1.- ¿Qué hacer frente a una herencia de corrupción?

El gobierno de Libia Dennise García ha enfrentado constantes retos desde su arranque: el conflicto legal por el Fidesseg con las cúpulas empresariales de León y Celaya; la curva de aprendizaje de su gabinete en áreas como salud, economía, desarrollo social y cultura; el relevo de los funcionarios de seguridad y el combate a la impunidad, salpicado de episodios de violencia como las masacres que no dejan de lacerar a la población del estado.

Sin embargo, todas esas circunstancias se han venido administrando, de manera que, aunque no sea para echar las campanas a vuelo, las consecuencias no paralizan a la administración. Además, se trata de un proceso casi normal en cualquier gobierno que inicia.

No ocurre lo mismo con las herencias recibidas del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, que pueden considerarse bombas de tiempo.

Ahí están en primer lugar los contratos de Seguritech en la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía del Estado (con todo y autonomía a modo) y la Secretaría de Finanzas. A ello habría que agregar el combo de contratos asignados al constructor José Luis Infante, del Consorcio Eco, en los días postreros del sexenio: el INFOSPE de Celaya, donde no ha pegado un ladrillo; y la ultra retrasada obra del distrito de gobierno en el Parque Bicentenario de Silao. 

No solo se trata del poderoso olor a corrupción que emerge de las asignaciones de última hora y del gasto oculto en seguridad y videovigilancia. Se trata también del compromiso a futuro que significan esas herencias y que pegará de lleno en las finanzas, la imagen y la operatividad del gobierno de Libia.

En realidad, el escándalo de la Casa Azul, que evidencia con claridad un conflicto de interés y el uso del poder con fines de beneficio personal, podría dar el pretexto perfecto y la justificación política necesaria para que la gobernadora rompiera ataduras con quien la eligió como sucesora y financió su campaña, a fin de relanzar un proyecto autónomo y sin ataduras con el pasado.

Pero más aún. Libia podría ahorrarse muchos dolores de cabeza en el futuro si los proyectos de Sinhue, emproblemados por su mal diseño y un apresuramiento que solo se puede explicar por el factor corrupción, se suspenden a tiempo y se reorientan.

Por ejemplo, la necedad de invertir mil 200 millones de pesos en un instituto de formación policial en los límites de Celaya y Villagrán, frente a la comunidad de Santa Rosa de Lima, anunciado en los primeros años del mandato dieguista, que luego se pospuso por la pandemia y por la violencia que no logró ser erradicada en la zona. 

Lejos de reconsiderar el proyecto, Diego Sinhue asignó la mitad de la inversión, casi 600 millones, en un contrato directo a José Luis Infante para arrancar obras en junio de 2024, tres meses antes de concluir el sexenio, entregando al constructor un anticipo de 175 millones de pesos. Un año después, la obra sigue parada y el anticipo guardado en las cuentas del contratista. 

El otro foco rojo lo constituye el Distrito de Gobierno licitado por el gobierno de Sinhue en junio de 2024, empleando los recursos del ISSEG que fueron graciosamente cedidos por el consejo que encabeza Héctor Salgado Banda. El Consorcio Constructor Eco ganó la licitación con una propuesta de mil 17 millones de pesos, para construir dos edificios para oficinas gubernamentales, en el Parque Bicentenario de Silao, que deberían estar terminadas en 330 días naturales, es decir, en mayo de este año.

El pasado mes de marzo, durante la glosa del primer informe de gobierno de Libia, la nueva directora del ISSEG, Judith Juárez, informó que el avance de los edificios alcanzaba apenas un 3 por ciento. Además del retraso, en el horizonte se aprecia la posibilidad de conflictos laborales con la base trabajadora del gobierno estatal, cuando se decida su traslado, lo que originará reclamos de apoyo logístico y de transporte que encarecerán la operación del gobierno.

Nada de eso le importó a Sinhue, que como Luis XV, con sus acciones nos dijo “después de mí, el diluvio”.

¿Por qué la gobernadora Libia tendría que asumir el costo de tanta irresponsabilidad? 

Hoy tenemos indicios claros que esas decisiones se realizaron pensando no en los beneficios para la población del estado, sino para los bolsillos de un gobernador que ya no podrá quitarse de encima la sombra de la corrupción, aun cuando lo perdonen las endebles instancias fiscalizadoras que tanto cuestan y tan poco sirven.

Se trata de situaciones que colocan a la mandataria frente a una pregunta clave, aunque sea temprano en su sexenio: ¿cómo quiere trascender Libia Dennise? 

La respuesta solo depende de ella misma.

2.- Seguritech se hunde como peso muerto

El descubrimiento de la “Casa Azul”, vino a poner en evidencia una cuestión de la que hace tiempo se sospechaba: que detrás de los grandes contratos de tecnología para la vigilancia por parte de gobiernos y entidades públicas, se escondía una fuente permanente y constante de corrupción entre funcionarios públicos y empresas.

Se trata de uno de los flancos débiles de la política pública de seguridad en todos sus niveles. Junto a las policías penetradas por el crimen organizado, la venalidad que ha marcado las relaciones entre algunas empresas del sector seguridad y los responsables del combate a la creciente impunidad y violencia, se erige como otro de los factores del fracaso del estado en esa materia.

