1.- Fidesseg da el tono de la nueva política

Para mal y para bien, el enredado asunto del Fideicomiso para financiar obras en materia de desarrollo social y seguridad pública (Fideseg), está yendo más allá de sus intrínsecas causas y consecuencias, hasta llegar a definir el nuevo tono y pulso de la relación entre el sector empresarial del estado y el gobierno de Libia Dennise García.

Cuando se vislumbraba que la situación podría enderezarse y recuperar la buena dinámica de colaboración entre organizaciones sociales y gobierno, surgen nuevas complicaciones, que exhiben obstáculos genuinos, pero también falta de disposición de los actores.

Hay temas que no se tocan en la polémica que ha pasado de los diarios a los tribunales, pero que no pueden obviarse. El más claro de ellos es el referente al destino de los recursos que provienen de la sobretasa del impuesto a las nóminas acordada en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, que hoy urge destinar a financiar la tarjeta rosa de apoyos a mujeres, programa convertido en emblema del actual gobierno.

Llueva, truene o relampaguee, el recurso del impuesto no regresará a sus bolsas originales, menos aún por el hecho de que hubo notable incapacidad de las fundaciones empresariales para construir una verdadera red de organizaciones sociales responsables, lo que originó en primer lugar guardaditos presupuestales que se acumularon en las arcas estatales; y en segundo evidentes dispendios de los intermediarios, así como asignaciones injustificables, que provocaron críticas, mala prensa y al final, el pretexto ideal para su desaparición.

De ahí la afirmación tajante de Libia García -“no voy a claudicar”-, justificada en la pretensión de dotar de transparencia al uso de recursos públicos, situando el tema en un punto superior de encono y beligerancia frente a viejos aliados y beneficiarios del panismo a lo largo de las pasadas décadas.

De parte de los empresarios sumados a la rebelión, que quizá no son todos, pero si algunos de los más significativos, hay un sentimiento de haber sido traicionados, directamente por la propia gobernadora, que fue parte del órgano de gobierno del Fidesseg por los últimos 3 años, como secretaria de Gobierno y de Desarrollo Social, espacios en los que nunca objetó el manejo de las asignaciones y el destino de los fondos.

Sin embargo, se trata de posturas que no tendrían por qué ser irreversibles de existir la búsqueda de objetivos comunes, el entendimiento del momento político que se vive y, sobre todo, las ganas de buscar soluciones antes que profundizar diferencias.

No ha ocurrido así. De parte de líderes empresariales como Roberto Novoa, en León, y de liderazgos informales como el de Juan Carlos Usabiaga, en Celaya, y Salvador Cayón, en Irapuato, se aprecia no solo la defensa de derechos adquiridos, sino también un sesgo de misoginia frente a la gobernadora.

No está de más recordar como algunos de ellos se plegaron sin condiciones a la decisión de Sinhue de extraer 800 millones de pesos de los guardaditos del impuesto para financiar a Fondos Guanajuato durante la pandemia de Covid, recursos que terminaron yendo a empresarios amigos del gobernador y a grandes consorcios que tenían recursos para paliar las secuelas del parón económico, mientras miles de mipymes suspendían actividades o desaparecían. Ese dinero nunca fue retornado a Fidesseg.

Pero frente a la arrogancia empresarial, del otro lado está la falta de disposición al diálogo de la titular del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, a quien le correspondería el tendido de puentes y la búsqueda de soluciones y no el papel de incendiaria que ha asumido, a grado tal que ha perdido el papel de interlocutora con una parte importante del sector privado de la entidad.

No se explica de otra manera que 104 organizaciones agrupadas en una coordinadora escriban una carta a la gobernadora por conducto de Corona Amador, y que no tengan respuesta después de 2 semanas, aunque en el discurso se presuma que hay apertura al diálogo.

Por lo demás, no se observan personajes que pudieran suplir la mediación. No lo hace el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien gusta de cultivar su perfil de negociador, pero que por lo pronto está felizmente excluido del tema y parece que así se quiere quedar.

Menos aparece el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, enredado en las herencias que debe desactivar para que no provoquen problemas en el gobierno del que ahora forma parte, como pasó con GTO Leasing, y preocupado por recortar presupuesto a todas las dependencias para cumplir la promesa de financiar la tarjeta rosa.

Así, entre pronunciadas curvas de aprendizaje de los nuevos funcionarios estatales y desgaste de quienes repiten en el cargo, parece complicado desanudar los conflictos autoconstruidos en el arranque del Nuevo Comienzo.

La egolatría empresarial y la inexperiencia gubernamental, están sembrando de minas un campo que se caracterizaba por su tersura.

Lo que se está exhibiendo en medios y tribunales, más que un diferendo sustancial, es una marcada incapacidad de diálogo y una rijosidad innecesaria en un tema que requeriría el mayor de los acuerdos: cómo se incentiva la participación social en la solución de problemáticas que rebasan ampliamente las capacidades del estado.

