En la antesala de las fiestas decembrinas, el Congreso de Guanajuato se encerró a cumplir un ritual que duró más de nueve horas y que, paradójicamente, ya estaba resuelto antes de comenzar. Así, el presupuesto estatal para 2026 pasó por el Pleno sin el peso que exige la ley: analizar y discutir. Lo demás ocurrió fuera de escena, en acuerdos cocinados a puerta cerrada.

La sesión fue larga, pero no profunda. El debate público de la distribución de más de 140 mil millones de pesos, incluidos 8 mil millones de deuda y aumentos a contribuciones, quedó reducido a una formalidad, a una coreografía en la que cada diputada y diputado sabía de antemano cuándo levantar la mano y cuándo bajarla. No hubo escucha ni reflexión, solo siguieron los acuerdos pactados por y con el coordinador panista Jorge Espadas.

Acostumbrado durante más de una década a controlar el Congreso, el PAN ya no tuvo esta vez los votos suficientes para sacar adelante, en solitario, la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal. La gobernadora Libia García Muñoz Ledo pidió autorización para contratar deuda por 8 mil millones de pesos y el partido gobernante tuvo que salir a negociar.

El acuerdo llegó con el PRI, el PVEM y Movimiento Ciudadano: siete votos que bastaron para aprobar la deuda, a cambio de reasignaciones presupuestales por alrededor de 70 millones de pesos para esas fuerzas políticas.

Con el pacto sellado, la sesión para discutir el presupuesto de egresos del próximo año se convirtió en una simulación. Algunas diputadas y diputados ni siquiera lograban hilar sus reservas al leerlas en tribuna, pero eso era lo de menos: si la propuesta estaba dentro del acuerdo panista, pasaba; si no, se rechazaba. El guion ya estaba escrito.

Morena eligió el voto en contra del presupuesto, en sintonía con la línea marcada por su dirigencia nacional, encabezada por Luisa María Alcalde. Esa decisión cerró cualquier posibilidad de que las reservas del grupo parlamentario fueran respaldadas por el PAN y sus aliados. No importó que, en los hechos, coincidieran en la necesidad de destinar más recursos a pueblos y comunidades indígenas, a la reconstrucción mamaria o a un refugio para mujeres. Si la propuesta llevaba el sello de Morena, se votaba en contra; si la misma idea reaparecía con otro logotipo, avanzaba sin problema.

Aunque todo estaba planchado, la discusión de los egresos se extendió durante horas. Morena decidió entonces convertir la inconformidad en gesto político: abandonó el salón del Pleno. Sus reservas, que buscaban reorientar alrededor de 300 millones de pesos para pensiones de personas con discapacidad, saneamiento de aguas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de las Mujeres o la prevención de adicciones, habían sido rechazadas una a una.

El contraste era evidente. Para 2026, el programa “Vive sin Adicciones” recibió solo 5 millones de pesos, muy lejos de los 21 millones asignados en 2025.

Aún más escandaloso fue el caso del programa para prevenir la violencia de género y el embarazo adolescente: apenas 75 mil pesos en un estado con Alerta por Violencia de Género y donde, según datos oficiales, en 2024 se registraron 11 mil 699 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años, además de 385 embarazos infantiles.

Antes de salir, el diputado Antonio Chaurand tomó la palabra. Denunció que las reservas de Morena habían sido “automáticamente rechazadas”, sin atender los argumentos presentados. Habló de tendencias partidistas, de oídos cerrados, y anunció que toda la bancada dejaría la sesión.

Mientras sus compañeras y compañeros recogían sus cosas, ocurrió una escena inesperada. La diputada María Eugenia García Oliveros pidió la palabra y se desmarcó de la huida. No abandonaría el Pleno. Se quedaría.

"Por respeto a los ciudadanos y toda vez que nada más venimos una sola vez aquí al Pleno, yo sí me voy a quedar", dijo.

Desde las curules del PAN llegó el aplauso.

Su decisión no pasó desapercibida. Horas antes había sido destituida de la presidencia de la Comisión de Justicia, a propuesta de su propio coordinador, Ricardo Ferro Baeza, para ceder el lugar a Abraham Ramos Sotomayor.

García Oliveros denunció violencia política en razón de género, pero su permanencia en el Pleno y sus votos a favor de algunas reservas del PAN y de Movimiento Ciudadano la mostraron, cada vez más, del otro lado del salón.

En la sesión también permaneció Ernesto Millán Soberanes, vicepresidente de la Mesa Directiva, y más tarde regresó Maribel Aguilar. El resto de Morena no volvió.

Al final, el presupuesto se aprobó como estaba previsto desde el inicio. Afuera, Guanajuato seguía con su cuenta regresiva hacia las fiestas. Adentro, el Congreso cerró el año confirmando que, al menos en materia presupuestal, la discusión pública había sido sustituida por el acuerdo previo, y la sesión por el trámite.

Línea y lucimiento para quienes pactan

La ruta del dinero también tuvo su propio mapa, y no fue difícil seguirlo.

La línea fue clara desde el inicio: la mayor parte de las reasignaciones presupuestales salieron del programa de Infraestructura para la Conectividad Digital en el Estado, un proyecto de la Secretaría de Obra Pública que ya venía inflado; para 2026 traía un aumento de 200 millones de pesos respecto a 2025, así que no sorprendió a nadie que de ahí se tomaran el 97 por ciento de los recursos para ajustar cuentas. El resto del dinero se completó con recortes al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal Estatal Electoral, dos organismos a los que se les redujo apenas 6 millones de pesos.

