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Donde la fe gobierna, el dinero abunda
Además de apoyo para organizaciones civiles católicas, el Gobierno de Guanajuato destina bolsas millonarias para la rehabilitación de iglesias. El mandatario panista Diego Sinhue revela que se encomendó a Cristo Rey para ser elegido y hoy está orgulloso de encabezar “un estado de fe”
Sobre la delgada línea de separación entre Iglesia y Estado, Diego Sinhue Rodríguez ratifica públicamente no solo su convicción de “gobernar un estado de fe” sino la entrega de más recursos públicos a la iglesia católica para la atención de grupos vulnerables, la intervención de infraestructura religiosa y realización de eventos.
Mientras, organizaciones civiles rechazan el manejo discrecional que durante el sexenio se ha hecho del Fideicomiso de Administración e Inversión del estado (Fidesseg) y cómo a través de este fondo se han financiado desde el estado a asociaciones de corte religioso que adoctrinan a grupos vulnerables utilizando recursos públicos.
En el reportaje Dinero público para hablar de Dios, publicado por POPLab en agosto pasado, se evidenció cómo el gobierno de Guanajuato ha cedido la protección y defensa de niñas, niños y adolescentes, mujeres en situación de riesgo y personas con trastornos de adicción- a grupos católicos manejados por congregaciones religiosas y entregando al menos 80 millones de pesos en los últimos seis años.
La discrecionalidad con la que opera este fideicomiso es tal, que organizaciones como Las Libres y Amicus desconocían sobre la distribución de recursos y cuál es el uso de las aportaciones que resultan de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, sostuvo que el dinero público debería utilizarse para promover los derechos humanos y no para adoctrinar a grupos vulnerables. Mientras que Juan Pablo Delgado, director de Amicus, reprobó que este fondo no sea difundido ampliamente entre las organizaciones de todo el estado, para que todas tengan la misma oportunidad de acceder.
Tras la publicación del reportaje, Rafael Cuén, vocero de la Fundación Comunitaria del Bajío, confirmó que la organización ha recibido 27 millones de pesos del Fidesseg en un periodo de dos años, sin que a la fecha exista una evaluación del impacto de sus proyectos sociales. Éstos incluyen la implementación de programas estatales como Planet Youth y Crianza Positiva, aunque negó que la fundación con sede en Irapuato realice actividades de adoctrinamiento católico.
El titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Gerardo Trujillo Flores, también contactó a POPLab para tratar de aclarar los relacionado con la ejecución del programa Crianza Positiva. La instancia no pudo desmentir que en la atención de niñas, niños y adolescentes en algunas casas hogar del estado se evangelice a las infancias.
El funcionario explicó que a través del programa, que es parte de una estrategia global denominada Alianza Guía, se busca resolver “el desorden administrativo” que dijo haber heredado del gobierno de Miguel Márquez Márquez en materia de atención a la niñez y adolescencia.
Rodeado de jerarcas de la iglesia católica en Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se declaró un hombre orgulloso de gobernar un estado de fe. El escenario fue uno de los cerros más altos de Guanajuato, en donde está colocado el monumento del Cristo Rey del Cubilete y fueron inauguradas obras de rehabilitación realizadas en esta figura estandarte de la Guerra Cristera, el pasado 1 de septiembre.
En el evento se comprometió a invertir en la rehabilitación del camino antiguo a Cristo Rey y en un proyecto ejecutivo para iluminar la figura, ubicada en el municipio de Silao pues, dijo, es una atracción turística que genera recursos para Guanajuato.
Durante los cinco años que lleva al frente de la administración estatal, el gobierno de Diego Sinhue ha entregado recursos a organizaciones católicas a través de instancias como el DIF, la Sedeshu, Secretaría de Salud, Secretaría del Migrante y el Fidesseg.
De hecho, desde el Fidesseg se destinaron 19 millones 923 mil 843 pesos para la restauración de templos en todo el Estado, esto a través de la organización Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A.C.
Estos recursos se aplicarán en al menos 13 templos, ubicados en distintos municipios, pero todos ellos católicos: Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, iglesia San Luisito Rey, San Isidro Labrador, Templo del Carmen, Capilla de San Plácido, Templo del Hospital, Templo de San Juan Bautista, San Juan de la Presa, Templo de San Agustín, Templo del Señor del Hospital 2a etapa, Parroquia de San Juan Bautista, Templo de Nuestra Señora de la Concepción y Catedral Basílica Metropolitana de la Madre Santísima de la Luz.
