1.- Penalización del aborto, victoria pírrica del PAN  

La frase se le atribuye a Pirro de Epiro después de una costosa batalla contra los romanos y ha pasado a ser sinónimo de un logro que contiene más problemas de los que soluciona: “Otro triunfo como este y estamos perdidos”.

Ese es el resumen exacto de lo que ocurrió en el Congreso de Guanajuato las dos semanas pasadas al discutirse la despenalización del aborto y la asistencia médica para la interrupción del embarazo protegida por la ley.

Más allá de las movilizaciones que se vieron en el Congreso, tanto de las huestes que rechazan ampliar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, movilizadas con una logística explicable sólo por el uso de generosos recursos; como las colectivas feministas, menos numerosas, pero no menos entusiastas, la maniobra panista tendrá repercusiones de largo plazo en el panorama político y social de Guanajuato.

Para empezar, el PAN, que maniobra la adquisición de votos de una oposición que ha mercantilizado su actuación política, difícilmente puede equipararse al partido triunfante que modificó la Constitución del Estado sin aliados hace veinte años. 

Hoy se evidencia una fuerza política en repliegue y desgastada, justo la misma a la que la hoy gobernadora se propuso cambiar y relanzar con su eslogan del “nuevo comienzo”, frase hoy olvidada en el basurero de las promesas rotas de campaña.

Quizá sea Libia Dennise García Muñoz Ledo la principal damnificada de la maniobra panista para defender “los valores máximos del PAN” con los votos obtenidos en el devaluado mercado de la oposición guanajuatense.

Hoy se aprecia con claridad la maestría pecuniaria con la que se manejó el Partido Verde, al encarecerse en el primer debate apoyando la postura despenalizadora que produjo el empate que colocó al PAN en jaque, para después otorgar el voto decisivo que pospone el debate al menos por dos años. Ello ocurrió pese a que en pasadas legislaturas una diputada de ese partido, Vanessa Sánchez, apoyó activamente iniciativas de despenalización y de asistencia médica para la interrupción del embarazo.

Jorge Espadas, el líder panista del Congreso, es el Pirro de esta batalla. Logra entregarle buenas cuentas a su partido, sobre todo a sus segmentos más radicalizados, pero lo que no consigue es blindar a la gobernadora del reclamo que se mantendrá vigente y quizá creciente, sobre su falta de compromiso con los derechos de las mujeres.

Libia García parece querer apostar a las políticas públicas como paliativo del nulo avance en reconocimiento de derechos, sin embargo, esa acción quedará muy corta si se sigue limitando al asistencialismo de subido tono electorero, como la tarjeta rosa.

Más aún, la constricción de recursos que se puede originar al aumentar las transferencias directas, obligatorio si no se quieren reclamos de sectores de la población femenina que hoy no son beneficiarios del apoyo, continuará limitando las políticas públicas en áreas tan relevantes como la salud y la educación, desde donde podrían promoverse acciones preventivas contra los embarazos no deseados.

Y aunque se creó recientemente una Secretaría de la Mujer, en la práctica el presupuesto permanecerá igual que el del Instituto al que sustituye y que se ha mostrado históricamente insuficiente para hacer frente a fenómenos como la violencia de género y las brechas de desigualdad.

Desde el Poder Ejecutivo se eligió no intervenir en el debate del Congreso, a diferencia de cuando los funcionarios más cercanos a Libia García participaron activamente para impulsar designaciones como la de la Secretaría de la Honestidad (contraloría estatal) y el fiscal del estado.

Se dirá que esos eran temas de la mayor prioridad para el Ejecutivo, lo cual de paso vulnera cualquier noción de autonomía e independencia en ambas instancias; pero el argumento también deja en claro que la protección de los derechos de las mujeres no es prioridad de la primera gobernadora mujer, pese a que en campaña aceptó tímidamente la posibilidad de no atar las normas estatales a sus criterios personales.

Con votos de escasa legitimidad, con una radicalización discursiva que ya no refleja el sentir de la población del estado, con una nula capacidad de comprensión de los cambios de mentalidad en la sociedad, el PAN no ganó un debate, sino que solo abrió una brecha para una retirada histórica donde se acumulan sus pendientes y se lastra cualquier posibilidad de renovación.

Si ya el “gobierno de la gente”, esa frase vacía que se desgastó más pronto de lo que tardaron en inventarla los creativos del gobierno estatal, había enterrado al “nuevo comienzo”, hoy las truculencias legislativas de Espadas y la venalidad opositora, cerraron cualquier posibilidad de pensar en una puesta al día del viejo PAN, ni siquiera con la imagen cada vez menos fresca de su primera gobernadora.

