* Con información de Edith Domínguez

“Cuanto hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste”, dice la frase grabada en la enorme cruz pétrea que domina el patio contiguo a la capilla de la Ciudad de los Niños en Salamanca.

Es el resumen de una cita bíblica del Evangelio de Mateo, que la Iglesia católica invoca en el comienzo de la Cuaresma.

A los pies de la cruz hay una protección de herrería y un círculo de plantas y flores bien cuidadas, como cuidadas lucen las jardineras llenas de árboles; limpios los patios, los salones, los dormitorios de varones y mujeres, el comedor donde el cura Pedro Gutiérrez Farías recibió a periodistas en la mañana del lunes 15 de junio.

Dos semanas atrás, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asestó el golpe inesperado al sacerdote, fundador y cabeza de la asociación civil que abrió y administró por décadas seis albergues para niñas, niños y jóvenes, detrás de cuyas puertas se ejerció una tutela sin más ley que la que suele unir a lo que es de dios con lo que es del César; a las jerarquías católicas con las jerarquías del poder: la mutua conveniencia, la mutua protección.

La recomendación 32VG/2020 surgió de una decisión de la CNDH de atraer una investigación sobre estos albergues por la situación vulnerable de las personas que en ellos se encontraban, el 19 de julio de 2017. Esa investigación fue desahogada por personal del organismo durante casi tres años, hasta que se acordó la recomendación el 19 de mayo y se publicó el 28 de ese mes.

Fotos: Verónica Espinosa.

En sus 507 páginas, el organismo defensor de los derechos humanos describió que 324 menores, adultos y personas que presentaban discapacidades diversas albergados en la Ciudad de los Niños de Salamanca sufrieron por un indeterminado número de años violaciones graves: abuso sexual, tortura, pérdida de identidad, maltrato infantil, condiciones insalubres, de promiscuidad y riesgo, así como de abandono educativo.

Es cierto que parte de su contenido era ya sabido en Guanajuato desde el año 2017. La perspectiva amplia de la jueza de distrito en Irapuato Karla Macías Lovera para mirar -en el caso particular de una niña que había sido sacada de la Ciudad de los Niños y era reclamada de regreso por el cura Pedro- fue más allá de lo que otras muchas autoridades miraron, supieron y anotaron en bitácoras, informes, registros y averiguaciones previas con las que no hicieron absolutamente nada.

Esas huellas dejadas por servidores públicos de todos los niveles fueron algunas de las piezas con las que, por casi tres años, personal de la CNDH terminó de armar el rompecabezas que contribuyeron a dispersar las instancias de procuración de justicia de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, cuya actuación al conocer de estas denuncias fue archivar, reservar, no ejercer acción penal.

Está documentado por la CNDH cómo la Procuraduría de Justicia (actual Fiscalía) guanajuatense acordó el no ejercicio de acción penal alguna por denuncias de abusos o maltrato a menores en cuatro o cinco carpetas en un mismo día -el 13 de septiembre de 2017- y con iguales argumentos, “por falta de elementos”.

En 24 carpetas de investigación, seis causas penales (ante jueces); cuatro juicios de amparo, tres averiguaciones previas, un exhorto y dos recursos de revisión judicial, la CNDH encontró los dichos de las víctimas y peritajes psicológicos en los que se concluían daños, afectaciones, depresión, ideas suicidas e impactos similares.

El personal del organismo viajó a Guanajuato y a Michoacán para entrevistar a 23 funcionarios, 17 indiciados, 29 testigos, ocho denunciantes y a 86 menores y adultos que estuvieron en dichos albergues, los cuales también conoció y recorrió.

Al final, los peritos e investigadores de la CNDH avalaron las evidencias de tortura en agravio de 21 personas menores de edad y 10 personas adultas que viven con discapacidad; violencia sexual en contra de nueve adolescentes y cuatro personas mayores de edad; trato cruel inhumano y/o degradante en perjuicio de 17 personas menores de edad y dos personas adultas.

Son 45 tomos con más de 36 mil 800 fojas las que integran este expediente de la CNDH, que documenta los actos cometidos en contra de 324 niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual durante su estancia en los seis centros asistenciales dependientes de la asociación civil constituida el 19 de abril de 1978 con el nombre “Ciudad de los Niños de Salamanca, A.C.”.

La asociación tenía como objetivo, por cierto, “el fomento y desarrollo de las actividades sociales, culturales y deportivas con fines benéficos y el establecimiento de centros sociales de enseñanza dedicados a la niñez”.

