La gestión de Margarita Alba Contreras como directora del Parque Metropolitano de León suma nuevas denuncias por omisiones cometidas por la funcionaria, a quien se señala de haber ignorado presuntas conductas de hostigamiento laboral de Omar Abad González, gerente de operaciones y servicios de la paramunicipal, además de un caso de acoso sexual perpetrado por un intendente. 

De acuerdo con información proporcionada por las cuatro víctimas, cuya identidad se reserva, la denuncia fue presentada mediante un escrito dirigido a la contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno, el 6 de agosto. Además del presunto hostigamiento laboral y acoso sexual, en la relatoría se señalan conductas como humillaciones públicas, discriminación derivada de condiciones de salud, abuso de autoridad, represalias y omisiones para atender las denuncias de forma oportuna. 

El oficio de admisión de la denuncia, con fecha del 7 de agosto, fue suscrito por Osbaldo Huerta Bermejo, director de la Contraloría Social. En el documento se señala que el órgano interno de control inició las investigaciones para esclarecer los hechos. Al expediente le fue asignado el folio CM/DCS/093/2026-D6. 

De la denuncia y relatoría de los hechos también fue presentada una copia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por la que se inició el expediente 1015/2026. Esta no sería la primera denuncia administrativa contra Omar Abad González, quien en 2025 también fue señalado ante la Contraloría por presunto acoso sexual por una excolaboradora de la paramunicipal.

Este organismo recientemente acreditó la vulneración del derecho a una vida libre de violencia de una colaboradora que, en la oleada de denuncias presentadas en 2025 por hoy excolaboradores del Parque, señaló conductas de acoso sexual por parte del entonces titular de la Unidad de Conservación y Protección Ambiental, Raúl Macías Moreno. 

La resolución de la procuradora Karla Alcaraz Olvera, derivada del expediente de queja 2531/2025, solicita a Margarita Alba Contreras, en su calidad de directora del Parque Metropolitano, “instruir a quien corresponda realizar las gestiones necesarias ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que se otorgue atención psicosocial” a la colaboradora agraviada. 

Ante la actuación del órgano fiscalizador, Alcaraz Olvera declaró en entrevista que las autoridades del municipio de León deben garantizar un entorno seguro para las víctimas luego de que estas presenten denuncias por acoso sexual. 

“Cuando una mujer presenta una denuncia por acoso sexual, se deben dar todas las medidas necesarias para generar un ambiente seguro, un ambiente laboral de protección. Independientemente de la denuncia, la autoridad debe estar preparada para generar condiciones de estabilidad y que no se le revictimice, porque eso lo único que provoca es que las mujeres ya no presenten denuncias”, sostuvo.  

El caso fue expuesto en la sesión de ayuntamiento del jueves 13 de agosto por la regidora morenista Vanessa Montes de Oca, quien además anunció que la víctima de Raúl Macías Moreno fue amparada por la justicia federal tras presentar una demanda en el Juzgado Onceavo de Distrito contra la determinación de la Contraloría, que en diciembre pasado resolvió que las conductas del entonces director de Conservación y Protección del parque fueron “no graves”. 

En la sentencia, el juez ordena a la Dirección de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría de León “sustanciar y concluir el procedimiento disciplinario de origen observando la debida diligencia en favor de la quejosa, lo cual implicará evaluar su denuncia a la luz de los principios de perspectiva de género y procurando su bienestar e integridad física y emocional”. 

Asimismo, se instruye al Instituto Municipal de las Mujeres a intervenir y dictar medidas de protección en favor de la víctima. 

En noviembre pasado, el pleno del Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas impulsada por la gobernadora, Libia Dennise García, para establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave. Con dicha modificación, estas conductas tienen como sanción la inhabilitación de los servidores públicos sin importar si existe o no una relación de subordinación entre la víctima y el victimario. 

Un historial de encubrimiento

Raúl Macías Moreno, exdirector de la Unidad de Conservación y Protección Ambiental, dejó el cargo en el Parque Metropolitano el 6 de octubre de 2025. Aunque la propia alcaldesa manifestó recientemente que el exfuncionario fue dado de baja tras la denuncia por acoso sexual, fue convocado al encuentro de personas jubiladas de la administración municipal en febrero pasado.

