Lo único claro que tienen familiares de las personas asesinadas en Guanajuato es la revictimización por parte de autoridades a quienes les compete atenderlas. Así lo han constatado integrantes del colectivo Sembrando Comunidad, que agrupa a víctimas indirectas de homicidios dolosos.

En octubre, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado cumplió tres años de su creación y ha brindado atención a cerca de 5 mil personas, según su titular Jaime Rochín del Rincón. El funcionario aseguró que la deuda del estado con las víctimas de la violencia es “porque no acceden a la justicia”.

Pero en el 2022, el colectivo presentó 43 quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado bajo el expediente 976/2022 y sus acumulados por violación a sus derechos humanos, de lo que responsabilizan al personal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Como resultado de la investigación realizada por la Prodheg se emitió una serie de recomendaciones a la Comisión a cargo de Rochín del Rincón, entre las que ordenó iniciar procedimientos administrativos contra funcionarios.

Sin embargo, a decir de los representantes del colectivo, el ombudsman Vicente Esqueda ha violado la ley al aceptar de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas documentos fuera de término para anexarlos a los expedientes.

Los representantes del colectivo criticaron el proyecto Escudo y consideraron que los más de 2 mil millones de pesos que pagó el estado en dicho programa no sirvieron, porque el único resultado “son los miles de asesinatos y familias desintegradas”.