La ciudad de León no podrá acceder a los 120 millones de metros cúbicos de agua por año establecidos en el convenio de El Zapotillo, debido a la oposición de 14 municipios de los Altos de Jalisco, los diez amparos que han logrado los habitantes de las comunidades susceptibles de ser inundadas y el fracaso de la privatización del acueducto que atraería el líquido.

Ante ello resultaría más viable un nuevo convenio modificatorio de los decretos federales existentes, por lo menos 3, que permitiera a León usar esa misma cantidad de agua de los derechos que tiene el estado de Jalisco sobre el volumen de la presa de Solís. Traer el agua de ese vaso en el sur de Guanajuato hasta León podría resultar más barato que el acueducto que iba a construir la empresa española Abengoa.

El fundador del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco y presidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago A.C., Manuel Villagómez Rodríguez firmó una carta en el periódico El Occidental en su edición de este lunes, dirigida al gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, donde argumenta la propuesta anterior.

El activista detalla que la negativa de proporcionar agua de El Zapotillo a León no es viable si no va acompañada de una alternativa de solución, por lo que complementa la postura del Observatorio Ciudadano del Agua con la idea de que Jalisco ceda los derechos de la mitad de los 240 millones de metros cúbicos que le otorgan dos decretos federales de 1995 y 1997 sobre el agua de Solís.

Manuel Villagómez, al micrófono. Foto: especial

Para Villagómez, la corrupción ha sido la causa del fracaso del Zapotillo:

“Es claro que en el proyecto del Zapotillo los promotores privilegiaron siempre el interés particular por encima del interés colectivo; ahí está el caso de la concesión a la empresa española Abengoa, S.A. de C.V. para venderle el agua del Río Verde a León por 25 años así como a Los Altos de Jalisco y construir los Acueductos Zapotillo-León y Zapotillo-Los Altos y por la corrupción, aquí se ha invertido mucho dinero.”

Imagen: Conagua

Desde el sexenio federal anterior la Conagua ya había concedido que fueran los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco quienes decidieran la mejor distribución del agua de sus cuencas, dice el autor al citar el oficio No. B00.812.-000930 de la Comisión Nacional del Agua que en la parte central dice:

“En referencia a sus propuestas invito a usted para que estas sean presentadas con los estudios técnicos debidamente sustentados a los estados de Jalisco y Guanajuato para que en apego a lo estipulado en el Artículo 115 Constitucional, ambos consideren las directrices que más convengan a sus intereses, esto para que en caso de que llegaran a un acuerdo consensuado valoren más a detalle las acciones de su propuesta, las formalicen mediante los instrumentos legales que existen para estos casos y de ser necesaria la intervención de las dependencias de la administración pública federal que de acuerdo a sus atribuciones sea de su competencia, estas actúen en apego a las leyes y reglamentos vigentes que en la materia apliquen y que en consecuencia consideren los mejores beneficios a los habitantes de ambos estados mediante el aprovechamiento de las aguas nacionales”.

El replanteamiento del debate ocurre, además, en momentos en que hay cambios en la alta burocracia federal vinculada al tema: hace apenas unas semanas renunció al Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico su director, Antonio Juárez Trueba, designado apenas en diciembre pasado, sin que hasta la fecha haya sido nombrado un nuevo titular.

La carta no ha recibido aún respuesta del gobierno de Guanajuato. A continuación el texto íntegro.