Alrededor de 100 personas, familiares de los hasta hoy 88 desaparecidos en el estado de Guanajuato, que integran el Colectivo “A Tu Encuentro”, entrarán al mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos, esto, ante la crisis de seguridad en la entidad y las amenazas de muerte que han recibido al presentar la denuncia en las instalaciones de Fiscalía General de Guanajuato.

Las desapariciones de personas en territorio guanajuatense por parte de civiles es apenas una parte de problema, a este se suman las desapariciones extrajudiciales, cometidas por policías federales, elementos de la Secretaría de Marina y policías ministeriales de la Fiscalía de Guanajuato. El colectivo tiene registro de 4 casos, una familia desistió seguir con la denuncia por las amenazas recibidas, porque tienen “más hijos”.

Después de una evaluación individual, cada uno será atendido de acuerdo a las necesidades, pues además de los desaparecidos en manos de policías federales, ministeriales o militares, están aquellos donde llegaron a su casa hombres armados y se los llevaron, sin olvidar aquellos desaparecidos al ir a la tienda, al banco.

Tras asistir a la “Marcha por La Paz” en la Ciudad de México el pasado domingo, donde los integrantes de “A Tu Encuentro” caminaron junto a decenas de otros colectivos y personas del país en busca de justicia, presentaron dos quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición de guanajuatenses en operativos de Policías Federales y agentes de la Marina en Guanajuato; estas denuncias se suman a dos ya interpuestas anteriormente por el grupo, que ha registrado, pues, cuatro desapariciones extrajudiciales perpetradas por distintas corporaciones policiacas.

Fotos: cortesía.

Marchan familias de Guanajuato para hacerse escuchar

El Colectivo “A Tu Encuentro” acudió al llamado de Javier Sicilia y Julián y Adrián LeBarón, y marcharon en busca de la Paz junto a miles de familiares de personas que buscan justicia por los delitos cometidos contra sus parientes. Hombro a hombro caminaron, se conocieron, compartieron las experiencias amargas, el dolor en este largo peregrinar, que para algunos son años sin justicia, unos a pesar de haber caminado a San Juan de los Lagos movidos por la fe, el cansancio no los detuvo y los acompañaron, saliendo de la Estela de Luz, en la capital del país, donde han colocado placas en memoria de las miles de víctimas, hasta llegar al Zócalo.

Compartieron las historias que cada uno ha enfrentado, no importó el color de la piel, el viacrucis por el que pasan, ahí visualizaron el dolor de Guanajuato y México, problemáticas similares, cómo es el “enfrentarse a gobiernos que no les interesa o que no saben cómo hacer las cosas. Lamentable lo que pasó en el Zócalo”, la confrontación de seguidores a ultranza de Andrés Manuel López Obrador hacia el contingente.

Cuentan que se retiraron descansar y comer apoyados por el Centro Prodh, porque la mayoría de los que fueron a la marcha son madres, adultos mayores y niños, porque los niños también piden justicia.

Las placas de la Estela de luz son similares a las que el colectivo, a través de “Sembrando Comunidad’, ha colocado en Irapuato en conmemoración de las personas que han sido asesinadas.

“Se marcha por La Paz y la justicia, son los principios y necesidades básicas de un país que está inmerso en la violencia, (es) más de lo que necesitamos en Guanajuato, no importa cuánta mesa por la paz hagan, si la gente de arriba (autoridades) siguen pensando que son los únicos que tienen la verdad y que pueden diseñar las mejores políticas para solucionar el problema, tenemos un problema, tienen que juntar a las víctimas para que tomen sus decisiones y empiece a sanar como país México y recuperar La Paz, no han terminado de comprender los políticos”, explicó José Gutiérrez, titular de colectivo.

Se reúnen con los padres de los 43 de Ayotzinapa

Los integrantes del colectivo “A Tu Encuentro” se unieron al dolor de los padres de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, escuchando las dificultades que han sorteado en búsqueda de la “supuesta verdad histórica”, los problemas del financiamiento para seguir en pie, los ataques que han recibido y los problemas de salud como el cáncer y diabetes al que ahora se enfrentan algunos.

Estoicos, los padres de los normalistas seguirán y a un año que se instaló la Comisión de la Verdad lamentan que “no ha pasado nada”, aún así, buscan reunirse con autoridades para exigir avances.

