El poderoso secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez, se declara imposibilitado para evitar que los funcionarios del Poder Legislativo abusen de la confianza depositada en ellos, al emplear vehículos y combustible propiedad del erario para irse de fiesta los fines de semana.

Sin controles que garanticen el correcto uso de los recursos públicos en el Congreso del Estado, por segundo fin de semana consecutivo un vehículo oficial terminó en el corralón del municipio de Guanajuato, después de que su conductor fuera detenido y enviado “al torito” por conducir en estado de ebriedad.

Narváez, el mismo funcionario que permitió que sus subordinados le compraran un celular de 26 mil pesos “para que se conectara con su computadora”, dijo este lunes: “Yo no puedo andarlos controlando a todos… ellos tienen el compromiso con la Ley, los ciudadanos, los diputados, de comportarse correctamente”.

Sin control y sin austeridad

Alejándose de principios como la austeridad y racionalidad del gasto público, el personal directivo del Congreso de Guanajuato puede hacer uso de los vehículos oficiales y cargar al erario la gasolina de los fines de semana, confirmó el secretario general del Congreso, Ricardo Narváez.

En las últimas semanas ha quedado en evidencia el manejo discrecional de los recursos económicos y humanos que han hecho desde las áreas institucionales del Congreso.

Primero se reveló la contratación directa de personal durante el primer semestre de 2019, incluidos militantes panistas, evadiendo el estatuto del Servicio Civil de Carrera, otorgándose contratos temporales.

Recientemente el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública dio a conocer el despilfarro en dispositivos móviles, que incluye la compra de un teléfono celular de 26 mil pesos para el secretario general, Ricardo Narváez, sin pasar por la autorización de la comisión de Administración, responsable de velar por el uso y manejo de los recursos del Congreso.

El nuevo edificio del Congreso del Estado tuvo un costo de alrededor de 700 millones de pesos. Foto: especial

Dos al torito

En un periodo de siete días suman dos los servidores públicos del Legislativo que han sido remitidos al Torito por conducir bajo los influjos del alcohol.

La detención más reciente fue la de Santiago Irusteta Gallego, hijo de la ex regidora panista de Celaya Dulce María Gallego y sobrino del ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, quien hasta este lunes ocupaba el cargo de Analista C en el Instituto de Investigaciones Legislativas con un nivel tabular 4; es decir, con sueldo bruto de 12 mil 353 pesos.

Irusteta fue detenido en el operativo alcoholímetro el pasado viernes en la capital del estado, mientras conducía un Sentra 2018 propiedad del Poder Legislativo, y asignado al Instituto de Investigaciones Legislativas. El servidor público iba acompañado de su jefe, el director del Instituto, José Eduardo Rostro Hernández.

La semana pasada se dio a conocer que Esaú Landeros Carrillo adscrito a la dirección de Servicios Generales también había caído en el torito por conducir en estado de ebriedad un automóvil propiedad del Legislativo.

Aunque en ese momento el director de Administración, Omar Mares Crespo, aseguraba que tenían control sobre el uso de vehículos pero que el entonces servidor público de Servicios Generales traicionó la confianza llevándose el automóvil, una semana después se repite la historia: otro vehículo oficial en el corralón y un servidor público en el torito.

Incluso, después de que se registraran los dos casos, el secretario general del Congreso, Ricardo Narváez Martínez, declaró que le cuesta poner restricciones, pues los directores tienen la confianza de llevarse los vehículos los fines de semana y poner gasolina con cargo al erario.

Primer caso

Hace apenas unos días se daba a conocer que Esaú Landeros Carrillo de la dirección de Servicios Generales también fue detenido en el mismo operativo del fin de semana pasado, conduciendo bajo los influjos del alcohol un automóvil Lancer de Mitsubishi modelo 2014 propiedad del Congreso del Estado.

La respuesta del Congreso una vez que se hizo hiciera pública la detención, cinco días después del incidente, fue la de informar la renuncia de Landeros al cargo en el que llevaba dos años, con un sueldo de 11 mil 440 pesos brutos.

La Contraloría del Congreso también inició una investigación a Esaú Landeros por el uso indebido de los recursos públicos, aunque ésta no incluyó la posible responsabilidad de su superior, el director de Servicios Generales, Hugo Aguiñón Hernández, quien no se cercioró de que el automóvil que se le había prestado a Landeros para una comisión se quedara en el edificio.

