Por Arnoldo Cuéllar

1.- Funciona la apuesta de coordinación

La glosa del primer informe de Gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo fue muy reveladora del estado que guarda la administración que arrancó el 26 de septiembre de 2024 y de quién es quién en el gabinete de la mandataria que quiere cambiar el estilo con el que el PAN ha gobernado los últimos 33 años.

Donde podrían haberse esperado los mayores espacios de confrontación con la oposición, las cosas se resolvieron con relativa tranquilidad. La seguridad dejó de ser el tema más candente para el gobierno, no obstante que la violencia se ha mantenido en estándares altos y la disminución de los índices de homicidios y otros delitos sigue siendo marginal.

Mucho tuvo que ver el estilo dialogante del secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona, el hecho de que se ha convertido en un interlocutor confiable para los partidos y también la disposición del secretario de Seguridad, Mauro González, totalmente alejada de la soberbia intratable de Alvar Cabeza de Vaca, que se agudizó cada año que pasaba en el cargo.

Pero el mayor factor de distensión provino, sin duda, de los acuerdos que ha hecho avanzar la propia Libia García con el gobierno federal, visibles esta misma semana en la visita de los secretarios de Defensa y Seguridad y en la reunión regional con los gobernadores de los estados vecinos. Además, el nivel de detenciones practicadas por fuerzas federales y estatales en las últimas dos semanas, parece estar impactando los indicadores.

Todo ello provocó una disminución radical en el nivel de la crítica en torno a los temas de seguridad, lo que debería aumentar el margen de maniobra para los responsables de las políticas de prevención y de persecución del delito.

En ese nuevo entorno, tanto Mauro González como Gerardo Vázquez Alatriste deben aplicarse para sostener los resultados y mantener el paso en una carrera de fondo. La coordinación no será funcional si desde el territorio estatal las instituciones locales no dan su máximo esfuerzo y dejan atrás la inacción y las complicidades de al menos una década.

Por eso llama la atención que no se diga nada en forma oficial sobre el paraguas de connivencia policial que permitió a una banda de robo de transportes de carga operar en la impunidad por años, en León y sus alrededores.

Las detenciones espectaculares, festinadas en los aparatos de redes sociales, no funcionarán por sí solas si no les sigue una capacidad de litigación para lograr sentencias y una investigación en profundidad de las complicidades que llevaron a Guanajuato a niveles de impunidad históricos.

Ya sin el pretexto de la confrontación política, el secretario de seguridad y el Fiscal deben ser evaluados por su contribución al restablecimiento de la paz con medidas efectivas y logros continuos que impacten favorablemente la acendrada sensación de inseguridad en la que hemos vivido.

Por los resultados, no por la propaganda, los conoceremos.

2.- Rosario Corona desata guerra interna

Después de haberse librado de la subsecretaria de Inclusión, Marisol Hernández, la titular del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, parece ir por la cabeza de otro de sus colaboradores de primera línea, el subsecretario de Operación Antonio Navarro Padilla, quien fue objeto de reiterados señalamientos en la reciente glosa del informe, de parte de diputados cercanos al pastor panista Jorge Espadas Galván.

Corona no solo parece estar construyendo una plataforma eficaz para repartir los tres mil millones de pesos de ayudas sociales, sino que además busca construir un proyecto personal con el grupo del que forma parte hace años: el torresgracianismo sin Torres Graciano.

En ese sentido, le hacen falta operadores propios y ese no es Antonio Navarro, golpeado por la trama de corrupción surgida desde la Jefatura de Gabinete de Juan Carlos Alcántara, el vicegobernador del sexenio pasado, pues su cargo no fue una elección de la secretaria del Nuevo Comienzo sino que fue designación de la gobernadora Libia García.

Las críticas por la presencia de Navarro en el gobierno estatal provinieron de dos legisladores que han sido los cómplices perfectos de Espadas para darle gobernabilidad a un Congreso donde el PAN no tiene la mayoría: el priista Alejandro Arias Ávila y el verde Sergio Contreras Guerrero.

