1.- Los ecos del Zapotillo en Acámbaro

Parece increíble que los gobiernos del siglo XXI sigan apostando a los acuerdos cupulares para realizar obras que impactan a cientos de miles de personas y que sólo cuando se manifiestan inconformidades, se empiece a tomar en cuenta a los ciudadanos de a pie.

La obra del acueducto, planteado para llevar agua de la presa Solís a ciudades como León e Irapuato, fue decidida en escritorios de la ciudad de México, retomando un proyecto surgido en Guanajuato después del fracaso del acueducto desde la presa del Zapotillo hasta León. 

La determinación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para incluir la obra en su Plan Hídrico parecía dar el empujón definitivo para su realización. Sin embargo, ni desde el gobierno federal ni en el estatal se evaluó la posible respuesta de la población que podría resultar afectada directa o indirectamente por la decisión.

La eclosión de inconformidades de la ciudadanía de los municipios aledaños al vaso, pero también de los productores dependientes del módulo de riego de Acámbaro, pareció tomar por sorpresa a los responsables de la gestión política para la realización del acueducto, quienes reaccionaron tarde y mal.

La falla de los funcionarios de segundo nivel hizo necesaria la intervención de la gobernadora Libia García para acordar con el director de Conagua, Efraín Morales, un plan para esclarecer confusiones, brindar información y atender reclamos e inconformidades, algo que debió ser una de las primeras acciones a llevar a cabo.

Sin embargo, más allá de la política de comunicación por redes sociales, en las que la mandataria es totalmente solvente, lo que sigue es lo delicado: la delegación del plan de acción en segundas manos operativas, en responsables técnicos y políticos que deberán moverse a ras de suelo para ser verdaderamente efectivos ante la extendida actitud de rechazo a la obra que se deja sentir, incluso en las reacciones a los posteos de la gobernadora.

De darse a conciencia, la negociación requerirá de recursos, pues muchos de los reclamos desde la base social tienen que ver con olvidos institucionales de las regiones que hoy deben proporcionar el agua a la zona más desarrollada del estado y con mayor inversión pública histórica.

Pero además, sería un terrible error que el otorgamiento de apoyos se realice por la vía de alcaldes cuestionados que ya han quedado mal con todos: sus gobernados y también las autoridades de los otros niveles de gobierno, como acontece con la alcaldesa de Acámbaro Claudia Silva Campos, quien luego de sus devaneos a favor, en contra, de nuevo a favor y de nuevo en contra del acueducto, ahora pretende que el estado y la federación le subsidien un programa de obra pública para justificarse ante sus gobernados. 

Hará falta información clara, oportuna y accesible para los habitantes del sur del estado; pero también compromisos explícitos y con una ruta de aplicación para cuestiones como la tecnificación del riego y el apoyo para la comercialización de cosechas.

En el pasado reciente, el de Diego Sinhue, los programas de subsidio a la producción agrícola se concentraron en los viñedos, una agroindustria cuya implantación sin apoyos oficiales aún está por verse y que solo benefició a diletantes y no a verdaderos hombres del campo. 

La otra línea de productos agrícolas favorecida fue la de pimientos y berries para exportación, donde también se favorecieron negocios de rancheros “nylon” como el ex secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca o del propio ex gobernador.

En el complicado panorama para dialogar y acordar el desvío del agua agrícola de Solís hacia el consumo humano, también se encuentran los resentimientos por esas políticas equivocadas del pasado. 

Habrá que ver si los operadores designados por la gobernadora Libia García tienen las habilidades para ofrecer información sin sesgos, al tiempo que escuchan los reclamos de sus interlocutores y le dan cauce a sus inquietudes, además de establecer compromisos con rutas de cumplimiento factibles de lograr en el corto y mediano plazo.

La comunicación debe ir más allá de los “lives” de redes sociales para aterrizar en la realidad. Es el recurso de la buena política, la que ofrece y cumple la palabra, aunque no se vuelva viral en TikTok.  

2.- Corrupción rampante mientras burocracias festejan su combate

Ya ni la burla perdonan. Esta semana de fiestas macabras, Guanajuato vio la realización de dos eventos que no podían haber escogido mejores fechas: el informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y una “Cumbre” nacional de fiscales anticorrupción.

Ha sido un año pródigo en ejemplos de conductas que podían haber ocupado tanto a los “ciudadanos” que luchan contra la corrupción con millonarios sueldos públicos, como del fiscal estatal contra la corrupción, Marco Antonio Medina, que ya cumple 7 años en el cargo sin mayores méritos que los de haber consignado a unos cuantos regidores de municipios remotos por robos de clips y borradores.

Ahí está para empezar el conflicto de interés de Seguritech, una empresa que recibió más de 4 mil millones de pesos en contratos directos y opacos por parte de Diego Sinhue, y el hecho de que uno de sus más conspicuos ejecutivos le “cediera” una casa para vivir en The Woodlands, el suburbio más caro del sur de Estados Unidos. 

