1.- Baches de la comunicación en seguridad

Los mensajes de la gobernadora Libia Dennise García sobre la necesidad de una adecuada coordinación entre las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno son una constante en su comunicación. Personalmente, la mandataria está presente en las reuniones de las mesas de seguridad y lo difunde ampliamente.

No es para menos. El trabajo logrado después del acercamiento con el gobierno federal de Claudia Sheinbaum ya arroja resultados en una disminución radical de los homicidios dolosos, aunque por supuesto, persisten rezagos en otras áreas y coletazos de la violencia que nos ha azotado por años.

Así lo ha entendido el Secretario de Seguridad, Juan Mauro González, quizá el funcionario que mejores cuentas ha entregado en el primer año de la administración. Ayuda a seguir esa línea el hecho de ser un ex policía federal, como lo es su homólogo federal, Omar García Harfuch.

Sin embargo, ese discurso no está siendo escuchado en todas partes. Persisten inercias, resistencias e incluso insubordinaciones. También hay niveles claros de incompetencia que obstaculizan la coordinación.

Uno de los focos rojos para terminar de afianzar una estrategia continua y exitosa en materia de combate a la impunidad se encuentra en la Fiscalía General del Estado, donde Gerardo Vázquez Alatriste parece más preocupado por gozar del cargo y el poder que le significa, que por entregarle resultados a la gobernadora que le otorgó su plena confianza y a los partidos que lo respaldaron con sus votos.

En el inicio de este fin de semana se registró la explosión de una bodega de combustible en la zona urbana del municipio de Villagrán, generando alarma entre la población y desmintiendo de paso que el delito de robo de combustible en ductos de Pemex se encuentre bajo control. 

Lo relevante es que esa bodega había sido asegurada hace un año por la Fiscalía de la República en el mes de febrero, justo en los días en que Vázquez Alatriste dejaba la delegación estatal para asumir la Fiscalía General del Estado. Misteriosamente, el cateo y aseguramiento no parecen haber dado lugar a investigación alguna ni a una posible incautación, con lo que a la vuelta de menos de un año, el inmueble volvió a ser escenario de una actividad delictiva.

La situación obliga a poner en duda la existencia de un trabajo de inteligencia concienzudo al que aporten información instancias como la propia FGE y la fiscalía federal en el estado. Así lo deja ver el hecho de que el propio Mauro González dijo desconocer ese antecedente, informado por la alcaldesa de Villagrán, la morenista Cinthia Teniente.

No es el único episodio que pone en evidencia lo mucho que falta para que la política de coordinación planteada como estrategia general frente a la inseguridad, permee en todos los frentes gubernamentales.

A mediados de diciembre, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, se lanzó de frente contra el gobierno federal de Morena para atribuirle la responsabilidad por la inseguridad que afecta a su municipio. 

Lejos de cualquier autocrítica o mínimamente de un planteamiento de trabajo conjunto, la edil panista politizó un tema que Libia Dennise ha insistido en desdramatizar de cuestiones políticas y definió que la crisis de Irapuato obedece a la actuación del crimen organizado que no combate el gobierno de la República.

La declaración tuvo consecuencias. Antes de terminar el año se realizó una encerrona solicitada por los mandos del ejército y la guardia nacional en Guanajuato a la gobernadora, para poner en evidencia la escasa coordinación que desde el municipio de Irapuato se tiene con los mandos federales.

No fue lo único, en la reunión salió a relucir que desde el relevo en Seguridad Municipal, en octubre pasado, con la llegada de la nueva titular Consuelo Cruz Galindo, se ha resentido el trabajo de coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado. Los eventos de alto impacto se reportan varias horas después de que ocurren y si bien puede tratarse de delitos que incurran en el ámbito de delincuencia organizada, también es cierto que el primer respondiente es el área municipal.

Menos reclamos públicos y más trabajo de coordinación cotidiano es lo que se le pidió a la alcaldesa de Irapuato, quien debió retractarse de sus dichos.

A Lorena Alfaro tendría que quedarle claro que para la gente de su municipio no hay distingos, si aumenta la violencia y se mantiene la inseguridad, será el municipio quien reciba los mayores reclamos. Así que, en aras de sus propios objetivos políticos, valdría más acatar la política de la gobernadora en materia de coordinación y diálogo, que salir a repartir culpas sin ton ni son.

2.- Derechos Humanos, poderes fácticos

La primera mujer procuradora de Derechos Humanos en Guanajuato tiene todos los elementos para convertir su gestión en un hito importante en la historia de claroscuros de esa dependencia.

Karla Alcaraz Olvera no solo tiene una formación sólida como litigante y estudiosa del tema, lo que le da formación teórica y práctica, sino que también le viene de familia una vena política que le puede permitir hacer crecer la presencia y la independencia de un organismo amenazado por la colonización del PAN en los últimos tiempos.

