La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) investigó y comprobó detenciones arbitrarias, ingreso a separos sin audiencia ante oficial calificador, violación a la integridad física y carencia de médicos para hacer la revisión requerida por norma a todas las personas detenidas, como resultado de la queja de una de las 12 personas detenidas a mediados de octubre de 2019, durante la represión que la Policía municipal de San Miguel de Allende ejerció en contra del movimiento ambientalista “41 Árboles” en la Avenida Guadalupe de esa ciudad.

Pero, como fue costumbre durante la gestión de Raúl Montero de Alba -quien todavía firmó la recomendación emitida por esta queja- la comprobación de las violaciones a derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno sanmiguelense no incluyó señalamientos de responsabilidad alguna al presidente municipal panista Luis Alberto Villarreal.

Como fue otra de sus costumbres, a la tibieza de Montero se sumó la dilación: pasó más de un año para que saliera la recomendación de la PDHEG por hechos ocurridos en la madrugada del 14 de octubre del 2019. La resolución fue emitida el 12 de noviembre pasado.

Octavio Ariel Garibaldi Mata no formaba parte del movimiento ambientalista “41 Árboles” que entre septiembre y octubre de 2019 permaneció resguardando los ficus, jacarandas, laureles de la india y castañas que por años permanecieron brindando su sobra a lo largo de la Avenida Guadalupe, hasta que representaron un obstáculo para una obra del gobierno del alcalde Luis Alberto Villarreal García.

Una amplia plancha de pavimento y una serie de arcos proyectados sustituirían a toda costa la larga fila de árboles, 41 en el proyecto original, aunque en la mira quedaron finalmente 33.

De todos modos, Octavio Ariel fue detenido arbitrariamente por policías municipales en la madrugada del 14 de octubre de 2019 junto con 11 personas más; ellas sí, integrantes del movimiento que permaneció defendiendo los árboles en una movilización pacífica hasta ese último día.

La protesta ciudadana buscaba impedir que la construcción de estos arcos significara el retiro de los árboles en la Avenida Guadalupe. Quedó claro que los activistas no emplearon violencia contra los policías que los desalojaron, ellos sí, con lujo de violencia. Fotos: Pinche Einnar

El hombre, que había llegado al lugar de la protesta acompañando a su esposa -ella sí dentro del movimiento- cuando ambos fueron avisados de la presencia de los policías, ni siquiera llegó a la zona de la protesta esa madrugada.

Estacionó su automóvil por el mercado San Juan de Dios y caminó unos pasos, cuando se dio cuenta de que había un par de patrullas de Seguridad Pública Municipal donde elementos de la Policía Municipal estaban subiendo a persona detenidas.

Se trataba de integrantes del movimiento que permanecían alrededor de los 33 árboles que estaban siendo retirados por maquinaria enviada por el municipio.

El grupo había empezado con algunos ambientalistas y personas de la zona que se oponían al retiro de los árboles. Se fueron sumando más personas que hacían guardias alrededor de los árboles, talleres para niñas y niños, tertulias musicales, foros de información, mientras la avenida era abierta y la maquinaria avanzaba.

La noche del 13 de octubre, a la maquinaria y el personal de obras públicas y de una empresa que supuestamente trasplantaría los árboles a otros puntos de la ciudad -la dudosa oferta hecha por el gobierno de Villarreal a través de su secretario del ayuntamiento Francisco Correa- se sumó la presencia de un grupo de policías, con lo que el panorama cambió y se entendió que, sobre el diálogo, prevalecía la orden fulminante de retirar árboles y manifestantes.

Decenas de videos tomados por integrantes del movimiento, periodistas, vecinos y gente de San Miguel que acudió esa madrugada, registraron las órdenes dadas a policías para hacer retroceder a los ambientalistas a toda costa.

Hubo gritos y empujones a manifestantes y periodistas. Y luego, las detenciones.

Cuando Octavio Ariel Garibaldi llegó, lo único que alcanzó a hacer fue sacar su teléfono celular y tomar algunas fotos de las personas que eran subidas a las patrullas, cuando dos policías le ordenaron que dejara de hacerlo.