“Desarrollando diabetes, cáncer, los padres sufren, están luchando porque han abandonado a sus familias por la lucha de la justicia, los padres no tienen apoyo, han sufrido con el apoyo del financiamiento, han hecho eventos para financiarse”, el Centro Prodh también les ayuda.

Desaparición forzada a manos de autoridades

El Colectivo "A Tu Encuentro" tiene el registro de cuatro desapariciones extrajudiciales: dos personas desaparecieron en manos de policías federales en León y Celaya en 2018, cuando los agentes “se metieron a las casas y se los llevaron”, es lo único que se sabe pues el Ministerio Público no ha dado más información. A un tercer joven se le perdió el rastro el 9 de noviembre de 2018, al ser detenido por elementos de la Secretaría de Marina en un operativo en Irapuato, y un cuarto guanajuatense sigue ausente desde 2019, año en que se lo llevaron presuntos policías ministeriales, los familiares de este último desistieron en su búsqueda por las amenazas de muerte que recibieron por teléfono tras denunciar en la Fiscalía, y el temor que les suceda algo a los otros hijos.

Acuden con el senador Álvarez Icaza

Ante el senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria expusieron los casos de desapariciones de guanajuatenses por parte de Policías Federales y elementos de la Secretaría de Marina; le solicitaron apoye con la revisión de las quejas puestas en Derechos Humanos, que impulse en Guanajuato la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas y la creación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Desaparecidas por policías federales, por la Marina… hay personas desaparecidas junto a policías federales y otras, (víctimas) de secuestro”. La desaparición por los elementos de la Marina se realizó el 22 de noviembre de 2018 en Irapuato, “la carpeta de investigación no la han dado a la familia, nos han negado el acceso a la información”. El desaparecido por los policías federales fue también en el año 2018 en Celaya, y el secuestro de dos personas de Irapuato se federalizó. “Fuimos a señalar que los problemas que tenemos en el estado también los tenemos a nivel federal, queríamos que supieran que no están haciendo nada; no tramitan, no investigan, necesitamos que se pongan a trabajar en Guanajuato, ya no puede seguir así como estamos”.

Con Emilio Álvarez Icaza.

La respuesta de Álvarez Icaza fue que “no se podía comprometer a casos concretos” pero se reuniría con las senadoras de Morena, Malú Micher, Antares Vázquez y Citlali Hernández, para acordar cómo trabajarían en conjunto con las víctimas del estado.

También se reunieron con las senadoras, donde expusieron la situación general de las familias aquejadas por la no localización de uno de sus integrantes, como el caso de la señora Guadalupe, que tiene una hija con discapacidad y a quien no le ha llegado el recurso del programa federal. Posteriormente las legisladoras “se movieron y lo revisaron, también (habrá) algunas becas para las familias”.

En reunión con senadoras.

Presentan dos quejas más ante la CNDH

El colectivo acudió también con Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tras exponer los casos uno a uno, revisaron dos quejas presentadas en la institución y presentaron dos quejas más por la falta de investigación de la Fiscalía General en el estado y de la Fiscalía General de la República (FGR).

La ombudsperson “Nos dijo que sólo nos podía ayudar con los casos federales, se comprometió a dar seguimiento y estará pendiente de lo que necesite en Guanajuato, revisamos dos quejas que ya estaban y se interpusieron dos por la falta de investigación, por una denuncia de secuestro, se llevaron a su hijo de una señora, que ha pedido lo regresen, ella sigue llevando información a la Fiscalía del estado y de la República, que para eso cobran y no hacen nada”. Dicho secuestro fue en 2019 en Irapuato.

Estas 4 quejas se suman a las 15 ya presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato contra la Fiscalía General del estado por el desaseo, la integración y la no investigación que presentaron los familiares.

Segob sumará a integrantes del colectivo al mecanismo de protección

La Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, integrará a todos los integrantes del colectivo al mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos por las amenazas y crisis de inseguridad en el estado y después de una evaluación individual será atendido de acuerdo a las necesidades.

“Por la situación que vivimos en Guanajuato, por la forma en la que han actuado las instituciones se incluirá a todo el colectivo al mecanismo y ya darán fechas para las búsquedas”, la atención será de acuerdo a la necesidad, “hay casos en que (los familiares) han recibido amenazas de muerte después de ir a la Fiscalía, donde mencionan los familiares que (su ser querido) ha sido desaparecido por policías ministeriales, ahí las necesidades serán diferentes a los desaparecidos al ir a la tienda, al banco, a los casos de las personas que llegaron a su casa hombres armados y se los llevaron”.