De acuerdo con la relatoría que en su momento dio el director de Administración, Omar Mares, Esaú Landeros regresó alrededor de las 17:30 horas del viernes 9 de agosto al Congreso con el vehículo que se le había prestado para que cumpliera con encargos, pero no había quien recibiera el vehículo y resguardara las llaves, por lo que se le hizo fácil tomarlas para asuntos personales, hasta que fue detenido por agentes de Guanajuato conduciendo bajo los influjos del alcohol.

Sin embargo, el único servidor público investigado por este hecho es el propio ex servidor público, según confirmó Mares.

Ilustración: Pinche Einnar.

Al dar explicaciones a los medios de comunicación, el director general de Administración afirmó que se tienen los controles para que los vehículos oficiales no se utilicen con fines particulares, pero para evitar otro hecho como el protagonizado por el empleado de Servicios Generales ahora los guardias de seguridad privada que tiene el edificio tendrán que verificar que quien intente salir en un automóvil oficial tendrá que mostrar la autorización en digital o impreso.

“Ya estaba hablando con gente de Protección Civil y Servicios Generales para blindar con la gente de seguridad del Congreso que no puedan sacar los vehículos si no tienen un aviso o una autorización por escrito o electrónicamente. Ya hablamos con las personas necesarias”, declaraba Mares hace menos de una semana.

Apenas unos días después del primer suceso, se repitió la detención de un servidor público del Congreso con vehículo oficial en estado de ebriedad en el mismo municipio.

Sobrino de Calderón fue el segundo

Los nuevos “candados” anunciados por las áreas responsables del Congreso no fueron suficientes, pues en solo unos días se repitió la historia de la detención que terminó con un automóvil oficial en el corralón.

En el operativo del viernes por la noche-madrugada del sábado, otro servidor público fue detenido por conducir excediendo los niveles de alcohol en la sangre: Santiago Irusteta Gallego, hijo de Dulce María Gallego, prima de Felipe Calderón.

Sobrino "incómodo". Foto: especial.

Al momento de ser detenido por no pasar el alcoholímetro manejaba un Sentra 2018 en blanco, asignado al Instituto de Investigaciones Legislativas, además de que iba a acompañado del director de la misma área.

El secretario general del Congreso, Ricardo Narváez Martínez, confirmó que en este caso la investigación que abrió el órgano de control interno del Legislativo incluye a José Eduardo Rostro Hernández, director del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Rostro llegó a la dirección en octubre pasado nombrado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a recomendación del coordinador de la bancada de Morena, Ernesto Prieto Gallardo.

En el caso de Santiago Irusteta presentó su renuncia este lunes, aunque sigue en curso la investigación a cargo de la Contraloría.

De acuerdo con Ricardo Narváez, el director del Instituto de Investigaciones Legislativas todavía no logra explicar por qué utilizaban el vehículo oficial un viernes por la noche con el conductor en estado de ebriedad.

“Me cuesta poner controles”: Narváez

Tras las dos detenciones de los servidores públicos, el secretario general del Congreso, Ricardo Narváez Martínez, declaró que le “cuesta poner controles”, pues confía en cada director que tiene bajo su resguardo el uso de vehículos.

En entrevista, Narváez aceptó que los directores pueden llevarse los vehículos oficiales los fines de semana, incluso poner gasolina con cargo al erario durante los días sábado y domingo.

El jefe de Irusteta, incluido en la investigación. Foto: especial

“Me cuesta tener que poner controles cuando está la responsabilidad de hacer un buen uso de los recursos públicos… Los directores se los estaban llevando (los vehículos), la mayoría son de otros municipios y era para que pudieran regresarse, pero el fin de semana no tienen por qué usarlos”.

El secretario general del Congreso afirmó que a partir de ahora se tomarán “medidas más drásticas”, y aunque no quiso entrar en detalles, adelantó que una de esas medidas serían que ya no podrán cargar al erario la gasolina de los fines de semana. “En este momento se puede cargar porque se creía en ellos, han defraudado la confianza”.

Para Narváez el mal uso que se ha dado de los vehículos es únicamente responsabilidad de los servidores públicos involucrados.

“Yo no puedo andarlos controlando a todos… ellos tienen el compromiso con la Ley, los ciudadanos, los diputados, de comportarse correctamente”.

En la declaración a los medios, Ricardo Narváez aseguró que después de conocer de la segunda detención se encontraba molesto. “Me genera mucho enojo”, dijo.

Hasta el lunes por la mañana el Sentra 2018 todavía se encontraba en el corralón, aunque ya el Congreso había enviado un representante jurídico para recoger el automóvil, sin que se conozca las condiciones físicas en las que se encuentra el mismo.