Indignada, la familia del joven empresario Jair Martínez, víctima de desaparición el 12 de marzo del año pasado y posteriormente asesinado, recibió de manos del secretario del Ayuntamiento de Irapuato una disculpa privada y por escrito como resultado de la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos, términos que, acusa, fueron pactados entre el ombudsman Vicente Esqueda Méndez y el gobierno de Lorena Alfaro, ambos del PAN.

Por ello, la familia del empresario solicitó la renuncia de Esqueda, a quien señala por “negociar en lo oscurito” y sin tomar en cuenta el derecho de las víctimas, además de que la resolución de Esqueda tampoco contempló recomendaciones para el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre por omisiones cometidas, pues los familiares refieren que entregaron a la FGE datos de geolocalización y ubicación del teléfono de Jair, pero hubo tardanza en la respuesta de esta instancia.

Los familiares presentaron ya un recurso de inconformidad para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue y haga una nueva resolución.

La recomendación 0467/2023 de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (Prodheg) determinó que policías de Irapuato no buscaron a Jair a pesar de que toda persona que desaparece tiene el derecho a ser buscado y que el Protocolo Homologado de Búsqueda los obliga (como primeros respondientes) a realizar labores de búsqueda.

Cuatro agentes de la corporación tuvieron esa calidad de primeros respondientes el 12 de marzo del 2023, día en que Jair fue víctima de desaparición, según consta en la resolución de la Prodheg.

Secretario de Seguridad revictimiza a familiares

La familia fue intimidada por Ricardo Benavides Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, quien les solicitó que eliminaran de sus redes sociales las publicaciones en las que difundieron la desaparición de Jair, porque “estaban creando una psicosis colectiva”.

Ese domingo de marzo, civiles armados sobre el bulevar Paseo Irapuato le cerraron el paso a Jair y lo bajaron de la fuerza de su vehículo, privándolo de la libertad. Los policías municipales atendieron el reporte, según consta en el respectivo parte citado por la Prodheg:

“12:03: vía radio le reportan a la base de protección civil que en su delegación llega un reporte de una persona privada de su libertad y un vehículo abandonado en el lugar, se envían unidades de policía al lugar”.

La familia de Jair presentó denuncia ante la Fiscalía general de justicia del estado por la desaparición, y una de sus hermanas entregó la geolocalización del celular de la víctima, pero ante la tardanza para atender el reporte, familiares y amigos usaron sus redes sociales para pedir ayuda, exigir su búsqueda y localización con vida.

La primera respuesta llegó del secretario de Seguridad Ciudadana Ricardo Benavides Hernández, pero no fue la que esperaban. “Nos solicitó a mí y a mis padres… que bajáramos la información que habíamos estado subiendo a redes sociales…que estábamos creando pánico colectivo en el municipio con nuestras publicaciones”, señaló la hermana del empresario.

Y aunque Benavides Hernández declaró a Derechos Humanos que esto era falso, no presentó prueba de sus dichos y al tratar de defenderse se hundió más, ya que omitió salvaguardar el derecho humano de toda persona a ser buscada “pues les intentó limitar el ejercicio de sus derechos para buscar a su hijo”, expuso Derechos Humanos en su expediente.

También recordó que el Protocolo Homologado de Búsqueda obliga a la autoridad a respetar, garantizar los derechos, así como a evitar la revictimización, trato discriminatorio, estigmatización o criminalización.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana declaró a la Prodheg que sólo brindó acompañamiento a la familia porque el trabajo que realiza la policía es preventivo y que no intervendría en el trabajo de la fiscalía general del estado, y que que sus agentes no realizaron el Informe Policial Homologado, sino que había sido la Fiscalía. Esto también fue declarado por cuatro policías.

Pero la versión del funcionario municipal fue echada abajo con dos tarjetas informativas foliadas del reporte que recibió y los testimonios de otros dos policías municipales que fueron los primeros respondientes, preservaron el lugar y entregaron la escena, así como el formato a la Fiscalía.

Una Fiscalía que falla

No solo la policía de Irapuato le falló a Jair: también hubo omisiones del personal de la fiscalía general de Guanajuato al realizar con tardanza el cateo a la vivienda donde fue localizado ya sin vida, muchas horas después de que la propia familia entregó la geolocalización del celular (desde la noche de su desaparición).

“A pesar de nuestra insistencia en que se le diera seguimiento inmediato y se nos dijo (el ministerio público de la unidad especializada de personas desaparecidas) que no podría hacer nada porque estaba en el interior del domicilio y ocupaba una orden de cateo y no iban a solicitar, y así sucedió”, relató la hermana de Jair ante Derechos Humanos.

En el expediente de la recomendación, la Fiscalía respondió que sí actuó en su limitante inicial actuación de solicitar información a las autoridades de justicia, emergencias, seguridad y hospitales.