El comité que encabeza Giovanni Appendini Andrade, dio la pauta para el control de daños de ese escándalo, al presentar una denuncia ante la Secretaría de la Honestidad, de Arcelia González, de la que 4 meses después nada se sabe, ni siquiera si ya citaron a declarar a Sinhue o a Daniel Esquenazi, el funcionario de la empresa dueño de la mansión de Houston.

En este mismo año se expuso el caso de la arrendadora GTO Leasing Service, creada por el ISSEG con socios privados que a su vez fueron proveedores o beneficiarios de apoyos desde el gobierno estatal y de la que no se han rendido cuentas, a pesar de que ya se decidió su desaparición. 

Además, surgieron los desmedidos apoyos del mismo gobierno de Sinhue a Grupo Pachuca, dueño del club de futbol León; el río de dinero público entregado a Ismael Plascencia el dueño del membrete Concamin Bajío, para edificar edificios y realizar eventos donde sus propias empresas y las de sus cercanos eran los proveedores; la renuncia por esa causa del subsecretario de apoyo a Mipymes, Froylán Salas Navarro.

Y, por si algo faltara, la entrega de una carrera funcional y productiva para el estado a un consorcio que ganó la licitación de un nuevo proyecto vial que está pensado para beneficiar a quienes especularon con la tierra en el entorno de la carretera Dolores Hidalgo - Guanajuato.

Precisamente en ese lugar se encuentra el viñedo Omún, propiedad de Seguritech, el cual fue beneficiado por una inversión pública ordenada de forma directa por Sinhue de más de 120 millones de pesos en la comunidad La Venta, para mejorar el entorno de un emprendimiento privado.

Todo ese manejo caprichoso de recursos públicos destinados a beneficios privados ha pasado de noche para los adalides de la lucha contra la corrupción en Guanajuato, que se la pasan diseñando un estado sin corrupción para el próximo siglo, con sesudas charlas de café para educar a los guanajuatenses del mañana porque parece que los actuales no tenemos remedio.

Y el fiscal anticorrupción, que terminará su encargo en dos años sin pena ni gloria, invita a sus homólogos, que tampoco cantan mal las rancheras, a celebrar un congreso ocioso habida cuenta de sus escasos resultados. 

Tan intrascendente parecía el evento que la gobernadora Libia García declinó asistir a su inauguración y envió a la secretaria de la Honestidad, Arcelia González. Suena lógico, dado que el combate a la corrupción no parece ser una prioridad de este gobierno.

Allí escucharon a Gerardo Vázquez Alatriste, el fiscal general, clausurar el evento con la tesis de que “combatir la corrupción no es únicamente sancionar conductas indebidas, sino transformar estructuras, fortalecer valores y asegurar que el poder público sirva verdaderamente al ciudadano.”

Suena bien, si no fuera porque las conductas indebidas que han sido sancionadas se cuentan con los dedos de la mano y aún sobran.

3.- La fiesta de los panistas ensombrece PRODHEG

Quizá para celebrar el arranque de la aplicación que permite a las personas afiliarse en un dos por tres, el partido Acción Nacional en Guanajuato festejó por todo lo alto la incorporación de la ex ecologista Vanessa Sánchez Cordero a sus filas.

Fotos con los dirigentes Aldo Márquez y Juana de la Cruz Martínez, eventos con el coordinador parlamentario Jorge Espadas, las redes sociales del PAN le otorgaron un lugar muy especial a la abogada que ha fracasado dos veces en el intento de alcanzar una modesta regiduría en Guanajuato capital. 

Quizá se trata de una nueva modalidad y, de aquí en delante, cada panista que se afile con la aplicación de moda, que además te hace participar en la rifa de un teléfono inteligente, será celebrado igual que la exdiputada local que en sus días de gloria fue una crítica tenaz del partido que hoy la recibe de brazos abiertos.

Sin embargo, en este caso hay saldos en el camino y no son precisamente positivos. La incorporación por todo lo alto de Sánchez Cordero, quien se desempeña desde hace poco más de un año como agente investigadora de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, trae a colación de nuevo la apropiación que de ese organismo ha hecho el panismo militante.

Ya desde la presidencia de Vicente Esqueda Méndez, ex secretario general del PAN, se normalizó la incorporación de militantes de ese partido a la de por sí débil instancia defensora de los derechos ciudadanos de Guanajuato.

Cuando llegó a su cargo la hoy neopanista se puso en evidencia que los puestos de trabajo de la PRODHEG se prestaban a intercambio de favores entre partidos políticos, pero hoy al presentarse un típico caso de chapulineo político, se afianza más la colonización que el PAN ha hecho de un órgano que debería ser eminentemente técnico y ciudadano.

Y aunque el PAN combate a Morena a nivel federal por la apropiación que ha hecho de la CNDH, en Guanajuato parece que no les importa hacer lo mismo que critican.