1.-  No repetirá Tinajero en la presidencia del Poder Judicial

Diversas inquietudes entre los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, derivados de la reforma judicial y de su instrumentación en 2027, pero también de la incertidumbre generada por las controversias que han interpuesto instancias del gobierno federal y la bancada de Morena a nivel local, ya motivaron una aceleración de las decisiones sobre el relevo en la presidencia de ese Poder estatal.

En lo individual, algunos integrantes del Pleno del Poder Judicial han tenido entrevistas con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y con el coordinador panista en el Congreso, Jorge Espadas Galván. La constante en estos diálogos ha sido la incomodidad con el papel del actual presidente, Héctor Tinajero Muñoz, por lo que consideran descuidos en el manejo del proceso que estaría por iniciar el año próximo.

Por lo pronto, al menos dos magistrados se apuntan para suceder a Tinajero, quien, pese a tener opción de reelegirse por un nuevo periodo, ya decidió no intentarlo. Se trata de la magistrada de la Sexta Sala Civil y presidenta del Semipleno de esa rama, Alma Delia Camacho Patlán; y del magistrado Luis Alberto Valdez López, titular de la Séptima Sala Penal.

Ambos ya realizan campaña entre sus colegas, sin embargo, todo indica que por cuestiones de paridad, en esta ocasión corresponde a una mujer suceder al actual presidente.

Las fechas se precipitan y en las próximas semanas el cabildeo alcanzará el máximo, dejando en segundo término el informe de labores que presentará en diciembre el presidente Tinajero.

Quien se haga cargo de la presidencia a partir de los primeros días de enero del 2026, tendrá que enfrentar la negociación para la reforma de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y también las que deberán realizarse a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, donde quedarán normados tanto los requisitos de los candidatos a ocupar cargos judiciales, como los pormenores de la elección.

No menos complicado será el proceso de terminación de la situación laboral de jueces y magistrados, donde deberán contemplarse liquidaciones, pago de antigüedad y las pensiones de quienes tengan la edad y no quieran buscar una posición en el nuevo Poder Judicial.

Si como todo indica, será la magistrada Camacho Patlán la nueva presidenta del Poder Judicial, posición que la hará encabezar tanto el Pleno del Supremo Tribunal, como el Consejo de la Judicatura, los retos serán mayúsculos.

Es de esperar, por esa causa, una reestructuración profunda de la presidencia que incluya el relevo de la todopoderosa secretaria particular Janet Aguilar Landeros, quien está por cumplir un sexenio en ese puesto desde donde maneja muchas de las decisiones operativas en el día a día del Pleno y de la Judicatura.

No está de más señalar que algunas de las decisiones de magistraturas del sexenio pasado, fueron resueltas con criterio político y hasta patrimonialista, lo que no deja de actuar en detrimento de la impartición de justicia.

Designaciones como las del magistrado Arturo Razo Tapia, amigo personal del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez; la de la magistrada Soledad Aguayo, ex consejera jurídica del mismo exmandatario; y la de Christian Cruz Villegas, ex secretario particular de Miguel Márquez, evidencian un uso político y personal de las posiciones en el Poder Judicial, que evidencian el escaso respeto que desde los gobiernos panistas se tuvo hacia el Poder Judicial.

Se trata de uno de los Poderes menos observados, pero que maneja decisiones fundamentales para el desarrollo del estado, como lo es garantizar el Estado de Derecho y combatir la impunidad. Lo que estará ocurriendo en la parte final del año en el Tribunal deberá merecer toda nuestra atención.

2.- La gestión del acueducto

Después de nutridas expresiones de descontento en manifestaciones y redes sociales, por fin esta semana los gobiernos federal y estatal empezaron a realizar reuniones presenciales con agrupaciones de productores, ciudadanos, organizaciones sociales y también con ayuntamientos, para socializar información y gestionar acuerdos para la buena marcha del proyecto del acueducto Solís.

Dos subdirectores de Conagua han encabezado el esfuerzo para comunicar el proyecto: Aarón Mastache, de infraestructura hidráulica; y Felipe Zataraín, de Agua Potable. Con ellos han estado el secretario de Gobierno del estado, Jorge Jiménez Lona; el de Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona; además del coordinador de proyectos estratégicos, Juan Carlos Alcántara.

Las reuniones, sin embargo, no han sido fáciles, sobre todo en los municipios colindantes con la presa, como Acámbaro y Jerécuaro. La población abierta, los sectores productivos y algunos liderazgos no terminan de creer las afirmaciones de que no habrá afectaciones en el vaso con la construcción del acueducto y el cambio de destino de 120 millones de metros cúbicos, de los 800 millones que puede llegar a albergar Solís.

La desconfianza es histórica, pero también parte de las pésimas formas con las que se ha echado a andar el proyecto, donde la comunicación únicamente empezó a fluir después de que se generalizaron las protestas.