En 2012, el Gobierno de Silao desarrolló un proyecto de iluminación de Cristo Rey, el cual tuvo un costo de cinco millones de pesos y fue inaugurado por el Papa Benedicto XVI. Pero ese dinero quedó en nada, pues la “iluminación especial” solamente estuvo encendida por algunos días y nunca más se ocupó.
La visita del prelado costó 60 millones de pesos al gobierno del estado y los municipios que participaron de su recepción (Guanajuato, Silao y León), pues se realizaron inversiones en infraestructura, preparativos de seguridad, salud, protección civil y acondicionamiento urbano.
En contraste, el gobierno estatal presumió una alta derrama económica generada por la visita y la asistencia a los eventos de miles de personas, como cualquier otro evento turístico de envergadura.
La religión católica tiene, a la fecha, un arraigo en más de 5.1 millones de guanajuatenses, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2020. Así, Guanajuato se mantiene como el estado con más personas que profesan esta religión, de los 32 estados del país.
El gobernador se asume públicamente como un creyente y está convencido que su triunfo como jefe del Ejecutivo tuvo intervención divina, pues recuerda que en 2018 comenzó su campaña un viernes de Semana Santa, y así lo dijo en el monumento a Cristo Rey:
“Yo empecé campaña un Viernes Santo en 2018 y el jueves previo a arrancar campaña tuve aquí una misa privada; yo me encomendé a Cristo Rey, encomendé mi campaña, primero para que todo saliera bien, para que a nadie le fuera mal; la salud, el bienestar de todos. Segundo encomendarme, si era el destino que yo fuera gobernador, si la gente tocaba sus corazones, la gente decidía, yo adelante. No era un proceso fácil, en 2018 había muchos elementos que complicaban la elección. Sin embargo, Cristo Rey vio en mí esa persona y un millón 100 mil guanajuatenses que votaron por mí para darme esa gran responsabilidad”, reveló.
Aseguró ser un convencido de la separación Iglesia-Estado, pero al mismo tiempo sostuvo “que una nación sin Dios no es nación”, de acuerdo con la filosofía romana de Marco Tulio Cicerón.
“Me siento muy orgulloso de ser gobernador de un estado de fe, de ser un gobernador de un estado de valores, donde todavía se cree en el esfuerzo, en la familia, en muchas cosas que hay que seguir apoyando”, agregó.
Rodríguez Vallejo descalificó las críticas sobre la relación que tiene el estado con la Iglesia en Guanajuato y lo señaló como intolerancia: “Yo soy católico, tenemos una gran relación con las iglesias. Ahora decimos: los que piden tolerancia ahora son los intolerantes, no quieren que nos expresemos lo que pensamos nosotros los católicos; también hay que decirlo, lo digo con mucho gusto”.
“El dinero público es para avanzar en los derechos”, reclaman organizacionesLiderazgos de organizaciones civiles en Guanajuato lamentan que se estén utilizando recursos para ideologizar a grupos vulnerables, pero además para impedir el avance de los derechos humanos en Guanajuato.
La directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, criticó tres aspectos relacionados a la distribución de recursos del FIDESSEG, la opacidad, el destino que se le da al dinero público y el trabajo que realizan las organizaciones a las que se les asigna.
“El problema serio con este fondo que se destina mayoritariamente a organizaciones anti derechos, asistencialistas, de la caridad; primero, están retrocediendo una lucha civil que hemos ganado y conquistado la sociedad, que la gente conozca sus derechos, que los ejerza y eso tiene toda lógica en una vía electorera y en una vía política partidaria en donde la gente, menos conozca sus derechos, sigue siendo blanco de las dádivas gubernamentales que se traducen para ellos y permanecer, sea en el nivel federal, estatal o municipal y cualquier partido hace eso de utilizar el dinero público para beneficiarse en términos de votos, no para resolver las problemáticas sociales”, explicó la activista.
Gran parte de los recursos que han financiado a organizaciones civiles religiosas en Guanajuato han sido entregados a través del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública, integrado con un porcentaje del Impuesto sobre la Nómina, que se recauda en el estado.
Cruz Sánchez lamentó que el estado destine recursos para mantener a las personas en situación de vulnerabilidad y que algunas organizaciones realizan trabajo contrario a otras que aportan en la recaudación de este impuesto; es decir, evitando el avance de los derechos humanos.
