Los excesos en el Congreso del Estado han quedado expuestos durante los últimos meses, mientras que los responsables de la administración han optado por la opacidad para hacer uso discrecional de los bienes materiales, los recursos económicos y las plazas en áreas institucionales.

Sin que existan lineamientos para el uso de los vehículos oficiales, en las últimas dos semanas han sido despedidas tres personas, después de que dos de ellas fueron detenidas en el operativo alcoholímetro. El tercer despedido fue un director, quien después de acudir a una fiesta permitió que su subordinado manejara el vehículo que tenía asignado en estado de ebriedad.

Pese a que ha quedado en evidencia el manejo de los recursos que van desde el despilfarro en la compra de dispositivos como un teléfono de 26 mil pesos para el secretario general, la asignación de plazas evadiendo el servicio civil de carrera y la falta de controles para el uso de los vehículos oficiales, el coordinador de la bancada panista, Jesús Oviedo Herrera, dijo estar conforme con el desempeño de Ricardo Narváez y el director de Administración, Omar Mares.

Ilustración de Pinche Einnar

Diferentes varas para medir

Los dos casos en que los servidores públicos remitidos al llamado “torito” por conducir bajo los influjos del alcohol terminaron en la Contraloría Interna, por los oficios enviados desde la Secretaría General del Congreso a cargo de Ricardo Narváez Martínez, aunque en el primer caso solo se señaló al conductor que fue remitido a los separos, sin observar las posibles omisiones en las que habría incurrido su jefe directo, el titular de Servicios Generales, el panista Hugo Aguiñón, quien terminó su horario laboral y dejó la oficina sin cerciorarse que el vehículo se quedaría resguardado en el Congreso del Estado durante el fin de semana.

Apenas un fin de semana después, un segundo vehículo terminó en el corralón y su conductor en el torito. En este caso, la investigación que pidió Naváez a la Contraloría no solo fue para Santiago Irusteta, detenido en el torito, sino que se extendió para el director de Investigaciones Legislativas, José Eduardo Rostro, por prestar el vehículo que tenía asignado a su colaborador después de la reunión a la que asistieron varios directores del Congreso, todos ellos con vehícuo oficial.

Rostro llegó a la dirección del Instituto apenas en octubre pasado, propuesto por el coordinador de la bancada de Morena, Ernesto Prieto Gallardo.

El titular del órgano de control interno, Rafael García Ríos, confirmó que en los documentos para dar por enterada a la Contraloría del mal uso de los vehículos, solo vienen con el nombre de tres servidores públicos, los mismos que fueron orillados a renunciar.

En el primer caso solo se pide que se revise la actuación de Esaú Landeros, el primer funcionario enviado al torito el 9 de agosto, sin que se observaran las omisiones de sus superiores como el director de Servicios Generales, el panista Hugo Aguiñón.

Además, en el mismo caso de Esaú se señaló que otro funcionario del Congreso lo habría ayudado a salir antes del Torito y recuperar del corralón el vehículo de manera inmediata, situación que tampoco fue expuesta por Narváez.

Sin embargo, García Ríos aseguró que en el proceso de investigación se puede ir involucrando a otros servidores públicos que hayan apoyado o hayan faltado a sus responsabilidades.

Caso contrario al de Esaú Landeros, cuyo jefe directo es militante del PAN, el segundo servidor público detenido en el operativo alcoholímetro también involucró a su jefe directo, el ex director de Investigaciones Legislativas, José Eduardo Rostro, quien prestó el automóvil que tenía a su resguardo a su colaborador Santiago Irusteta el viernes por la noche del 16 de agosto.

Luego de que se diera a conocer que Rostro permitió que su subordinado en estado de ebriedad condujera el vehículo que tenía asignado, la Junta de Gobierno y Coordinación Política pidió al director presentar su renuncia.

Tras quedar en evidencia la deficiencia en los controles para el uso de los recursos públicos, el contralor del Congreso dijo que derivado de las investigaciones también se podrían hacer sugerencias para que se refuercen los mismos.

Demandará ex director a “personas”

Luego de advertir que actuará legalmente contra “personas” porque lo orillaron a renunciar a la dirección de Investigaciones Legislativas, sin darle el derecho de audiencia para exponer su versión sobre el uso del vehículo oficial que le fue asignado, José Eduardo Rostro Hernández aseguró que no existen reglamentos o lineamientos que establezcan el correcto uso de los automóviles oficiales.

Sostuvo que en ningún momento se le informó que prestar el vehículo era una falta que podía terminar con un acta administrativa, para posteriormente y sin que se concluyera la investigación lo orillaran a renunciar.

“Acepté la renuncia por la presión, no me quedaba de otra que renunciar por la presión mediática, política, pero no fue jurídica”.

A decir de Rostro, la Junta de Gobierno y Coordinación Política, un órgano político, se convirtió en un “Tribunal” al señalarlo como responsable sin que le dieran la oportunidad de defenderse.

Incluso, consideró que las áreas administrativas del Congreso son corresponsables porque en ningún momento se les ha dado a conocer los lineamientos que deben seguir en el uso de los recursos.

Rostro también comentó que en la fiesta a la que había asistido el día que se llevaron el automóvil al corralón estaban otros directores generales, también en vehículo oficial, aunque no quiso precisar de quiénes se trataba.

Dijo que las acciones legales que emprenderá no serán contra el Congreso como institución, sino en contra de personas que lo juzgaron e hicieron declaraciones en su contra sin respetar el derecho de audiencia.

El encargado de dar a conocer la salida de José Eduardo Rostro, después de que así se acordara en la Junta de Gobierno, fue el coordinador panista, Jesús Oviedo Herrera.

Defiende Oviedo a Narváez

El panista Jesús Oviedo Herrera justificó el gasto que ha erogado el Poder Legislativo en dispositvos como el celular iPhone X para Ricardo Narváez con el argumento de que es necesario para que desempeñe sus funciones como secretario general.

El legislador confirmó que la dirección de Adminsitración que tiene a su cargo el militante panista Omar Mares tiene carta abierta para hacer compras hasta por 35 mil pesos, sin que éstas pasen por la autorización de los diputados locales.

“No se violó ningún acuerdo porque cualquier compra que sea superior a los 35 mil pesos es la que pasa al interior de la comisión (de Administración)”.

En entrevista, Oviedo insistió en que, a pesar de los gastos en dispositivos, la ausencia de controles para el correcto uso de los bienes como los vehículos, en el Congreso se han manejado los recursos de manera “eficiente”.

También aseguró estar conforme con el desempeño de Ricardo Narváez y Omar Mares como los responsables de la administración de los recursos.

“En este momento sí, donde hemos estado desconforme se han tomado medidas”, acotó.

Mientras el coordinador panista dio espaldarazo a los dos responsables de la administración del Congreso, la coordinadora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, hizo un llamado a la prudencia, porque si bien no existe un marco legal que establezca una violación por el dispendio en dispositivos electrónicos, sí se pretende atender el tema de austeridad.

“No hay en los lineamientos impedimento para las compras, pasa lo mismo con los coches a nuestro cargo, es importante el uso adecuado, intentar estar dentro de lo que no es cuestionable en el actuar”.

El propio secretario general ha confirmado que durante los fines de semana los directores con vehículo asignado no tienen ningún impedimento para cargar al erario la gasolina.