Desde su llegada a la secretaría de gobierno en el sexenio pasado, la hoy gobernadora Libia Denisse García mantuvo una postura de apertura con las colectivas de búsqueda de Guanajuato. Aunque con esta vinculación rompió el cerco que el exgobernador, Diego Sinhue, levantó entre su gobierno y las personas buscadoras, la narrativa de cercanía de la mandataria estatal no ha trascendido a las políticas públicas de protección, mientras Guanajuato figura a nivel nacional como el estado más letal para las buscadoras. 

De acuerdo con la organización Artículo 19, en Guanajuato han sido asesinadas 12 personas entre 2020 y mayo de 2026. Además, se han registrado al menos seis casos de desapariciones forzadas de personas integrantes de colectivos.

Mientras la gobernadora incorpora discursivamente a las madres buscadoras en actos como sus informes de gobierno, para algunas colectivas y buscadoras independientes ésto no se ha visto reflejado en la agilización de labores de búsqueda, identificación de cuerpos y el cese a los ataques y crímenes en su contra. Por el contrario, advierten deficiencias en la coordinación de instituciones involucradas como la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda. 

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue presentado en la Ciudad de México el pasado 11 de mayo, reveló que Guanajuato es el estado con más personas buscadoras protegidas por el Mecanismo Federal, con 16 casos. Es decir, son protegidas con medidas del Estado Mexicano por riesgos, amenazas o ataques derivadas de sus labores de búsqueda. 

Edith Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, advirtió que pese a la disposición del gobierno estatal, encabezado por Libia García, para sostener acercamientos con las buscadoras, “es necesario también empezar a ver resultados” que se traduzcan en personas localizadas e identificadas y mayor protección para las personas buscadoras. 

“Lo primero que debe garantizar el estado es seguridad para quienes efectivamente están buscando y encontrando a las personas desaparecidas en Guanajuato; el 2024, solo el Colectivo Hasta Encontrarte, que es uno de los muchos, localizó a más personas que la Comisión Estatal de Búsqueda, por lo tanto las autoridades lo que deben es garantizarles la protección y brindarles facilidades materiales”, declaró a POPLab. 

El asesinato de las buscadoras Patricia Acosta y Katia Jáuregui, ocurrido el pasado 11 de mayo en Salamanca, mantiene a Guanajuato en el deshonroso primer lugar nacional en crímenes letales y desapariciones cometidos contra personas buscadoras. Aunque ante este escenario, la gobernadora, Libia Dennise García, se pronunció por el doble asesinato tras seis días de silencio y de una agenda privada, para manifestar que las víctimas no solicitaron medidas de protección. 

“Sin duda son hechos que no pueden repetirse. Guanajuato es un estado que protege, acompaña y que garantiza el derecho de las madres buscadoras a buscar a sus seres queridos. En el caso particular no teníamos solicitud previa o petición de algún tipo de protección”, declaró la mandataria estatal este viernes en un evento con motivo del día del maestro en el municipio de León. 

No obstante, para la buscadora Alma Lilia Tapia, vocera del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos advirtió que en muchos casos, no es posible preveer que existe un riesgo inminente para solicitar medidas de protección. 

“No pidieron medidas de protección porque no sabían lo que les iba  a pasar, nadie sabe lo que les va a pasar”, señaló la buscadora a POPLab. 

En octubre de 2024, a un par de semanas de haber tomado protesta como gobernadora, Libia García sostuvo un encuentro con integrantes de colectivos y buscadoras independientes de Guanajuato, ahí, refrendó su compromiso con aquella causa. Dentro de los acuerdos de aquella reunión, la gobernadora hizo el compromiso de conformar un grupo de atención a buscadoras con 60 agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

“No podemos ponernos en sus zapatos ni sentir su dolor, pero todos los días, esta administración va a tratar de acercarse a que ustedes tengan las condiciones más óptimas para buscar, con seguridad y para encontrar a sus seres queridos”, expresó. 

Entre la violencia, la enfermedad y el abandono institucional: Amnistía

Para Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional el México, afirmó que en México las mujeres buscadoras han sido colocadas de manera forzada por el Estado Mexicano en todos sus niveles en una posición de riesgo, al verse orilladas a realizar las labores de búsqueda que no ejecutan las autoridades. 

En el caso de Guanajuato, donde actualmente se encuentran activos 34 más personas buscadoras independientes tras el rastro de al menos 5 mil 640 personas desaparecidas, Amnistía Internacional documentó una alta incidencia de labores de prospectiva y búsqueda por parte de estas organizaciones, realizadas frecuentemente sin acompañamiento ni protección del estado. 

