Las constantes intromisiones del presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la designación de funcionarios de segundo nivel que reciben órdenes directas y pasan por alto la cadena de mando, ha causado un desplome de la tranquilidad en el municipio a la que no son ajenas la elevación de los delitos y la indisciplina de la corporación, así como constantes violaciones a los derechos humanos de ciudadanos.

Los primeros tres años de Alejandro Navarro Saldaña como alcalde reflejan un fracaso en materia de seguridad: los índices delictivos crecieron de manera exponencial, a la par de que la Policía Preventiva fue señalada reiteradamente por el abuso de autoridad con un comisario como Alejandro Camacho Escobar, carente de formación policial alguna.

Ilustración Pinche Einnar

De octubre de 2018 a octubre de 2021, el primer trienio de Navarro como alcalde, los homicidios dolosos se triplicaron, pero además se dispararon otros delitos como el robo a casa habitación y transeúntes, pese a la reconfiguración que hizo el panista al inicio de su mandato elevando la dependencia de Dirección General a Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Primero, Alejandro Navarro apostó por un general del Ejército para estar al frente de la nueva Secretaría: José Luis Santos Nápoles, quien apenas estuvo en el cargo cinco meses, para sustituirlo llegó Samuel Ugalde García con experiencia como agente del Ministerio Público y titular de seguridad en Irapuato, San Francisco del Rincón y en el propio municipio de Guanajuato.

Sin embargo, a la figura de Samuel Ugalde se impuso en la corporación de policía preventiva la del comisario Alejandro Camacho Escobar, licenciado en derecho que trabajó en áreas administrativas de la dirección de seguridad, pero que gracias a la cercanía con Navarro llegó a dirigir a la policía señalada reiteradamente por abusos de autoridad.

“No se sabe quién manda, si Samuel Ugalde o Alejandro Camacho, además de que hay otros que igual actúan por cuenta propia como el comandante (Juan García) Ángeles, jubilado de la Fuerzas del Estado, quien llegó en la administración pasada para hacer las veces de comisario, aunque el nombramiento lo tenía Juan José Vázquez Villanueva”, comentó una fuente cercana a la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato.

Los excesos de los policías de la capital del estado se refuerzan con casos como el de Miguel Ramírez González, el Tyson, un ex militar que llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue cabeza del grupo de élite de la corporación, pero que desde mayo está prófugo de la justicia, luego del asesinato de dos integrantes de la Academia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado en la autopista Guanajuato-Silao. Una de las personas asesinadas fue pareja del Tayson, quien huyó con el arma de la Secretaría.

A pesar de las constantes denuncias y violaciones a los Derechos Humanos, Alejandro Navarro tomó la decisión de incorporar a Alejandro Camacho como subsecretario operativo, nombramiento que todavía no ha sido oficializado y sigue en funciones de comisario, aunque desde hace una semana el alcalde anunció que a la Comisaría llega quien fungía como su escolta: Mauricio Vázquez González.

“Viene de las Fuerzas de Seguridad del Estado, es abogado. Está metido 100 por ciento en las labores de Alejandro Camacho, si me convence, si nos cuadra a mí, a Samuel y al propio Camacho se quedará a partir del 1 de noviembre, si no, no pasa nada, seguirá con las funciones que viene realizando que es escolta mía. No es que yo lo quiera meter, sino que vi su perfil y conmigo está subutilizado, después de ser 13 o 14 años escolta del ex secretario de Gobierno, de tener la capacitación, qué hace conmigo, mejor que se vaya a los fregadazos de a deveras”.

Con todo y el currículum que Navarro presumió de su escolta y en funciones de comisario, recientemente circuló un video en donde se ve cómo un elemento golpea brutalmente a detenidos sobre la carretera panorámica, sin que ningún otro policía frenara el abuso de autoridad, tampoco lo hizo un comandante que estaba al momento del operativo.

Otro de los casos recientes de abuso de autoridad fue el de una estudiante y un egresado de la Universidad de Guanajuato, jóvenes que denunciaron que fueron golpeados por elementos de la policía capitalina, lo que motivó que la institución educativa emitiera un comunicado.