 En una de las fotografías de aquel evento, Macías Moreno posa con reconocimiento en mano, al lado de la primera edil y de Margarita Alba, directora de la paramunicipal. 

Este medio solicitó a Gabriela Solares Meza, jefa de la Unidad de Comunicación del Parque Metropolitano, conocer el motivo de la separación del cargo de Raúl Macías Moreno, a lo que respondió que se trató del “término de la relación laboral”.

Ante la pregunta expresa de la aparición del exfuncionario en el encuentro con personal jubilado, la vocera de la paramunicipal no dio respuesta. Al respecto, la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, sostuvo que la baja de Raúl Macías fue derivada de la investigación en Contraloría. 

“Lo más importante es destacar que desde el mes de octubre no está aquí la persona y eso es importante, porque pareciera que luego se vende como si no se hiciera nada. Quien lo hace, lo paga. Y en eso yo sí quiero ser bien contundente, porque pareciera que se confunde, como si estuvieran las personas todavía laborando en la administración. Desde octubre ya no está”, declaró. 

Sin embargo, el 6 de octubre de 2025 también fueron despedidos ocho trabajadores del Parque Metropolitano que durante al menos tres meses denunciaron de manera pública presuntos actos de hostigamiento laboral y abuso de autoridad por parte de directivos de la paramunicipal, entre ellos, la propia titular, Margarita Alba Contreras. 

La funcionaria llegó al Parque en febrero de ese mismo año propuesta por la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, pese a su relación conyugal con el regidor Hildeberto Moreno Faba, entonces cercano a la primera edil. 

De aquellas denuncias ante la Contraloría, que fueron acumuladas en un expediente con más de 30 casos, ninguna prosperó en el órgano interno de control del municipio. No obstante, una tercera parte de los denunciantes fueron despedidos con uso de la fuerza pública y con la intervención de un despacho privado. 

Lucía, que decidió reservar su identidad para relatar su testimonio a POPLab, narró el proceso de violencia y hostigamiento que ha vivido durante el desempeño de su trabajo en el Parque Metropolitano. Aunque su denuncia por acoso sexual en la Contraloría fue la única que llegó a una resolución por falta “no grave”, el camino para acceder a la justicia y a la reparación del daño provocado por Raúl Macías y por la omisión de Margarita Alba sigue su curso tras la resolución de la Prodheg y de la justicia federal. 

De acuerdo con la resolución de la Procuraduría, fueron siete los testimonios que afirmaron haber observado o escuchado conductas lesivas por parte de Raúl Macías en perjuicio de Lucía. Todas ocurrieron dentro de espacios y horarios de trabajo. 

La protección y contradicción de Margarita Alba quedó manifiesta en el informe que rindió a la Prodheg con motivo de la queja presentada por Lucía. En el documento manifestó ignorar lo señalado por la víctima ante la Procuraduría, al mismo tiempo que expuso que la ombudsperson del Parque Metropolitano le solicitó implementar medidas de protección para Lucía. Esto implicó la reubicación de Raúl Macías Moreno en un área distinta dentro de la paramunicipal. 

“La maestra Margarita sabe todo, supo todo. Aquí el problema es que hay en el parque como una conspiración, que en lugar de trabajar por erradicar y eliminar estos elementos de acoso y violencia, se juntan para ver cómo mitigar a la prensa o cómo mitigar a los trabajadores. Esas son las formas y no es solo la maestra Margarita, obviamente, es un sistema, es ella y las personas que la arropan”, declaró Lucía a POPLab. 

Pese a que su caso nuevamente llegó a la discusión pública en la última sesión de ayuntamiento con una resolución y una sentencia de por medio, para Lucía el daño no está reparado. Hasta el cierre de esta nota, la víctima solo ha recibido una llamada por parte de una colaboradora del Instituto de la Mujer para dar seguimiento a lo que llamó “su situación”. Sin embargo, el alcance de la sentencia es más amplio. 

“No es solo hacer una llamada. No hay un seguimiento, están mal capacitados, no hay una preocupación ni una empatía real, si a mí me están llamando por protocolo para atender “mi situación”, para mí no es así. Las autoridades tienen que sentarse a elaborar los lineamientos y reglas para volverme a tratar a mií y a todas las mujeres con perspectiva de género y con el cuidado de acompañar a víctimas”, señaló.