Testimonio: “Mi vida ya no es igual”

“Les pido a las autoridades me ayuden, hagan su trabajo, lo agilicen para saber algo de mi hijo, manden a los funcionarios públicos que tengan que mandar para que me regresen a mi hijo”, son las palabras de la progenitora de Sergio Banda, hoy de 27 años de edad, que el 9 de noviembre de 2018 desapareció luego de que agentes de la Secretaría de Marina y la Sedena se lo llevaron en un operativo realizado en el municipio de Irapuato, donde asistió a una fiesta entre las calles Girasol y Jazmín, en la colonia Purísima del Jardín.

En las revisiones se llevaron a dos jóvenes, entre ellos, Sergio.

Un amigo que atestiguó la detención avisó a los familiares de Sergio, pues aunque soltaron al otro joven, a Sergio lo buscaron en hospitales, los separos de seguridad, acudieron al destacamento de la Policía Federal, en las dependencias de la Fiscalía, preguntaron a los militares que rondaban por la zona y nadie respondió.

Un día después, el 10 de noviembre, presentaron la denuncia por la desaparición forzada, la investigación la pasaron por competencia a las oficinas de la PGR en Irapuato, y ahí sólo ha recibido respuestas de la licenciada de que “siguen las investigaciones”. Ocho meses después, le informaron que por oficio preguntaron a la Marina si lo tenía a su disposición, la dependencia se deslindó con la consigna de que “que no participó” (en el operativo) y sobre el mismo oficio enviado a Sedena, la abogada no le ha dicho si hubo respuesta o no. Hace 2 meses, la funcionaria le informó que el caso lo enviará a la agencia especializada en Ciudad de México.

El 11 de septiembre de 2019 la madre de Sergio acudió con los militares que cuidaban la empresa MR en la carretera Irapuato-Abasolo y logró hablar con un comandante de la Marina, quien le confirmó que sí habían participado en el operativo “que sí había habido dos personas detenidas (en esa ocasión) pero nada más le habían hablado para apoyar en el operativo, pero se los llevaron los otros compañeros (de Sedena) que pidieron el apoyo, (y) que desconocía dónde estaba”.

Hace ya 1 año 2 meses que no han localizado a Sergio.

La actuación de la FGR en Guanajuato deja mucho qué desear: al solicitar la madre las copias de la carpeta de investigación, la funcionaria federal identificada como Xiomara le dijo “que no podía, porque eran bastante”. La afectada regresó después, ya en compañía del Colectivo, pero no le dieron copias “porque la copiadora estaba descompuesta”. Días después, al regresar, sólo le dieron unas hojas del expediente, “no podía dar más copias porque (así) lo envió a la agencia”. Sin embargo en esas hojas revisaron que fue hasta diciembre que envió el expediente.

El joven cumplirá 28 años el próximo 2 de febrero y sus familiares no pierden la esperanza de encontrarlo.

Más delitos: privación ilegal de la libertad

Kevin Daniel y Juan, su padrastro, fueron privados de su libertad el 1 de junio de 2019 por hombres armados, cuando abordaban su camioneta en Irapuato para ir en ayuda de su madre y esposa, que se había quedado sin gasolina.

Tras la desaparición de ambos, la familia ha tenido que investigar por su cuenta, y aunque recibieron una solicitud de pago de rescate, y ellos pagaron una parte del mismo, no tienen noticias de ellos, ello mientras los agentes de la Fiscalía sólo pedían que pagara el restante pero no hiciera más.

Se sabe que al menor de edad lo bajaron de la camioneta, lo hincaron, encañonaron y lo subieron a una de las unidades de los agresores, a su padrastro también se lo llevaron, a los dos les quitaron los zapatos y calcetines, sólo con un short se los llevaron; instantes después, un hombre a bordo de un automóvil Caliber llegó y revisó la unidad, en el suelo quedaron la cartera del hombre adulto, las llaves de la camioneta.

Familiares y vecinos fueron testigos, reportaron el hecho a la madre, quien pensó que se los había llevado la Ministerial, por lo que acudió a la Fiscalía y le dijeron “que el día sábado no había ningún policía ministerial trabajando, que no trabajan ni sábados y domingos”, por su parte, la Policía Municipal nunca llegó a pesar de los reportes.

