La disculpa pública que realizara el gobernador de Guanajuato a 324 víctimas por las múltiples violaciones graves recibidas en los albergues de la Ciudad de los Niños, dirigidos por el padre Pedro Gutiérrez Farías, la hizo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo porque "institucionalmente debe cumplir" con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recomendación que resulta “extemporánea y desfasada” de la realidad, según la opinión de José de Jesús Centeno Carillo, abogado del sacerdote.

Se refirió también a la omisión sobre la que han callado las autoridades de Guanajuato, de cómo se “perdieron” cinco menores que estaban bajo el resguardo del DIF Estatal, luego de que este organismo interviniera el albergue. Aunque cuatro alcanzaron la mayoría de edad, un quinto, quien “escapó” hace un año, fue asesinado hace tres meses en esa misma ciudad, Salamanca. El propio litigante, dijo, tuvo que ir a reconocer su cadáver.

También aseguró que no le pueden fincar responsabilidad a su representado por el registro de los 169 niños, niñas y adolescentes (NNA) porque fueron las autoridades quienes autorizaron el proceso y no solicitaron ningún documento “por razones humanitarias”, por lo que espera no se politice el tema para que no le nieguen los permisos para la reapertura del albergue.

El albergue de la Ciudad de los Niños estuvo trabajando por 40 años bajo el cobijo y protección de políticos estatales y locales del PAN, PRI y ahora con el apoyo económico de la administración municipal de Salamanca de Morena al pagarle una renta por el albergue de la Ciudad Juvenil.

Ciudad de los Niños en Salamanca. Fotos: especiales

Adolescente en custodia del DIF fue asesinado

Después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diera a conocer su recomendación por la violación reiterada a los derechos humanos de los menores en el albergue, vino la disculpa tardía del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para los 324 menores.

Sin embargo, el abogado José de Jesús Centeno Carrillo informó algo omitido por el estado, que hace dos años escaparon cuatro menores de la custodia del DIF Estatal, luego de que este interviniera en el albergue. En la tramitación del amparo, uno de los cuatro alcanzó la mayoría de edad y se sobreseyó, los otros tres cumplieron ya la mayoría de edad y han regresado con el padre Pedro, pero hace un año escapó otro menor de 16 años, quien estando en custodia del DIF también escapó y luego fue asesinado.

“Dos años para acá se escaparon (4) y uno (el quinto) murió acribillado hace tres meses, nadie quería ir a reconocer a su hermano, yo tuve que ir como abogado por el muchachito que estaba hecho pedazos... El nombre es Jonathan Esaú Gutiérrez Jiménez de 16 años, hijo del padre Pedro Gutiérrez Jimenez, quien se escapó buscando regresar a su casa de la Ciudad de los Niños, donde (supuestamente) está la tortura, crueles actos e inhumanos, abuso sexual”. El abogado agregó que fue él quien lo identificó en la morgue.

En 2019, dijo, le tramitó un amparo para que no regresara donde lo tenía el DIF estatal, luego que el menor lo buscó en sus oficinas. “Yo lo quise agarrar y detenerlo para llevarlo a las autoridades, lo primero que me dijo 'usted que me agarra y yo que me suicido', yo le dije no”. De ahí que Centeno Carrillo cuestione por qué las autoridades no informaron de ese caso o quién omitió la información.

Recomendación "desfasada"

El representante legal de Pedro Gutiérrez Farías, incluso calificó de “error” que las autoridades se llevaran “de a montón” a los “hijos” del padre, porque en el albergue había una figura paterna y materna y al sacarlos “a un entorno institucional, ¿quién es el padre, la madre en el DIF?, es ahí donde Derechos Humanos no tiene la sensibilidad para buscar el encuentro de identidad, es ahí donde deben trabajar, en lo profundo, lo más íntimo, ¿estás a gusto aquí, deseas permanecer? No sacar a todos los niños, llevárselos a todos, destruirles la figura, muchos escaparon” explicó.

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo, está “desfasada” porque la integró con las primeras entrevistas que recaudó el DIF y no por las Fiscalías del estado y federación. Y aseguró que el hecho de que el gobierno del estado aceptó la recomendación y realizó la disculpa pública es porque institucionalmente deben cumplir.

(Lo hizo) “Por quitarse la recomendación de encima, pero saben que esa disculpa pública no puede ser con toda prioridad algo que sea justo, sano, honesto porque ellos mismos han realizado sus investigaciones, tienen la carpetas de investigación y piden una disculpa pública de algo que todavía no han juzgado”, explicó.

No “hay zonas de tortura y lugares donde supuestamente se violentaron sexualmente a las personas” y no es que desestime la recomendación, señaló, “ellos se quedaron con la parte inicial que fueron las primeras declaraciones de los menores, ya después no continuaron, ellos con todo el demás expediente, no sé por qué no se habla de los procesos que por vía alterna se terminaron”.

“... no hay esos tratos crueles inhumanos, abusos sexuales y de esa magnitud como lo señala la Comisión... (pero son) las fiscalías las encargadas de determinar si hay delito o no”, dijo.

Pedro Gutiérrez Farías, sacerdote y director del albergue Ciudad de los Niños.

También señaló que el registro de los menores con los apellidos del padre Pedro y las religiosas “no es un delito imputable al padre ni un delito de ellos... si la ley les marcaba algún trámite, requisito que debieron haber cubierto y si no lo hicieron, tuvieron alguna razón justificada para emitir el acta de 169 menores que ahora son profesionistas, jueces, magistrados, ministerios públicos”.

Siguió “Él (padre Pedro) no presentaba documentos, pruebas, se le registraba por los gobierno por una razón humanitaria, no había ningún acta para sustentar que tuvieron algún nombre, a nadie se le borró el nombre, eran personas que no tenían identidad, los gobiernos anteriores registraban a los menores sin ninguna forma legal, ningún requisito”.

El abogado también negó que se haya dado en adopción a menores a cargo del albergue y explicó que abrirán las puertas del centro de acogida para que conozcan las instalaciones.

“Que vean que no hay zonas de tortura y áreas donde supuestamente se pudo haber violentado sexualmente a las personas, ni mucho menos que se hayan hecho cuestiones prohibidas, no, nada de eso. Se habla lo mal del padre, de la asociación, pero no se habla que por ejemplo del registro de 169 niños que eran de un baldío, ¿usted cómo los va a registrar, con qué nombre?, si vienen de un baldío, de un excusado que los tiraron en el excusado y ahora son jueces, magistrados, ¿usted cree que ellos tengan alguna queja de su casa?”, argumentó José de Jesús Centeno Carrillo.

Sin embargo, dijo no haber escuchado el ruego de “Paloma”, quien al relatar parte de los abusos que sufrió en el albergue, solicitó lo cerraran. Agregó que luego que lo revise, se fijará postura al respecto.

Los trámites para la reapertura del albergue siguen y espera que con la recomendación “no se politice” y tampoco se la nieguen.

“Legalmente no debe interferir la recomendación porque está atrasada, la Procuraduría ahora Fiscalía hizo bien su trabajo, la Fiscalía General de la República hizo bien su trabajo en su momento, no tiene por qué interferir una recomendación si ya las autoridades encargadas en la investigación de los ilícitos han determinado ya sus investigaciones, la recomendación que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está extemporánea, desfasada”.

Finalmente, recordó que jurídicamente el amparo que presentó en el órgano colegiado lo resolvieron favorable (al padre), donde el juez pide se investiguen (exclusivamente) los hechos y no “se crucifique” a Gutiérrez Farías antes de la investigación.