Guanajuato acaba de iniciar el proceso de aprobación del presupuesto para 2021 y no se esperan muchas sorpresas al respecto, el año pasado aumentaron impuestos locales y redujeron el dinero a organismos vitales en materia de derechos humanos, así, el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) tuvo una reducción del 35% de su gasto. Es penoso pensar que ni el IMUG ni la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) superen ni siquiera los 100 millones de pesos y que la Fiscalía General de Justicia (FGJEG) tenga un presupuesto de más 3 mil millones de pesos.

Mientras el eje de seguridad tiene casi 7 mil millones de pesos que equivalen a más del 11% del presupuesto total para el año que termina, instituciones que defienden derechos humanos y derechos de las mujeres ejercieron menos del 0.20 % del presupuesto total del estado para 2020. Lamentablemente para 2021 se espera un presupuesto similar.

El presupuesto para 2021 tiene retos importantes en materia de derechos humanos:

• Asignar fondos suficientes a la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que prácticamente ha operado sin recursos propios, lo que ha limitado el trabajo que debe cumplir por Ley.
• El Programa de Derechos Humanos para la entidad que tiene ya un rezago considerable y requiere de un presupuesto propio para que realmente pueda cumplir sus objetivos. Este Programa tiene más de 2 años elaborándose por la Secretaría de Gobierno y no se ha hecho público porque en realidad este Gobierno no está interesado en establecer compromisos en materia de derechos humanos.
• Que la Comisión de Búsqueda tenga presupuesto necesario para encontrar a las más de 2 mil personas desaparecidas en la entidad; pese a que el Frente por la Búsqueda en Guanajuato solicitó por escrito conocer el proyecto y el presupuesto de la Comisión, no hubo respuesta. Es inaceptable que la Comisión se mantenga como una Dirección General y que la Secretaría de Gobierno no haya destinado prácticamente ningún presupuesto adicional al recurso federal. Según la fórmula para la asignación de estos recursos, el Gobierno del Estado asignó sólo 1 millón 400 mil pesos, sólo el 10 % del monto aportado por el Gobierno federal.
• Por otro lado, apenas el 15 de octubre tomó protesta el Presidente de la Comisión de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) sin que se sepa claramente cuál es el presupuesto con el que arrancará la Comisión, tampoco queda claro el monto actual del Fondo de Atención a Víctimas del Delito que administraba la Fiscalía General del Estado y que será ahora responsabilidad de la CEAIV. Su proyecto financiero debe ser suficiente debido al gran reto que tiene por delante, en una entidad que tiene cerca de 3 mil homicidios dolosos en lo que va del año (enero-agosto de 2020). Ya hay un Fondo asignado para la atención, ahora es necesario asignar presupuesto para su organización y funcionamiento.

Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Foto: especial.

Dos ejemplos concretos de cómo el recurso para atender casos graves de violaciones a derechos humanos se utiliza con criterios discrecionales: el fondo que el Gobernador comprometió con las familias de personas desaparecidas el 16 de enero de este año, y los 40 millones del ya mencionado Fondo de atención a víctimas del delito que hasta ahora era manejado por la FGE

Como se recordará, después de mucha presión, el Gobernador se reunió con familias de personas desaparecidas y ofreció 10 millones de pesos para atender tres asuntos: búsqueda, identificación y atención a víctimas. Ninguno de los tres se cubrió como se ofreció, después de 10 meses se puede afirmar que el Gobernador mintió y que ese ofrecimiento era una manera de administrar política y públicamente la crisis. Por más exigencias que se han hecho para transparentar ese monto, sólo existen referencias informales de que se han gastado alrededor de dos millones y medio en apoyos a las familias, que han estado condicionados, han sido irregulares, no han sido universales y han incumplido lo establecido por la Ley General de Víctimas. ¿Qué pasará con el resto del Fondo?, el Gobernador señaló que eran “no limitativos”, ¿Eso qué significa?.

El otro ejemplo es el del Fondo de víctimas del delito, que ni Finanzas del Estado ni el Congreso, que tendría que fungir como un órgano de revisión, saben con precisión de cuánto se trata. Ello sin contar la opacidad y la discrecionalidad con la que se había administrado, y las resistencias del Fiscal por dejar de manejar los recursos, llegando incluso al grado de sugerir que la Fiscalía debía manejarlo y no la CEAIV, lo que hubiera sido un manejo político más de la Fiscalía, así controlaría el registro de víctimas y daría un uso político a los recursos, sin importar Leyes Generales y principios de atención a víctimas. Así las prácticas de la Fiscalía.

El Gobierno de Guanajuato está obligado a asignar los recursos necesarios para que las recién creadas Comisiones de Búsqueda y de Víctimas puedan cumplir realmente con su objetivo. En caso de seguir con la simulación presupuestal, la crisis de violencia, impunidad y falta de atención a víctimas, seguirá su círculo vicioso.