“Casi no hay dinero público para hacer avanzar los derechos, no dudo que haya una o dos o tres (organizaciones a las que se apoye), pero la mayoría se está yendo para el otro lado…está bien si la iglesia quiere hacer cosas con sus propios recursos, es su dinero y su trabajo y su tiempo, que hagan lo que quieran con él, pero con el dinero público no; el dinero público es para hacer avanzar los derechos, la exigencia, pero sobre todo la población aprendamos a ejercer nuestra ciudadanía”
“... Y aprender a ejercer la ciudadanía significa exigirle a los gobiernos transparencia, rendición de cuentas, que nos garanticen los derechos básicos y mientras sigas manteniendo asistencialmente a la población vulnerable entonces sólo la ayudas a sobrevivir, no a que ejerza sus derechos”, agregó.
Explicó que en el caso particular de Las Libres, hace algunos años comenzaron a contribuir con el impuesto cedular, pues tienen seis personas en nómina, con lo que han aportado a la recaudación del ISN y por ende al Fidesseg, desde donde se apoya a organizaciones que hacen trabajo contrario a la defensa y promoción de derechos que esta organización realiza.
“No tiene sentido, estamos poniendo dinero sin saberlo, porque es ese Impuesto a la nómina; estamos financiando a grupos, organizaciones que hacen un trabajo a la inversa. Es dinero público, todas las personas tenemos que saber en qué se invierten los dineros públicos, pero el reproche mayor tiene que ser porque el dinero público se está yendo a los grupos vulnerables para mantenerlos en la vulnerabilidad”, enfatizó.
Para el activista y abogado Juan Pablo Delgado, que desde la organización Amicus ha promovido los derechos de la población LGBT+, la intervención de organizaciones de carácter religioso en programas públicos “siempre deberá ser supervisada”. Haciendo referencia al taller de Crianza Positiva al que este medio tuvo acceso, Delgado Miranda advirtió que el respaldo del gobierno estatal a estas políticas públicas “no puede implicar el cobijo de situaciones que claramente no estén protegidas por la ley”. Por ejemplo, los discursos de odio y el adoctrinamiento.
Aunque sostuvo que la libertad religiosa es un derecho humano y que la cercanía entre organizaciones religiosas no es ”necesariamente mala”, el abogado manifestó que este diálogo no puede basarse en la predilección hacia un credo religioso, como la religión católica en el caso de Guanajuato. Incluso, debería incluir a las personas que no profesan algún credo.
El activista, que ha hecho su trayectoria desde la sociedad civil organizada, reconoció la relevancia del escrutinio a fondos públicos como el Fidesseg, fideicomiso que desde su punto de vista es poco conocido por la mayoría de asociaciones del estado, lo que impide que pueda responder a la convocatoria por recursos públicos y éstos sean distribuídos de manera poco democrática.
“Hay una falencia en la publicidad de este fondo, y en la medida en que sea un fondo más conocido será un fondo más democrático y atenderá las necesidades de otras organizaciones”
Además, exhortó a que la renovación de recursos a las mismas organizaciones esté supeditada al cumplimiento de las metas propuestas inicialmente. Ésto, aseguró, debe implicar la presentación de evidencias de las obras o actividades realizadas, así como el cumplimiento de los objetivos planteados.
“Antes todo era un desorden” en atención a niñez: DIFFue hasta 2019 que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) decidió cambiar la estrategia en la atención de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Antes de esto, es decir, durante la administración del gobernador Miguel Márquez Márquez, todo era un desorden.
La reorganización se planteó a través de la estrategia Alianza Guía, en la que se incluyó el programa de Crianza Positiva, Fortalecimiento Familiar y se contempló la regularización de todos los centros de atención residencial para niños, niñas y adolescentes de la entidad. Detrás de su planeación estuvo Adriana Ramírez Lozano, presidenta honoraria del DIF Estatal y esposa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
La política pública incluyó en la participación al Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a la Secretaría de Salud y la de Educación, explicaron el director del DIF, Gerardo Trujillo Flores y la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescente, Teresa Palomino Ramos.
Antes de este esquema, señalaron, había 41 centros de asistencia social. Actualmente son 39: 11 autorizados de acuerdo con la normatividad, 11 en proceso de renovación, cinco con trámites de autorización y 11 que no tienen permisos vigentes.
Los dos funcionarios discreparon sobre el número de niños que están bajo resguardo del estado, pues dijeron que hasta agosto eran 434. Pero de acuerdo con información obtenida vía transparencia del Poder Ejecutivo y los 46 municipios, en Guanajuato había 689 personas menores de 18 años bajo la tutela de las Procuradurías Auxiliares o de la Procuraduría Estatal.
Los dos funcionarios también hablaron sobre negligencias jurídicas ocurridas cuando el DIF estuvo a cargo de Maru Carreño, esposa del exgobernador Miguel Márquez, relacionadas con la tutela de los menores en resguardo. Se detectaron expedientes que no se habían atendido durante al menos dos años.