“La búsqueda en campo es un acto de desobediencia civil pacífica, pero es un acto de desobediencia civil. (Ellas) están entrando en territorios en donde se presume que hay fosas clandestinas o donde hay riesgo de invasión a propiedad privada. La especificidad de Guanajuato está vinculada a las condiciones de altísima inseguridad en el territorio, es donde se ha visto un incremento acelerado en la desaparición y por lo tanto en la aparición de colectivas buscando en campo”, explicó Olivares Ferreto. 

Además de las afectaciones a su integridad física por el hecho de buscar, las personas que sufren la desaparición de un ser querido padecen daños en su salud física y mental como ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, trastornos gastrointestinales, desprendimiento de retina por llanto prolongado, bruxismo y otros padecimientos crónicos. Otro factor, explicó Edith Olivares, es el empobrecimiento de las personas buscadoras. 

Estos hallazgos fueron registrados en el informe Desaparecer dos veces, presentado por Amnistía Internacional en julio de 2025. 

Aunque Ferreto reconoció la apertura del gobierno encabezado por Libia Dennise García con la causa de las buscadoras, afirmó que la falta de resultados en distintos rubros se mantiene como uno de los pendientes de la gestión de la gobernadora que incorporó la atención de este fenómeno como una de las banderas de su administración.

“Los resultados se van a empezar a ver cuando se encuentre a las personas desaparecidas, cuando disminuyan los riesgos que están experimentando las mujeres que buscan a sus desaparecidos, cuando dejen de tener ellas temor de ser asesinadas o desaparecidas, y para ello el gobierno tiene que desplegar los recursos que tengan que desplegar”, advirtió la activista. 

Como botón de muestra, Edith Olivares explicó que la mayoría de las personas buscadoras no son derechohabientes de ningún sistema de salud, consecuencia a su vez del empobrecimiento y de no tener la posibilidad de mantener un trabajo estable para alcanzar estas condiciones. No obstante, desde el estado solo se ha brindado lo que calificó como una “atención reactiva” y no como parte de un programa de salud sostenido.

En el mismo sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional sostuvo que la obligación del gobierno de Guanajuato es buscar a todas las personas desaparecidas y acompañar a quienes buscan, sin provocar divisiones o generar favoritismos.

“Los movimientos sociales en términos generales son complejos y diversos, y el estado debe abstenerse de generar políticas o acciones que puedan provocar división y conflicto; cuando se llegue a acuerdos con colectivas, estos deben beneficiar al conjunto, como acuerdos de protección, deberían ser extensivos a todas las colectivas, para que no se entienda que el gobierno está estimulando algún tipo de división”, afirmó Edith Olivares .

Trato diferenciado y falta de coordinación: los obstáculos

Aunque el discurso oficial de apoyo a las familias buscadoras se entiende como una política generalizada, para algunas buscadoras esta atención no es uniforme, al punto de existir presuntas diferencias en la apertura que han generado malestar entre los colectivos. 

Para una buscadora independiente que pidió mantener su identidad bajo reserva, y que busca a su hijo Salvador Martínez, desaparecido en 2015 en Guanajuato capital, existen “preferencias” desde el estado para atender las necesidades y peticiones de los colectivos. 

“Cuando Libia acababa de llegar a la gubernatura, en una reunión que tuvimos yo le hice una solicitud de un análisis de contexto, desde ese momento no se ha hecho. En otras reuniones, personas de colectivos han hablado de que existen preferencias y que hay a quienes no se les hace caso ni hay apertura para recibir. No sé a qué se debe, pero sí lo hay y hay mucha inconformidad con eso”, señaló y advirtió que este trato diferenciado ha generado fricciones entre las organizaciones de búsqueda. 

Sumado a este escenario, se encuentra la falta de coordinación interinstitucional que frena las labores de búsqueda pese a la urgencia de los colectivos por encontrar sus desaparecidos. 

“No quieren trabajar entre ellos, yo siento que es como “esta es mi búsqueda, yo la hice y si se encuentra algo fue porque yo lo hice”. Es cansado y es estresante estar trabajando con instituciones que no se ponen de acuerdo en cómo deben hacer su trabajo”, señaló. 

En el caso de la buscadora independiente, durante más de diez años ha transitado entre diligencias que, afirmó, han sido encabezadas por ella misma ante la inacción de las autoridades ministeriales. Desde la creación del departamento de casos de larga data en 2020 en la Fiscalía Estatal, afirmó que las diferencias entre esta instancia, el ministerio público y la Comisión Estatal de Búsqueda ha complicado las labores para localizar a su hijo. 

