En México, donar puede ser un acto de solidaridad… o una actividad de alto riesgo administrativo. Depende de quién lo haga y, sobre todo, de si cuenta con el aval político.

Para cualquier organización de la sociedad civil, convertirse en donataria autorizada implica atravesar un auténtico viacrucis institucional. No se trata sólo de constituirse legalmente —un proceso que puede tomar entre cuatro y ocho meses y costar decenas de miles de pesos— sino de cumplir con un entramado normativo que exige precisión quirúrgica: estatutos alineados a modelos oficiales, acreditación constante de actividades, supervisión fiscal permanente y controles estrictos sobre cada peso recibido.

Pero el verdadero cuello de botella aparece después. Una vez autorizadas, las organizaciones deben cumplir con una batería de obligaciones fiscales, administrativas y de prevención de lavado de dinero que, en los hechos, las coloca bajo vigilancia constante. Reportes mensuales, avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera, identificación de donantes, monitoreo de operaciones y umbrales que obligan a reportar prácticamente cualquier donación relevante. Incluso las actividades deben ser “acreditadas” por una institución gubernamental, requisito fundamental para mantener el carácter de donataria autorizada.

Sin embargo, esa lógica desaparece cuando desde la coalición en el poder se decide lo contrario. Hace apenas unos días, Andrés Manuel López Obrador convocó públicamente a donar recursos para Cuba a través de la asociación Humanidad para América Latina, proporcionando incluso mecanismos concretos para hacerlo. La asociación se constituyó en tiempo récord, pero además -contrario a la legislación fiscal para las donatarias- se plantea transferir recursos al extranjero.

No se trata de cuestionar la solidaridad internacional. Pero mientras una organización que acompaña víctimas, defiende derechos o trabaja en comunidades marginadas debe justificar cada transferencia, documentar cada actividad y reportar cada operación bajo sospecha potencial, el poder político puede promover flujos de recursos sin el mismo estándar de exigencia legal. Por eso el episodio del reciente mensaje público de AMLO es importante, porque desnuda una lógica discrecional en la relación Estado-organizaciones civiles.

De esta forma, el problema trasciende a lo jurídico y revela su talante político. Las reglas existen —y son necesarias— para garantizar transparencia y prevenir esquemas simulatorios de lavado de dinero. Pero cuando se aplican de manera desigual y desproporcionada, dejan de ser herramientas de rendición de cuentas y se convierten en mecanismos inhibitorios y de control selectivo.

Hoy, las organizaciones civiles en México están sobrerreguladas. Lo reconoce incluso el propio sector cuando hablan de múltiples autoridades que las supervisan —SAT, UIF, IMSS, Infonavit— y deben destinar tiempo, recursos y capacidad operativa no a su objeto social, sino a cumplir con una carga administrativa creciente. En otras palabras, se les exige tanto cumplir, que cada vez les queda menos margen para actuar.

Eso ocurre en un país donde esas mismas organizaciones hacen lo que el Estado no quiere o no logra: buscan a los desaparecidos, acompañan a víctimas, documentan violaciones a derechos humanos, sostienen redes comunitarias. Peor aún, vivimos en un contexto político que desde el gobierno de AMLO se caracteriza por la hostilidad contra las ONG.

Los informes más recientes de V-Dem y Freedom House advierten que México enfrenta un deterioro en la calidad de su democracia, particularmente en lo que respecta al espacio cívico. Se señalan presiones crecientes sobre actores independientes, debilitamiento de contrapesos y un entorno cada vez más adverso para el ejercicio pleno de derechos fundamentales.

El derecho de asociación —es decir, la posibilidad de organizarse libremente para incidir en lo público— es, junto con la libertad de expresión, uno de los pilares de cualquier democracia constitucional. Sin organizaciones libres, no hay deliberación robusta ni contraloría social ni apoyo a sectores más desfavorecidos. 

Por eso importa cómo se regula. Formalmente las leyes no prohíben organizarse, pero la hacen cada vez más difícil y limitan la capacidad de sostenerse en el tiempo. Es una forma más sutil —y por eso más peligrosa— de restricción. No son las leyes de “agentes extranjeros” o “anti-ONG”que emergen en la región bajo un modelo importado de Europa del Este (por ejemplo: El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Perú, Ecuador). Pero se coloca, como a la prensa, un campo minado que reduce los márgenes de acción y genera una alineación política con el proyecto hegemónico.

Siendo así, las organizaciones, que hoy enfrentan una crisis de financiamiento por el cambio de las prioridades en actores estatales y privados, agonizan por iniciativa de un poder político que decide desgastarlas. Otro reflejo de la erosión democrática en México y la región.