Seguritech fue una de las primeras empresas que colocó contratos globales multimillonarios, en estados y municipios. Lo hizo de la mano del expresidente Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México y entre sus primeros clientes estuvo el ex gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez, el promotor del programa Escudo, un fracaso redondo de 2 mil 800 millones de pesos, bajo cuyas cámaras creció el primer cartel del crimen organizado nativo de Guanajuato.

La evidencia de la inutilidad de Escudo no fue obstáculo para que Diego Sinhue Rodríguez mantuviera la contratación de la misma empresa, ahora con nuevos juguetes tecnológicos, cuyas condiciones y costos fueron celosamente reservados.

Hoy sabemos que ese gasto cobijó un paquete de favores mutuos, donde el ex gobernador financió con recurso público el entorno de un desarrollo inmobiliario y vitivinícola que aparece a nombre del propietario de Seguritech, Ariel Picker Schatz, y de su amigo y colaborador, Daniel Esquenazi Beraha. Sabemos también que Diego recibió ayuda para su traslado a Houston, consistente en el usufructo de una casa con todas las comodidades en un suburbio de clase alta.

Mientras eso ocurría, los programas de seguridad en Guanajuato fracasaban a ojos vistas, la entidad mantenía el primer lugar de homicidios dolosos en números absolutos y seguíamos encabezando las listas de atrocidades, de asesinatos de policías y de mujeres. 

Sinhue arribó a la candidatura al gobierno condicionado por Márquez para ratificar a Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, los hechos demuestran que ese trato implicó también mantener al proveedor favorito de la tecnología de seguridad.

Hoy la gobernadora Libia García, atendiendo reclamos generalizados, decidió modificar el panorama de las dependencias de seguridad y apostar por nuevos perfiles. Sin embargo, Seguritech sigue aquí, sus contratos siguen ocultos y las primeras declaraciones de la mandataria sugieren que eso no se modificará.

El descubrimiento de la casa de Texas donde vive Diego Sinhue a quien más ha perjudicado es a Seguritech. El ex gobernador ha quedado expuesto y le ha provocado un daño a su partido a nivel nacional, al vulnerar muchos de sus argumentos críticos contra el gobierno morenista, pero difícilmente será alcanzado por algún tipo de sanción, más allá de la condena moral incluso de quienes le rendían pleitesía hace no mucho.

En cambio, la empresa está enfrentando la posibilidad de perder contratos vigentes y de complicarse extraordinariamente en su agenda de expansión. Incluso podría verse sometida a una investigación de sus cuentas en los Estados Unidos, ante las transacciones evidenciadas con la adquisición de la Casa Azul y la presunción de que no esa no es su única operación.

En esas condiciones, el hecho de que el gobierno de Libia mantenga los contratos y el secretismo sobre los mismos, podría ser una postura insostenible para quien ha planteado en su discurso renovar las prácticas de gobierno del PAN y regresarle credibilidad a este partido político.

Funcionarios como el secretario de Seguridad Juan Mauro González y el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste tendrán que pensar cuidadosamente su papel en este nuevo escenario. Ambos aprecian sus vínculos con el gobierno federal, pero le deben lealtad a la gobernadora. La cuestión candente es si serán un factor de cambio o solo se acomodarán en los viejos acuerdos de sus antecesores.

Vienen días interesantes.

3.- Huachicol en los terrenos más caros del Bajío

Probablemente, muchos no lo recuerdan, pero en el origen del Parque Xonotli, que no es ni parque, reserva ecológica, ni terreno en desarrollo, sino un monumento de mil hectáreas al despilfarro y la deshonestidad, se encuentra el actual director de Guanajuato Puerto Interior, Héctor López Santillana.

Quien fuera el artífice de la política de atracción de inversiones y alcalde de León por seis años, fue el encargado de adquirir el terreno donde hipotéticamente se podría construir una refinería en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el gobernador de Guanajuato era Juan Manuel Oliva.

A diferencia del estado de Hidalgo, donde se establecieron promesas de venta, en Guanajuato se adquirieron las tierras mediante un procedimiento irregular de intermediación que, por la rapidez y el sigilo con el que se efectuó, se prestó a manejos irregulares que nunca fueron esclarecidos. 

Finalmente, la decisión presidencial no se concretó en los hechos y en Hidalgo el terreno destinado a la refinería solo se quedó con una barda. En la actualidad se pretende utilizar para uno de los polos de desarrollo del Plan México.

En Guanajuato, en cambio, nadie sabe qué hacer con el Parque Xonotli. Márquez se lo entregó a Elías Villegas para que jugara a la experimentación agrícola y el único ganón fue el exalcalde de Silao, Gerardo Valdovino, que cobró salarios por años sin dar golpe. 

Convertido en premio de consolación para Paulo Bañuelos, ex secretario de Desarrollo Agropecuario y eterno pretendiente a la alcaldía de Celaya, en Xonotli se acaba de descubrir una toma de huachicol que, a juzgar por las evidencias, funcionaba desde hace largo tiempo.

Parece una metáfora del deterioro de la gobernabilidad que ha sufrido Guanajuato en los últimos años. Habría que preguntar si a nadie se le ocurrió instalar cámaras de Escudo en un espacio que le costó al estado mil 600 millones de pesos en el 2009 y que hasta ahora no ha servido para maldita la cosa.