El propósito escrito en el papel y un sacerdote católico al frente, tuvieron como respuesta una vasta generosidad de gobernantes a costa del erario público, con el que le tendieron mucho, mucho más que una mano. “Muchos gobernadores antes que Márquez”, se dijo el lunes 15.

Y también Miguel Márquez y varios de sus secretarios… incluyendo al actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. De hecho, mucho antes que este gabinete en parte repetido de la administración anterior, que tuvo indicios de lo que allí ocurría, por denuncias que llegaron al ministerio público, fue el actual fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Calmen al padre Pedro

El lunes 15 de junio, rodeaban al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías sus abogados, con José de Jesús Centeno Carrillo al frente; el también cura Humberto Rivera Villegas.

A un costado, una docena de jóvenes -la mayoría hombres- permanecieron de pie pero sin quedarse quietos; entraban y salían del comedor, ahora un amplio cascarón con apenas algunas mesas y sillas.

Gracias a la recomendación de la CNDH, se había esfumado el júbilo con que el sacerdote y su abogado abrieron las puertas de este mismo albergue hace poco más de un año, cuando creyeron haber librado la instrucción de la jueza Karla Macías de desahogar investigaciones y procesos administrativos en contra del sacerdote y sus colaboradores. Un Tribunal Colegiado había revocado la resolución de la jueza argumentando que sólo podía atenderse por la situación de una menor, no del resto de quienes se encontraban en la Ciudad de los Niños.

Sin el tono festivo con el que celebraron la decisión de Tribunal Colegiado y elogiaron “el puntual trabajo de la Procuraduría de Justicia (actual Fiscalía, en ambas etapas con Carlos Zamarripa al frente) que no encontró ninguna prueba”, el abogado Centeno y el cura Pedro Gutiérrez repetirían prácticamente lo que han sostenido en estos tres años: el cura es un benefactor que abrió los albergues para ayudar; no ha cometido delito alguno; más de dos mil personas han pasado por estos centros, “gente de bien, hay jueces, magistrados”.

Que se peleará para seguir operando los centros de asistencia. Y que todos ven en el sacerdote Pedro a una figura paterna, a su única familia. “Papi”, le llamaron algunas de las personas reunidas a su alrededor ese lunes.

Un hombre que dijo ser otro “de los hijos del padre Pedro” circulaba entre las y los periodistas páginas con un listado de nombres; algunos completos, de otros sólo aparecía el de pila, varios señalados con una cruz (personas fallecidas) y sus profesiones.

Había en la lista ingenieros, electricistas, empresarios, militares, sacerdotes, religiosas, enfermeros, cocineros, abogados, contadores, odontólogos, profesores, una trabajadora social, diseñadores gráficos, licenciados en administración.

“Son personas que han estado en la Ciudad de los Niños”, explicaba el hombre. Las listas más numerosas son de sacerdotes (23) y religiosas (21). De más de 2 mil personas que pasaron por estos albergues, en la lista fueron anotadas 88.

“Lo de nosotros, para que sepan, no es un altruismo, no es un favor, es un apostolado. Somos apóstoles”, se auto definió el sacerdote en una de las dos o tres intervenciones en este encuentro, en el que hubo regaños para las y los periodistas “por hacer caso a las tonterías” que sobre él se han dicho por autoridades que “quién sabe si sean”.

Fue evidente su esfuerzo por contenerse; y frecuentemente volteó a ver a quienes están a sus flancos -el abogado Centeno a su derecha y el sacerdote Rivera a su izquierda-, quienes optaban por ponerle la mano en el brazo o la pierna, o interrumpirlo cuando su tono de voz comenzaba a subir, como sus manos o como sus brazos que descruzaba, agitaba, volvía a cruzar.

“Son injustas (las recomendaciones de la CNDH)”, soltó.

-¿Injustas por qué?-

“¡Porque no me han probado nada! Yo puedo decir que usted me robó cinco millones, pero si no lo demuestro, ¿por qué? ¿Nada más porque lo dijo un niño, porque lo hicieron hablar, porque la que se dice o se dijo que era psicóloga le puso lo que quiso en la hoja?”

-Pero las autoridades concluyen que sí hubo abusos-

“Yo no sé si eran autoridad o no la gente que vinieron aquí a descomponer lo que teníamos…”, dice, antes de interrumpirse a sí mismo. “Ya, ya me voy a calmar… lo que digan mis managers”.