Tras de los anuncios oficiales y antes de cualquier acercamiento, fue  la llegada de maquinaria y el inicio de la colocación de tubería de gran calado lo primero que registraron los habitantes. La amenaza de que la obra a cargo del ejército “va porque va”, en términos casi de amedrentamiento, tampoco ayudó y, en cambio, contribuyó al enojo de las comunidades del sureste de Guanajuato.

Pero no es lo único. Esta zona de Guanajuato ha sido consistentemente olvidada en los proyectos de inversión de Guanajuato. Desde los municipios aledaños a la Presa Solís han visto cómo se invierte en otras regiones, señaladamente el corredor industrial, pero ahora también en la zona norte.

El sureste nunca ha tenido un proyecto como la carretera San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, realizada por un capricho del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez para potenciar especulación inmobiliaria y un negocio como la vitivinicultura, para el que probablemente Guanajuato ni siquiera tenga vocación y que sólo se ha vuelto medianamente sustentable gracias a los subsidios oficiales.

La construcción del acueducto, justificado por la necesidad de agua que tienen las ciudades más favorecidas del estado, tendría que ser acompañada por un programa completo para el desarrollo del sur de Guanajuato, algo de elemental justicia.

Las mesas de diálogo de los especialistas de Conagua y de los funcionarios estatales se han realizado básicamente con autoridades municipales y algunos sectores cupulares. Si ese esfuerzo no baja a los ciudadanos de a pie lo que van a propiciar es un mayor divorcio entre la clase política que ostenta el poder en la zona, mayoritariamente panista, y sus comunidades.

Sin embargo, las cosas están tan enredadas, que la alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva, acude al expediente de responsabilizar de la imposición de la obra a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para paliar los reclamos en su contra; mientras que el diputado morenista Ernesto Prieto sale a medios a regañar a sus correligionarios que han hecho eco de las inconformidades.

Más allá de los devaneos de los políticos, lo cierto es que la defensa de la presa Solís y los beneficios que ha dejado a la región se suman al reclamo por el olvido ancestral, creando un sentimiento arraigado entre la gente de Acámbaro, Jerécuaro y Tarandacuao, que se encuentra por encima del oportunismo de quienes coyunturalmente los representan en estos momentos.

Hoy más que nunca, en los municipios de la cuenca del Lerma hace falta que aparezca el gobierno de la gente con esa cercanía con la que tanto le gusta venderse en su imagen oficial.

3.- No a la violencia para todas

Los ataques misóginos sufridos en la misma semana por la presidente de la República, Claudia Sheinbaum, y por la gobernadora de Guanajuato, Libia García, han merecido justificadas y generalizadas condenas, además de que han sido tomadas como ejemplo de la violencia de género que nuestra sociedad sigue arrastrando y que no hace excepciones ni siquiera con quienes ejercen cargos de representación pública al más alto nivel.

En el primer caso, se trató de una conducta inapropiada que violentó el espacio personal,  las mismas que son comunes y generalizadas en puntos como el transporte público, donde incluso ha sido necesario tomar medidas tan radicales, aunque insuficientes, como la segregación de los usuarios por género.

En lo local se trató de una crítica violenta y agresiva de un sacerdote que se ostenta también como un popular influenciador en las redes sociales gracias a alocuciones soeces y políticamente incorrectas sobre toda clase de temas.

La violencia de género debe ser expuesta y rechazada en una sociedad que ha padecido el machismo como una de sus constantes más siniestras. En el caso de la presidenta de la República, ella decidió denunciar el acoso sufrido en la instancia penal; la gobernadora, en cambio, decidió no hacerlo con el ataque verbal del presbítero Alfredo Gallegos: “no vale la pena hacerle caso a un personaje como él”, señaló.

Las condenas que se han realizado desde espacios institucionales, partidistas, sociales y en medios de comunicación, revelan una nueva conciencia del rechazo a la violencia. Sin embargo, aún falta que el tema se extienda y generalice en muchos otros niveles de nuestra cotidianidad.

Recientemente, una investigación del periódico A. M. de León reveló una política sistemática de invisibilización de denuncias por acoso laboral y sexual ocurridas a lo largo de varios años en la Secretaría de Salud del Gobierno de Guanajuato. En años anteriores se han conocido casos de violencia de género en espacios como la Secretaría de Educación y al acoso laboral no han sido ajenos ni siquiera algunos Institutos de la Mujer en municipios del estado.

Manifestaciones de repudio a la violencia como el que realizó en un video la Procuradora de los Derechos Humanos de Guanajuato, Karla Alcaraz Olvera, marcan un cambio interesante en una instancia que ha sido omisa en casos emblemáticos de violencia de género, como el ocurrido hace unos años en la Universidad de Guanajuato con la becaria del investigador Julio César Kala, que solo ameritó una recomendación general que ni siquiera se dignó mencionar el caso ni a la víctima.

Si la respuesta a las agresiones sufridas por mujeres con poder nos dejan un avance fundamental, este deberá registrarse en la atención hacia todas aquellas víctimas que carecen de esa exposición y que muchas veces se lo piensan para denunciar las agresiones de que son objeto, pues la historia les dice que, buena parte de las veces, siguen estando solas.