1.- Panistas ciegos ante el conflicto de interés

Antes de que el diputado Juan Carlos Romero Hicks nos mande a leer los documentos básicos del PAN, hemos revisado el Código de Ética para los servidores públicos de ese partido, donde encontramos lo siguiente. 

- En su numeral 16, el código establece:  “Aplicaré correcta, transparente y responsablemente los recursos públicos, evitando cualquier discrecionalidad o desvío en la disposición de los mismos.” 

- En el 23 reza: “Me aseguraré que la información que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la información.”

Ninguno de ambos mandamientos han sido cumplidos en el caso de los contratos otorgados a la empresa Seguritech en los últimos seis años, ya sin detenernos en el sexenio de Miguel Márquez, donde tampoco se cumplió con nada parecido.

El problema que evidencia la Casa Azul del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en el suburbio The Woodlands de Houston, no se encuentra situado en torno al régimen bajo el cual disfruta ese espacio, ni siquiera sus posibilidades económicas para sostener su tren de vida. 

El tema central es, simple y llanamente, la existencia de un documento notarial que evidencia la relación de la casa con el consorcio de tecnología para la seguridad, contratado en el gobierno 2018-2024, bajo condiciones y costos que permanecen ocultos por decisión oficial.

Sobre ese tema nada han dicho las respuestas de los panistas, desde el comedimiento de Jorge Jiménez Lona, la superficialidad de Aldo Márquez  o el cinismo machista de Jorge Espadas.

Si bien el propio Sinhue señaló que la casa es rentada y no propia, aclarando algo que nunca se dijo en la investigación periodística que develó el caso, lo que nunca precisó es si la renta a la empresa DAI, propietaria del inmueble cuyo gerente es Daniel Esquenazi, ni tampoco bajo qué condiciones. 

Y ahí es donde radica la presunción de un conflicto de interés y un problema no solo para la ética del PAN, sino para las leyes que norman el uso de recursos públicos en Guanajuato.

La respuesta automática y superficial del PAN para tratar de ignorar un caso cuyo esclarecimiento ya estarían exigiendo desaforadamente si se tratara de uno de sus adversarios, pone en evidencia su quiebra moral y su distancia con aquella altura de miras que los llevó a sobrevivir por décadas frente a la opresión priista y los convirtió en uno de los factores desencadenantes de la transición democrática.

Uno de los signos del hundimiento priista de 1991 en Guanajuato, que impidió la llegada del priista Ramón Aguirre y dio lugar al interinato del panista Carlos Medina, fue un derrumbe nada simbólico: el de la techumbre del Auditorio del Estado que construía en Guanajuato el gobierno de Rafael Corrales Ayala, días antes de las elecciones de ese año.

Los priistas de entonces estaban seguros de que no pasaría nada y de que todas las evidencias de desgobierno, de abusos de poder y de corrupción simple y llana, no les impedirían seguir cumpliendo con el destino manifiesto de seguir mandando en Guanajuato hasta el fin de los tiempos. Se equivocaron de forma palmaria. 

Hoy los panistas repiten esa soberbia. 

A la lógica de negación obedecen afirmaciones como las de que no se abrirán los contratos de Seguritech al escrutinio público; de que no saben dónde vive Diego y no les importa porque “son datos personales”; y de que ya quedó “todo aclarado” porque solo renta y no es él, sino su familia quien lo hace.

Lo asombroso no es que lo digan, lo verdaderamente notable es que de verdad lo crean, porque entonces su desapego de la realidad estaría bordeando tintes patológicos, algo que si bien es alarmante en cualquier individuo, lo es más en quienes toman decisiones con impacto público.

Tan preocupante como eso, resulta que los escasos panistas “críticos” que advierten un problema en la Casa Azul del exgobernador, se limiten a pedir que “Diego salga a aclarar la situación”, sin plantear ni remotamente la necesidad de investigar los contratos de Seguritech, que por cierto han sido escasamente redituables para la tranquilidad de los guanajuatenses. 

Que al menos dos ex gobernadores hayan favorecido en forma desmedida a una empresa cuya reputación es cada vez más dudosa en cuanto a sus prácticas éticas y sus resultados; que lo hayan hecho sin transparencia bajo el pretexto de la seguridad; que exista la presunción de que los cuantiosos recursos destinados a Seguritech son una especie de comercio con el miedo de los guanajuatenses, puede estar equivaliendo al derrumbe no de un techo, sino de todo un edificio: el de la credibilidad del PAN para seguir ocupándose de la representación de los ciudadanos de la entidad.

2.- Libia: lealtad no es complicidad

Para la gobernadora del Estado, Libia Dennise García, el problema que representa la Casa Azul no es menor ni puede ser ignorado. 