El cura fue interrogado sobre los bienes que tiene a su nombre, pero el sacerdote Rivera respondió en su lugar. “Se habla de un número exagerado, de 30… pero nada más son cuatro y no son para su beneficio, sino en bien de la Ciudad de los Niños”, es su intento de aclarar el patrimonio personal de un hombre al que él asegura haber visto “con los zapatos rotos por debajo”.

Rivera también declaró algo que nunca antes fue mencionado, ni por el cura Pedro ni por su abogado Centeno: que los albergues que son identificados por las autoridades (incluyendo a la propia CNDH) en las distintas ciudades como parte de la administración que encabeza la sociedad civil Ciudad de los Niños, no forman parte de la misma, “son otras sociedades”.

“A lo mejor en el aspecto humano, afectivo, el padre Pedro es una cabeza, pero en lo administrativo, legal, son personas distintas. Gobierno del estado decidió que todos éramos uno”, sostuvo con aparente contundencia.

Ilustración: Pinche Einnar

…Y la Iglesia le suelta la mano

Al padre Pedro tampoco le gustó que se le preguntara sobre el respaldo que tiene o no de la jerarquía católica a través de la Diócesis de Irapuato, a la que está adscrito.

Una reportera citó una declaración que días atrás dio el obispo Enrique Díaz en la que éste deslizó que, aunque el cura no ha sido amonestado o sancionado, permanece alejado de los servicios religiosos.

“Esas son mentiras, me van a calentar… ¡el obispo no dijo eso!” reaccionó Pedro Gutiérrez.

Una vez más, el padre Rivera cortó los ímpetus furiosos del fundador de la Ciudad de los Niños: “El señor Obispo no lo pudo haber dicho así nada más, tuvo que haber mostrado un documento. No se puede decir nada más, cuando don Enrique, a través de un grupo de muchachos de aquí de la casa le mandó decir al padre que tenía la oportunidad de seguir celebrando…”.

También aseguraría que el cura había dialogado con el obispo Díaz “muchas veces” y que éste había tratado de dar un soporte al padre “desde siempre”.

Pero unas cuantas horas después, desde la propia Diócesis de Irapuato el obispo Díaz retiraría lo que podría ser el último apoyo para el cura Gutiérrez.

El deslinde fue claro. El reconocimiento de la omisión de la autoridad eclesiástica frente a las denuncias ante las autoridades civiles, inexistente en los siete puntos del comunicado de la Diócesis irapuatense:

“Se le ha invitado (al sacerdote Pedro) a presentarse con el Obispo de Irapuato para determinar su situación ministerial en esta diócesis, sin haber obtenido respuesta hasta ahora. Hasta el momento el sacerdote no está suspendido, ni pesa sobre él ninguna pena canónica, pero no están en regla sus licencias ministeriales.

“Desde el año 2017, la Santa Sede y la Nunciatura Apostólica en México, fueron enteradas de la situación de ese momento. Ahora, de acuerdo a los protocolos establecidos por la CEM, deberá enterársele del estado actual del caso, y estaremos a la espera de lo que ella determine para inmediatamente acatar sus indicaciones.

“Como Iglesia nos duele cualquier atentado contra los niños, adolescentes y personas vulnerables, y reprobamos cualquier conducta de abuso contra ellos. La Iglesia está del lado de las víctimas. Por eso, esperamos y pedimos que todo se aclare conforme a la justicia civil y eclesiástica. La Diócesis de Irapuato no protegerá a ningún clérigo ni consagrado que cometa este tipo de acciones reprobables”.

Por primera vez en los más de 40 años que tiene el sacerdote Gutiérrez Farías al frente de los albergues, la Iglesia católica marcó su raya, “la diócesis no tiene competencia directa en la asociación civil, ya que no es una obra eclesiástica”.

Pero el mismo comunicado exhibe que sí funcionó una congregación religiosa en la atención de la Ciudad de los Niños, como un proyecto del cura Pedro.

Esa congregación fue permitida en calidad de ad experimentum (para experimentar) desde el año 2004 “y fue suprimida el 1 de enero de 2020 por no haber cumplido los requerimientos necesarios para su aprobación definitiva”.

La Iglesia necesitó dieciséis años para concluir que éste fue un experimento fallido.

"El cuartito", descrito en varios testimonios como un lugar de castigo, "la cárcel".

