1.- GTO Leasing: Salgado Banda culpa a Diego del fracaso

Han pasado ya seis meses desde el arranque de la nueva administración estatal y las bombas sembradas por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, algunas por incompetencia y otras por sospecha de corrupción, siguen lastrando el despegue del Nuevo Comienzo.

El problema de Fidesseg sigue entrampado en un juicio de amparo motivado por la deficiente extinción del fideicomiso.

La Mentefactura dejó de ser el eslogan de moda, pero ahí sigue Antonio Reus con muchas cuentas por aclarar de apoyos a empresarios amigos del exgobernador.

José Luis Infante Apolinar, el constructor favorito de Diego y de Juan Carlos Alcántara, hace tortuguismo en obras que también son emblema de corrupción: los edificios de gobierno del Parque Bicentenario en Silao, financiados con más de mil millones de pesos del ISSEG; y el Instituto de Formación Policial de Celaya, donde se le dejó un adelanto presupuestal de casi 600 millones de pesos, sin que la obra haya avanzado en lo mínimo.

Y esta semana vimos como la eclosión del tema GTO Leasing en el espacio público, tanto por investigaciones periodísticas como por denuncias de la oposición en el Congreso, provocó un cierre de pánico de la cuestionada y gris arrendadora creada para venderle autos al gobierno a sobreprecio, en beneficio no solo del ISSEG sino de seis socios privados de dos familias.

Hace apenas dos semanas, la directora del ISSEG, Judith Juárez Guzmán, dijo ante diputados que la permanencia de GTO Leasing Service estaba siendo evaluada por su administración, debido a una instrucción de la gobernadora Libia García. La propia mandataria lo confirmó días después, al ser interrogada acerca del sobreprecio que significó la contratación de la arrendadora por el gobierno.

Sin embargo, el cierre, anunciado abruptamente el Viernes de Dolores, día feriado en el calendario gubernamental, fue presentada como “decisión de los accionistas” de GTO Leasing, la cual firma un funcionario del ISSEG; Jaime Trejo Ávila, subdirector general de prestaciones.

¿Concluyó la evaluación ordenada por la gobernadora? ¿De ser así, cuáles fueron las razones para extinguir la empresa si hasta el final se defendió el hecho de que la inversión fue productiva y acorde a los parámetros del portafolio del Instituto? ¿Pueden los socios privados, integrados en un apartado accionario de tipo secundario, tomar decisiones sobre el destino de la empresa o solo puede hacerlo el ISSEG? ¿Si el ISSEG seguía al mando de la sociedad, porque se usó como pretexto la mayoría accionaria de particulares para eludir la fiscalización de la ASEG?

Ricardo de la Peña, el exdirector del ISSEG recomendado por Héctor Salgado Banda al gobernador Diego Sinhue Rodríguez para crear el adefesio fracasado que resultó ser GTO Leasing Service, tiene aún demasiadas preguntas qué contestar y responsabilidades de qué dar cuenta, antes de desaparecer ignominiosamente con su liquidación de 1.3 millones de pesos.

El secretario de Finanzas de Diego y de Libia ha tratado de evadir este problema asegurando que GTO Leasing no fue su idea, sino de Diego Sinhue, tras una visita a Singapur al arranque de su sexenio. Aun si eso fuese cierto, tendría que responder en su papel de presidente del Consejo Directivo del ISSEG, por el encadenamiento de malas decisiones.

El cierre de la empresa, más allá de su deficiente y opaco manejo, revela lo que siempre se observó desde la sociedad: que el proyecto era inviable como estaba planteado, que representaba una competencia desleal para proveedores del sector privado y que era innecesaria la fórmula de integración mixta entre particulares y una entidad de gobierno, la cual solo se prestó a sospechosos tráficos de influencia.

El mal manejo de GTO Leasing, de los fondos del ISSEG y hoy del cierre y liquidación de la empresa deberían poner sobre alerta a Libia Dennise García en torno a las capacidades, la lealtad y la ética de Héctor Salgado Banda. Así como hoy asegura que toda la responsabilidad es de Diego, mañana podría decir que todos los desaguisados presupuestales causados por la financiación de la Tarjeta Rosa, fueron una orden de Libia, máxime si no funciona y se complica en el futuro.

¿Qué clase de funcionario técnico de alto perfil solo hace lo que le piden sin un análisis de costos y beneficios? ¿Tuvo Diego y tiene Libia un Secretario de Finanzas o solo un muchacho de los recados?

Es la fábula de la rana y el escorpión en tecnicolor y tiempo real.

2.- Guanajuatenses en defensa del libre tránsito en la sierra

No acaban de salir de una polémica y ya están en otra. Los empresarios guanajuatenses Webb Murra, tres hijos de Guillermo Webb Santa Cruz, adquirieron un predio de 316 hectáreas en la sierra de Santa Rosa, en las inmediaciones del área natural protegida de la Cuenca de la Esperanza, la cual fue recientemente cercada y vallados los caminos que la atraviesan y que con el anterior propietario podían ser usados como sendas de paseo y de entrenamiento para deportistas.

