1.- Los 12 mil millones peor empleados en Guanajuato

Por tres sexenios de gobiernos panistas, de 2012 a 2030, el estado de Guanajuato habrá puesto en manos de una sola empresa enormes contratos para el establecimiento de un aparato tecnológico cuya finalidad principal era inhibir la comisión de delitos o ayudar a su rápido esclarecimiento, cuando no se lograra lo primero.

Las cifras marean y los hechos inquietan. Miguel Márquez otorgó el primer contrato un 21 de diciembre, día de inicio de vacaciones navideñas, y lo informó hasta el 28 de ese mes, día de los inocentes, consistente en el “diseño, mantenimiento y funcionamiento de un sistema integral de enlace y monitoreo en materia de seguridad pública”, que al término de su mandato alcanzó los 3 mil millones de pesos, equivalentes a 230 millones de dólares, sin que se evitara el crecimiento brutal de la inseguridad y la violencia en un estado que entregó incendiado a su sucesor.

Diego Sinhue Rodríguez venía de una campaña política donde anunció un “golpe de timón”, que a los pocos días se evaporó. En sus cargos continuaron los mismos funcionarios que dejaron ir la paz del estado y en abril de 2019 firmó un nuevo convenio con Seguritech, el cual sería complementado con una ampliación en marzo de 2024, cuyos montos suman 4 mil 400 millones de pesos. Al nuevo tipo de cambio el monto fue de 233 millones 775 mil dólares.

Hace menos de dos meses, el 29 de mayo de 2025, el gobierno del Nuevo Comienzo de Libia Dennise García Muñoz Ledo, signó un contrato que concluirá el 29 de octubre de 2030, cubriendo todo su sexenio y un mes de la siguiente administración, por un monto de 4 mil 719 millones de pesos, equivalente a 243 millones de dólares, convirtiéndose en el más cuantioso de la historia de Seguritech en Guanajuato.

La gran pregunta es ¿qué está obteniendo la ciudadanía de Guanajuato de esta enorme inversión de recursos? Durante los 13 años que tiene de vigencia el sistema de monitoreo de esta empresa, la entidad ha vivido un desplome de su tranquilidad, una radicación de grupos criminales, tanto locales como foráneos, un incremento de los delitos de alto impacto, el auge del robo de combustible, el incremento del tráfico de drogas y la proliferación de narcotiendas, el récord nacional de asesinatos y la aparición del fenómeno de las desapariciones y de las fosas clandestinas.

¿No amerita este panorama una evaluación cuidadosa de las herramientas contratadas para auxiliar a la seguridad pública, sobre todo cuando han costado tanto dinero y además han ido incrementando su costo de manera constante en dólares? 

La entonces candidata a gobernadora Libia García tomó una decisión no exenta de riesgo para sustituir a los funcionarios que asistieron impávidos al desastre de la violencia en Guanajuato, sin embargo, ya en el cargo decidió mantener una onerosa herramienta tecnológica que hasta ahora no ha mostrado sus bondades.

Pudiera pensarse que la tecnología es neutra y que fueron los encargados de recibir sus aportaciones quienes fallaron en el pasado, pero que hoy podrían cambiar las cosas. Es una apuesta, veremos si resulta.

2.- Libia opta por la transparencia  

Rodeada de varios conflictos heredados, la gobernadora de Guanajuato dio un paso en la dirección correcta, al abrir no solo los contratos de sus antecesores, sino incluir el suyo, aun a riesgo de recibir críticas.

Sin embargo, un paso consistente con la voluntad de transparencia asumida por Libia Dennise García frente al reto planteado por la exhibición del conflicto de interés de Diego Sinhue habitando la Casa Azul, sería una evaluación concienzuda de los beneficios aportados por el servicio de monitoreo de Seguritech, en relación con su precio. Mejor sería que los resultados pudieran ser analizados por peritos externos. 

Sería un segundo paso en firme para devolver la confianza a los guanajuatenses, tan afectados en la tranquilidad de su vida y en la paz de sus comunidades. Algo que iría de la mano con ser el “gobierno de la gente”.

La presión por la funcionalidad de los servicios de monitoreo para la seguridad, costeados  mediante pagos millonarios de recursos públicos, no tiene que estar solamente del lado de los funcionarios que toman las decisiones, sino también de la empresa que provee los servicios.

Como cualquier otra contratación del estado, la tecnología adquirida para la seguridad tiene que mostrar sus bondades en la vida cotidiana de los ciudadanos, tiene que asumir una corresponsabilidad y, sobre todo, debe ser medible y evaluable.

El infantil pretexto de que los temas de seguridad deben permanecer opacos y encerrados en bóvedas “para que la delincuencia no se entere”, no puede volver a ser usado después del descubrimiento de la Casa Azul.  

Ya se sabe que los pormenores tácticos y los detalles tecnológicos no tienen por qué ser sujetos de transparencia, pero eso no ocurre con los montos económicos y la evaluación certera de los resultados.

Va siendo hora de que una autoridad de mayor nivel, como las Auditorías Superiores de los Poderes Legislativos, cuenten con áreas de tecnología que les permitan supervisar estas soluciones que drenan muchos recursos públicos y que lo hacen sin rendir cuentas. ¿Será mucho pedir?

3.- La Secretaría del Campo en manos impresentables

La titular de la nueva Secretaría del Campo, Marisol Suárez Correa, una competente ingeniera agrónoma con escasa experiencia política y en la administración pública, viene padeciendo la creciente influencia del subsecretario de desarrollo y competitividad agroalimentaria, Rodolfo Ponce Ávila, sobreviviente de la administración anterior.

Ponce Ávila llegó a la entonces Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural gracias a un rescate político realizado por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, luego de que fue exhibido como el responsable de un ilegal descuento al impuesto predial del Club Campestre de León, en la gestión de Héctor López Santillana.

En el año 2021, como director de Desarrollo rural del municipio de León, Ponce Ávila firmó un dictamen que otorgaba a los verdes prados del Club Campestre de la Ciudad, con sus 18 hoyos del campo de golf, un beneficio fiscal de 2.5 millones de pesos por considerarlo “predio agrícola y rural”.

El caso detonó un escándalo en el cambio de administración municipal, a la llegada de la panista Alejandra Gutiérrez Campos a la alcaldía, donde su síndico, el ex dirigente empresarial José Arturo Sánchez Castellanos, detectó el tema y lo denunció ante la contraloría municipal.

La cuestión no avanzó por decisión del propio Sinhue, quien al igual que en el caso de Enrique Sosa Campos como responsable de la venta del terreno de un kínder, intervino para que los asuntos se desestimaran en instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El Club devolvió el descuento al municipio.

Para mayor evidencia de que detrás de las decisiones del predial del Campestre y del caso del Kínder Juan Aldama se encontraba el titular del Poder Ejecutivo Estatal, tanto Ponce Ávila como Sosa Campos fueron incorporados a cargos de responsabilidad en el gobierno estatal.

Así llegó el ex director de desarrollo rural de León a SDAyR como subsecretario, donde todavía sigue y dicta la línea de la dependencia, recibiendo una indebida protección después de haber realizado una acción que buscaba causar daño al erario, beneficiando al club más exclusivo de la ciudad de León.

Una pregunta que surge es si Rodolfo Ponce sigue ahí porque continúa la protección o si simplemente la secretaria Suárez Correa no tiene con quién sustituirlo. En contraste, en el caso de Enrique Sosa, el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, lo despachó de la subsecretaría que ocupaba en cuanto llegó.