1.- Crisis política y parálisis gubernamental

Desde la esfera de la gobernadora Libia García se filtró la información de la inminente declaración de independencia de Alejandra Gutiérrez. Dos regidores habían prendido las alarmas en los días previos al puente del 20 de noviembre: la alcaldesa de León pensaba anunciar su separación del PAN en los próximos días.

Los colaboradores cercanos de la mandataria estatal debieron interrumpir su fin de semana largo para acudir a una junta urgente con un tema central: ¿cómo controlar el daño que causaría la defección de Alejandra al Partido Acción Nacional y también a la dinámica del ayuntamiento de la mayor ciudad del estado?

No ha trascendido lo que pudo hablarse en esa reunión, pero una de las primeras consecuencias fue la filtración de la inminente partida de la alcaldesa, incluso con término: antes de concluir noviembre.

La fecha solo parece tener un sentido: estar fuera del partido antes de la asamblea nacional del 29 de noviembre, donde el PAN validará los cambios ya anunciados en su “relanzamiento” y previamente aprobados por la comisión permanente.

Será una semana intensa en el municipio de León, uno de los más importantes gobernados por el PAN a nivel nacional. Por lo pronto no hay aclaraciones y solo abundan los rumores. 

Alejandra Gutiérrez se ha mantenido en la ambigüedad: “trabajo 24/7 y no tengo tiempo para grillas”. 

Los dirigentes estatal y municipal del partido, Aldo Márquez y Antonio Guerrero Horta  brillan por su ausencia. 

La militancia y los ediles panistas en el Cabildo tienen muchas preguntas y no hay quien responda ninguna.

¿Cómo se llegó a esto?

El aislamiento de la alcaldesa de León se ha venido intensificando. La pugna por la gubernatura y su posterior reelección dejó daños en su estructura. Sus operadores no solo rompieron con ella, sino que se convirtieron en fuentes de información para golpes mediáticos que la cimbraron.

Sus aliados en la idea de operar como grupo al interior del PAN, resultaron frívolos e ineficaces, principalmente el exgobernador Miguel Márquez  y los exalcaldes encabezados por Luis Ernesto Ayala. El punto de quiebre fue la designación, que no elección, de Guerrero Horta al frente del PAN municipal, sin consenso ni en las mínimas posiciones.

Ahí se notó la impericia y el desconocimiento de Aldo Márquez al frente del PAN, una posición derivada de las imposiciones de Diego Sinhue Rodríguez con las que Libia debió asumir la candidatura a gobernadora. Era Márquez a quien le correspondía mantener una línea de comunicación y construir acuerdos con Alejandra, lo que evidentemente no ocurrió.

Lo que está por pasar en León, es una de las crisis más delicadas que pueden ocurrir en política: que una decisión personal provoque un daño a una institución que ya de por sí se encuentra en un momento de debilidad marcado. Sin posibilidad de negociar y sin capacidad de interlocución, la ruptura provocará pérdidas a todos los involucrados, pero sobre todo a la marca panista.

Frente a esa circunstancia, desde Palacio de Gobierno se revela la incapacidad para reaccionar con tino y oportunidad. No hay un operador que atienda la agenda estratégica, pero tampoco la urgente. Se confunden las prioridades y las competencias, se fraccionan y diluyen los objetivos del gobierno.

El círculo cero está rebasado. 

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, atiende los temas con declaraciones que a menudo son solo para salir del paso, pero no hay acciones. 

El coordinador jurídico Alejandro Sierra acumuló un poder que no está ejerciendo y su área es otro cuello de botella. 

Alejandra Rivera no logra darle dinamismo a la secretaría particular ni articula la agenda de las dependencias para ir más allá de la imagen de la gobernadora en las redes. 

Ivón Padilla tiene suficiente con la encomienda de echar a andar la Financiera Tú Puedes, como para que se le exijan resultados como consejera política.

El vocero Miguel Ángel Mendiola está centrado en fortalecer la imagen de la gobernadora, mediante mensajes abstractos de un discurso positivo que resulta diametralmente opuesto a la comunicación política. 

Y esa circunstancia impacta al gabinete legal, donde se advierte una dispersión de esfuerzos, ausencia de articulación y escaso aporte a los objetivos declarados del gobierno. Un caso aparte es el del secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, un pesado lastre heredado por Diego Sinhue que trata de permanecer pegado a la pared y sin comprometerse con las necesidades del gobierno del que ahora forma parte.

Crisis política y parálisis en la gestión de la agenda cotidiana marcan un difícil momento para la gobernadora Libia García, a quien parece haberle llegado la hora de replantear el camino y los acompañantes. 

2.- Ausencia de operación en los caminos del sur

La inconformidad con la construcción del acueducto Solís - León se incrementa ante la falta de una operación política fina que detecte las causas genuinas de la oposición y las deslinde de las que se adhieren por agravios acumulados o por oportunismo político.

La complicación de una obra que se considera emblemática por la gobernadora Libia Dennise García y la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, puede tener una parte de su explicación en algunas de las razones enumeradas en la primera parte de esta columna.

La limitada respuesta oficial a peticiones de diálogo e información y a planteamientos de negociación realizada por ciudadanos, organizaciones de productores y actores políticos, pesa en el arranque de la obra y es una de las explicaciones al incremento del radicalismo que pide la cancelación del proyecto.

