1.- Diego Sinhue, el manto protector

Lo interesante de poner a prueba una institución no es tanto confirmar su inoperancia, sino la forma que tiene de incumplir con su deber. Así ocurre con la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato, sucesora de las secretarías de la Transparencia, la Gestión Pública y la Contraloría del estado, partes de una historia de inutilidad, despilfarro y simulación.

La actual responsable de la dependencia, la priista irapuatense Arcelia González González, no es la responsable de que el área de la que disfruta no sirva prácticamente para nada, pero es a quien le toca hoy dar la cara.

La historia no miente. Una de las pocas ocasiones en las que un funcionario público hizo trabajar los laxos controles de la dependencia encargada de prevenir y sancionar la corrupción, fue en el sexenio de Juan Manuel Oliva, cuando la encabezaba Luis Ernesto Ayala, quien encontró evidencias claras de corrupción en la Secretaría de Salud y en la de Obra Pública, con el resultado de que, a la par de los funcionarios señalados, también debió renunciar ante el enojo del entonces gobernador.

El sexenio de Oliva terminó tan cuestionado que al siguiente gobernador, Miguel Márquez Márquez, se le ocurrió la brillante idea de cambiarle el nombre a la dependencia, entonces Secretaría de la Gestión Pública, para convertirla en Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la que colocó al frente a una funcionaria hacendaria con fama de estricta, Isabel Tinoco Torres.

El cambio de nombre no trajo nada más consigo y la dura funcionaria fiscal pasó a convertirse en una gris y dócil burócrata que recibió su premio a la vuelta de los años: la rectoría de la Universidad Politécnica Bicentenario, donde se imparten seis ingenierías muy especializadas, a cargo de una licenciada en Contaduría Pública.

Diego Sinhue tuvo 3 titulares de la transparencia, todos ellos perfectamente olvidables, aunque la primera de ellas, Marisol Ruenes, aún sobrevive en el gobierno como titular del Servicio de Administración Tributaria del estado. El último de los “contralores”, Arturo Godínez Serrano, fue un colega y amigo personal del ex mandatario.

Quizá fue otra crisis de credibilidad la que obligó a Libia Dennise García a cambiar… de nombre a la dependencia: ahora es la Secretaría de la Honestidad, a cargo de una excompañera diputada de la gobernadora, pero de un partido aliado, el PRI.

Sin embargo, como ocurrió con la transparencia, el valor de la honestidad tampoco parece influir en el ejercicio del área que se encarga de prevenir y combatir la corrupción en el gobierno y que presume como guía de acción un Manifiesto por la Honestidad, emitido por la gobernadora Libia García en el arranque de su gestión.

En su primer año de gestión, Arcelia González no ha logrado esclarecer uno solo de los actos de presumible corrupción que tiñeron la parte final del sexenio de Sinhue.

En una enumeración no exhaustiva, ahí están los contratos a nombre de la esposa de un funcionario de la Jefatura de Gabinete, la opacidad e infuncionalidad de GTO Leasing Service, el dispendio de los recursos destinados a conciertos o a equipos deportivos comerciales, los traspasos a organismos empresariales que despilfarraron y se auto contrataron, como Concamin Bajío, los recursos aplicados a favorecer a un viñedo particular propiedad del dueño de Seguritech y los mayores elefantes en la sala: la Casa Azul de diego Sinhue en Woodlands, propiedad del publirrelacionista de la misma empresa Seguritech y la concesión de la carretera Silao - San Miguel con el regalo adicional de la vía de cuota Guanajuato - Silao.

Materia hay para mandar señales de que no se toleran las malas prácticas en el gobierno; lo que falta es voluntad. Y con esa actitud lo que está ocurriendo es que Arcelia González está convirtiendo en letra muerta el manifiesto que adorna su página web, donde la gobernadora afirma: 

“La corrupción es una afrenta directa contra nuestra sociedad, nuestra confianza y nuestro futuro. (…) les digo con toda firmeza: en este gobierno no habrá lugar para la corrupción (...). Este compromiso no será una declaración vacía, será una realidad que se refleje en cada acción(…) He instruido a la Secretaría de la Honestidad para que, en el ejercicio de sus facultades legales, implemente acciones concretas, herramientas eficientes y mecanismos rigurosos para prevenir, investigar y sancionar cualquier acto de corrupción.”

Lejos de ese mandato, la secretaria de la Honestidad ha distraído parte de su valioso tiempo en ponerse a machetear para pasar el examen de aspirante a notaria pública del Estado, lo que sin duda no es ilegal, pero sí reprochable por el hecho de que cobra 121 mil pesos mensuales como secretaria de Estado nivel BB, lo que debería implicar una dedicación absoluta de su tiempo y sus preocupaciones a la tarea que le fue encomendada por la gobernadora.

En sus justificaciones para archivar la investigación sobre Diego Sinhue y el presunto conflicto de interés en la Casa Azul, Arcelia González esgrime que el nombre de Daniel Esquenazi no se encuentra en los contratos firmados por Seguritech con el estado, ni en las actas corporativas de la empresa. Con esas arduas indagaciones, tras siete meses de desvelos, han decidido archivar el caso. No se menciona si hubo citas a declarar para los personajes implicados o si se limitaron solo al papeleo.

