Con información de Martha Silva

Violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que pisan tierras guanajuatenses han sido registradas por lo menos en dos recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), al documentarse actuaciones arbitrarias de la Policía Municipal de Celaya en el año 2018.

Guanajuato creó una Secretaría del Migrante aprovechando el pasado cambio de gobierno, entre cuyas tareas se encuentra también la de atender el flujo de quienes cruzan la entidad desde países al sur del continente, en dirección a los Estados Unidos, fenómeno que se ha incrementado en los meses recientes.

La necesidad de atender esa situación queda de manifiesto en los hechos plasmados por las dos recomendaciones referidas.

Durante noviembre de 2018 el organismo que encabeza Raúl Montero de Alba revisó actuaciones de la policía de Celaya, luego de la detención de migrantes centroamericanos por pedir dinero en la vía pública, violentado protocolos y, además, dejándolos sin alimentos durante su detención en barandilla.

A pesar de documentarse las violaciones a los derechos de los migrantes, se emitió una recomendación en la que no se detallaron las acciones que debería iniciar el gobierno municipal en contra de los elementos que detuvieron a los hondureños por pedir dinero en la calle.

Lo que sí específica la recomendación es la solicitud de un procedimiento disciplinario a la coordinadora y juez calificador por no darles alimento ya recluidos en barandilla.

Además, se solicitó al gobierno de la panista Elvira Paniagua que destine una partida presupuestal para garantizar los alimentos en los separos.

Celaya es uno de los municipios de Guanajuato de paso migrante, al formar parte de la ruta que atraviesa el tren llamado “La Bestia”, aunque el recrudecimiento de la vigilancia por parte de las autoridades mexicanas en las últimas semanas ha llevado a estas personas en tránsito a dispersarse cada vez más en localidades donde no era común verlos, en su intento por evadir al Instituto Nacional de Migración.

Rumbo al albergue. Foto: rosaicela_

Los casos

El primer caso documentado que terminó en una recomendación de Derechos Humanos inició el 28 de abril de 2018, cuando dos hermanos de procedencia hondureña pedían dinero para subsistir en Celaya.

Ambos se encontraban en la Avenida Anenecuilco pidiendo dinero a los automovilistas, cuando dos elementos de la policía descendieron de una patrulla y les indicaron que no podían pedir dinero. Acto seguido, de acuerdo a la narración de hechos que hizo uno de los migrantes, fue esposado por un elemento de policía, al tiempo que lo amenazaba con deportarlo a su país de origen.

“La verdad es que me asusté mucho y empecé a forcejear con el policía, sin agredirlo, rogándole que me dejara ir, mi hermano iba a ir a ayudarme cuando otro policía lo persiguió. Me tenía tomado del cuello y la gente bajaba de sus vehículos y le pedían al policía que me dejara ir”.

Después de forcejear con el elemento que, incluso accionó un arma de fuego, momento que aprovechó para zafarse, fue resguardado junto con su hermano por un vecino, hasta que llegaron cuatro patrullas de policía.

Los argumentos de los dos elementos involucrados fue que intentaron detener a uno de los jóvenes por un reporte de intento de robo, aunque luego hubo inconsistencias en el resto de la declaración entre un elemento de la policía y otro.

Mientras uno aseguraba que el segundo motivo por el que intentaron detener a uno de los hermanos fue porque estaba obstruyendo la vía pública, el otro elemento señaló que el motivo era pedir dádivas en la vía pública.

Los testigos que estuvieron en la zona coincidieron en que ambos jóvenes migrantes pedían dinero de una forma respetuosa, cuando llegaron los policías para detenerlos, cuando personas que se encontraban cerca del lugar cuestionaban el por qué de la detención, los policías respondieron que era porque estaban bajo los influjos de drogas.

En la revisión que hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos al Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Celaya no viene ninguna restricción para que las personas pidan dinero en la vía pública, como lo argumentaron los policías cuando intentaron detener a los jóvenes hermanos de origen hondureño.

