La imagen del autoritarismo ha cambiado. Ya no necesita tanques en las calles ni golpes de Estado. Hoy, como advierte el informe Time, Space and Information: Lessons Learned from the Abuse of Law to Attack Civic Space/ Tiempo, Espacio e Información: Lecciones Apendidas del Abuso Legal para Atacar al Espacio Cívico (International IDEA, 2025), los gobiernos autoritarios se perfeccionan en los pasillos del Congreso, los tribunales y las oficinas de los reguladores. No derrocan instituciones, más bien las vacían por dentro. A los medios libres y ONG's las ahogan con auditorías, demandas y leyes a la medida. El arma es el abuso calculado de la ley.

El estudio, elaborado por la investigadora Madeleine Rogers y para el cual se realizó una consulta a diversos actores sociales de América Latina y Europa Central y del Este, analiza más de una veintena de países en los últimos 10 años para identificar los patrones de lo que denomina lawfare autoritario. Todo en el marco del llamado retroceso democrático. Nos expone con detalle el uso del derecho y las instituciones como herramientas de represión política y control social.

La tesis central es que el autoritarismo contemporáneo se disfraza de legalidad. Los regímenes de nueva generación no violan abiertamente la Constitución; la reinterpretan o la cambian hasta hacerla irreconocible. Amplían los límites del derecho para ejercer un poder centralizado y discrecional, minan los contrapesos, cambian las reglas del juego para permanecer en el poder, inhiben la crítica. Consideran su mayoría —a fin de cuentas provisional— como la única legítima sin posibilidad de que se configuren otras.

El informe identifica tres dimensiones en las que este fenómeno se despliega: el tiempo, el espacio y la información.

En el tiempo, los gobiernos aceleran procesos legislativos o judiciales para imponer reformas sin deliberación, o al contrario, los alargan indefinidamente para agotar a los actores críticos.

En el espacio, imponen restricciones burocráticas y regulatorias que estrangulan el trabajo de organizaciones civiles, medios independientes o universidades.

En la información, controlan el flujo de datos públicos, manipulan la publicidad oficial o censuran con excusas de “seguridad nacional” o “combate a la desinformación”.

El resultado es un ecosistema democrático en apariencia funcional, pero profundamente corroído con medios autocensurados, jueces intimidados y una sociedad civil fatigada por litigios interminables. El reporte llama a este fenómeno “la asfixia legal de la democracia”.

El informe cita ejemplos de distintas geografías. El uso de leyes de “agentes extranjeros” en Rusia y Nicaragua; la persecución judicial a organizaciones en El Salvador o Turquía; y la captura de los reguladores de medios en Hungría y México. En todos los casos, el patrón es que la legalidad se convierte en coartada. Se lleva a la democracia a sus límites. Como señala la politóloga Nadia Urbinatti, los populismos autocráticos necesitan de la democracia para vivir de forma parasitaria, aunque la vacíen de contenido para perpetuarse.

Pero más allá del diagnóstico global, el texto tiene resonancia inmediata en nuestra región. En América Latina, la expansión de leyes de vigilancia, las reformas que reducen el control judicial y la captura de organismos autónomos replican esa tendencia con matices locales. México, por ejemplo, discute y aprueba leyes que amplían la capacidad del Estado para acceder a datos personales, geolocalizar ciudadanos o bloquear contenidos digitales. Y, simultáneamente, avanza reformas que capturan al Poder Judicial, debilitan el amparo y las suspensiones que podrían frenar esos abusos.

La advertencia de IDEA Internacional es tan simple como urgente: una democracia sin espacio cívico no sobrevive. Contrario al mantra populista, el derecho a expresarse, organizarse y fiscalizar al Gobierno no es un accesorio liberal, sino el sistema inmunológico de las democracias. Cuando ese sistema se debilita, el cuerpo político puede seguir de pie por un tiempo, pero ya está enfermo por dentro. En casos extremos, los autócratas que juegan con los límites a su poder en el marco de la democracia, caminan a la dictadura pura y dura. El brinco al poder absoluto y sin máscaras es siempre una opción que algunos terminan por consumar, como en Venezuela o Nicaragua.

El informe concluye con una idea poderosa, afirmando que la defensa del espacio cívico no puede depender de la buena voluntad de los gobernantes, sino de instituciones con “resiliencia democrática”. Esto implica mecanismos que limiten la discrecionalidad, protejan a quienes critican al poder y garanticen la independencia informativa.

En tiempos donde el autoritarismo se legaliza, este documento se vuelve una lectura indispensable. Porque el retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega con una reforma que nadie leyó o que no causa mayor debate en la opinión pública. En este contexto, cuando la ley se convierte en mordaza y las instituciones en armas, la defensa de los derechos fundamentales se vuelve un acto de resistencia.