Lo que sí no hicieron fue ir a fondo en la red de empresas asociadas a Ariel Picker Schatz, el CEO de Seguritech, quien es socio de Daniel Esquenazi en Rancho La Vendimia, la empresa propietaria del viñedo Omún, a través de una inmobiliaria llamada Nala y Leira.

Para saber eso, la Secretaría de la Honestidad, que dispone de un presupuesto anual de casi 195 millones de pesos, podría haber destinado a un analista competente para surfear en el sitio web del registro público del comercio, quien en media mañana daría con los documentos.

En realidad, los siete meses que se tardó la Secretaría de la Honestidad para archivar la denuncia que le hizo llegar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, no fue para buscar pistas sólidas del posible conflicto de interés, sino para construir la forma de evadir la responsabilidad de investigar. Y ni siquiera eso hicieron bien.

La funcionaria ha dicho que no puede ir más allá de lo que contiene la denuncia y que la que se le hizo llegar afirmaba que Esquenazi era socio de Seguritech, lo que resultó falso. 

Se trata de una mentira flagrante. El manual de actuación de las autoridades investigadoras y substanciadoras en Guanajuato establece que los órganos internos de control tienen la obligación de realizar las diligencias necesarias para la “investigación exhaustiva” de posibles faltas. Si durante la indagación de una denuncia surgen indicios de otros hechos o involucrados, el OIC puede (y debe) ampliar las líneas de investigación para esclarecer la verdad.

Queda claro, con los casos vistos hasta ahora, que la Secretaría destinada en el papel a desterrar la corrupción de Guanajuato se convertirá en otro fracaso de los gobiernos panistas de Guanajuato, dignos herederos del viejo PRI. Y que el Manifiesto por la Honestidad de la gobernadora Libia García ya es solo papel mojado.

Sin embargo, donde sí veremos una historia de éxito será en el inminente logro de la secretaria Arcelia González para obtener su ansiada notaría y retirarse a la vida privada con su premio después de haber hecho su parte en consolidar la larga historia de impunidad y corrupción rampante en Guanajuato.

2.- Loma de Flores: ¿dónde está la información?

La nueva masacre que enlutó a Guanajuato el domingo 25 de enero fue una palmaria demostración de la impunidad de las bandas del crimen organizado y de la persistencia de los negocios ilícitos ligados a ellas, pese a la mayor presencia policial y el reforzamiento de las corporaciones de todos los niveles. 

Una semana después sabemos que hay 3 detenidos, pero no cuál es su vinculación con el crimen, ni el estatus de su situación legal. Parece más una noticia lanzada para dar la impresión de que no se está cruzado de brazos.

La Fiscalía del Estado ha guardado un silencio monumental sobre el tema. Las detenciones fueron anunciadas por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado. Y a nivel nacional se produjeron rumores que vinculaban a las víctimas con un grupo criminal sin ningún tipo de evidencia.

En síntesis, estamos como el día de la masacre: atónitos y consternados. A ello contribuye el hecho de que cada tanto se siguen anunciando cuantiosas inversiones en temas de seguridad, compras o rentas de patrullas y, desde luego, el ingente recurso destinado a la videovigilancia, todo lo cual se muestra absolutamente inútil cuando ocurren las atrocidades.

Extraña cómo la comunicación gubernamental, tan expedita y abrumadora cuando se trata de informar sobre reuniones, convenios, promesas y hasta la vida cotidiana de los funcionarios, se esfuma con asuntos de la mayor trascendencia para la tranquilidad de los ciudadanos del estado.

3.- Presunto huachicol en una empresa trasnacional

Con otra cortina de opacidad se realizó una incautación de combustible almacenado de forma presuntamente ilegal en una empresa de partes automotrices en el municipio de Celaya la noche del pasado miércoles y la madrugada del jueves. 

Se encontraron 8 mil 500 litros de combustible en contenedores y tanques despachadores sin permiso de almacenamiento dentro del Centro de Distribución de la empresa Clarios, anteriormente Johnson Controls Power Solutions, la cual es proveedora de baterías para plantas automotrices de General Motors en diversas partes del país.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, justo cuando arribaba como su nuevo titular Juan Francisco Vera Ayala, originándose un despliegue policial que paralizó la zona industrial de Celaya y provocó caos e inquietud.

La incautación de la planta distribuidora provocó alarma en las plantas de General Motors en Silao y en el norte del país, pues la falta de baterías entregadas con oportunidad amenazaba con parar sus líneas de producción.

Y aunque se enteraron de rebote, pues nadie en las áreas de seguridad y procuración de justicia consideró prudente alertarles, la situación alarmó a los funcionarios de la Secretaría de Economía del Estado, donde han venido ocurriendo cambios en enero que tienen a varias áreas debilitadas.

El tema también preocupó a otras empresas que manejan depósitos de combustible aparentemente en regla, pero que se sienten vulnerables ante este tipo de operativos