Aunque la primera mujer mandataria decidió poner distancia con su antecesor desde la designación de su gabinete, cuando anunció la defenestración a medias de Juan Carlos Alcántara y la desaparición de la todopoderosa Jefatura de Gabinete, en realidad está atada por una red de compromisos heredados, de los cuales se desprende el olor de la corrupción.

Ya se vio en el caso de GTO Leasing, cuando la decisión de cancelar lo que era a todas luces un fracaso se dilató más de tres meses desde que se descubrieron las identidades de los socios y los beneficios que recibieron a trasmano. La presencia de Héctor Salgado Banda, el tesorero de Diego, en el gobierno de Libia, se reflejó en la excesiva consideración hacia un emprendimiento inexplicable y fallido. 

En el caso de Seguritech, la empresa cuyos contratos están radicados en la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado, ésta última formalmente autónoma, parecía que el cambio de titulares en ambas dependencias podría propiciar una reorientación del gasto, algo que se desconoce si ya ocurrió, aunque la dependencia de Juan Mauro González ha reconocido que mantiene un contrato vigente con la firma de Ariel Picker. 

Pero, incluso aunque se mantengan los servicios de Seguritech en el nuevo sexenio, lo que se antoja muy complicado de sostener es la reserva de los contratos suscritos en el anterior gobierno, una vez que se ha conocido la vinculación de Daniel Esquenazi, el representante de relaciones gubernamentales de la empresa, con la propiedad de la casa que habita Diego Sinhue.

Cada día que pase y que el gobierno de Libia García mantenga ocultos bajo reserva los contratos de la Secretaría de Seguridad, crecerá la sospecha de una componenda por debajo de la mesa entre la actual mandataria y su antecesor, incluso aunque solo se trate de una cortesía política entre panistas. 

De la misma manera, si la Fiscalía del Estado de Gerardo Vázquez Alatriste, encubre los contratos realizados por Carlos Zamarripa, donde probablemente se encuentren los sobrevuelos de drones cuyo costo y utilidad permanecen inexplicados, la sospecha de una enorme complicidad terminará por afectar el deslinde que se pretendió con el cambio de titular en la institución.

Pero no es lo único.

Hay otros proyectos cuyas complicaciones no revisadas ni corregidas contribuirán a la idea de una continuidad malsana entre un ex gobernador con sospecha de corrupción y la nueva gobernadora. 

Nos referimos a la construcción de la carretera Silao - San Miguel Allende, con su endoso de la carretera de cuota Guanajuato - Silao a favor de las empresas VISE y Ribau; a la construcción del INFOSPE en los límites de Celaya y Apaseo, a cargo de Eco; los edificios de gobierno el parque Bicentenario, igualmente a cargo de Eco.

Todas esas obras, asignadas en los últimos meses del sexenio de Sinhue, presentan problemas derivados de su precipitación, los cuales terminarán convertidos en conflictos para la nueva administración, complicados además por la inexperiencia del gabinete.

Para empezar a enderezar la nave, la gobernadora Libia García tendría que tomar decisiones que, a la vez que corrijan, establezcan un claro deslinde con su antecesor. La reacción ante las consecuencias de la Casa Azul marcarán si tiene esa disposición. 

3.- Seguritech, los dueños del estado

El reinado de la empresa de Ariel Picker empezaba a sufrir sus primeros descalabros con el arribo de administraciones municipales distintas al PAN, luego de las elecciones del año pasado.

Batallando y con fuertes presiones encima, algunos municipios han ido cortando los servicios de la empresa Seguritech Privada, en mantenimientos a los centros de control y confianza y en la plataforma para manejar los servicios de emergencia, incluyendo las llamadas a números de auxilio.

Los alcaldes se están encontrando con la novedad de que otras empresas en el mercado tienen tarifas hasta 60 por ciento inferiores a las de Seguritech, lo que representa ahorros considerables en sus exhaustas finanzas.

Sin embargo, el asunto no es sencillo. Para empezar, está el tema de la compatibilidad de las plataformas. En segundo término, hay un candado legal en la ley de seguridad pública que le otorga al estado la última palabra para autorizar la conexión de los sistemas municipales.

De la mano de su empresa favorita, el ex secretario Alvar Cabeza de Vaca generó las condiciones para un monopolio en manos de sus amigos, en todo el estado, sin rutas de escape.

La llegada de nuevos mandos a las policías municipales, algunos de ellos vinculados a las instituciones federales, Defensa y Guardia Nacional, es otro factor a tomar en cuenta. 

El escándalo de la Casa Azul no ayudará mucho a defender la hegemonía con la que se manejó la empresa favorita de Miguel Márquez y Diego Sinhue durante los últimos doce años. 

Pero no todo está perdido. De sufrir la pérdida de los fabulosos contratos con que han esquilmado al erario de Guanajuato hasta ahora, siempre les quedará la posibilidad de dedicarse a producir vinos, esperemos que con mejores resultados que los mostrados en el control de la inseguridad.