Cuando las fuerzas de seguridad del Estado asesinan o detienen a un capo, los reflectores se encienden sobre el personaje. Se multiplican los análisis sobre reacomodos criminales, disputas internas, sucesiones violentas. Se especula quién gana y quién pierde en el tablero del narcotráfico. Pero casi nadie habla de quienes llevan años perdiendo: las víctimas.

El asesinato de Rubén Nemesio Oseguera, “El Mencho” —prescindo del eufemismo “abatimiento”— no puede leerse sólo como el fin de un liderazgo criminal al frente de una de las organizaciones más violentas del mundo. Es, sobre todo, el saldo acumulado de miles de vidas rotas. Familias desplazadas, comunidades sometidas al terror, periodistas silenciados, jóvenes reclutados a la fuerza, mujeres violentadas, comerciantes extorsionados, personas atrapadas en el limbo de la desaparición. Detrás del nombre y su empresa criminal hay fosas clandestinas y pueblos subyugados.

Como bien anota Jorge Volpi (La guerra contra el narco 2.0, El País, 24/02/2024), llevamos casi veinte años celebrando la caída de grandes capos. Los resultados están a la vista. Esto no significa restar importancia a la aplicación de la ley ni desconocer que la acción del Estado es -y fue en este caso- necesaria. Tampoco implica ignorar que, al menos en este episodio, se dejó atrás la caricatura de pacificación basada en el “dejar pasar, dejar hacer”. Pero la experiencia demuestra que matar o capturar a un líder de la mafia no desmonta la estructura.

Lo que ocurrió después fue, quizás, más elocuente que la propia operación. Bloqueos simultáneos, incendios de vehículos, carreteras paralizadas, ciudades bajo amenaza. En cuestión de horas, el crimen organizado exhibió su capacidad de inmovilizar territorios completos. Fue una demostración descarnada de poder. Quedó claro que no se trataba solamente de un hombre, sino de una maquinaria que ha penetrado la vida social, económica y política.

Ese despliegue dejó al descubierto la fragilidad del Estado que ha cedido territorios y no tienen la capacidad de enfrentar una reacción de las dimensiones vistas el domingo. Entonces ¿qué hacer?

Durante años se ha oscilado entre dos extremos igual de problemáticos. Por un lado, un modelo securitista de corte militar que promete control mediante la fuerza letal sin control. Por otro, etapas de negligencia y tolerancia (“abrazos, no balazos”) que han permitido la expansión criminal. Entre ambos polos quedan atrapadas las víctimas, olvidadas en medio de estrategias que no logran garantizar seguridad ni justicia ni verdad.

La narrativa oficial suele reducir estos episodios a “golpes contundentes”. Pero las preguntas incómodas se mantienen ¿Qué cambia realmente para quienes han sufrido? ¿Desaparecen las redes de extorsión? ¿Se hace justicia a los deudos? ¿Las familias hallarán a sus desaparecidos? ¿Se desmantelan los circuitos financieros que sostienen estas organizaciones? ¿Se investigan las complicidades políticas y empresariales? ¿O simplemente emerge un nuevo liderazgo para continuar el mismo horror?

Porque el narcotráfico, además de violencia armada, es poder económico, control territorial y captura institucional. Ha prosperado gracias a la corrupción y a la impunidad durante decadas, pero también a una estrategia que privilegia el espectáculo sobre la reconstrucción del Estado de derecho.

El asesinato del Mencho nos debe recordar que el poder criminal no depende exclusivamente de individuos, sino de estructuras que crecen al amparo de la impunidad y, en demasiados casos, de la complicidad. Cuando el Estado no investiga a fondo sus propias redes corruptas, termina administrando la violencia en lugar de erradicarla.

Las víctimas, mientras tanto, siguen esperando. Buscan en terrenos baldíos, revisan listas interminables, recorren ministerios públicos, enfrentan indiferencia e incluso descalificación cuando cuestionan la narrativa oficial. Para ellas, la caída de un capo no es un triunfo espectacular, sino otro episodio en una guerra no declarada que ha dejado más de 130 mil desaparecidos y decenas de miles de homicidios.

Si algo debería cambiar tras este episodio no es el nombre del jefe en turno, sino la forma de enfrentar el fenómeno. Menos negación y más verdad. Menos militarización indiscriminada y más fortalecimiento civil. Menos pactos tácitos y más rendición de cuentas para políticos implicados.

Después del Mencho, el desafío no es sólo saber quién llena un vacío de poder y si de eso se desprende una lucha intestina. Sin duda es importante. Pero también lo es romper el pacto político-criminal que permitió que ese poder existiera. Y, sobre todo, colocar en el centro a quienes han cargado con el costo más alto, a las víctimas de una guerra absurda que hoy, una vez más, amenaza con comenzar otro capítulo de esta historia de dolor.