Y para lograr ese objetivo, la ombudsperson de Guanajuato tendría que acabar de profesionalizar la dependencia y liberarse de las ataduras que le heredó el panista Vicente Esqueda Méndez, hasta ahora el único procurador de militancia partidista abierta y que además ocupó cargos de dirigencia en ese partido.

Si bien el Secretario Técnico y ex procurador interino, Eliseo Hernández Campos, ha hecho su carrera de la mano de Esqueda y es un militante destacado del PAN, lo cierto es que su alto perfil técnico como abogado lo rescata y lo convierte en una pieza importante del funcionamiento de la PRODHEG.

No es el caso de la Coordinadora Administrativa, Marisol Hernández Pérez, panista desde 2010, administradora que acompañó a Esqueda en el PAN, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en la PRODHEG, a la que regresó después de una fracasada incursión como subsecretaria en la Secretaría del Nuevo Comienzo, donde su falta de pericia casi hace fracasar el arranque de la Tarjeta Rosa, programa emblema de Libia Dennise García. 

La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, quien es cónyuge de Esqueda, no quiso cargar con la falta de perfil de Marisol Hernández, y decidieron olímpicamente su regreso a Derechos Humanos, en lo que pareció ser un condicionamiento para la nueva procuradora Karla Alcaraz.

Con ese respaldo, Hernández Pérez se ha convertido en un lastre para Alcaraz Olvera. Sabe que tiene la protección no solo de Esqueda, sino también del líder de la bancada panista Jorge Espadas, quien quizá la ve como un activo más en su proyecto de hacerse con la candidatura del PAN a la alcaldía de León.

Todos estos temas cruzan los enormes retos que deberá asumir la ombudsperson en este nuevo año, si de verdad quiere trascender como la responsable de una inflexión que profesionalice y haga respetar a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato como una institución al servicio de los ciudadanos de un estado que afronta una seria crisis en esa materia.

La gobernadora Libia Dennise García, quien incluso llevó el tema de los Derechos Humanos a su gabinete como instancia secretarial, no vería con malos ojos una consolidación de la PRODHEG, totalmente alejada de las ambiciones partidistas de un grupo político que se equivoca al pensar que la oportunidad que les abrió la gobernadora de regresar a los primeros planos de la administración, es solo para su beneficio. 

3.- León: primero gobernar, después especular

Alejandra Gutiérrez Campos, la hiperactiva alcaldesa del mayor municipio de Guanajuato y el que concentra su más importante riqueza económica y poblacional, empezó el año como lo terminó: estirando la liga de su ya de por sí tensa relación con la gobernadora Libia Dennise García y con su partido, Acción Nacional. 

Es un tema que hace las delicias de los medios de comunicación, que satura columnas políticas y comentarios radiofónicos con más ruido que análisis y con casi cero información confirmada. Pero, por otra parte, la cuestión no deja de desestabilizar a las bases panistas de por sí mal atendidas en los últimos años por sus jerarcas partidistas.

Y en medio está lo más importante: la buena gobernanza de un municipio que roza los dos millones de habitantes, que es la locomotora económica de la región centro occidente de Guanajuato, que padece rezagos en materia de seguridad, desigualdad, vialidad, transporte y, señaladamente, de agua potable, drenaje y pavimentación.

Gutiérrez Campos es la segunda líder municipal que se reelige; le antecedió Héctor López Santillana, un funcionario de claro corte empresarial quien con el pretexto de la pandemia se tiró a la hamaca en la parte final de su segundo mandato, dejando a la ciudad con serias deficiencias competitivas frente a otras urbes del país.

La seguridad es uno de los pendientes: alto tráfico de sustancias ilícitas, delitos patrimoniales en calles y casas, violencia homicida que no cesa, aunque se diluya por el tamaño de la ciudad. Un indicador relevante es el crecimiento de la percepción de inseguridad, medida por INEGI, de casi un punto entre 2024 y 2025.

El pasado fin de año ocurrió un ataque despiadado contra un joven al exterior de un céntrico antro en la ciudad. La víctima, un joven estudiante de la Universidad Iberoamericana, se encuentra en coma y la situación ha consternado a la comunidad estudiantil y a los padres de familia. 

Más allá de cuestiones incidentales, hay una fuerte preocupación por la circulación de droga en los centros de entretenimiento juvenil, por la presencia de delincuentes que actúan con impunidad y por la tolerancia que parece haber desde las autoridades policiales y de prevención.

Esos son los temas donde la mayor parte de la ciudadanía quisiera ver a sus líderes políticos, señaladamente la alcaldesa de la ciudad, más allá de sus personales proyecciones políticas.

La mejor manera de construir proyectos, en las circunstancias que vive la sociedad mexicana, es dando resultados en las responsabilidades públicas que ya se ostentan.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez se ha ofertado en su imagen pública como la cabeza de un gobierno de tiempo completo y sin distracciones. Es momento de que eso se refleje en la atención a los problemas que vive la ciudad.