Comunicado de la UG

¿QUIÉN ES ALEJANDRO CAMACHO ESCOBAR?

Sin perfil para ser comisario, Jesús Alejandro Camacho Escobar ahora será ascendido a Subsecretario Operativo de la SSC. Llegó a la comisaría junto con Samuel Ugalde, a pesar de no tener experiencia en el área operativa de la dependencia.

Camacho Escobar conoce a Alejandro Navarro desde su juventud, cuando trabajaba como personal de seguridad del antro Guanajuato Grill, y aunque con su licenciatura en Derecho ha sido funcionario de corporaciones de policía en León y en el mismo municipio de Guanajuato, siempre estuvo en el área administrativa.

Alejandro Camacho Escobar. Fotografía Especial

El actual Comisario de la Policía Preventiva, de 41 años de edad, estudió la licenciatura en derecho en el Centro de Estudios Superiores del Bajío de 2003 a 2007. En 2016, se inscribió en la maestría Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad La Salle.

De 2009 a 2014 trabajó en la administración general de recaudación de León como abogado tributario; posteriormente colaboró en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas como analista jurídico, de junio de 2015 a agosto de ese mismo año, y como dictaminador jurídico en la Secretaría de Salud de Guanajuato de septiembre de 2015 a 2017.

A pesar de no cumplir con el perfil y el pésimo trabajo que ha realizado Camacho Escobar como comisario de la Policía Preventiva, no solo se le ratificó en su puesto sino que se le premiará al hacerlo Subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de quien, de acuerdo al organigrama depende directamente el comisario.

La explicación no es otra que Jesús Alejandro Camacho Escobar es una especie de alter ego del alcalde Alejandro Navarro Saldaña. Quienes conocieron en su niñez y juventud al ahora alcalde, saben que éste soñaba con ser policía judicial, lo que manifestaba abiertamente, incluso le apodaban el “Judi”.

Así, Camacho Escobar es una especie de otro yo del alcalde. Alejandro Navarro se identifica con la manera como se conduce Alejandro Camacho, le gusta su estilo de actuar, la imagen de tipo duro que proyecta.

Guanajuato, el municipio ¿más seguro?

Alejandro Navarro Saldaña ha asumido un discurso triunfalista y desde que presentó el tercer informe de gobierno, señala constantemente que Guanajuato es el municipio más seguro del estado.

Sin embargo, al revisar los datos de la incidencia delictiva año por año se encuentra el crecimiento exponencial de los delitos en la capital del estado.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la administración del priista Edgar Castro Cerrillo (2015-2018) se registraron 40 homicidios dolosos en los tres años, pero en el mismo periodo de tiempo con Alejandro Navarro como alcalde, hasta julio de 2021, se cometieron 118 homicidios dolosos en el municipio.

Los robos a casa habitación en el periodo de Castro Cerrillo sumaron 922, mientras con Navarro aumentó la incidencia de este delito a mil 399 denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Los robos a transeúntes en la vía pública fue otro de los delitos que más creció en los últimos tres años: pasó Guanajuato capital de reportar 25 denuncias a 88.

Así, con base en los datos del SESNSP, durante la administración de Alejandro Navarro han crecido en un 295 por ciento los homicidios dolosos, los robos a casa habitación en un 151 por ciento y en 352 por ciento el robo a transeúntes en la vía pública.

Con el incremento de homicidios dolosos, Guanajuato capital registra alrededor de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, tomando en cuenta que durante 2020 se registraron 46 asesinatos violentos y el municipio cuenta con 194 mil 500 habitantes, de acuerdo con datos del INEGI, en tanto que el municipio de León registró 36.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Pero aunque los datos que se reportan ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reflejan un municipio con alza creciente de violencia, en un intento por hacer control de daños, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio oculta o rasura información en los partes de policía.