2.- Tenemos secretaría pero no cultura

En los momentos en los que hace más falta una fuerte política cultural de corte transversal, Guanajuato vive uno de sus peores tiempos en cuanto a promoción de la creación y el disfrute de los bienes culturales.

El nuevo “Gobierno de la Gente”, encabezado por una mandataria afecta a la lectura y la escritura, decidió dar cuerpo a un viejo anhelo de la comunidad que produce y consume bienes culturales en la entidad: crear una Secretaría de Cultura.

Sin embargo, la decisión vino acompañada de malas noticias. La encargada de la nueva dependencia es una funcionaria ajena a Guanajuato, de una trayectoria más bien modesta en el terreno cultural, Lizeth Galván Cortés, quien coordinó un Centro de Diseño en Oaxaca y una oficina de cooperación educativa y cultural en Relaciones Exteriores.

La nueva dependencia ha batallado por el desconocimiento del terreno de su titular, quien lejos de subsanar la deficiencia con colaboradores calificados, creó dos subsecretarías que asignó a funcionarios de corta trayectoria en la entidad.

Y por si algo faltara, también se encuentra constreñida por la escasez de recursos. El presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2025 es un 11 por ciento inferior al de la suma del Fórum y el Instituto Estatal, en vías de extinción. A esa baja habría que agregar el incremento inflacionario para entender lo acotada que se encuentra la tarea sustantiva de impulsar un programa cultural de fondo.

Hay que tomar en cuenta que el presupuesto total de la dependencia, incluyendo al Fórum Cultural Guanajuato, llega a 295 millones de pesos, de los cuales 157 millones de pesos, el 53 por ciento, se destinan a salarios. A la nómina, de por sí pesada, se acaban de agregar los sueldos de la nueva secretaria, 2.1 millones anuales; y los dos subsecretarios, 1.4 millones de pesos de cada uno de ellos.

Para paliar sus deficiencias, la secretaria Galván Cortés estableció un convenio con la Universidad de Guanajuato para aprovechar sus actividades de extensión, sin embargo, el plan no ha venido funcionando sobre todo porque la propia dependencia universitaria, a cargo de Osvaldo Chávez, vive horas bajas, al representar una posición del agripinismo colocada con calzador en el equipo de la rectora Claudia Susana Gómez.

Lo cierto es que en el arranque del nuevo gobierno y de su flamante Secretaría de Cultura, las expectativas de que desde esta área se logre detonar una política consistente que contribuya a un relanzamiento cultural, son más bien nulas.

A lo largo de estos 34 años, el compromiso de los gobiernos panistas con la cultura ha sido raquítico e incluso mezquino. Salvo aportes individuales de excepción, como el del ex director del Teatro Bicentenario, Alonso Escalante, o el ex titular de la OSUG, Roberto Beltrán, ambos defenestrados de forma injusta e incivil, la constante es de mediocridad cuando no de abierta hostilidad hacia el trabajo cultural.

Si alguien pensaba que eso iba a cambiar con el Nuevo Comienzo, parece que se quedará con las ganas.

3.- INFOSPE, la papa caliente de la seguridad

El ex secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, convenció a Diego Sinhue de construir una escuela de formación policial de primer mundo, a un costo de mil 200 millones de pesos.

Al ex mandatario se le ocurrió que podría establecerla en los alrededores de Santa Rosa de Lima, la comunidad rural de Villagrán que dio nombre al primer cártel delictivo de origen guanajuatense, ubicándola en San José de Guanajuato, poblado de Celaya distante unos minutos de lo que fueran los cuarteles generales de José Antonio Yépez, el Marro.

Con pandemia de por medio y luego el resurgimiento de la violencia en la zona Laja Bajío, la sede del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), no pasó de una barda y unas torres de vigilancia años después.

Sin embargo, antes de concluir su mandato, el gobierno de Sinhue dispuso de manera directa y sin licitación alguna, ni siquiera por invitación restringida, la asignación de 583 millones de pesos para continuar la construcción del edificio del INFOSPE en Celaya, de los cuales se autorizó la entrega de un anticipo de 174 millones en junio de 2024.

A la fecha, 10 meses después, es momento que la obra no avanza ni un metro cuadrado, que el anticipo duerme el sueño de los justos en las cuentas bancarias del Consorcio Constructor Eco del Bajío, de José Luis Infante Apolinar, y que no hay para cuándo se pueda entregar la primera etapa del edificio que fue pensado como el ancla “para recuperar el estado de derecho” en la zona, según presumía Sinhue.

Seguramente, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González se está pensando con calma si de verdad resulta funcional y conveniente proseguir con la obra bajo el capricho propagandístico del ex gobernador que hoy vive quitado de la pena en Texas, o si se replantea el proyecto aunque las ruinas de la barda y los torreones permanezcan como monumentos al despilfarro y la mala planeación en las goteras de Celaya y Villagrán.