La esposa marcó al teléfono de Juan, su esposo, luego de cuatro llamadas sonó apagado, los buscó en los hospitales, fue a la PGR y le dieron que no había servicio, así que presentó la denuncia por la desaparición.

Juan y Kevin.

Cadena de desgracias

En una llamada al teléfono de un familiar, les pidieron 100 mil pesos para soltarlos, que “ellos tenían a Kevin y a Juan”, cuando la familia pidió una prueba de vida, no la enviaron, por lo que entendieron que era solo un intento de extorsión.

Después, otro familiar de Juan le habló a la esposa y le dijo “que él sabía quién los tenía, que estaban pidiendo 1 millón de pesos”, ella cuestionó por qué no le marcaron a ella, y pidió que le pasaran la llamada y nunca accedió, además le pidió que ella no fuera a la autoridad “yo sé cómo son esas personas, nada más van a matar”.

La familia vendió lo que tenía, “malbarató todo, mi hermana vendió su carro, amigos y familiares nos ayudaron, de la familia de Juan apoyo una hermana”, sacaron préstamos que siguen pagando, los amigos y compañeros de escuela de Kevin se cooperaron y entregaron un dinero a la familia.

Días después se dio otra privación ilegal de la libertad de un hombre que acudió a inyectar a unos gallos, luego supo que los responsables eran los mismas personas en las mismas camionetas que se habían llevado a Juan y a Kevin.

La familia pagó una extorsión de 352 mil pesos, luego que el hermano de Juan les informó que les hablarían cierto día a las 5 de la tarde, ella no quería depositar porque sería otra extorsión, pero un segundo hermano de su esposo que la acompañó le dijo “hay que pagar aunque nos extorsionen, porque nos están vigilando y nos pueden matar”. Ella habló después con los presuntos extorsionadores y les dijo que pagaría el resto si le regresaban a su hijo, incluso le pidió que le dijeran qué tatuajes tenía su esposo y no hubo respuesta.

Dejó 190 mil pesos encargados con la familia de su esposo y mientras juntaban para el segundo pago con la esperanza de que les regresaran a su esposo e hijo, pero la familia solo les regresó 108 mil pesos porque “lo habían agarrado por una necesidad”.

Sumado a esto, la familia se puso a investigar y llevó los datos a la Fiscalía, la autoridad no investigó ni la ha apoyó, “dijeron que iban a dar seguimiento y estarían pendientes de dónde se pagaría el rescate, para llegar a donde los tenían y no hicieron nada, yo les proporcioné los datos de las personas, vehículos, siempre me decían usted pague y vemos dónde los tienen, usted confiaba en ellos, el último pago, del 26 de junio, me dijeron que teníamos que esperar 4 meses”. En total hizo tres pagos, pero su familia no ha regresado.

A Kevin, de 17 años, le gustaba el fútbol, “soñada con ser un administrador de empresas, estaba en la escuela era un niño feliz, el más chiquito; Juan se dedicaba a la tabla roca, era alegre, buena persona, siempre estaba pendiente de la familia”.

Recomendaciones de la CNDH a Guanajuato

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2019 la recomendación 55/2019 a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y a las Fiscalías de Guanajuato y San Luis Potosí por el uso excesivo de la fuerza, que derivó con la muerte de una persona en manos de Policías Federales.

A Guanajuato, la recomendación fue porque “no fue debidamente investigado” el caso, que aunque por competencia lo remitió (a SLP) “no recabó testimonios, no citó a agentes federales identificados, no recabó evidencias registradas en las cámaras de seguridad y otras irregularidades”, luego que el 20 de septiembre de 2015, un hombre lesionado fue subido a una patrulla y al día siguiente fue encontrado muerto en Villa de Reyes, San Luis Potosí, en tanto que al menor que lo acompañaba lo obligaron a subir a una unidad para luego abandonarlo en un tramo carretero.

Pero no es la única. En el 2017, la CNDH dirigió la recomendación 64/2016 a Miguel Márquez, titular del gobierno de Guanajuato y al ayuntamiento de Celaya, por discriminación y vulneración al derecho de acceso a la justicia de una mujer en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y a la no discriminación, que al ser víctima de violencia sexual el 4 de abril de 2014, reportó el hecho a su esposo y a dos policías municipales de Celaya, quienes no hicieron operativo para ubicar al agresor y un policía se dirigió al esposo y le dijo “tiene un novio o amante”, la llevaron al edificio de la Fiscalía, dejándola afuera. En el interior, la funcionaria de la Fiscalía encargada del Módulo de Atención Primaria le cuestionó la entereza de la víctima ante los hechos, “porque no estaba golpeada, maltratada” incluso la acusó de haber dejado a sus hijos “para tener sexo con un hombre”, por si fuera poco los ministeriales no recabaron testimonios y no investigaron el delito.