Él se negó. “Creí que debía de hacerlo, por lo que ya sabemos de que las personas a veces no son llevadas de inmediato a los separos o llegan golpeadas; les dije que tenía derecho a tomar fotos para registrar las detenciones”, dijo a la reportera en una entrevista telefónica, una vez que tuvo en sus manos la recomendación de la PDHEG.

Entonces, también lo detuvieron, lo esposaron y lo llevaron al edificio de Seguridad Pública; ingresado a los separos y encerrado durante casi 24 horas.

En el comunicado que sobre lo ocurrido emitió el gobierno de Villarreal, se acusó a los manifestantes con todo y que lo evidenciado en los videos que circulaban ampliamente por redes sociales no tenía nada qué ver:

“Algunos trabajadores recibieron pedradas, patadas y amenazas por presuntos manifestantes, algunos incluso mostraron un arma de fuego”.

Las 12 personas fueron detenidas, según esa versión, “por traspasar (sic) su derecho a la manifestación y emplear violencia física oponiendo a que la autoridad ejerza sus funciones de ejecución de una obra pública”.

Y también se aseguraba que “todos los detenidos fueron sometidos a exámenes médicos que certifican su salud”.

El único, entre 12 detenidos, que no era activista, terminó presentando la queja ante PDHEG.

Verdades y mentiras

Ariel no olvidará lo vivido en esas horas.

“Mi complexión es muy delgada, no soy una persona agresiva, así que cuando me detuvieron no opuse resistencia. Además, tengo algunos problemas de salud, de la columna, así que tampoco lo podía hacer”.

Cuando llegaron a los separos, tuvieron que hacer una fila por más de una hora para ser ingresados. Durante todo ese tiempo les dejaron las esposas puestas. “Yo me tuve que poner en cuclillas en un momento porque tenía un fuerte dolor de espalda”.

“Se trató de justificar una detención; se fueron primero contra los líderes del movimiento, los primeros a quienes detuvieron, a ellos sí los trataron con violencia física y verbal”, recordó.

A Ariel le sorprendió que lo pasaran con paramédicos que sólo le hicieron algunas preguntas y después a los separos, sin comparecer ante un juez u oficial calificador.

“Yo pregunté a una de las personas que estaba allí que cuándo me pasarían con el juez, pero nadie me contestó ni me dijeron nada. Sólo supe que a todos nos iban a dejar 36 horas, sin derecho a multa”.

“Considero que esa fue una orden directa o del jefe de la policía o de Luis Alberto Villarreal para mantener a todos en la cárcel, eso fue muy injusto, como las condiciones en que salimos”, añadió.

Para la tarde de ese día, Ariel se sentía mal y comenzó a vomitar.

Poco antes de las 9 de la noche del día 14 -transcurridas unas 20 horas de su detención- a Ariel lo hicieron salir al estacionamiento de Seguridad Pública junto con los otros manifestantes detenidos. Allí se encontraron con una funcionaria de esa dependencia y una abogada que habría llegado a solicitud de algunos integrantes de la organización civil “41 Árboles”.

“El jefe de la policía -Erwin Tomás Martínez Godoy- nos dijo que ya había un acuerdo con las personas del movimiento que esperaban afuera y que nos iban a dejar salir, pero con la condición de que no nos acercáramos a la Avenida Guadalupe bajo ningún motivo.

“A mí me urgía salir, me sentía muy mal. Pero nos pusieron unas condiciones totalmente ilegales y ridículas; nos prohibían circular libremente por lugares públicos, en ese momento nos conculcaron ese derecho”.

Al salir, Ariel fue llevado al Hospital General, donde de inmediato le administraron suero. Presentaba una deshidratación e infección de vías urinarias.

Así, decidió acudir a la PDHEG e interponer una queja. Se inició el expediente 85/19D.

Como resultado de la investigación, los informes requeridos a los mandos de Seguridad Pública, policías que intervinieron en el operativo, las oficiales calificadoras, paramédicos y al Hospital General, la PDHEG concluyó no solamente que Octavio Ariel fue detenido arbitrariamente, sin justificación alguna, y que se violaron sus derechos a la seguridad jurídica e integridad física, sino que varios de estos funcionarios y policías mintieron abiertamente y se contradijeron en las versiones que entregaron al organismo.

