Seis meses después de que comenzó la búsqueda de su hijo adolescente, presuntamente desaparecido por elementos de la Guardia Nacional, José Juan Arias Corona, padre buscador, también fue reportado como desaparecido en el municipio de Valle de Santiago. El último contacto que tuvo con su esposa fue el pasado 28 de diciembre.

El abogado de la familia Arias Solís, José Luis Miranda, anunció que se solicitarán medidas de protección urgentes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para la esposa e hijas del padre buscador y que se promoverá un amparo buscador. Asimismo, el caso fue notificado al Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), instancia que en septiembre de este año emitió acciones urgentes para exigir al Estado mexicano labores inmediatas de búsqueda del adolescente de 15 años, José Juan Arias Solís.

En noviembre, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en la vivienda de José Juan Arias, su esposa e hijas. Derivado de este operativo, presuntamente se localizaron armas y drogas. El padre buscador fue detenido y liberado 48 horas después; sin embargo, su domicilio quedó asegurado.

Debido a esta situación, la familia tuvo que desplazarse y vivir en un local, propiedad de la madre, lugar donde José Juan Arias Corona fue visto por última vez el pasado 28 de diciembre.

“Juanito fue desaparecido el 19 de junio. Por los testimonios disponibles, se presume la participación de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. El padre, Juan José Arias, se había dedicado a la búsqueda y la familia ha recibido amenazas desde que inició este caso”, explicó Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe (TRILAC).

El activista señaló que estos antecedentes agravan las circunstancias del caso, del cual ya ha sido informada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en al menos tres conferencias matutinas, de donde surgió el compromiso de dar seguimiento. Sin embargo, hasta la fecha no se ha localizado al adolescente ni se ha logrado la detención de alguna persona responsable de estos hechos.

Cateo, desalojo forzado y focos rojos en centros de “rehabilitación”

El pasado 27 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó un cateo en la vivienda de José Juan Arias Corona y de sus padres. De acuerdo con el abogado de la familia, el operativo se realizó “en orden”, pero nunca se les informó el motivo de la intervención. Los agentes supuestamente localizaron drogas y armas en el inmueble.

Derivado de esto, José Juan Arias Corona fue detenido y permaneció privado de la libertad durante 48 horas, tras lo cual fue liberado sin que se conociera si se le imputaron cargos. El abogado José Luis Miranda se enteró de la detención a través de una autoridad judicial relacionada con el caso del menor José Juan Arias Solís. Se solicitó información del asunto, pero la Fiscalía argumentó que se trataba de una carpeta “ajena” al caso de la desaparición del adolescente de 15 años.

El abogado de la familia no tuvo acceso a la carpeta ni fue reconocido como representante legal, lo que impidió conocer los alcances reales del operativo. A pesar de la liberación del padre buscador, la vivienda quedó asegurada, obligando a la familia a refugiarse forzadamente en un local comercial propiedad de la madre.

Fue de este lugar de donde salió y se le vio por última vez a José Juan Arias Corona el 28 de diciembre; desde entonces no regresó.

De manera paralela, como parte de las acciones de búsqueda emprendidas por la madre del adolescente y esposa de José Juan, junto con colectivos de búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda, se localizó a un amigo del joven, vecino, que fue testigo de la desaparición de José Juan Arias Solís.

El joven fue encontrado en un anexo en Valle de Santiago, donde relató tener un problema de adicción y denunció que en ese lugar había otros adolescentes ingresados contra su voluntad.

De acuerdo con su testimonio, estos menores han sido llevados por el crimen organizado, ya que estos anexos se utilizan como espacios de control, explotación y reclutamiento para actividades delictivas, incluida la venta de drogas. El joven también aseguró haber visto el día de la desaparición de Juan como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo golpeaban antes de llevárselo. Un día después de haber brindado esta información, el testigo desapareció.

Esta versión también fue confirmada por su padre, quien se encontraba en la azotea de su casa cuando ocurrieron los hechos.

A través de búsquedas focalizadas en anexos, los colectivos han logrado ubicar a otros jóvenes que han confirmado esta versión, lo que aseguró el abogado José Luis Miranda, enciende focos rojos sobre la operación de estos centros en Guanajuato.

Resaltó que, de acuerdo con la normativa vigente, estos centros no tienen autorización para albergar a menores de edad y muchos de ellos no se encuentran debidamente regulados.

“Los anexos sirven como un brazo de los criminales; a los jóvenes que tienen sobredosis los llevan a los anexos y esos anexos los reciben… las autoridades del estado no ponen una regulación”, lamentó.

Nueva desaparición, persiste impunidad

La desaparición del padre de Juanito agrava de manera alarmante un caso que ya había sido reconocido a nivel internacional por la desaparición del adolescente, sostuvo Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe.

El activista recordó que, tras la ausencia de su hijo, Juan José Arias y su esposa Marisela participaron activamente en labores de búsqueda, pero contaban con medidas de protección de la FGR debido a que habían sido amenazados.

“Es importante recordar que tanto el papá como la mamá, en su calidad de padres buscadores, cuentan con medidas de protección y que el caso de Juanito ya está ante el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas”.

Juan Martín Pérez resaltó que el expediente del adolescente ha sido presentado en al menos tres ocasiones ante la presidenta de la República durante conferencias matutinas, de las cuales surgió el compromiso público de dar seguimiento puntual.

Advirtió que la desaparición del padre constituye una nueva forma de violencia grave, ya que no se ha logrado localizar al adolescente ni se ha investigado el caso a fondo. “Es muy, muy grave que ahora tengamos una nueva víctima, sin encontrar a Juanito y sin que se haya investigado ni detenido a ningún responsable de su desaparición”, señaló.