1.- Libia y Espadas: ¿policía buena y policía malo?

El juego de la autonomía de la bancada panista en el Congreso del Estado ha sido utilizado para frenar el reconocimiento de derechos que desde la Constitución del país y la jurisprudencia de la corte ya no están sujetos a discusión, como lo son la no criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el matrimonio de personas sin restricción de género.

A un Congreso que a lo largo de la historia reciente tiene un récord de sometimiento sólo comparable al de las viejas legislaturas priistas, de pronto le dio por ser independiente y autónomo del ejecutivo, es la explicación que se nos vende para sabotear el acceso a los derechos para personas gestantes y de la diversidad.

Lo cierto es que ni por trayectoria, composición o liderazgo, la actual fracción panista en la Legislatura local puede garantizar independencia con respecto al Poder Ejecutivo ocupado hoy por la primera mujer gobernadora.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, como candidata, palomeó las candidaturas del PAN al Congreso local y al federal. Incluso cuando debió abrir espacios por imposiciones de Diego Sinhue Rodríguez, ella decidió el cómo y el dónde: así ocurrió con la candidatura de la poblana Marisa Ortiz Mantilla, la gris Secretaría de Medio Ambiente que desplazó a Cristina Márquez Alcalá, una productiva diputada más allá de su radicalismo conservador, en el distrito 6 de León. 

Esa señal se dejó leer como parte del talante liberal que Libia García había venido mostrando en sus dos diputaciones y abrió la puerta para que organizaciones y activistas defensores de derechos humanos albergaran la idea de un avance en el marco legal de Guanajuato, sometido desde hace dos décadas a dogmas religiosos e ideológicos vigentes en el estamento panista.

Explícitamente, la candidata a la gubernatura del PAN asistió a un debate convocada por una colectiva feminista y se rodeó de banderas arcoiris en su campaña. En esos escenarios se comprometió a mantener sus creencias personales alejadas de sus decisiones de gobierno.

Todo iba bien hasta que llegó el momento de reflejar esos compromisos en leyes. Mientras las cosas se encontraban en el ámbito del Ejecutivo, las determinaciones avanzaron en medidas como crear una secretaría de Derechos Humanos con la subsecretaría de la diversidad. Más recientemente, se elevó el Instituto de la Mujer a nivel secretarial en el gabinete legal.

Pero todo se detuvo al llegar al Congreso en lo que algunos quieren ver una rebelión del PAN profundo, pero donde otros entrevemos un juego político de la gobernadora panista, quizá buscando no desafiar a poderes fácticos como la jerarquía eclesiástica y sectores de su partido que han amagado con emigrar a incipientes formaciones políticas todavía más a la derecha.

Abona a esta segunda hipótesis el papel que ha desplegado el coordinador panista Jorge Espadas Galván, cuyo nombramiento no puede explicarse sin la plena confianza de la gobernadora, encabezando las posturas antiderechos y elaborando machincuepas jurídicas para entorpecer y retrasar las discusiones y el tránsito de las iniciativas por el proceso legislativo.

En el actual Congreso de Guanajuato, la primera minoría panista ha construido una eficiente maquinaria para hacer transitar las propuestas del Ejecutivo, incluso las que requieren de mayoría calificada, con alianzas e intercambios de favores con fuerzas políticas como el PRI, el Verde y hasta el PT.

No resulta creíble que el talento de Espadas, un todo terreno que no se detiene por ataques de escrúpulos, no baste para sacar adelante una política de la que pudiera estar convencida Libia García, así se tratara de una afrenta al panismo profundo.

Es más factible pensar en una división del trabajo donde la gobernadora lanza los mensajes de apertura mientras desde el Congreso se defiende la línea más dura y recalcitrante del panismo, todo con pleno entendimiento entre ambos responsables de Poderes.

La energía que la mandataria ha mostrado para defender la decisión de cerrar el Fidesseg, para atender el tema de la inseguridad  y para salir a dar la cara por un gabinete que cada vez le va más a la zaga, no se observa en el avance de los derechos. 