Si bien la empresa ICREAR, propiedad de Guillermo, Milo y Virginia Webb Murra, contrató a expertos en manejo de remediación ambiental para un proceso de regeneración de la zona, el cual fue validado mediante una opinión técnica de la nueva Secretaría del Agua y Medio Ambiente, a cargo de José Lara Lona, la discusión pública vino cuando decidieron, literalmente, “poner puertas al campo”.

El camino de Mexicanos a Santa Rosa, utilizado hace décadas por los deportistas corredores de la capital del estado y de otros lugares, fue cortado con tres puertas en diferentes sitios de la senda.

El acucioso y preocupado defensor de los valores ambientales e históricos de Guanajuato, Jorge Cervantes Jáuregui, ha expuesto sus indagaciones sobre el origen de la vía y la sitúa a fines del siglo XIX, construida por el ingeniero Ponciano Aguilar, un personaje icónico que impactó en la construcción del moderno Guanajuato.

Los voceros de los empresarios dueños del terreno aseguran que no existe tal camino, que el predio es privado y que el cercado tiene que ver con un objetivo de conservación de la reforestación que realizan. El problema es que ignoraron por completo a los usuarios del camino, quienes de buenas a primeras se toparon con las rejas que les impedían ejercitarse.

El derecho a la propiedad pasó por alto tanto las consideraciones históricas, como los posibles derechos creados por los usuarios del camino. Un arreglo civilizado por parte de la familia Webb Murra debió de incluir una comunicación oportuna a los deportistas y la posibilidad de una negociación que hiciera compatibles los objetivos privados con el uso público, sobre todo cuando existe la conciencia creciente de incentivar la práctica del deporte como un antídoto a la violencia y el aumento de adicciones.

No fue así. En un ejercicio de prepotencia e invisibilización, los empresarios decidieron el cierre unilateral y se convirtieron en los principales responsables de la protesta social que ha motivado a la autoridad municipal a intervenir, hasta ahora por cierto, de forma muy ineficiente.

El reclamo de reapertura y derecho de utilización del camino, que no del predio privado objeto de la restauración, tiene sus principales voceros en connotados deportistas de la localidad, como la medallista panamericana y corredora olímpica Laura Galván, los campeones de la Olimpiada Nacional Azucena Rodríguez y Francisco Llamas y la internacional Arian Chía, lo que ha amplificado su convocatoria.

Del lado de la empresa ICREAR solo hay silencio y aunque algunos de sus allegados acusan desinformación de los inconformes, lo cierto es que no existe claridad alguna sobre el destino que se pretende dar al predio de 316 hectáreas, lo que da lugar a todo tipo de versiones, incluyendo la de que se busca erigir un coto de caza deportiva.

Lo mejor sería información amplia y disposición al diálogo por parte de quienes iniciaron este desaguisado al vallar sin aviso un espacio de uso público de larga data.

3.- Fidesseg se encamina a su resolución

El gobierno estatal ha anunciado su disposición para acatar las disposiciones emitidas por el Juzgado Noveno de Distrito a fin de modificar las reglas de operación del Fidesseg para preservar los recursos con destinos a organizaciones de la sociedad civil, particularmente las destinadas a apoyar agendas en favor de la niñez y la adolescencia.

Así mismo, en una próxima sesión a fines de abril se formalizará la separación de las organizaciones creadas por los organismos empresariales para administrar los recursos y evaluar proyectos, algo que en la práctica se realizó desde la extinción del fideicomiso que motivó el amparo.

Aquí hablamos de nueva cuenta de procesos que hubieran podido agilizarse con una vocación negociadora, en lugar de aplicar decisiones unilaterales desde el gobierno, en la etapa de transición entre la administración de Sinhue y la de Libia.

Los organismos empresariales conservarán capacidad de visoría y observación, pero sin espacio para decidir, pues los comités y subcomités del fideicomiso estarán integrados en su mayoría por funcionarios.

¿Caminará la nueva arquitectura?

En buena medida dependerá de la actuación del subsecretario de Gestión de Recursos, cargo de reciente creación que recae en el ex delegado del IMSS hasta 2018, Sergio Santibáñez a quien se le reconoce disposición al diálogo y apertura.

Serán las organizaciones beneficiarias, las que ya recibían apoyos y las que se pretende incorporar para aumentar la red de impacto, quienes se ocuparán de validar si el cambio fue para mejorar y se superan los vicios que se adujeron como justificación para eliminar el Fidesseg como venía funcionando.

• Esta columna dejará de publicarse la próxima semana, nos encontraremos de nuevo en este espacio el domingo 27 de abril.