Sin embargo, aseguraron que con nuevas reglas y estrategias se ha disminuido el número de menores resguardados en centros de asistencia y se procura el seguimiento a los que están y no están activos, como el caso de la Ciudad de los Niños, orfanatos dirigidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez.
Sobre la evangelización de los menores atendidos en casas hogar, pertenecientes a distintas congregaciones católicas, el director del DIF no pudo garantizar que esto no ocurre.
Sin embargo, aseguró que la mayoría de las infancias resguardadas en estos espacios sufren retrasos cognitivos y situaciones de trauma que a decir de él, impiden que esto sea posible.
El director del DIF fue cuestionado sobre la ideologización que se promueve a través de los talleres de Crianza Positiva, documentado con el caso de una facilitadora que promovía discursos de odio y discriminación, lo que fue consignado en el reportaje publicado por Poplab.
Al respecto, Trujillo reconoció que la falla en la implementación de la estrategia fue un riesgo que se identificó, pues se incluyeron capacitadores del DIF, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación.
Actualmente, el DIF promueve la certificación de capacitadores que imparten estos talleres a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. A la fecha, hay 150 personas con este reconocimiento.
Los programas del DIF estatal no son los únicos ejemplos de la intervención de la iglesia en la atención a grupos vulnerables. En junio de 2022, fue presentado por el gobierno del estado el Pacto Social por la Educación, que responde al llamado de la Unesco a nivel global para devolver estudiantes a las aulas y combatir el abandono escolar a consecuencia de la pandemia.
Además de los sindicatos del SNTE, centros de carácter educativo como el CIMAT y empresas como Mazda, el pacto lo suscribieron representantes de la iglesia católica -desde la arquidiócesis de León-, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días -mormones-, y el Consejo Interreligioso, conformado por estas dos congregaciones y otra decena de variados cultos, que comparten una agenda contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de los grupos de la diversidad sexogenérica.
“No hay ninguna intervención gubernamental, pero tenemos una muy buena relación con nuestras esferas de gobierno”, manifestó Itamar Perez, presidente del Consejo Interreligioso, en aquel evento.
Niegan adoctrinamiento, pero carecen de indicadoresEn respuesta al reportaje Dinero público para hablar de Dios, Rafael Cuen Hernández, subdirector de la Fundación Comunitaria del Bajío, contactó a este medio para ejercer su derecho de réplica a nombre de la organización. Entre mayo y junio pasados, las reporteras buscaron contactar a la organización vía telefónica y de manera presencial en sus oficinas en el municipio de Irapuato, pero no se respondió a las solicitudes.
Ahora, en entrevista para POPLab, el vocero de la Fundación negó que la organización promueva la religión católica o realice actividades de corte evangelizador.
Después de la publicación, Rafael Cuen declaró que la asociación surge desde el modelo de las fundaciones comunitarias europeas y estadounidenses, cuyo objetivo es “recaudar fondos para el desarrollo de las mismas comunidades”. Actualmente, la Fundación Comunitaria del Bajío subsiste de donaciones particulares, y en mayor medida, de recursos públicos obtenidos a través del Fidesseg.
Según los registros del fideicomiso estatal obtenidos por POPLab, esta asociación ha sido beneficiada con 27.4 millones de este fondo entre 2021 y 2022. La cifra representa más de una tercera parte de los recursos públicos entregados a organizaciones con este enfoque, y que fueron analizadas por POPLab. Esta información fue corroborada por Rafael Cuén vía Whatsapp, quien precisó que el recurso recibido en 2023 dará cobertura hasta marzo de 2024.
De acuerdo con el vocero, el recurso ha sido utilizado para echar a andar un nuevo modelo de trabajo, en el que personas que habitan en comunidades afectadas por la llegada de parques industriales son capacitadas para integrarse como mano de obra en aquellas empresas. Las capacitaciones son realizadas por personas contratadas por organizaciones como Educación Continua, mencionó Cuen. Entre las habilidades que imparte, está la reparación de celulares, el uso de AutoCad y seguridad industrial, dijo.
“Les llamamos zonas de transición. Son zonas rurales que eran agrícolas o que su vocación podría ser la extracción de recursos y que pasan de esa economía como un poquito manual, artesanal a, de repente que les ponen una industria justo ahí a un lado que es técnica, que es, este, novedosa y pues de repente todas estas personas que antes eran económicamente activas se vuelven obsoletas de un día para otro, porque ya no tienen el campo donde trabajaban; sus caminos rurales fueron bloqueados y hay un resentimiento entre las comunidades de alrededor de los parques industriales”.
