Después de más de tres años de litigio y violencia institucional, Paula, administrativa en la Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato en el plantel Silao, regresó a su puesto de trabajo. En 2019 fue despedida injustificadamente, tras denunciar por acoso sexual a Alejandro Ortega Mereles, hermano de Sergio de Jesús Ortega Mereles, integrante de la Junta Directiva de la Universidad.

Durante el largo proceso laboral, Alejandro mantuvo su cargo como coordinador administrativo del plantel, mientras que ella pasó meses en tribunales porque la UG se negó en reiteradas ocasiones a respetar sus derechos.

La institución educativa agotó todas las instancias legales y no tuvo más opción que acatar la resolución que ordenaba no solo la reinstalación de la trabajadora, sino el pago de prestaciones.

Paula se enfrentó desde 2019 a un "monstruo", como califica al grupo de personas que están al frente de la institución, pero después de varios intentos fallidos del área jurídica para impedir el regreso de la trabajadora que incluyeron desacatos a la autoridad laboral, este lunes acataron la resolución de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Asuntos Universitarios.

"Se desató todo un infierno para mí hasta llegar a mi despido, luego entramos a los tribunales y la Universidad empieza a hacer mella con todos estos asuntos, empezó a meter amparos y amparos, aunque me asistía la razón", comentó Paula, al salir de sus actividades el primer día de su regreso al trabajo en la prepa oficial .

A las 10 de la mañana fue la cita para que frente a un representante de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno del Estado se reinstalara a Paula. Estuvieron también presentes abogados de la UG y uno de los defensores de la trabajadora.

La diligencia no se llevó más de 20 minutos, y aunque la prensa intentó ingresar a las instalaciones de la preparatoria oficial de Silao para dar cobertura, el acceso fue negado con el argumento de que se requería la autorización de la Coordinación de Comunicación Social de la UG a cargo de Rodrigo Nájera, pero no hubo respuesta del área de prensa hasta después de que salieron los abogados y se informó que no se permitiría el ingreso porque la reinstalación había terminado.

Afuera de las instalaciones de la preparatoria UG en Silao. Foto: Carmen Pizano

En marzo pasado, cuando se programó el proceso de reinstalación con la presencia de una actuaria, medios de comunicación documentaron la resistencia y el desacato de la institución, así como la desatención a Paula, quien se presentó con 36 semanas de embarazo y ante la negativa de los abogados de la UG comenzó a sentirse mal. Ese día, las autoridades universitarias no brindaron auxilio a la trabajadora, sino que representantes de los medios de comunicación llamaron al sistema de emergencias y horas después se confirmó que había iniciado labor de parto.

Origen de la violencia

En septiembre de 2019, Paula denunció por la vía penal y ante UGénero a Alejandro por acoso sexual. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación 102799/2019.

En la resolución del caso, mediante un procedimiento alternativo, el agresor se comprometió a pagar la reparación del daño, manteniendo su cargo directivo en la preparatoria de la UG en Silao.

A través de UGénero, Paula comenzó a recibir atención psicológica, lo que luego se convertiría en un problema porque el área de Recursos Humanos se negaba a justificar las horas que se ausentaba para asistir a las citas de terapia. Hasta que finalmente la despidieron.

Con un acta administrativa que se acompañó de escritos presentados por algunos de sus compañeros en los que se quejaban del trabajo y trato de Paula, la UG sustentó el despido, incluso le impidieron que hiciera la entrega-recepción y para que se retirara de las instalaciones la amenazaron con pedir la fuerza pública.

"Me corrieron por una revancha", compartió Paula, contadora pública de profesión, egresada de la licenciatura y maestría de la Universidad de Guanajuato.

Aquí inició Paula el proceso laboral para regresar a su trabajo. La pandemia y la tardanza de los trámites prolongaron el proceso, y cuando la resolución salió favorable para ella comenzaron los amparos por parte del área jurídica de la UG, negándose a cumplir con la sentencia de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Asuntos Universitarios.

Eloy Juárez Ramírez, uno de los abogados de Paula, explicó que en dos ocasiones la UG se amparó contra la determinación de la Junta para no reconocer el despido injustificado y restituir sus derechos laborales.

El primer amparo lo concedió un tribunal federal, por lo que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Asuntos Electorales tuvo que reponer el desahogo de una prueba en el juicio. Sin embargo, el sentido del laudo fue el mismo: condenar a la UG a la reinstalación y diversas prestaciones.

"La UG nuevamente recurre a promover juicio de amparo por otras supuestas violaciones al proceso, otra vez nos llevó el amparo siete u ocho meses. El tribunal resolvió que los argumentos de la UG eran inoperantes, ya que no existía la violación. En ejecutoria la Junta de Conciliación y Arbitraje confirma nuevamente el laudo", comentó el abogado en entrevista.

