1.- Torre Concamin, lo que fácil viene, fácil se va

Hace poco menos de un año, el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Alejandro Malagón Barragán, acudía orgulloso a la inauguración de la Torre Concamin Bajío, un edificio de ocho pisos con mil 100 metros de construcción que incluyen espacios para oficinas, cocina industrial, centro de inteligencia, salas de juntas y de capacitación y un “club de empresarios” en el penthouse.

Hoy se sabe, gracias al trabajo periodístico, que esa mole, cuyo presupuesto original era de 20 millones de pesos y que terminó costando 44 millones, incluyendo un estacionamiento que da servicio también a la Cámara Nacional de la Vivienda (CANADEVI), fue pagado en su totalidad por el gobierno del estado de Guanajuato, en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien no tuvo empacho en reconocer la cuantiosa dádiva como la prueba de “un romance” entre su administración y el organismo empresarial.

Pero no solo es el regalo de una respetable cantidad de dinero para un organismo con escasa representatividad y que ni siquiera goza de existencia formal, pues debe apoyarse en la asociación civil INDUBAJ para su operación, sino también el hecho de que parte de los recursos otorgados por el estado fueron asignados a una constructora del propio coordinador regional de CONCAMIN, Ismael Plascencia Núñez, en una abierta violación a la normatividad que rige la aplicación de los fondos públicos.

Frente a ese cúmulo de irregularidades, que si ocurrieran en el gobierno federal ya habrían sido objeto de acres críticas por parte de la dirigencia nacional de CONCAMIN, y con justa razón, en el caso de Guanajuato no ha sido posible obtener, ya no una declaración, ni siquiera un posicionamiento de un párrafo de parte de Malagón Barragán.

Es cuando se observa que la corrupción en México ha calado tan hondo que ya no solo se limita a las instituciones gubernamentales, sino que el cáncer está profundamente inoculado también en organismos que se presumían como representativos de la sociedad y guardianes de sus intereses frente al intervencionismo desde el sector público.

Sin embargo, no toda la corrupción paga: la Torre Concamin Bajío parece ser un claro ejemplo de ello. Un año después de su inauguración, el edificio es un desierto, el término elefante blanco se queda corto. Solo una cámara, y no de las más numerosas, ha trasladado sus oficinas al inmueble, la de Empresas de Consultoría.

Pero no solo eso, la evidente pérdida de influencia de Plascencia Núñez tras la conclusión del sexenio de Diego Sinhue, época dorada para el dirigente empresarial, así como las revelaciones sobre el manejo de los recursos que recibió en ese lapso, empiezan a apartar a algunas de las cámaras agremiadas que no recibieron los beneficios del flujo presupuestal y que ni siquiera fueron informadas de su aplicación.

El sueño de Ismael Plascencia de convertir a la CONCAMIN Bajío en una alternativa frente al debilitado Consejo Coordinador Empresarial de Roberto Novoa, parece que no irá más lejos, ni siquiera con el ostentoso edificio que le obsequió su amigo el ex gobernador. 

El efecto que esto producirá en la organización empresarial de León es de proporciones catastróficas. Cada vez más, los organismos intermedios se achican, los diferentes gremios ya no les conceden un papel de representatividad frente al aparato gubernamental y el hecho de que a menudo sean los dirigentes los únicos beneficiados, hace que los afiliados de a pie sientan una profunda desconfianza.

Cada vez más, los organismos empresariales dependen de las dádivas del gobierno para pagar hasta el servicio de limpieza de sus oficinas, no se diga los sueldos, las rentas y los gastos de representación, ya que no solo no hay cuotas, sino que ni siquiera hay afiliados.

Sin embargo, una cosa es el apoyo otorgado para un funcionamiento institucional, que puede ser cuestionable en cuanto a la posible pérdida de independencia pero puede no llegar a constituir abierta corrupción.  

Pero es algo muy distinto lo que pasó en CONCAMIN con el reparto de dinero para la constructora de Plascencia, donde ni siquiera hizo caso a la sugerencia de algunos de sus cercanos para realizar un concurso o una invitación restringida. O los beneficios millonarios a la red de empresas de Alma Mercedes Barbosa, la “representante ciudadana” en el comité de adquisiciones del municipio de León, donde las cuatro empresas con las que está relacionada están inscritas como proveedores.

La borrachera de millones de pesos, al menos 184, que manejaron las asociaciones civiles vinculadas a CONCAMIN bajo el patrocinio de Sinhue, podrían dar lugar a una cruda de mucho tiempo, si las cámaras comienzan a deslindarse y si no llegan nuevos apoyos, que es lo más factible dada el aura de inmoralidad que se desprende de los beneficios obtenidos. 

Solo hay que pensar en el costo del mantenimiento de la Torre y de su flamante estacionamiento, los cuales seguramente no serán aportados por Ismael Plascencia. En el corto plazo, el edificio de cristal al norte de la ciudad pasará de ser el bastión del orgullo empresarial a convertirse en un túmulo funerario para un sexenio de corrupción y despilfarro.

Y frente a eso, desde CONCAMIN México y su dirigente Alejandro Malagón Barragán, lo único que se oye es el silencio.