Así quedó evidenciado en septiembre pasado, después de que se localizó a un hombre sin vida en el Jardín El Cantador, en el primer cuadro de la ciudad. En el parte de novedades la Secretaría de Seguridad se dijo que la persona murió de un paro cardiaco derivado de problemas con el alcoholismo, pero unas horas después la versión de la dependencia a cargo de Samuel Ugalde fue desmentida por la Fiscalía General del Estado, institución que dio a conocer que el hombre fue asesinado por estrangulamiento.

Abusos de autoridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido blanco de reiteradas quejas contra el actuar no solo de los elementos de la Policía Preventiva, sino de personal de áreas administrativas por exhibir a los detenidos. Por ello, tan solo en los últimos meses el gobierno municipal ha recibido tres recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Apenas el 28 de septiembre dos jóvenes, una estudiante de Ciencias Políticas y un egresado de arquitectura, ambos de la Universidad de Guanajuato denunciaron golpes por parte de los policías.

Dieron a conocer que la agresión sucedió el 23 de septiembre entre las 2 y las 3 AM, cuando caminaban por la calle de Tepetapa. La acusación fue directa contra elementos que pertenecen a la llamada Policía de Género, personal que, en teoría y discursos, está capacitado para atender casos de violencia de género.

La estudiante relató a medios locales que la agresión sucedió cuando caminaba por la calle de Tepetapa, rumbo a la casa de su novio, quien por tener necesidad de ir al baño se adelantó, pero ella se dio cuenta que no traía llaves de la casa de su novio por lo que trató de alcanzarlo corriendo, momento en que pasaba una patrulla de la policía de género, y en ese momento se bajaron los elementos para detener al joven de manera agresiva.

Ella, al ver lo que ocurría, trató de ayudar a su pareja, y se interpuso entre los cuatro policías y su novio, pero uno de los policías le dio un golpe en la cara, debajo del ojo derecho.

“Uno de los policías me dio un puñetazo en la cara, a lo que yo contesté con violencia y entonces comenzó la gresca”, señaló la estudiante de ciencias políticas de la UG al periódico Correo.

“La fuerza que estaban ejerciendo sobre mi persona era demasiada, llamaron por radio a otra patrulla donde venían elementos mujeres, se acercaron a nosotros y uno de los policías le dio la orden de que me metiera unos putazos porque había golpeado a uno de los elementos, inmediatamente las elementos mujeres me jalaron del cabello, golpeándome y tirándome al piso, sometiéndome con uso excesivo de la fuerza”.

La joven estudiante de ciencias políticas afirmó que una vez que la subieron a ella y a su pareja a una patrulla los siguieron golpeando, la llevaron a uno de los separos y no le querían quitar las esposas. Ella por la agresión y los golpes sufridos no pudo más y quedó tirada en el piso, los policías le decían que se levantara.

Aunque no pensaba interponer denuncia penal por lo sucedido, por temor a represalias de los policías, lo hizo el 28 de septiembre, cuando además decidió hacer pública la agresión que sufrieron ella y su pareja. La denuncia quedó asentada bajo el número de expediente 103631.

En el tema de atención a la violencia de género, a pesar de que el alcalde afirma que se tiene una policía preparada para ello, hay denuncias al interior de la corporación por acoso sexual.

El comandante sancionado es un elemento de confianza del comisario Alejandro Camacho, quien tiene a su cargo la designación de los jefes en turno.

El caso más reciente de abuso de autoridad se hizo público el fin de semana, cuando, según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de policía preventiva acudieron a un reporte de asaltos a choferes de transporte público en el Cerro del Cuarto.

El video que circula por redes sociales se puede ver a al menos 10 elementos y dos patrullas con dos personas detenidas a quienes golpea brutalmente uno de los policías arriba de los vehículos.

Después de que el video se viralizó, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, dio a conocer que el elemento que se observa golpeando fue cesado, mientras que el resto de los policías que estaban de espectadores también son investigados, entre ellos un comandante.

Ugalde precisó que la investigación corre a cargo de asuntos internos, además de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato también abrió un expediente de manera oficiosa al conocer el video.

