Más de 89 mil personas detenidas, ocho mil de ellas sin motivo, tres mil de ellas menores de edad. Al menos 403 muertes bajo custodia estatal, 540 desapariciones forzadas y miles de denuncias de tortura. Estas cifras provienen del diagnóstico presentado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La conclusión del informe “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública”, es contundente. Señala que las violaciones cometidas bajo el régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En el derecho internacional, ese término se reserva para ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil ejecutados como parte de una política estatal. Y eso es precisamente lo que el informe describe tras revisar testimonios de víctimas, investigaciones periodísticas y documentación oficial.

Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de excepción permanente. En nombre de la “guerra contra las pandillas”, el gobierno ha suspendido garantías básicas, ampliado el poder policial y militar y habilitado detenciones masivas sin controles judiciales efectivos. Es cierto que el país arrastraba una crisis de seguridad devastadora. Durante años, las pandillas sometieron a comunidades enteras al terror. Esa realidad explica el respaldo social que aún conserva la política de seguridad de Bukele. Pero comprender el hartazgo de la población frente a la violencia no significa justificar cualquier respuesta del Estado.

El régimen de excepción también ha venido acompañado de un progresivo cierre del espacio cívico y democrático. Periodistas, organizaciones sociales y activistas han denunciado vigilancia, campañas de estigmatización, exilio y persecución judicial.

Investigaciones internacionales han documentado casos de espionaje con software Pegasus contra periodistas y miembros de organizaciones civiles que investigaban abusos del poder. Hoy, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), más de 40 periodistas viven en el exilio. A esa lógica se suma la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que amenaza con asfixiar a organizaciones de derechos humanos, medios independientes y grupos de la sociedad civil.

Es una fórmula conocida en otros contextos autoritarios que tiene como característica criminalizar la cooperación internacional y presentar a la sociedad civil crítica como instrumento de intereses externos. El resultado es un escenario cada vez más preocupante donde se cometen todo tipo de atrocidades y se persigue de manera cruel a quien las denuncia.

El informe del GIPES advierte que el régimen de excepción ha estado acompañado de un debilitamiento sistemático de la separación de poderes y de las garantías democráticas, concentrando el poder en el Ejecutivo y reduciendo los controles institucionales. Ello ha permitido construir un poder presidencial sin límites, que tras la inconstitucional reelección de Bukele hacer dos años, perfila su perpetuación pretextando su popularidad.

La discusión no es sencilla, mucho menos las soluciones a la vista. La población tiene derecho a vivir sin miedo. El Estado tiene la obligación de combatir a las organizaciones criminales que durante décadas devastaron el país. Pero esa obligación no puede cumplirse mediante prácticas que reproducen la misma lógica de arbitrariedad y violencia que se pretende erradicar. 

La seguridad, para ser duradera, debe garantizarse con derechos humanos y, sobre todo, sin pactos políticos con pandillas. Porque es cierto, Bukele negoció con las pandillas como varios líderes mareros le confesaron al reconocido medio El Faro. Por lo tanto, la seguridad pende de la voluntad de las partes en un arreglo político, no de una estrategia permanente basada en el derecho y la justicia.

La historia latinoamericana está llena de gobiernos que prometieron orden a cambio de libertades. Muchos de ellos contaron, en su momento, con un amplio respaldo popular. Casi todos terminaron dejando democracias debilitadas, instituciones erosionadas y una larga lista de víctimas. Ese clamor punitivista y anti-derechos recorre la región otra vez, considerando atractivo al “modelo Bukele”. Pero el rey camina desnudo, y este informe es la culminación de cientos de denuncias realizadas por periodistas y activistas. La espectacularización de la “justicia” es una mascarada del acuerdo político con pandillas y la justificación para un agresivo modelo de control social.

Como lo señala el GIPES, El Salvador enfrenta una encrucijada. Puede consolidar un modelo de seguridad basado en el estado de excepción permanente, violaciones sistemáticas a derechos humanos, la concentración del poder y la persecución de la crítica, o puede reconstruir una política de seguridad compatible con el Estado de derecho.La seguridad puede construirse con derechos. De lo contrario, lo que termina desapareciendo no es el crimen, sino la democracia, la justicia y la paz.