Esas contradicciones y las falsedades detectadas de esta manera permitieron exhibir, por ejemplo, que en el área de detención de Seguridad Pública de San Miguel de Allende no había personal médico, como lo exigen la normatividad y los protocolos, sino únicamente paramédicos, que no pueden certificar una condición de salud de las personas detenidas.

También se evidenció que la oficial calificadora Claudia Piña Luna mintió al asegurar que sí concedió una audiencia a Octavio Ariel para definir las razones de su detención y la sanción administrativa. Aunque se presentó un documento en el que supuestamente se acreditó la audiencia, éste señala que se calificó de legal la detención por resistencia a la autoridad, con una sanción de 24 horas de cárcel o multa de 600 pesos.

Sin embargo, en el libro de jueces de la propia dependencia, la misma funcionaria asentó un dato totalmente distinto, con una sanción de 36 horas de arresto.

La funcionaria dijo que no recordaba “a alguien que le hubiera dicho que lo detuvieron por tomar fotos”.

“Yo llevaba mi cartera con esa cantidad de dinero, pero nunca se me concedió audiencia alguna. Si me hubieran dicho que podía pagar esa multa y salir lo habría hecho de inmediato, ¿cómo iba a preferir quedarme?”, dice Ariel.

Las oficiales de los dos turnos en los que el hombre estuvo detenido, los policías que lo detuvieron y los oficiales responsables de registrar su ingreso a los separos dijeron que no recordaban al detenido.

Jorge de la Rosa Santillán, aparece en el folio 61691 como el oficial que hizo la remisión de Octavio Ariel; José Guadalupe Tovar López en la boleta de la audiencia de calificación y Eduardo Quiroz Velazco como quien elaboró el informe policial homologado. Todos dijeron a la PDHEG que no habían tenido nada qué ver, pero los informes los delataron.

La oficial del turno de día -a quien le correspondió dejar en libertad a los 12 detenidos- Claudia Berenice Martínez López, dijo que ninguno de ellos le manifestó que se sintiera mal, y que los liberó “porque se portaron bien”. Negó que se les hubiera obligado a firmar un acuerdo para que impedirles que volvieran a la Avenida Guadalupe.

Varios de ellos fueron entrevistados apenas este año, algunos en septiembre pasado.

Los informes de los mandos policiacos, Erwin Tomás Martínez Godoy -quien fue despedido en junio pasado- y Jorge Ignacio Luna García, justificaron de esta manera su intervención para reprimir el movimiento y detener a los líderes:

“La motivación de brindar apoyo a la dirección de Obras públicas por parte de los elementos de Seguridad Pública se desprende de un hecho que provocaba riesgo para la integridad de las personas que se estaban manifestando, ya que al haber maquinaria pesada en la zona podían resultar lesionados, sin embargo es necesario puntualizar que nunca se violaron sus derechos humanos del C. Octavio Ariel Garibaldi Mata, ya que como se manifestó en los antecedentes, se respetó en todo momento su derecho a manifestarse de forma pacífica, no así cuando decidieron hacer uso de la violencia y que incluso sobre esto recayeron dos hechos que la ley señala como delitos”.

La recomendación firmada por Raúl Montero de Alba en sus últimos días como titular de la PDHEG solicita al alcalde Luis Alberto Villarreal iniciar procedimientos administrativos a la oficial calificadora Claudia Piña Luna por violar el derecho a la seguridad jurídica; a esa misma oficial junto con Claudia Berenice Martínez y dos paramédicos por violar la integridad física del detenido.

También incluye un “acuerdo de vista” -el eufemismo que suple a una recomendación directa- para el alcalde Villarreal, a fin de que “se cuente con personal médico permanente” en los separos de la Policía municipal.

“La responsabilidad es del alcalde totalmente. Ese tipo de órdenes solamente se pueden dar desde arriba”, dice Octavio Ariel Garibaldi sobre la recomendación de la PDHEG.

“Las demás gentes reciben órdenes. Considero que fue él quien cometió todos esos abusos… estoy conforme porque se acreditaron las injusticias que se cometieron en mi contra, que violaron mis derechos. Pero inconforme porque el verdadero responsable se quede como si nada hubiera pasado”.