Parece ir quedando claro que el aperturismo del Nuevo Comienzo ya se agotó y que la cruda realidad de una gobernanza complicada por los rezagos que heredó Libia de Sinhue, redujeron el margen de maniobra. Sin el impulso de cambiar las cosas que ya se desgastaron en la larga marcha de poder del panismo, a la mandataria no le quedará más salida que administrar el naufragio.

2.- La tibieza radical de la procuradora Alcaraz

La procuradora de los Derechos Humanos también quedó a deber en el tema del matrimonio igualitario, al igual que ocurrió en la discusión por la despenalización del aborto, al mantener una postura de alambicada retorica y extremo cuidado pero sin comprometerse en lo mínimo.

Kara Alcaraz Olvera se enredó en su precaución al hablar de “progresividad” en el tema de los matrimonios de personas del mismo género. El concepto es incorrecto pues no puede existir una solución “progresiva” en un derecho coartado por una ley: se tiene o no se tiene, no se puede ir avanzando con gradualismo.

Tampoco es “progresista” que la ombudsperson se refugie en la autonomía del Congreso para eludir la responsabilidad de una exigencia ineludible desde la perspectiva de los derechos humanos, para que se deje de discriminar a un sector de la población desde la ley.

En la propia página de la Prodheg hay suficiente literatura y documentos de organismos internacionales como para que, basados en ellos, la opinión del organismo hubiese sido más proactiva.

En los tiempos que corren, una procuraduría de los derechos humanos que elude pronunciarse sobre cuestiones fundamentales de respeto a los derechos de todas las personas sin excepción y que se quiere refugiar en cuestiones académicas, publicación de libros, firmas de convenios vacíos y eventos sociales, está sobrando en absoluto.

A ello deben agregarse las quejas que han surgido desde grupos vulnerables, como las colectivas de buscadoras por descuidos de funcionarios de la institución en el acompañamiento a las víctimas. 

Karla Alcaraz es una procuradora que ha hecho su carrera en la institución que hoy dirige, a diferencia de su antecesor, Vicente Esqueda, que era un político desempleado en busca de reingresar a la nómina. 

Urge que se note la diferencia.

3.- En la fiscalía los demonios andan sueltos

No para de innovar en cuestiones insustanciales el nuevo fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, a quien parece que se le acaban las ideas para poder aparecer con algo inusual o sorpresivo en las redes sociales de la institución, siempre haciendo apología de su propia imagen.

Ahora se le ocurrió realizar una ceremonia religiosa en las instalaciones de la fiscalía regional de León, celebrada por el presbítero Juan Rodríguez Alba, vicario general de la Arquidiócesis, quien no es un sacerdote cualquiera, sino que se trata de un exorcista calificado.

Queda claro que hay muchos asuntos a remover en las oficinas que por lustros fueron  el dominio de Carlos Zamarripa, pero no parecía que fuera para tanto.

Lo que sí está claro es la tendencia del nuevo fiscal a buscar lo teatral como forma de construir una imagen que compita con la de su antecesor. Lo que no se nota, en cambio, es la voluntad para hacer las cosas distintas y emplear el enorme aparato de la Fiscalía del Estado para combatir la impunidad de forma decidida.

Por ejemplo, desde la esfera de la Secretaría de Seguridad, donde también se dieron cambios, ven con desesperación las complicaciones para coordinarse con la fiscalía y la obtención de buenos resultados en las carpetas de investigación, después de que se dan detenciones.

Nadie niega que hacen falta cambios de fondo en la dependencia, pero un exorcista sí parece un exceso. En cambio lo que aún no aparece es la mejora en los resultados que ofreció el nuevo fiscal.

“Gerardo es números”, dijo ante los diputados que lo examinaron en el proceso de selección, a principios de este año. 

Ya es hora de empezar a contar.