El número de expediente en asuntos internos del gobierno municipal es el 29, mientras que la queja oficiosa de Derechos Humanos quedó con el número 369.

“Se actuó de inmediato cuando se conoció el video, la investigación incluirá a los mandos… podrían tener responsabilidad elementos no solo por comisión sino también por omisión, es decir, los elementos que no actuaron para impedir lo que sucedía”.

De acuerdo con Samuel Ugalde, a las 5:18 PM se recibió un reporte al sistema de emergencias 911 por el asalto a taxistas y camioneros, primero se mandó una patrulla y luego se enviaron refuerzos porque los elementos de policía fueron agredidos. Después de un recorrido detuvieron a dos hombres.

El policía captado al momento de la agresión, que incluso habría estrellado una botella de vidrio en la cabeza de uno de los detenidos, fue cesado desde el fin de semana. El hombre lesionado con el botellazo fue atendido en el hospital, aceptó Samuel Ugalde.

En este nuevo caso de abuso de autoridad, nuevamente se exhibió a los presuntos delincuentes sin cumplir con el protocolo de presunción de inocencia, pero al cuestionar al alcalde, Alejandro Navarro sobre la exhibición de los detenidos, se limitó a decir: “bueno, ustedes traían la información”.

Prevalece rivalidad entre Ugalde y Camacho

Además de la creciente violencia y los excesos de la policía preventiva, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana se vive otra crisis: las diferencias personales entre Samuel Ugalde y Alejandro Camacho Escobar. El segundo, con la protección del alcalde, ‘se va por la libre’, comentaron fuentes cercanas a la dependencia.

Otro elemento al que Ugalde no puede dar órdenes es Juan García Ángeles, un ex elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quien llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la administración municipal pasada y se mantiene, y aunque cobra del erario no porta el uniforme, siempre anda de civil en las manifestaciones para reportar a los superiores.

La exregidora y quien fuera presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Guanajuato, Magaly Segoviano Alonso, comentó que por las frecuentes violaciones a los derechos de las personas, la Procuraduría de Derechos Humanos tiene expedientes de queja abiertos.

“Tenemos las tres recomendaciones recientes de derechos humanos que nos dicen que las cosas están muy mal, yo informé al Ayuntamiento que se estaba actuando mal, lo que no se aceptó en la Comisión de Honor y Justicia de la SSC, a pesar de las observaciones que hizo gente tan preparada como Verónica Cruz, de las Libres”, dijo en entrevista la exregidora de Morena.

Alejandro Camacho, comisario y próximo subsecretario, ha estado involucrado en hechos violentos como el sucedido en febrero de 2020, cuando uno de sus escoltas le disparó a un compañero cuando discutían. El balazo le pegó en el hombro, supuestamente fue un accidente.

El 29 de octubre de 2020, Alejandro Camacho y sus escoltas se vieron en otro problema, cuando detuvieron a una persona discapacitada a la que golpearon, además de que le quitaron un celular a una mujer que grababa la acción de los policías, destruyendo el equipo.

Uno de los incidentes más graves es el caso de los cuatro policías a los que se les giró orden de aprehensión en enero de este año, y que terminaron en el CERESO de Puentecillas, igual eran escoltas de Camacho, esto por allanamiento de morada, lesiones y robo, recordó Magaly Segoviano.

Los escoltas de Camacho ingresaron sin orden judicial a una vivienda en Paseo de la Presa, los elementos irrumpieron con el pretexto de perseguir a un presunto delincuente, pero ya dentro golpearon a los moradores.

“Por eso yo he insistido en que debe de existir no solo una comisión del Ayuntamiento de derechos humanos, sino un área independiente, que atienda las quejas de los ciudadanos, porque con el diseño actual no pasa nada porque todo se atora en el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Preventiva”, relató la exregidora.

Segoviano confirmó que no solo los escoltas del todavía comisario tienen fama de violentos, sino que el propio Camacho ha sido señalado, sin denuncias formales por temor a represalias por ser protegido del alcalde.