La buscadora narró que, pese a que las autoridades han tenido conocimiento por un presunto autor material del posible paradero de los restos de su hijo, la gestión de la búsqueda en campo ha limitado los posibles resultados. De acuerdo con la mujer, el caso de su hijo estaría vinculado a dos desapariciones más que ocurrieron en el primer semestre de 2015 en la capital: el estudiante de la UG, Juan Carlos Vogel Zamudio y el joven Bruno García Ramírez. 

Salamanca, el impacto de la violencia 

Patricia Acosta y Katia Jáuregui eran madre e hija. En vida, ambas formaron parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, al que se unieron tras la ausencia de su hijo y hermano, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, desaparecido en febrero de 2025. 

Aunque el joven fue localizado en marzo de 2025, ambas mujeres permanecieron activas en la agrupación de búsqueda hasta el pasado sábado 9 de mayo, cuando fueron privadas de la vida en aquel municipio por sujetos armados que les dispararon desde una motocicleta. 

 Apenas en el mes de marzo, también en el municipio de Salamanca, fue desaparecida y posteriormente localizada sin vida la buscadora Cecilia García Ramblas, compañera de colectivo de Patricia Acosta y Katia Jáuregui. 

Aunque en aquel momento la gobernadora, Libia García, negó que Cecilia formara parte del colectivo tras manifestar que su hermano, Miguel Ángel, ya había sido localizado sin vida, la mandataria estatal se desdijo tras el reclamo del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. 

Tras posicionarse por el caso de Patricia Acosta y Katia Jáuregui, la gobernadora afirmó que existe un mapeo de zonas de riesgo que periódicamente se da a conocer a los colectivos de búsqueda. 

Para Ana Lilia Tapia, vocera del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, la respuesta institucional no cubre la complejidad de la violencia y el riesgo permanente en el que las buscadoras realizan sus brigadas y actividades. Tan solo en este colectivo, cuatro buscadoras han sido víctimas de hechos violentos en los últimos dos años. 

Además de los casos de Cecilia García Ramblas, Patricia Acosta y Katia Jáuregui, está la desaparición de Lorenza Cano Flores, quien en enero de 2024 fue privada de la libertad en su domicilio en Salamanca y hasta el día de hoy no ha sido localizada. Lorenza se unió al colectivo en 2018 tras la desaparición de su hermano José Francisco, quien permanece sin ser localizado. 

“Ella (Libia García) habla de los colectivos en general, pero todos los colectivos tenemos distintas necesidades, aquí no tenemos acompañamiento del gobierno municipal al menos. En los colectivos tenemos distintas necesidades y nosotros no hemos sido contactados para preguntarnos si necesitamos protección, para conocer los riesgos a los que nos enfrentamos, no tenemos botones de pánico”, señaló Alma Lilia a POPLab.

En 2024, el colectivo salmantino denunció la exclusión de espacios de interlocución con el gobierno municipal, encabezado por el morenista César Prieto Gallardo. Esto fue negado por el alcalde en declaraciones recientes. No obstante, antecedentes como el retiro de fichas de búsqueda de un memorial por parte de personal del DIF municipal en aquel año, marcó la relación entre el colectivo y la administración.

Hay capacidad de reacción ante casos de riesgo: CEAIV 

Francisco Juárez León, comisionado de Atención a Víctimas del Estado de Guanajuato (CEAIV, afirmó que el organismo ha intervenido en distintos casos de riesgo y amenazas contra familias buscadoras. En entrevista para POPLab dijo que la dependencia mantiene una estrategia de acompañamiento para las personas afectadas por hechos delictivos, mediante asesoría jurídica, apoyo psicológico, gestión de protección y respaldo económico en situación de riesgo.

El funcionario destacó que la CEAIV cuenta con mecanismos de reacción inmediata y presencia operativa en los 46 municipios de la entidad, lo que permite atender de manera oportuna las solicitudes que reciben. No obstante, precisó que la protección es facultad de las autoridades de seguridad, como lo son la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato. 

“La Comisión no brinda protección, nosotros la gestionamos, nosotros nos activamos de manera inmediata para gestionar protección con las autoridades de seguridad. Cuando nosotros detectamos casos de alto riesgo, gestionamos hasta la extracción y el resguardo en un espacio de seguridad en lo que buscamos una red de apoyo y en lo que pasa el riesgo para las familias”, explicó.

No obstante, el funcionario, que asumió el cargo en diciembre pasado como relevo de Jaime Rochín, subrayó la importancia del trabajo coordinado con los municipios, ya que en la mayoría de los casos son las autoridades municipales las primeras en atender a las víctimas.

“Estamos ahorita visitando los municipios, proponiendo unidades municipales de víctimas, porque en el 98-99 por ciento de los casos el primer respondiente es el municipio y si no se tiene la capacidad y la sensibilidad para atender una víctima desde ahí creo que empezamos mal”, concluyó.