Lo que no se detalla en el expediente es que hubo dos cateos; el primero lo realizó en una casa contigua a la vivienda donde fue encontrado Jair, pero en ese primer operativo no encontró nada porque era la casa equivocada, aunque desde esa noche dejó una “vigilancia estacionaria” en el lugar.

“El mismo día 12 doce de marzo, a las 22:00 veintidós horas se realizaron actos de investigación; consistentes en volar un dron sobre la calle proporcionada, investigación vecinal y localización de cámaras de vigilancia”, informó la Fiscalía a la Prodheg.

Fue hasta el 13 de marzo a las 14:00 horas que un habitante de la zona entregó videos de cámaras de vigilancia, y con base en éstos la Fiscalía solicitó por fin la orden al juez de control, quien la otorgó seis horas después. A las 20:20 horas los agentes de investigación ingresaron a la vivienda, ubicada a escasos 20 metros de donde hicieron el primer cateo fallido.

En el mismo informe, los familiares de Jair acusaron a Carlos Zamarripa Aguirre de no supervisar el caso, puesto que no aseguraron el inmueble desde el día que entregó los datos de geolocalización, y denunciaron que los dichos del Fiscal en la rueda de prensa del 17 de marzo en la que relató que se habían encontrado los restos humanos envueltos en plástico, “afecta nuestra dignidad”.

A pesar de lo expresado por los familiares, Vicente Esqueda Méndez determinó que la Fiscalía sí realizó las labores oportunas de búsqueda y localización, con lo que resolvió no emitir recomendación alguna contra la dependencia.

El municipio de Irapuato aceptó la recomendación

En cuanto a la autoridad municipal de Irapuato, al aceptar la recomendación tuvo que reconocer su falta de actuación en la búsqueda y posible localización con vida del joven irapuatense. Pero fue un reconocimiento entregado en papel y en un encuentro privado.

Este miércoles 21, el secretario de ayuntamiento Rodolfo Gómez entregó la disculpa a la familia, en un oficio de una página, para lo que resolvió que fuera en una reunión sin presencia de medios de comunicación y ante la ausencia de la propia Procuraduría de los Derechos Humanos, aunque sí acudió Jaime Rochín, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Al salir de este encuentro, el académico y activista de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato Raymundo Sandoval dijo que ésta fue una disculpa incompleta al realizarse en privado.

“El error es de la Procuraduría de los Derechos Humanos por establecer disculpas por escrito y el municipio ha señalado que está cumpliendo”, dijo, e informó que la familia de Jair presentó el recurso de revisión a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que deberá de analizar la recomendación que emitió la dependencia estatal a cargo de Vicente Esqueda Méndez.

De resolverse a favor de las víctimas, el gobierno de Irapuato “tendría que disculparse dos veces si la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo solicita”, señaló Sandoval.

Además, denunció que el ombudsman Vicente Esqueda con esta recomendación sólo busca cubrir a sus amigos panistas.

“Lamentamos que Prodheg negocie las recomendaciones con las autoridades recomendadas antes de emitirlas, desprotegiendo a las víctimas. No esperábamos más de un Procurador panista que la protección de sus correligionarios. Vicente Esqueda está obligado a renunciar” remarcó Sandoval, quien acompañó a la familia.

Asimismo, se exigió a las autoridades involucradas que establezcan una mesa “con el más alto perfil posible para definir el proyecto de reparación integral, más allá del bajo estándar de la Recomendación 0467/2023”.

Los familiares lamentaron que no se les tomara en cuenta para decidir si la disculpa debía entregarse en público o privado y que la alcaldesa Lorena Alfaro no estuviera presente, “es lo mínimo que pudo hacer…me parece una burla, una falta de respeto”.

A decir de Raymundo Sandoval, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos tiene un muy bajo estándar de actuación, ya que tarda más de 6 meses en resolver las investigaciones y en este caso exculparon a la fiscalía, de allí la importancia de revisar la independencia del procurador, “que carece de independencia política al ser un miembro militante del partido”.

Medidas de satisfacción que deberá de realizar el municipio

Según las medidas de satisfacción establecidas en la recomendación, el secretario Ricardo Benavides Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato y cuatro policías deberán de reconocer y aceptar su responsabilidad, por lo que deben ser investigados internamente para deslindar responsabilidades por las omisiones cometidas.

Como medida de rehabilitación, la alcaldesa deberá de realizar las gestiones ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que se les otorgue atención psicosocial a los familiares de Jair.

También se debe incluir la recomendación en los expedientes personales de los policías y el secretario de Seguridad Ciudadana, y capacitarlos en materia de derechos humanos “con el énfasis en el derecho humano de toda persona a ser buscada”.