Epílogo… y cervezas

Al final de la conferencia de prensa, el sacerdote volteó hacia el grupo de jóvenes de pie en el salón, e hizo una petición a las y los reporteros.

“¿Por qué no los entrevistan a ellos? Si ellos les dicen: ‘a mí me hicieron’, yo me derroto y que me castiguen, y duro. Si no ¿por qué, por qué me pegan?”, y pide a los muchachos que hagan un recorrido y muestren todo el lugar.

Ya afuera, en uno de los patios del albergue, el cura Pedro parece relajarse; ríe, se toma fotografías y se abraza con algunos de los adultos que aparecieron junto a él ante los medios. Y pide de nuevo:

“Un favorcito, me lo conceden… ¿ustedes creen, les pregunto a ustedes, que si yo les hubiera hecho mal a estos muchachos, de todas las babosadas que se han dicho, estarían conmigo?... ya, ya me voy a calmar”, se frena cuando uno de sus acompañantes le pone una mano en el hombro.

Algunos de esos jóvenes platican que estuvieron en la Ciudad de los Niños hasta que el DIF estatal entró y se hizo cargo de la tutela de quienes estaban ahí en 2017. Aseguran que se escaparon del centro de asistencia del DIF en la capital a donde fueron llevados; que en cuanto cumplieron los 18 regresaron a Salamanca, que el sacerdote es para ellos su papá.

"El Papi".

La historia es contada igual por unos y otros jóvenes. Mientras tanto, es posible entrar a los dormitorios, subir a la azotea, toparse con una foto de Pedro Gutiérrez rodeado de adultos, jóvenes y menores de su familia consanguínea, la de Quiroga -su pueblo natal-.

En ese mismo muro está una enorme fotografía del sacerdote, varios años atrás, sentado en un sillón y sobre cuya pierna derecha está escrita esta dedicatoria:

“Con todo mi amor para mis hijos, para que siempre que la vean pidan por mí y que nunca se les olvide esto: 'Estudien, estudien, estudien'. Con mi bendición”.

En el techo hay varios calentadores solares; los baños tienen puertas nuevas; se ve un trabajo de impermeabilización reciente, últimos vestigios de la ayuda gubernamental. El contraste salta en los dormitorios, donde las camas tienen bases de ladrillo y cemento, en la mayoría no hay colchones. Entre cama y cama, los armarios son pequeños cajones de lámina con una pintura blanca que ya deja ver el óxido.

El pasillo que comunica a las dos alas de dormitorios de varones es angosto y oscuro. La descripción del espacio en las declaraciones de los menores reproducidas tantas veces permite ubicar el “cuartito” o “la cárcel”, ese lugar de encierro por días y sin comer que representaba una de las formas de castigo impuestas en el albergue, según esos varios testimonios.

En un rincón junto a la puerta de acceso al segundo salón de dormitorios, un marco con dos bisagras sin puerta muestra el acceso a un espacio como a la mitad de la altura de los dormitorios, ahora empleado como bodega para un viejo televisor, bolsas negras con contenidos desconocidos…un “cuarto para tiliches”, aseguran los guías de este recorrido.

Apenas pasa del mediodía al salir de la Ciudad de los Niños. Unos minutos antes de dejar la calle “Pedro Gutiérrez Farías” -obra y gracia de alguna administración municipal- dos de los jóvenes que acababan de narrar su historia de reencuentro con el padre y la formación que dentro del albergue recibieron, aparecen caminando hacia el edificio, con dos caguamas envueltas en los brazos.

Más adelante, a un Oxxo cercano llegan en un taxi -que había permanecido estacionado afuera del albergue- otros de esos jóvenes, mujeres y hombres, presentados como “los hijos” del padre Pedro.
Salen instantes después, cargados de cervezas.

SE DISCULPA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ

Este jueves 18 de junio, el Ayuntamiento de San Luis de la Paz realizó una sesión extraordinaria del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde presentó su disculpa pública a dos menores de edad que, estando bajo la tutela del DIF municipal fueron resguardadas en el albergue de Ciudad de los Niños de Salamanca "y que ante la falta de supervisión, se toleró y permitió que quienes estaban a cargo de las mismas cometieran violaciones graves a sus derechos humanos". El acto protocolario, encabezado por el presidente municipal Luis Gerardo Sánchez, se realizó en cumplimiento de la recomendación 32VG/2020, en presencia de Ernesto Oliveros Ornelas, representante de la CNDH, así como de representantes del SIPINNA federal, estatal y municipal.