Se han dado casos tan grotescos como el registrado el 17 de julio de 2020, cuando se reportó que en el callejón de Peña Randa la puerta de acceso de una casa estaba abierta y no había nadie en el inmueble, al llegar los policías constataron que no había nadie en la casa y aprovecharon para robar una televisión, un taladro, un espejo y un cuadro.

Guanajuato capital tampoco ha quedado ajeno a los asesinatos de policías municipales. En junio de 2020 dos elementos fueron emboscados cerca de la comunidad El Tinaco, uno de ellos falleció.

Al menos desde hace tres décadas en el municipio de Guanajuato no se había dado el asesinato de un elemento de policía preventiva, pero después de la emboscada los ataques se mantienen. El 27 de septiembre pasado un elemento recibió un balazo en el pecho cuando llegó a atender un reporte.

El mismo Samuel Ugalde ha sido amenazado por grupos criminales. Públicamente un cártel dejó cartulinas con mensajes dirigidos al secretario de Seguridad sobre bolsas de plástico que contenían hombres descuartizados sobre la carretera libre a Silao. En agosto de 2020 apareció otro mensaje contra el secretario sobre una hielera en la que dejaron una cabeza humana.

Pese a recomendaciones, sin sanciones

Las tres recomendaciones enviadas recientemente por la Procuraduría estatal de los derechos humanos al alcalde Alejandro Navarro, que involucra a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, refuerzan los señalamientos de la anarquía que priva en la dependencia.

En las recomendaciones no se ha especificado qué sanciones administrativas se impondrían a los involucrados en violaciones a los derechos humanos, entre ellos al comisario Alejandro Camacho.

Las tres recomendaciones fueron expedidas el 23 de julio de 2021. En la recomendación sustentada en el expediente número 263/19-A, se refiere a un hecho ocurrido el pasado 24 de agosto de 2019, al ser detenidas dos personas sin motivo alguno, a las que se les dio un trato inadecuado y se les exhibió como presuntos defraudadores en las redes sociales y en medios impresos.

En el expediente se encuentra una serie de contradicciones, dejando en claro que desde el área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Comunicación Social de la administración municipal se filtra información a los medios, lo que se ha cuestionado en anteriores ocasiones al mismo Samuel Ugalde.

En dicha recomendación se señala que se investigue y se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa a Verónica Gasca, adscrita a la Secretaría, a Christian Cantero, anterior director de Comunicación Social del municipio y ahora secretario particular del alcalde. También a Yoana Alejandra Méndez Rodríguez, Susana Jaramillo Celayos, Elizabeth Areli Martínez León y el comisario de la Policía Preventiva Alejandro Camacho Escobar.

De acuerdo al expediente número 127/2020-B, por violación al derecho a la privacidad y protección de datos personales, en relación a un hecho ocurrido el pasado 18 de julio de 2020, al ser detenida una pareja en la zona del mirador del Pípila y luego sus identididades filtradas a los medios de comunicación. Sobre ese caso la Comisión de Honor y Justicia determinó que no había responsabilidades, pese a la recomendación de Derechos Humanos.

En este caso, Derechos Humanos no refirió las personas involucradas en la violación a los derechos de la pareja, y solo se pidió que se investigara para determinar quién o quiénes son las personas responsables.

Finalmente, el expediente 366/19-A se relaciona con un problema ocurrido el 28 de octubre de 2019, argumentando el quejoso que se le arrestó sin justificación, se ejercieron actos de violencia contra su persona y se le expuso en medios de comunicación sin respetar su presunción de inocencia.

En este caso la persona que se queja se presume que fue detenida por insultar a una persona de la tercera edad, luego se refugió en un cajero automático de donde habría sido sacado con violencia por elementos de la policía y esposado, a quien se le dejó en libertad después de pagar una multa de 600 pesos.

En las recomendaciones se señala que se investigue y se determinen los procedimientos administrativos correspondientes contra la jueza cívica Ana Claudia Campos Gutiérrez y contra quienes detuvieron al quejoso, en especial contra Jorge Iván Favela Dávila y Luis Francisco Morales Álvarez, quienes fotografiaron a la persona detenida.