Por lo anterior, se emitieron dos recomendaciones: la primera para instaurar un procedimiento administrativo a los dos elementos que participaron en el intento de detención por violar los derechos a las personas migrantes. La segunda recomendación fueron capacitaciones para la corporación de policía municipal en el tema de uso de la fuerza, técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento, persuasión, negociación, mediación.

Policías de Celaya en capacitación. Foto: Municipio de Celaya

Este caso de los hermanos hondureños quedó asentado en el expediente 65/18-C, luego de que la Procuraduría iniciara la investigación de manera oficiosa, pero que fue ratificada por los migrantes.

El segundo caso que terminó con recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato comenzó cuando el 18 de junio de 2018 un migrante centroamericano fue detenido arbitrariamente en la ciudad de Celaya.

En la avenida Anenecuilco, la misma donde unos meses antes los hermanos hondureños pedían dinero, un hombre se encontraba también “pidiendo para un taco” y fue detenido por elementos de la policía a bordo de unas motocicletas.

El argumento para la detención fue el mismo: el Bando de Policía y Buen Gobierno prohíbe que se pida dinero en la vía pública.

Sin embargo, el Bando dispone en el artículo 34 lo siguiente:

Las faltas contra el orden público y la paz social, son las siguientes…

Realizar en el arroyo de la vía pública municipal, a cambio de una gratificación económica, las siguientes conductas:

a) Asear vehículos en circulación, momentáneamente detenidos o;

b) Actos de malabarismo;

El pedir dinero no encuadra en ninguna de las dos conducta anteriores, según concluyó la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Ilustración: Pinche Einnar.

El migrante fue detenido por los policías y llevado a los separos municipales, donde no recibió alimentos ni agua durante las 24 horas que siguieron a su encierro.

Entre los argumentos que dieron las autoridades de Celaya para justificar que no se le haya dado alimento alguno al migrante detenido fue que no cuentan con una partida para proveer de alimentos a las personas privadas de su libertad.

Por lo anterior, la Procuraduría resolvió que además de iniciar un procedimiento disciplinario a elementos, se tenía que establecer la previsión presupuestal para que se otorguen alimentos a los reclusos.

Viacrucis migrante

Los migrantes, especialmente de nacionalidad hondureña, cruzan el país con la esperanza de dejar atrás la pobreza y la violencia de sus lugares de origen, aunque ya una vez aquí no puedan escapar de la criminalización, el racismo y los abusos a manos de policías y ciudadanos sin escrúpulos.

Las presiones diplomáticas de Estados Unidos a México para controlar el flujo de migrantes desde Centroamérica llevaron a principios del mes de junio al rubro económico, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si no disminuía el número de personas cruzando la frontera entre ambos países. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reaccionó apretando las tuercas: incrementó la vigilancia en el río Suchiate con la Guardia Nacional así como el número de agentes de migración, y ordenó que para la venta de boletos a través de autobuses de pasajeros en tramos largos sea obligatorio mostrar identificaciones, entre otras medidas.

Personas en tránsito a su paso por el estado. Foto: PC_Gto

Para especialistas y defensores de derechos humanos como Juan Manuel Ayala López, vocero del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos “Fray Raúl Vera López”, el acuerdo fue una extorsión por parte de Trump al gobierno mexicano, que pese a todo está destinado al fracaso, pues no se detendrá la migración irregular o regular; "estas medidas sólo va a incrementar los peligros para los migrantes por el territorio nacional", así como el delito de trata de personas, ya de por sí un lucrativo negocio.

Las numerosas dificultades para llegar a Estados Unidos han terminado por convencer a algunos migrantes para quedarse en el país. Si bien, aún son pocos los que quieren permanecer de manera definitiva, todos coinciden en que la mayoría de los mexicanos son solidarios, y mientras algunos apoyan llevando al hospital a aquellos migrantes que lo requieren, otros los defienden ante los abusos policiacos, incluso grabando las detenciones arbitrarias y exhibiendo estos excesos en las redes sociales, en tanto que otros más colaboran como testigos en aquellas denuncias que llegan a Derechos Humanos.