No obstante, la fundación no cuenta ni pudo proporcionar indicadores sobre los resultados o cuántas de las personas que luego de recibir alguna capacitación ingresaron a laborar a alguna empresa manufacturera, ni de las mejoras en la calidad de vida luego de la llegada de los parques industriales. Según datos de la propia asociación proporcionados por Cuen, alrededor de 19 mil personas han sido capacitadas en habilidades “técnicas” desde 2021. La fundación espera extender este proyecto en una tercera etapa a través del Fidesseg, en la que esperan obtener 18 millones de pesos adicionales.
Además de sus proyectos propios, el vocero pudo confirmar que la Fundación es facilitadora de talleres de crianza positiva y pruebas de tamizaje del programa Planet Youth, este último enfocado en la prevención de las adicciones en niñas, niños y adolescentes.
Las pláticas de ambos programas son impartidas en escuelas públicas de las comunidades en las que esta organización tiene cobertura. Esto incluye a los municipios de Silao, Irapuato, Salamanca y Abasolo.
Poderes empresariales, políticos…y católicos.
Para el filósofo e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Edgar González Ruiz, el estado se mantiene como el bastión más sólido de la extrema derecha católica, pese a que históricamente fueron otras regiones donde la fe religiosa permeó las creencias de sus poblaciones.
“Guanajuato sigue siendo uno de los reductos, quizás no me equivoque yo al decir que es el principal de la derecha, la extrema derecha católica. Estaba Yucatán, estaba Monterrey, estaba Guadalajara, más bien partes de Jalisco, Michoacán, pero ese catolicismo se ha ido diluyendo”, declaró en entrevista.
De acuerdo con el académico, aunque dentro de la iglesia católica han existido dirigentes como Benedicto XVI y Francisco, los grupos más conservadores de esta religión profesan aún la línea del Papa Juan Pablo II, fallecido hace 18 años.
“Estos (grupos) todavía enfatizan más el estilo de Juan Pablo II, pero ese es el cristianismo. Se parece más al cristianismo en sus orígenes y sus ideas, a eso que a un cristianismo libre que no puede existir, no puede ser el cristianismo afín al placer, a la libertad, al respetar el cuerpo humano”.
Poderes empresariales y políticos se unen, de acuerdo con Gonzalez Ruiz, para mantener al catolicismo “como una expresión popular”, esto por intereses comunes.
“Sus propias ideas siguen perdurando y quizás siempre las habrá. Hay gente que sí va a estar contra la libertad, contra la sexualidad, que son las bases de esa forma de pensar, entonces eso pues siempre va. Pero además, tienen el beneficio de recibir el apoyo de instituciones muy fuertes de tipo católico conservador, empresarios, hasta de gobiernos, de políticos. Tienen mucho de dónde asirse todavía”.
La entidad ha estado estrechamente ligada a la organización conocida como El Yunque. De corte ultraconservador, este grupo echó raíces a través de personajes de diversos ámbitos de la vida pública y política, de entre los que se ha identificado al empresario y político panista Elías Villegas Torres; el ganadero y expresidente municipal de Silao Gerardo Valdovino o Fernando Rivera Barroso, secretario de Educación durante el gobierno estatal que encabezó Vicente Fox.
Académicos y periodistas que han penetrado en las entrañas de esta “sociedad secreta”, como Bernardo Barranco, han identificado a estos personajes como militantes del Partido Acción Nacional.
En las investigaciones, también han figurado los ex gobernadores Miguel Márquez y Juan Manuel Oliva Ramírez, así como el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, quien acumula 13 años en el cargo pese a un aumento desmesurado en la violencia y crímenes de alto impacto.
En el sexenio de Juan Manuel Oliva en 2012 tuvo lugar uno de los eventos más memorables para la fe católica del estado: la visita del papa Benedicto XVI, quien en la única visita al país durante su pontificado únicamente estuvo en Guanajuato. El pontífice hizo un recorrido en las calles de León, ofició una misa privada en el Colegio Miraflores, institución de alto prestigio en la misma ciudad.
En la capital se reunió con el presidente de la República, Felipe Calderón y emitió un mensaje para la niñez en la Plaza de la Paz, el corazón de la ciudad de Guanajuato.
Otra figura panista que ha mostrado públicamente su simpatía con el partido ultraconservador español VOX, ha sido la senadora originaria de León Alejandra Reynoso, quien aspira a ser candidata a gobernadora. Éste partido también ha sido ligado a organizaciones Yunquistas.
10 de octubre de 2023, 15:11
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