2.-  Ascencio Barba o cómo se dilapida un prestigio familiar

Don Fernando Barba Amezcua fue uno de los empresarios más visionarios de Guanajuato. Cuando nadie lo hacía, apostó por el desarrollo de un fraccionamiento alejado del centro de la ciudad de Irapuato, donde invirtió en servicios de calidad y generó un polo de desarrollo que en las últimas décadas orientó la modernización y el crecimiento de la segunda urbe del estado.

Qué lejos se ve hoy de la ética del trabajo y la corresponsabilidad que marcó la carrera empresarial de Fernando Barba, la actitud de su nieto, Sergio Fernando Ascencio Barba, quien echó mano de sus influencias políticas mientras fue diputado federal, cargo ejercido con absoluta intrascendencia, para obtener permisos del municipio de Guanajuato para desarrollar un proyecto inmobiliario en la Sierra de Santa Rosa, cuando las autorizaciones tendrían que haber sido federales, por tratarse de una zona forestal.

No solo fue un tema de ilegalidad. A la par se cometió un posible fraude al comenzar la venta de predios sin tener los permisos obligatorios.

Hoy el predio la Cucursola y sus construcciones se encuentran incautadas por la Fiscalía General de la República, atendiendo a una denuncia de la organización Acción Colectiva Socioambiental, la cual también incluye en sus señalamientos a autoridades federales, estatales y municipales por omisiones y negligencia.

El caso fue reactivado por el nuevo fiscal federal en Guanajuato, Ignacio Vila Chávez, quien se ha propuesto sacar de la congeladora un cúmulo de expedientes que le fueron heredados por Gerardo Vázquez Alatriste, más preocupado por hacer carrera que por procurar justicia, como parece seguir siendo su tónica ahora en la fiscalía general del estado.

Aunque Ascencio Barba tiene la posibilidad de recurrir a la vía conciliatoria para remediar todos sus incumplimientos y tratar de regularizar al máximo el desarrollo que quiso realizar en Santa Rosa con palanca políticas y brincándose la ley, lo cierto es que el costo de reencauzar el proyecto lo podría hacer inviable económicamente.

Solo hay que recordar como, cuando los astros políticos se alineaban en su favor, el legislador quiso echar mano del agua de la presa de Peralillo para surtir al fraccionamiento, sin importarle afectar a la comunidad de Santa Rosa, todo ello autorizado por José Lara Lona, actual Secretario del Agua del Estado, cuando era director del Sistema Municipal de Agua de Guanajuato.  

Lo menos que podría hacer hoy el empresario irapuatense y fugaz político panista, sería enderezar el lodazal que construyó con influyentismo y omisiones normativas, sobre todo tomando en cuenta el legado familiar que le toca representar.

3.- Nuevo nuevo comienzo

En apenas 10 meses, la secretaria del Nuevo Comienzo (antes Desarrollo Social), Rosario Corona Amador, renovó por completo el equipo de primera línea con el que comenzó. A partir del lunes pasado, la dependencia cuenta con nuevo cuadro de subsecretarios.

Primero fue el cambio de Marisol Hernández, subsecretaria de inclusión, quien fue relevada por Karla Sofía Padilla en marzo pasado. Corona Amador trató de hacer pasar el relevo por una oferta de trabajo en la que Hernández optó por regresar a su antiguo cargo de coordinadora administrativa de la Procuraduría de Derechos Humanos. Lo cierto es que nadie en su sano juicio deja una subsecretaría para ir por una coordinación de menor rango y salario, si no es por razones de fondo.

Hoy se sabe que Marisol Hernández, una colaboradora de años de Vicente Esqueda Méndez, el esposo de Rosario Corona, no estuvo a la altura del reto que significó el manejo de un presupuesto anual de más de 4 mil millones de pesos y particularmente de la Tarjeta Rosa, el programa emblema de la gobernadora Libia Dennise García. Su relevo incluso fue tardío, pues dejó heredados problemas que le siguen complicando la vida a su sucesora.

Y en el arranque de agosto, la secretaria al fin se desprendió de los otros dos subsecretarios que habían sido invitados al cargo por la propia gobernadora: Antonio Navarro Padilla y Sergio Andrés Santibáñez Vázquez. Se trata de dos operadores político-electorales, uno del PAN y otro del PRI, pero ambos ajenos al proyecto que ya Corona comienza a hacer despuntar como una temprana precandidata a la gubernatura. 

El primero será sustituido por el ex alcalde de Pénjamo, Gregorio Mendoza, quien aunque se jacta también de ser operador electoral, fue derrotado en la pasada contienda en su municipio, donde hoy despacha la morenista Yozajambi Molina.

En el cargo de Santibáñez despachará una joven operadora panista, Karina Berenice Cifuentes Ortiz, quien se hará cargo de la delicada tarea de llevar las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que postulan proyectos para recibir el financiamiento proveniente del impuesto sobre nóminas, esa agenda que tantos dolores de cabeza provocó a la plana mayor del gobierno hasta hace unas semanas.

Los cambios indican que la gobernadora decidió darle un nuevo espaldarazo a Rosario Corona Amador, a fin de que supere los tropiezos con los que inició el sexenio y empiece a dar resultados en la política social, donde están soportadas muchas de las metas para afianzar al régimen y soportar el embate electoral que se prevé en 2027.

De aquí en adelante, la secretaria del Nuevo Comienzo no tendrá pretextos que valgan