Más allá de las banderas personales de cada legislador, el patrón era evidente: había una instrucción no escrita para fortalecer programas de la Secretaría del Nuevo Comienzo y de Economía. El programa de Empleo Temporal recibió casi 33 millones de pesos adicionales; Mi Negocio Pa’ Delante sumó otros 19 millones. El dinero se movía con precisión siguiendo prioridades ya pactadas.

El Partido Verde Ecologista tuvo su turno y reasignó alrededor de 28 millones de pesos. Los destinó a programas de medio ambiente, agua potable para comunidades rurales y a los compromisos previamente acordados en la mesa de negociación.

El PRI, por su parte, dirigió unos 32 millones a programas para productores agrícolas, infraestructura y equipamiento educativo, además de un rubro que nunca falta en tiempos preelectorales: la pintura de fachadas.

Movimiento Ciudadano enfocó sus reasignaciones en causas sociales que ha defendido en tribuna: el refugio para mujeres y sus hijas e hijos, la escuela extendida, programas de turismo y la atención a la salud mental.

Cada partido salió con su lista cumplida, como quien pasa a recoger lo que ya estaba apartado.

En medio de ese reparto, el PAN decidió subir a tribuna una bandera discursiva que durante años había criticado: la austeridad. El partido que no perdió oportunidad de cuestionar la “austeridad republicana” del expresidente Andrés Manuel López Obrador ahora impulsó, a través de Juan Carlos Romero Hicks, la propuesta de no aumentar la dieta de las y los legisladores en 2026.

"Que los legisladores no tengan un solo incremento en su salario, esa es la propuesta que el PAN está haciendo… Consideramos que es muy importante que pongamos el ejemplo de austeridad y no incremento salarial", dijo Romero Hicks, con el matiz de quien sabe que la decisión final no está en sus manos, sino en el Comité de Estructuración Salarial, integrado por los tres poderes del estado, y que fue creado cuando él era gobernador entre 2000 y 2006.

En 2025, cada diputada y diputado recibió una dieta mensual bruta de 224 mil 437 pesos. Y en diciembre, mientras en el Pleno se hablaba de recortes y reasignaciones, las cuentas personales ya habían cerrado con números generosos: cerca de 600 mil pesos por legislador entre aguinaldo, prima vacacional y la dieta del mes.

Así, entre discursos de austeridad, bolsas ya repartidas y programas ajustados al margen del debate público, el presupuesto siguió su curso. El dinero cambió de etiqueta, pero no de lógica.

Fisura ya es una grieta en Morena

La mayoría de la bancada de Morena movió sus piezas y orquestó el relevo en la presidencia de la Comisión de Justicia, un espacio que durante más de un año ocupó María Eugenia García Olivares y que, en los últimos meses, se convirtió en el epicentro de la tensión interna.

García Olivares había pasado de ser parte del engranaje a convertirse en la voz disonante del grupo. Desde que no obtuvo el respaldo para asumir la coordinación de la bancada, la relación con el bloque dominante integrado por David Martínez, Hades Aguilar, Miriam Reyes y Ricardo Ferro, comenzó a fracturarse. La ruptura no fue súbita, sino una cadena de gestos y decisiones que fueron marcando distancia.

El primer movimiento fue una iniciativa que incomodó puertas adentro: proponer que las coordinaciones en el Congreso de Guanajuato se alternaran obligatoriamente entre hombres y mujeres.

Después vino algo más visible: la cercanía con la cúpula panista. García Olivares no ocultó su trato con Aldo Márquez y Jorge Espadas, encuentros que se encargó de subrayar cada vez que tuvo oportunidad.

De ahí surgieron acuerdos tácitos para llevar al Pleno reformas como el matrimonio igualitario, una causa impulsada por ella y que el PAN dejó pasar sin mayor resistencia. El costo habría sido mandar al archivo un nuevo intento por despenalizar el aborto, sin análisis ni discusión.

Con ese historial a cuestas, el desenlace llegó antes de que terminara el año. Morena decidió retirar a su compañera la presidencia de la Comisión de Justicia y entregar el cargo al diputado irapuatense Abraham Ramos Sotomayor. El relevo se presentó como un ajuste administrativo, pero el mensaje político fue claro.

Desde la tribuna, García Olivares respondió con dureza. Aseguró que el cambio promovido por su propia bancada era ilegal y denunció violencia política en razón de género por remover a una mujer para colocar a un hombre al frente de la comisión.

"Sin justificación, sin motivación alguna soy removida de la Comisión de Justicia" insistió.

En la misma propuesta no solo se modificó la presidencia de Justicia; también se removió a Ricardo Ferro de la Comisión de Turismo para que la diputada Miriam Reyes Carmona asumiera la titularidad. Con ese movimiento, la bancada argumentó que se mantenía la paridad de género en las presidencias de comisión.

El tablero quedó reacomodado y la votación selló el episodio: 25 votos a favor de los cambios, seis votos diferenciados y un diputado que decidió anular el suyo. Es decir, entre los votos a favor del movimiento están los panistas, pese a los coqueteos que ha tenido con el partido. 

Así, entre números, discursos y reproches, Morena cerró el año legislativo exhibiendo sus fracturas internas.