Ambos legisladores le han permitido a Espadas sacar votaciones comprometidas, ejercer el control de la Junta de Gobierno y resolver las designaciones de funcionarios que requieren mayorías calificadas, como la secretaria de la Honestidad, el fiscal estatal y la procuradora de Derechos Humanos.

Recientemente comentamos aquí cómo Contreras Guerrero se está convirtiendo en el último bastión para rechazar la interrupción legal del embarazo. Desde luego no se trata de una postura política o ideológica, se trata sencillamente de transacciones entre el eternizado dirigente y el coordinador panista, que devuelve los favores con creces, como acaba de verse en la reciente asignación de vehículos de lujo a los coordinadores por cuenta del Congreso.

Así, el encarnizado ataque contra Navarro Padilla, quien se encuentra sujeto a auditorías estatales desde antes de que iniciara el gobierno, no parece deberse a la preocupación de los colaborativos diputados del PRI, del PVEM y hasta del morenista Ernesto Millán, por la corrupción, sino a un nado sincronizado orquestado desde la cabeza de la Secretaría del Nuevo Comienzo y la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

La presión es para la gobernadora Libia Dennise García, quien en su momento hizo caso omiso de los señalamientos contra Navarro y lo invitó a colaborar en su gobierno como resultado de su desempeño en la campaña electoral.

También se persigue que la Secretaría de la Honestidad, a cargo de la ex priista Arcelia González agilice la investigación en torno a la red de contrataciones ligadas a empresas de familiares del exfuncionario de la Jefatura de Gabinete, José Luis Guerrero Méndez.

El problema, sin embargo, es que la red no se limita al instituto de las Juventudes donde se desempeñaba Navarro Padilla, sino que se extiende al menos a una decena de dependencias, muchas de ellas con los mismos responsables desde el sexenio pasado.

De querer a Navarro fuera de su equipo, Libia no tendría que hacer nada más que pedirle la renuncia, sin necesidad de orquestar ataques que terminan enlodando al gobierno en su conjunto. Por eso es creíble que los obuses en el Congreso hayan provenido de niveles más bajos de la administración panista.

Como ocurre en la 4T, parece que el PAN treintañero de Guanajuato no encuentra a sus peores enemigos en el exterior, sino que con los de casa en búsqueda de sus propios y contrapuestos intereses.

3.- Directora del ISSEG sale a dar la cara por Salgado Banda

Interpelado directamente por legisladores de la oposición morenista en la glosa del Primer Informe, el Secretario de Finanzas y presidente del Consejo Directivo del ISSEG, Héctor Salgado Banda, escurrió el bulto y derivó las aclaraciones sobre la arrendadora GTO Leasing Service a la directora del instituto, Judith Juárez Guzmán, quien ni siquiera estaba allí cuando se constituyó la empresa, se capitalizó y se entregó a inversionistas privados.

Salgado Banda ha pasado del sexenio de Diego Sinhue al de Libia Dennise más como un activo tóxico que como un factor de continuidad institucional. No ha conseguido convertirse en un líder del gabinete, como sería su ambición, sobre todo porque sus decisiones en el tránsito al nuevo sexenio han contaminado varias agendas.

El Nuevo Comienzo se ve lastrado por la deficiente liquidación del Fidesseg, la opaca transformación de Fondos Guanajuato y el manoseo de los fondos del ISSEG para convertirlo en una caja chica al final de la administración de Sinhue.

La directora del ISSEG no solo tuvo que reportar los desaguisados de GTO Leasing, que persiste como cadáver insepulto, sino que además debió pasar la vergüenza de informar que los edificios del Distrito de Gobierno que se construye en el Parque Guanajuato Bicentenario de Silao llevan un escaso avance del 2.57 por ciento, apenas en la cimentación, pese a que la obra se asignó en junio del 2024 y se tenía previsto concluirla un año después.

Mientras Judith Juárez ve manchada su gestión por las herencias del sexenio pasado, el ex director del ISSEG, Ricardo de la Peña Rodríguez, amigo personal y compañero de estudios de Salgado Banda, dejó el puesto con una jugosa liquidación de 1.3 millones de pesos.

Lastres como estos son los que comprometen las aspiraciones de renovación del gobierno que apenas despega.