Eloy Juárez Ramírez confirmó que durante los años del litigio la Universidad de Guanajuato agotó los recursos legales, pero todos salieron favorables para Paula.

"Se agotaron todas las instancias que el proceso o la situación jurídica ameritaba y que la ley permitía, esto es, los juicios de amparo, luego ya no había nada más qué recurrir, estaba clara la resolución de titular los derechos de la trabajadora", comentó.

Durante el proceso legal, Paula buscó apoyo directamente de Luis Felipe Guerrero Agripino porque quería que la institución le brindara el servicio médico durante su embarazo, que resultó de alto riesgo.

En octubre de 2022, poco antes de que saliera la última resolución a su favor, Paula escribió al rector general de la UG -originario de Silao-, y le recordó que ambos son del mismo barrio.

“Apelo a que, como usted sabe, los dos provenimos de un barrio del cual es un poco difícil de salir adelante, es conocido por ser un barrio complicado, pero que cuando uno de sus integrantes necesita apoyo siempre estamos para apoyar, que podremos salir del barrio, pero nunca olvidaremos lo que ahí vivimos”, escribió en el correo, del que nunca tuvo respuesta.

En marzo intentó regresar a su puesto de trabajo con la orden de la Junta, pero abogados de la UG impidieron que se quedara, en ese momento comenzó con contracciones y los directivos de la preparatoria la dejaron sin atención médica, sino que fue hasta que representantes de medios de comunicación que daban cobertura pidieron el apoyo a Protección Civil Municipal, ese mismo día comenzó con la labor de parto.

Este lunes, finalmente pudo regresar a su sitio de trabajo, el mismo del que fue despedida hace casi cuatro años, aunque el proceso no ha concluido porque está pendiente que la UG acredite que pagó las aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) de la trabajadora durante el tiempo que tardó el proceso.

Ilustración Pinche Einnar

Actualmente, Alejandro, su agresor, aparece en el directorio de la Universidad de Guanajuato como coordinador administrativo, cargo que no ha dejado a pesar del proceso legal que enfrentó y la queja presentada ante UGénero. El directivo de la Universidad de Guanajuato es hermano de otro docente de la preparatoria oficial de Silao e integrante de la Junta Directiva, máximo órgano de gobierno de la institución que será la responsable de designar a la persona titular de la Rectoría General, en sustitución de Luis Felipe Guerrero Agripino.

"Al final de cuentas la que salía perdiendo era yo porque ésta persona siguió trabajando como si nada, y a mí se me satanizó, se me señaló en muchos de los casos, se me sigue señalando, pero ya no le tomó importancia".

UG obligada a respetar derechos

La legislación en materia laboral, la normatividad universitaria, así como tratados internacionales tutelan los derechos de Paula, y si autoridades o directivos de la Universidad de Guanajuato llegaran a acosar a la trabajadora se puede iniciar un nuevo proceso por diferentes vías, advirtió el abogado Eloy Juárez Ramírez.

"Esperemos que la UG no continúe con las violaciones a los derechos de la trabajadora y no incurran sus superiores en actos de acoso o cualquier otra conducta que vulnere sus derechos laborales", comentó el abogado.

Las posibles represalias que pueda tomar la Universidad también las ha analizado Paula, como puede ser que la cambien de sede o tratos hostiles por parte de superiores o compañeros de trabajo.

"Espero que me traten como trabajadora, no como la apestada del grupo, que me vayan a tener en una esquina y que tomen represalias porque como no pueden correrme, que me manden a la punta del cerro para no verme", compartió.

De acuerdo con el abogado, al momento de la reinstalación se solicitó a las autoridades de la preparatoria oficial no incurrir en actos que puedan vulnerar a la trabajadora, pero, agregó, en caso de que se presenten procederán legalmente.

Luego de su primer día de trabajo, a casi cuatro años de su despido, Paula consideró que han sido las personas en puestos de toma de decisiones los que vulneran los derechos del resto de la comunidad universitaria, porque dejaron de tener como principal interés la educación, ahora van "más por el lado político o de otros intereses".

Agregó que ahora hay personas en los cargos "sin que tengan el conocimiento, las habilidades. Yo siempre estuve capacitándome, actualizándome para mi puesto y llegaron a imponerme a una persona que no sabe nada".

"¿Para qué me sigo preparando si los mejores puestos, los mejores cargos van a ser para otras que nada qué ver?. Yo no digo que quiero un puesto, pero que busquen los perfiles".