2.- Víctimas sin protección en Guanajuato 

Fue la actuación de los familiares de Lorena Jaqueline, una joven desaparecida y localizada como víctima de asesinato en León, lo que obligó a la Fiscalía General del Estado de Gerardo Vázquez Alatriste, a intervenir, aunque hasta este sábado no habían emitido una sola comunicación oficial al respecto, pese a que un día antes se judicializó el caso.

Fue la protesta de 8 colectivos de búsqueda de Guanajuato lo que puso en evidencia la infuncionalidad de los cambios realizados por la nueva procuradora de Derechos Humanos, Karla Alcaraz Olvera, en el área de vinculación de la dependencia, señalando en concreto a una funcionaria, Aracely Soteno, por malos tratos a las familias. 

Se trata de dos de las dependencias más sensibles para superar el impasse de los gobiernos panistas que llevaron al estado a la peor tragedia de violencia e impunidad de la historia y a la crisis de derechos humanos, con la que recibió el gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Y aunque tanto la FGE como la PRODHEG gozan de autonomía, no es posible eludir que ambos titulares llegaron a su cargo con el visto bueno de la gobernadora, con los votos de su partido en el Congreso y con su cabildeo para obtener el beneplácito de otras fuerzas políticas, por lo que sería de esperarse un compromiso pleno con las políticas de apertura, de diálogo y de rápida atención a las víctimas que enarbola Libia.

Guanajuato no vive una situación ordinaria. Los niveles de violencia alcanzados en años pasados y del que se presentan episodios preocupantes, aunque se reconozca una disminución de los índices, hace urgente una mayor proactividad de las instancias que atienden los reclamos y las peticiones de las víctimas.

Tan relevante es la necesidad de ese cambio, que motivó una de las primeras y principales determinaciones de la hoy gobernadora en su campaña: el cambio de titulares en las áreas de prevención y persecución del delito.

Si esa circunstancia, que provocó un sismo mayor en las estructuras políticas del panismo, no es aquilatada por los titulares de la Fiscalía y de la Procuraduría de Derechos Humanos, de ser las avanzadas de un cambio humanista para atender la emergencia humanitaria de Guanajuato, pasarán a convertirse en peso muerto, con todas las consecuencias que de allí puedan derivar.

Olvidarse de burocracias y de respuestas de manual y salir de la caja para establecer un nuevo nexo con las víctimas, debería ser una prioridad para Vázquez Alatriste y Karla Alcaraz, si es que quieren mostrarse a la altura de las circunstancias. 

3.- Dolores López Loza, a la Sala Monterrey del Tribunal Electoral Federal

En un cómputo cardiaco que se resolvió apenas el viernes, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción, más conocida como la Sala Monterrey, será ocupada por dos mujeres y un hombre, una de ellas guanajuatense y, por si fuera poco, la más votada, lo que le llevará directo a la presidencia de ese órgano.

Dolores López Loza, la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, quien se caracterizó por algunas sentencias innovadoras no solo en materia electoral, sino también en temas como las sanciones por violencia de género, obtuvo 595 mil votos que representan el 8.08 por ciento del total emitido, superando a Madelyne Figueroa, consejera del Instituto Electoral de Coahuila y a Sergio Díaz Rendón, magistrado electoral también coahuilense, que llegaron al 7.82 y al 7.11 por ciento de la votación, respectivamente.

La hazaña de López Loza se amplifica cuando se observan los porcentajes de votación de Coahuila y Guanajuato. Mientras el estado norteño superó el 17 por ciento de participación con más de 420 mil votos, Guanajuato, con un padrón superior, apenas llegó al 6.7 por ciento con poco más de 320 mil votos.

Y aunque en los acordeones repartidos por funcionarios estatales y estructuras panistas de Guanajuato, aparecía la ex magistrada local, lo cierto es que la baja votación de Guanajuato no debe haberla ayudado mucho. López Loza también logró superar a los candidatos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ninguno de los cuales llegó a la nueva Sala Regional, pese a que realizó una intensa campaña y distribución de listas.

La relevancia de este cargo se apreciará en las próximas elecciones del 2027, pues es muy común que la mayor parte de los litigios que inician ante el Tribunal Estatal Electoral, donde el PAN y sus candidatos reciben un trato bastante favorable, termine en la segunda instancia, en la Sala Monterrey, cuando no hasta en la Sala Superior.

El escenario cambia de actores.