En un ejercicio inédito para Guanajuato, sociedad civil organizó un foro abierto para escuchar y cuestionar a las personas que aspiran llegar a la titularidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG); sin embargo, cinco de los ocho aspirantes declinaron la invitación para dialogar con activistas de la entidad.

Por primera ocasión en el estado el proceso para designar a la Ombudsperson corrió a cargo del Congreso del Estado, pero las diputadas de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables optaron por hacerlo exprés, en la opacidad y cerrado a la participación de la sociedad civil.

Ante la decisión del Legislativo de excluir a las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en Guanajuato, un grupo de activistas sumaron esfuerzos para organizar el foro ciudadano, con participación abierta a la población, pero la mayoría de los aspirantes optaron por desdeñar la invitación.

José Manuel Pérez, Vicente Esqueda, Edna Aguilar, Martha Beatriz Márquez y Karla Alcaraz decidieron no asistir al foro que representaba la primera oportunidad para tener un acercamiento con activistas.

Al encuentro asistieron tres aspirantes: Sergio Claudio Arellano, José Manuel Ramos y José Luis Vargas, quienes respondieron a los cuestionamientos durante 30 minutos cada uno.

Juan Pablo Delgado, defensor de derechos de las personas LGBTI, lamentó que cinco aspirantes pretendan llegar a la Procuraduría de los Derechos Humanos sin atender al primer llamado que hicieron organizaciones de la sociedad civil.

El argumento de al menos dos de los aspirantes fue que no tenían tiempo para participar en el foro. POPLab confirmó con Karla Alcaraz y José Manuel Pérez que no estarían para responder a los cuestionamientos por compromisos que ya tenían agendados durante este viernes.

"Si no se comprende como importante el hecho de acercarse a las organizaciones desde el proceso de selección, el día de mañana que sean electas seguramente se negarán a tener una conversación", manifestó Juan Pablo Delgado de la organización Amicus.

El ejercicio que surgió de la sociedad civil se gestó desde que el Congreso del Estado cerró a activistas su participación para el análisis y evaluación de perfiles. El 1 de diciembre hicieron pública la convocatoria, pero 10 días después solo recibieron respuesta de tres de ellos.

"Somos quienes conocemos las problemáticas, escuchamos de viva voz todo el día, todos los días, las violaciones a los derechos humanos, las propias organizaciones somos vulneradas", insistió Delgado.

Intento de sabotaje

En los primeros 20 minutos del foro, durante la participación de Sergio Claudio Arellano, organizadores denunciaron que intentaban sabotear la transmisión. Una persona que tuvo acceso a la reunión por plataformas digitales comenzó a poner música de fondo, lo que impedía que se escuchara con claridad la exposición que hacía el aspirante a procurador de Derechos Humanos.

Además, Juan Pablo Delgado, como uno de los moderadores del foro, dio a conocer que la misma persona estaba haciendo comentarios sexistas en el chat de la reunión.

"Intentó ser hackeada nuestra transmisión, nos preocupa mucho esta naturaleza. Yo creo que algo que aspiramos es a construir", señaló.

Más tarde, a través de redes sociales también hizo la denuncia pública del intento de una persona externa de sabotear el foro ciudadano.

Otra de las preocupaciones de las personas que organizaron el foro fue el desinterés que mostraron los cinco aspirantes que no aceptaron la invitación al diálogo.

Desde el 1 de diciembre, al cierre de la convocatoria para el registro de aspirantes en el Congreso del Estado, el Observatorio Ciudadano que se conformó para hacer un análisis y evaluación externa.

Luego de escuchar las respuestas de los tres aspirantes que asistieron al foro, representantes de las organizaciones y colectivas anunciaron que será este sábado cuando se ofrezca una conferencia de prensa para exponer las conclusiones de la evaluación que hicieron y enviar el documento al Congreso del Estado, a la espera de que sea tomada en cuenta por las diputadas que integran la comisión de Derechos Humanos.

El objetivo es que la comisión legislativa tenga la evaluación externa antes de que dictamine la terna que será votada en Pleno. La fecha programada para que las diputadas definan la terna es el lunes 14 de diciembre, para que sea antes del 18 de diciembre que los 36 diputados y diputadas puedan designar a la persona que se quedará en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.

Prometen autonomía e independencia

La sumisión a los Poderes e instituciones públicas que han tenido los Ombudsman llevó a Guanajuato a vivir la peor crisis de derechos humanos, coincidieron los tres aspirantes que participaron en el foro.

En este sentido, se comprometieron frente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a trabajar desde la Procuraduría para que sea efectiva la autonomía e independencia que establece la legislación.

Sergio Arellano, José Manuel Ramos y José Luis Vargas manifestaron que de manera urgente se requiere que en el estado haya un diagnóstico certero sobre las violaciones a los derechos humanos para así poder trabajar en la prevención.

Aunque señalaron que la entidad prevalece una alerta por los años de desatención desde la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, es necesario que se realicen estudios con equipos multidisciplinarios y el apoyo de los expertos de las universidades.

La desaparición forzada de personas, la violencia contra las mujeres, las niñas, niños, adolescentes, comunidades indígenas y migrantes son algunos de los grupos a los que sus derechos se les vulnera de manera recurrente.

"Me duele como ciudadano no poder salir a la calle tranquilo por miedo a ser secuestrado, con miedo a ser sobajado a mi dignidad como persona humano. La situación es crítica. No podemos tener al ejército en las calles, no podemos militarizar", comentó Sergio Arelleno durante el foro.

El derecho a un medio ambiente sano fue otro de los temas medulares que se abordaron durante las entrevistas a los tres aspirantes.

"Tenemos una gran deuda, es increíble cómo se violan los derechos humanos en este sentido. Necesitamos tener una cultura que nos haga entender que la contaminación es violatorio a nuestros derechos".

José Manuel Ramos apuntó que para atender la violencia contra las mujeres y dar acompañamiento a las familias de personas desaparecidas el proyecto que tiene para la PDHEG es crear una unidad especializada.

"En el acompañamiento hay que hacer un cambio, no solo en una cuestión moral, sino desde los estándares de los derechos humanos. Tenemos un avance mínimo en los derechos de las mujeres, no se conoce, no se cuestiona. No se tienen protocolos claros, no los conocen".

Además, manifestó que la gran deuda de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos radica en la autonomía e independencia para investigar y resolver los casos donde se ha violentado a los habitantes del estado.

José Luis Vargas dijo que como ciudadano de Guanajuato en los últimos años el organismo es corresponsable de las miles de víctimas que tiene el estado.

"No hizo nada el señor Montero, generó problemas por la desatención con las familias de personas desaparecidas, con periodistas. No se ha visto el trabajo de la Procuraduría, dejaron crecer problemas por la desatención a temas medulares".

Para el aspirante, durante el periodo de cuatro años de José Raúl Montero de Alba solo se logró que las víctimas estuvieran en un estado mayor de indefensión.