Recomendaciones de la PDHEG

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió 35 recomendaciones en 2019 por siete casos de desaparición forzada en la que participaron policías: 17 recomendaciones fueron para Celaya, 9 a Comonfort y 9 para Cortazar.

Pero las violaciones de los policías vienen de años atrás y hasta la fecha no se ha hecho mucho. El 5 de junio de 2017, en el municipio de Victoria, un hombre murió a consecuencia de disparos de arma de fuego por elementos de las Fuerzas del Estado luego de ingresar violentamente a su casa buscando “armas” que no localizaron, según lo constata el expediente 58/17-D.

En el expediente 63/18 la recomendación es a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, porque un hombre que fue sorprendido robando y fue golpeado por civiles, los policías lo detuvieron y lo llevaron a barandilla, donde murió.

En el expediente 227/18-A en contra de un agente del ministerio público y elemento de la policía ministerial adscrita a la Unidad de Atención Integral a la Mujer de la Fiscalía General de Guanajuato, luego que una mujer que se presentó a denunciar una violación fue maltratada y revictimizada por el personal, pidieron se inicie procediendo contra la jefa de la Unidad en León.

El colectivo buscará hacerse de recursos para el movimiento

De las experiencias adquiridas en la gira, el colectivo retomará algunas, como el realizar eventos, salir a botear a las calles, a las iglesias, para hacerse de recursos económicos porque el colectivo que inició con 3 familias de desaparecidos en Guanajuato hoy tienen registrados 88 ausentes, de los años 2017, 2018 y 2019, siendo de este último año la gran mayoría de los casos.

La emergencia llevó a gran parte de sus alrededor de 100 integrantes, a dejar sus trabajos para unirse de lleno a la causa, la necesidad lo apremia, explicó José Gutiérrez.

Entregarán la documentación al gobierno del estado y federación para que los hijos, esposa, hermanos, padres de los familiares de los ausentes puedan acceder a los programas como becas, salud, servicios. También acudirán a la presidencia municipal de Irapuato y le tomarán la palabra al alcalde para que los ayude.

“Asistiremos a la presidencia municipal de Irapuato, el presidente hace dos meses dice que venga la gente de Irapuato, le vamos a tomar el llamado, pondremos el árbol de la esperanza, le solicitaremos becas para los niños, apoyo en salud, psicológico”.

Persisten las Desapariciones

La Fiscalía General de Guanajuato activó la Alerta Ámber por la desaparición de al menos 11 menores de edad en este mes de enero.

De Silao, buscan a Ramona Ramos Mercado, de 16 años.

En León buscan a Juan José Porras Olivas, de 17 años, quien salió el 2 de enero salió de su casa y no ha vuelto; a Fátima Berenice Peña Cruz, de 17 años, quien salió de casa el 21 de enero; a Luz Emiliano Azpetia Hinojosa, de 15 años, quien salió de su casa el 29 de diciembre de 2019, y a Yatziri Misael Cardona Zavala, de 16 años, quien salió de casa el 23 de diciembre del 2019.

En Celaya buscan a: Alison Fernanda Gutiérrez Palomera de 17 años, el 23 del presente salió de casa, es estudiante del Conalep. La difundieron 4 días después. Buscan también a César Alberto Aguilar Cañada, de 17 años, salió casa el 26 de septiembre pasado; a José Juan Diego Centeno Rodríguez de 17 años, salió de casa el 29 de agosto, también a Emerson Sebastián Mendoza Rodríguez de 16 años, quien salió de casa el 26 de diciembre del 2019, así como a María Alexandra Trejo Menéndez de 16 años, salió de casa el 27 de diciembre.

De Apaseo el Grande buscan a Sofía Esmeralda María Balbinita González Ledezma de 15 años, salió de su casa el 4 de agosto de 2019 y no ha regresado. Su alerta se activó apenas hace unos días, es decir, más de 5 meses después de su desaparición.