando armas pero también cámaras de video, algo que incomodó a las participantes. Pero sin duda, lo que causó más molestia y decepción fueron las vallas de metal que instalaron alrededor de la entrada del edificio del Ayuntamiento, para impedir acercarse e instalar las cartulinas con consignas que llevaban las inconformes.

No fue indispensable la pared: las vallas cumplieron el objetivo de exhibir a la población sus consignas de justicia para Lorena. Con ello cumplieron su propósito de una toma pacífica del edificio.

Al dirigir unas palabras, Erika exigió dar con los culpables, "No nos pudimos despedir bien de ella"; de las autoridades, dijo, "no se vale que nos den la espalda, que los busquemos, busquemos su ayuda y no nos den la cara, nosotros no necesitábamos que fueran a darnos el pésame hasta la casa, necesitábamos que hoy nos dieran la cara".

"Seguiremos tocando todas las puertas que sean necesarias hasta llegar a la justicia, porque mi prima y nosotros como su familia no vamos a poder descansar ni estar tranquilas hasta que sepamos quién fue y hasta que esa persona pague por lo que le hizo".

Foto: Martha Silva

Sororidad y empatía

Una de las organizadoras de la manifestación, Brenda de la Mora, lamentó que inicialmente se dejó vulnerable a la familia, sin atención psicológica ni de otro tipo, pese a la brutalidad del crimen.

Adriana Ferrel se refirió a la petición de Érika, para que haya en San Felipe una agencia del MP, complementó que no solo debe ser una agencia para delitos comunes, "también una especializada en violencia, pero con esa sensibilidad que deben tener para atender a las mujeres víctimas" de estos delitos.

Ambas llamaron a la declaración de Alerta de Género para el estado Guanajuato y a tipificar correctamente aquellos asesinatos de mujeres que cumplan las condiciones como feminicidios y dejen de simular, como es el caso de Lorena Ibarra; para ello, De la Mora exhortó a diputadas locales y federales "estén atentas al proceso de integración de la carpeta".

En tanto, la integrante de la RNMDPT exigió a las autoridades "pónganse a trabajar y exijan a su personal, desde el gobernador, secretario de seguridad pública, el fiscal, todos, en cadenita, hagan lo que compete, nos matan y no hacen nada".

Señaló también que al alcalde de San Felipe le faltó voluntad política y empatía, simplemente para salir a atender a la familia de Lorena, si no él, su secretaria de Ayuntamiento. Esta indiferencia ante violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades, dijo, se evidencia desde lo local al más alto nivel, como lo es el conflicto de interés que tiene el ombudsman en el estado, Vicente Esqueda, por ser él mismo, militante del partido en el gobierno, el PAN.

"Si no nos quieren ver en las calles, hagan su trabajo y dennos un estado, una ciudad, segura para las mujeres", advirtió la también comunicadora.

A la prensa, las activistas pidieron no abandonar el caso "por dejar de ser noticia", y acompañar y no soltar a la familia, lo que dure el proceso.

Autoridades, omisas e insensibles: abogada

"La familia ha estado muy angustiada por el manejo que se le ha dado a la investigación desde el momento de los hechos, ya que hubo omisiones en la actuación por parte de los agentes de investigación criminal, y que en la fiscalía del fuero común donde se asignó la carpeta de investigación no se le dio la importancia ni celeridad que ameritaba el asunto por el tipo de delito", denunció la abogada de la familia de Lorena, quien pidió reservar su identidad para que su acompañamiento no sea visto con tintes políticos.

Durante varios días la FGE no había practicado ninguna diligencia dentro de la investigación, a pesar de que la defensa solicitó recabar algunas entrevistas e informes.

No obstante, la litigante reconoce que, tras la presión mediática, lentamente han comenzado a investigar y ya se ofreció el apoyo para atención a víctimas en materia psicológica para la contención del duelo.

"Es necesario puntualizar que si se hubieran hecho las cosas bien desde un principio en la fiscalía o se hubiera turnado a la especializada desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se hubiera tenido un mejor resultado en la investigación. Y sobre todo señalar que hace falta capacitación en los servidores públicos para sensibilizarse en el trato a las víctimas, ya que no respetan sus derechos, sobre todo tratándose de delitos de esta índole".

La reunión con la secretaria de Gobierno

La activista Brenda de la Mora reconoció la rapidez con que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Libia García, respondió a su petición de audiencia para la familia de Lorena, que al día siguiente de la protesta las recibió. En la reunión también participó Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Ahí, Libia García giró instrucciones para que la familia de Lorena tenga asistencia emocional y jurídica, así como acciones para salvaguardar su integridad.

La abogada de la familia agregó que hubo un ofrecimiento por parte de esa oficina para estar al pendiente de la actuación de la fiscalía, para que se realice una investigación rápida.

"NOS FALTA ALEJANDRA"

En esta coyuntura, POPLab buscó a la familia de Alejandra Guzmán Venegas, la maestra desaparecida desde hace más de un año ahí en San Felipe, para conocer los avances en el caso. Su hermana Julia comentó que sí tuvieron conocimiento de la marcha por Lorena, sin embargo la situación jurídica por Alejandra continúa, "pero no es suficiente para conocer el paradero de mi hermana, que hasta el momento sigue en calidad de desaparecida" (ficha).

Aunque la familia ha tenido acercamiento con personal de la Fiscalía General del Estado y con la Secretaría de Gobierno "desafortunadamente el caso lleva su tiempo y su debido proceso".

Foto: archivo.

Alejandra, de 33 años al momento de su desaparición, se atrevió a denunciar a su agresor sexual; el día que acudiría a declarar sobre un caso similar al suyo fue sustraída con violencia de su casa por un grupo armado, a plena luz del día y con testigos; dos sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso por el hecho, pero aún no es localizada.

Su hermana concluye: "El llamado que hacemos es que se continúe con las investigaciones y que Ale no sea un caso más de los muchos que tienen sin resolver".

Además de Alejandra, continúan desaparecidas otras tres mujeres: Celina Tavera Pérez, 17 años, desaparecida el 19/04/2020; Gabriela Martínez Guzmán, 29 años, desaparecida el 01/07/2020 y Obdulia Hernández Ortiz, 20 años, desaparecida el 24/07/2020.