Hace unos días, específicamente el 22 de septiembre, el INEGI hizo pública la encuesta intercensal 2025 y por primera ocasión presentó información sobre el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) a nivel nacional y en las entidades federativas. Los Principios Rectores sobre DFI de la ONU definen como desplazados internos a “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” (Preámbulo).

En Guanajuato los datos son relevantes, ya que según el informe este fenómeno sí existe en la entidad, que se ubica en el lugar 14 a nivel nacional. Según la encuesta, de 2020 a 2025 en Guanajuato, se registraron 25.9 mil hogares donde al menos una persona se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o a la inseguridad, lo que implica que 87.1 mil personas podrían encontrarse en condición de DFI. También habría 13.6 mil personas desplazadas por las catástrofes naturales, lo que significa más de 4 mil hogares en la entidad. Es decir, casi 100 mil personas en Guanajuato habrían salido de la entidad debido a la violencia o a las catástrofes naturales. Todo un problema humanitario.

Esta información no es nueva, desde 2020 la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha documentado que un grupo cada vez más numeroso de familias de personas desaparecidas han sido desplazadas a otras entidades o han salido del país, producto de las amenazas, la desaparición o los asesinatos de personas buscadoras. Así lo han manifestado en informes ante el Examen Periódico Universal (EPU) y ante diversos Procedimientos Especiales de la ONU, tales como la Relatora Paula Gaviria, experta internacional en la materia. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó este año un libro en el que se muestra la evidencia de este trabajo de campo.

La intercensal debe ser una oportunidad para elaborar un diagnóstico del impacto del DFI en Guanajuato, aprobando un marco normativo o de política pública para proteger a las víctimas de la violencia que además enfrentan el desplazamiento.

¿Qué existe a nivel local?. Hay que señalar que hace 14 años se aprobó la primera legislación local en la materia, y a partir de ese momento se han desarrollado legislaciones y se han propuesto diversas políticas en materia de prevención y atención del fenómeno, especialmente para atender a las víctimas, que en el caso de Guanajuato son personas o grupos que ya han enfrentado incidentes de violencia, y que salir de sus lugares de origen por amenazas o actos consumados de agresión por buscar, se constituyen como una victimización sucesiva o continuada, como la ha llamado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta debe ser una oportunidad para proponer acciones para atender este fenómeno, 100 mil guanajuatenses lo exigen.