No ayudan posturas como la de un grupo de “notables” amparados en el membrete “Asociación de Empresarios de Guanajuato” donde con una anacrónica redacción más digna de tiempos priistas que de la época de las redes sociales y la inteligencia artificial, otorgan su respaldo a la gobernadora al tiempo que etiquetan de “equivocados y confundidos” a quienes se han manifestado en contra del acueducto.

Los abajo firmantes piden “unidad” en abstracto, le ofrecen su respaldo a Libia y le reconocen “su liderazgo valiente”. Sin embargo, varios de ellos hasta hace poco criticaban acremente el cambio de reglas en el fideicomiso de gestión del impuesto sobre nóminas (Fidesseg) y no tenían empacho en distanciarse de esa “unidad” y en retar el liderazgo de la mandataria.

Los distinguidos empresarios que avalan el posicionamiento, mayoritariamente de León, pero también de Celaya e Irapuato, lo único que logran es ratificar la idea de que la obra del acueducto “es para mantener privilegios y beneficiar el desarrollo industrial”. Libia podría decirles “no me ayuden compadres”.

Lo cierto es que la oposición, que cada día crece más territorialmente y se intensifica en su activismo, tendría que ser abordada por el gobierno estatal, que es el que planteó la obra al gobierno federal como una de sus mayores apuestas en infraestructura estratégica, gracias a lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum la incluyó en su Plan Hídrico sexenal.

Las cosas empiezan a complicarse en varios frentes para el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación. Hoy por hoy tienen prioridad asuntos como los temas de seguridad en Sinaloa y Michoacán y la atención a la caída de los precios de productos agrícolas, ambos en la raíz de movimientos de protesta que están siendo aprovechados por la desmovilizada oposición tradicional y por nuevos actores como el empresario Ricardo Salinas Pliego.  

Lo que menos parece necesitar el gobierno federal son nuevos frentes y menos si estos surgen por una ausencia de operación política del gobierno que propuso originalmente la obra. 

Hasta ahora el único intento de socialización de la información y de interlocución política lo encabezaron altos funcionarios de la Conagua, acompañados de integrantes del gabinete estatal que se mantuvieron a la expectativa. Hará falta que el esfuerzo local se redoble en un ejercicio transparente y frontal de diálogo, aunque al principio haya que sufrir embates de indignación.

La obra vale la pena y para recomponer el rumbo no bastarán desplegados estilo PRI de mediados del siglo XX.

3.- El Fiscal sigue desperdiciando credibilidad

Nadie parece saber a qué está jugando el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, quien parece creer que atender el enorme rezago de impunidad que padece Guanajuato pasa por ser popular y simpático. Hasta ahora la realidad lo va goleando.

No parecen servir de mucho las serenatas vernáculas, tampoco los operativos improvisados donde lo que brilla es su persona y no la justicia, pero que terminan exhibiendo sus carencias y su oportunismo.

Mucho menos funcionarán los eventos deportivos promovidos mediante el acarreo de los agobiados empleados de la fiscalía, que ya ni siquiera pueden contar con sus descansos laborales por capricho del jefe.

Pero el colmo de la incapacidad fue el que se exhibió en el tratamiento de la intrusión informática que sufrieron los sistemas de la Fiscalía de Guanajuato y que se trató de ocultar, minimizar y finalmente aceptar a regañadientes, por parte de un funcionario que prometió ante el Congreso cumplir y hacer cumplir las leyes estatales, en donde se contempla el derecho de los ciudadanos a saber lo que ocurre en las dependencias que conforman su gobierno.

El arribo de Vázquez Alatriste a la Fiscalía del Estado no fue un relevo tradicional. Llegó a enmendar el enorme pendiente de una procuración de justicia estancada, desacreditada y cómplice de la crisis de inseguridad y violencia en la que se hundió Guanajuato en los sexenios de Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez.

Tratar de jugar con maniobras de relaciones públicas, intentar construirse una imagen de cercanía y simpatía, copar los medios con frivolidades, no parecen ser la mejor manera de atender ese pendiente.

El hackeo sufrido por la fiscalía es un incidente del que no están exentos los sistemas tecnológicos públicos y privados. Sin embargo, lo que resulta imperdonable es que se trate de ocultar el hecho, además de pueril, pues siempre será una información que trascienda por el mismo interés de quien realizó la irrupción.

Ahora la fiscalía sale a anunciar que perseguirá ese delito, un delito que hasta hace dos días no reconocía y disfrazaba de “mantenimiento preventivo”. Llama la atención que pretendan ganar confianza después de haberse exhibido tan palmariamente. Después de dos semanas sin resolver el problema ni comunicarlo, nadie podrá creerles que encontrarán a los responsables.

Ahora sabemos que además de la superficialidad, el fiscal tampoco tiene un compromiso con la verdad, lo que sin duda es más grave que todos los desfiguros anteriores. 

Y a la responsabilidad de seguir negando un acceso a la justicia oportuno, profesional y empático, no se escapan los autores de la solución que no parece estar resolviendo nada: la gobernadora del estado y los diputados de PAN, PRI, PVEM y MC que le dieron su voto.